#NiUnaMás
La política estatal, del dicho al hecho

Tenemos un compromiso inédito en Argentina en la batalla contra la violencia de género. Me enorgullece estar liderando un trabajo que nunca antes se hizo contra esto que es algo realmente inaceptable”, dijo el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa ante la pregunta de la periodista mexicana Cecilia González. Fue un día después de que se conociera el recorte del presupuesto asignado por el Congreso Nacional al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres. 67 millones de pesos menos por decisión del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Tanto Fabiana Túñez, titular del CNM, como el Presidente dijeron que se trató de un “error” del Boletín Oficial y que ese dinero se está ejecutando. Sin embargo, no hay ningún documento público que rectifique lo publicado en el Boletín Oficial con fecha 11 de enero. Además, el presupuesto para el CNM para este año está reducido un 8% en términos reales: en su diseño no se tuvo en cuenta la inflación.
El Plan fue presentado en un acto en Casa Rosada en julio de 2016. Sin presupuesto, es solo un anuncio. “En estos términos es una teoría incapaz de ser aplicada”, dijo Mabel Bianco, directora de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), una de las seis organizaciones que presentó un amparo ante la Justicia contenciosa administrativa federal para que el recorte sea declarado inconstitucional.
Según el anuncio, la puesta en marcha del Plan está pensada para el período 2017-2019 y tiene previsto un gasto público de 750 millones de pesos. El 80 por ciento de ese presupuesto se va en la construcción de refugios: 600 millones destinados a levantar 36 Hogares de Protección Integal (HPI). La inversión necesaria para construirlos no depende directamente del CNM, sino del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio. Un cálculo estimativo da cuenta de que cada refugio está presupuestado en 16,6 millones de pesos. No está desagregado cuánto es para construcción e infraestructura y cuánto para mantenimiento. El Plan tampoco especifica dónde van a estar ubicados. Solo señala que serán construidos “en todo el país”.
Solo un 11,27 por ciento del presupuesto del Plan es para personal profesional destinado a programas de atención directa, prevención, fortalecimiento y monitoreo. El resto se reparte así: 4,80 por ciento para el apoyo a la creación de áreas mujer; 2,53 por ciento para programas de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil; 1,13 por ciento para materiales e insumos de comunicación y 0,27 por ciento para equipamiento.
Cuando las mujeres llaman al 144 para pedir ayuda y
no encuentran respuesta, la explicación está en la ruta que sigue el presupuesto. Con el recorte, hoy el CNM destina 4,43 pesos, de valor nominal, por mujer.
El Presidente también se comprometió a garantizar que las víctimas accedan a la Justicia. El reclamo era que en cada fiscalía y cada comisaría haya personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias y las víctimas debían tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
En noviembre de 2015 el Congreso aprobó la ley 27.210 que propone la creación de un cuerpo de abogados y abogadas especialistas para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional. A más de año de su sanción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación todavía no la puso en marcha. La ley no está reglamentada, tampoco tiene presupuesto asignado.
Cada día una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer y el Estado no lleva un registro único y completo de cómo y dónde son asesinadas esas mujeres para poder intervenir con políticas públicas de prevención y contención.
En 2015, antes de conocer la estadística anual hecha por las organizaciones sociales, el grito de Ni Una Menos se escuchó en la primera manifestación masiva que tuvo las denuncias, demandas y deseos de las mujeres como eje. Ese año, el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contó 235 asesinadas. Se trata de un relevamiento incompleto porque depende de la voluntad de brindar información de cada jurisdicción. Catamarca, Chubut, Río Negro y San Juan no aportaron información sobre mujeres muertas por el hecho de ser mujeres, por ejemplo.
En 2016 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dio a conocer la cifra de 177 femicidios. Para las organizaciones de la sociedad civil son muchas más. El Observatorio de la Casa del Encuentro contó entre enero y octubre de ese año 230 muertes. Según el Registro Nacional de Femicidios elaborado por las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) hubo 322 en todo el año pasado.
Para 2017 la falta de números oficiales la siguen saldando las organizaciones sociales. MumaLá contó solo en los primeros 44 días de 2017 45 mujeres muertas por la violencia machista. El Instituto Wanda Taddei informó fueron 57 femicidios en los primeros 43 días del año.
La gran deuda pendiente desde hace diez años es la implementación real y efectiva de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). Esta fue la cuarta demanda del colectivo Ni Una Menos a la que se comprometió Macri. Desde el cambio de gobierno el Programa se desfinanció: recibió el mismo presupuesto del año anterior. Sin contar la inflación, significa casi un 50 por ciento menos.
El quinto punto del compromiso fue la protección de las víctimas de violencia. Una de las propuestas fue la implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia. La subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación está implementando una prueba piloto en Córdoba, Salta, Chubut, Buenos Aires y Mendoza.
Portada
Oraciones, entre la cruz y la raya: un ritual para presentar el nuevo libro del Observatorio Lucía Pérez

Este domingo 16 de noviembre presentamos el nuevo libro del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, editado por lavaca, con una perfomance conmovedora: Oraciones, entre la cruz y la raya fue una obra de teatro danza basada en los ejes teóricos de Femicidios, narcotráfico y Estado. La puesta transformó en lenguaje poético, corporal y musical una realidad que duele y mata, de la mano de talentosas artistas.

Familias sobrevivientes de femicidios, con el libro del cual son parte: el nuevo libro del Observatorio Lucía Pérez.
Oraciones, entre la cruz y la raya: así se llamó la presentación performática del nuevo libro del Observatorio Lucía Pérez editado por lavaca y titulado Femicidios, narcotráfico y Estado.
La obra de teatro y danza indagó en los mecanismos que operan sobre los cuerpos y los territorios desde una dramaturgia que combinó texto, movimiento y música. El resultado fue una experiencia que funcionó tanto como obra artística como herramienta para hacer sentir, colectivamente, de qué hablamos cuando hablamos de femicidios.
La obra fue ideada y escrita por Claudia Acuña, también responsable de la dirección general del Observatorio Lucía Pérez. En escena, Oraciones desplegó el trabajo de las intérpretes Julieta Costa, Lola Dominguez Hayes, Lucía Harismendy, Pia Leone, Luca y Juana Torras, quienes construyeron una trama sensible entre la fragilidad y la fortaleza. La música en vivo, a cargo de Santiago Torricelli en piano, aportó un pulso emocional que atravesó toda la pieza.



El diseño sonoro siguió de la mano de Pía Leone, junto con la operación técnica de Teo Escobar y Lucas Pedulla. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Jonatan Ramborger (autor, también, de la tapa del libro) y Julie August.
La puesta en escena fue realizada por Julieta Costa, mientras que la dirección coreográfica estuvo a cargo de la reconocida directora y coreógrafa Carla Rímola.
Oraciones dejó en quienes asistieron la certeza de que el arte no sólo puede denunciar lo que duele, sino también abrir caminos para imaginar otras formas de vida y de cuidado.
Y también, otras formas de presentar un libro.



El Observatorio y su libro
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org con el objetivo de profundizar el trabajo sobre formas de prevención y erradicación de la violencia patriarcal.
Cada día un equipo conformado por Claudia Acuña, Amalia Etchesuri, Anabella Arrascaeta y Pablo Lozano actualiza 12 padrones de manera autogestiva, datos que sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Se trata del único registro público del país, lo cual quiere decir que pueden consultarse las fuentes de cada dato.
Cada mes el Observatorio realiza un resumen de este diagnóstico junto a víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. El resultado es el informe mensual que se difunde a través de organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura que intenta pensar, más allá de las cifras, la radiografía social y política de esta violencia.


Femicidios, narcotráfico y Estado reúne ahora y por primera vez los distintos informes, investigaciones y acciones del Observatorio Lucía Pérez. Es un material que indaga a través de la articulación de textos teóricos y reportajes periodísticos las vinculaciones entre lo narco, la violencia machista, los femicidios y el rol del Estado en la trama de la impunidad.
Todo eso quedó plasmado en esta presentación-ritual colectivo para empezar a sanar una realidad que duele, y organizar la realidad que viene: aquella que queremos, deseamos y nos merecemos.
Si querés el libro escribinos al teléfono que figura en este link, y suscribite para apoyar todo lo que hacemos:
#NiUnaMás
La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
(más…)#NiUnaMás
Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

Revista MuHace 4 semanasMu 208: Lara Brenda Morena

#NiUnaMásHace 4 semanasUn mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Soberanía AlimentariaHace 4 semanasMiryam Gorban: hasta siempre, maestra

Derechos HumanosHace 4 semanasEstela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!

RadiolavacaHace 4 semanasCómo como 1: El mundo desde la mesa



























