#NiUnaMás
Esquina Muerte: la masacre de Varela
Cuatro adolescentes fueron acribilladas y hasta hoy quién disparó no fue identificado por la justicia. El caso se suma a la lista de crímenes impunes marcados por el narco machismo que crece en el conurbano con complicidad policial y judicial. Por Florencia Alcaraz.
Juntas. A Sabrina, Denise, Némesis y Magalí las balas las atravesaron juntas.
Estaban acompañándose. Querían llegar hasta la casa de Némesis, de 15 años, que vive en el barrio El Alpino, el más alejado del centro de Florencio Varela. No querían que ella se quedara sola. Como no tenían plata para un remís, caminaron y esperaron el colectivo en la esquina de Senzabello y Los Andes. Ahí mismo se desplomaron todas, entre la vereda y el asfalto, cuando un tipo con una mochila en la espalda y una gorra roja disparó once veces a la cabeza y al pecho de las cuatro.
No erró un solo tiro.
Cada una recibió, directos y de rebote, nueve, siete, cuatro y tres balazos de un arma 9 milímetros.
Sabrina y Denise, de 16 y 17 años, murieron.
Némesis y Magali sobrevivieron. Ambas seguían internadas al cierre de esta nota.
Después del fusilamento a plena luz del día, el hombre huyó a toda velocidad.
No estaban solas ni iban por una cuadra oscura de noche como se apura a explicar la prensa comercial cuando ocurre un asesinato de una mujer en la calle para vincular los femicidios con la inseguridad. Estaban juntas, yendo a la parada del colectivo para volver a sus casas después del baile. El ataque las encontró así: acompañadas.
Los cuerpos de las cuatro pibas sobre el asfalto, la sangre en la vereda y los vecinos alrededor con sus teléfonos celulares en mano en la madrugada del sábado 11 de febrero quedaron registrados en un video que circuló por Whatsapp. También en las cámaras de seguridad del municipio que filmaron el antes, durante y después del asesinato. En los medios, debajo de esa foto, la frase “la masacre de Florencio Varela”, en tono novelezco, omitió la palabra clave: femicidio.
Masacre describe la tragedia, pero no enuncia lo que dicen esos cuerpos adolescentes con shorts, plataformas, botas y remeras cortas que muestran la panza. Dos están boca abajo, ya sin la vitalidad juvenil que tenían cuando habían salido a bailar la noche anterior al boliche Santa Diabla, en Varela. Una de las sobrevivientes, tirada sobre su amiga muerta, grita que quiere irse a su casa. La otra apenas se mueve. Intenta hablar, pero no puede: un tiro le atravesó la garganta.
¿Qué dicen esos cuerpos?
Son la evidencia de una cadena que termina en la forma más extrema de la violencia machista, el femicidio. También muestra los hilos de los negocios ilegales que se tejen en esta zona del conurbano bonaerense y cómo las mujeres pobres son un territorio en disputa.
Ni una ruptura ni el acoso ni los celos, como también dijeron muchos titulares: atrás de las amigas asesinadas y gravemente heridas están las tramas de la narco violencia machista.
Narco-machismo de barrio
Más allá del pacto de silencio que rodea al barrio donde ocurrió el crimen de las chicas, algunos vecinos y referentes de la zona hablan por lo bajo en la puerta de la Fiscalía de Florencio Varela, donde recayó la investigación. Ninguno quiere contar lo que sabe con el micrófono prendido o la cámara apuntando.
En un comienzo, la causa estuvo a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas. Fue desplazado. Como evidencia de que el machismo lo atraviesa todo, salió a la luz que tenía denuncias de su ex mujer por violencia machista y por no pasarle alimentos a sus hijas. Ahora las fiscales a cargo son dos: Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 y Mariela López, de la Fiscalía de Violencia de Género de Quilmes.
Los vecinos cuchichean:
Que las pibas entraban droga a los boliches de la zona. Que les pagaban entre 500 y 1.000 pesos para gastar en la noche.
Que los tipos se aprovechaban de que eran menores.
Que ellas no eran transas, ni mulas, que eran apenas mensajeras, correos humanos.
Que no todas lo hacían.
Que hay una red que recluta nenas para el microtráfico.
Que una de ellas quiso abrirse de ese maneje y la respuesta fue el acribillamiento.
Que hubo connivencia policial de la Bonaerense.
Que las chicas murieron cerca de la comisaría tercera, que también está involucrada.
Mientras las fiscales parecen encorsetar la causa en develar quién es el hombre que apretó el gatillo, estos rumores van pasando lentamente del barrio al expediente a través de quienes se animan a hablar.
“Si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia es porque puede hacerlo. Es decir: porque ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace para mostrar que puede”, escribe la antropóloga Rita Segato cuando analiza los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez, en México. Las imágenes y vídeos de las pibas agonizando que circularon, además de mostrar esa apropiación, dejan un mensaje. ¿Qué mensaje quedó escrito en los cuerpos masacrados de las chicas de Varela? “Si salís del juego te pasa esto, queda en la nada y a nadie le importa”, describe la abogada María Florencia Casamiquela que representa a la familia de Sabrina y Némenis. Para ella no hay dudas de que fue una ejecución mafiosa.“Es una trama oscura, difícil de desenmarañar. Hay femicidio, pero también hay un condimento más, que tiene que ver con cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres y el desprecio que hay sobre ellos. Eran chicas lindas, jóvenes y pobres. Estos tipos se valían de su situación de vulnerabilidad”, dice.
En su trayectoria como penalista en la provincia de Buenos Aires nunca había visto un caso de estas características. Enumera una serie de delitos que precedieron a las muertes de las chicas: corrupción de menores, venta de estupefacientes. Delitos que de haberse investigado hubieran evitado estas muertes.
Hasta ahora la causa está caratulada como doble homicidio consumado y agravado por ensañamiento y alevosía, además de doble tentativas de homicidio. Todos los casos agravados por el hecho de que se trataba de mujeres.
¿Quién disparó?
El primer detenido por el crimen fue Luis Esteban Weiman, un hombre de 36 años que figura como trabajador de guardia de seguridad de la empresa RedGuard. Había tenido un vínculo con Sabrina y, según se desprende de la investigación, también acosaba a Denise. Hasta el cierre de esta nota, se había negado a declarar. La abogada Casamiquela asegura que él sabe mucho. Quienes vieron el vídeo de la cámara municipal que registró el ataque sostienen que no fue quien gatilló.
Otro de los hombres sospechados hasta el momento es Adrián Abraham, de 31 años. Ambos casi duplican en edad a las adolescentes. Después de que sus caras salieran en la televisión, se hizo una rueda de reconocimiento con vecinos del lugar donde ocurrió el doble asesinato que dio como resultado negativo.
Otro de los detenidos es Maximiliano Mansilla, de 35 años. Quedó preso por otro delito: le secuestraron una pistola 9 milímetros Bersa -que tenía un pedido de secuestro porque había sido robada el año pasado en La Plata- 23 municiones, un handy, un cargador, una gorra y un correaje de policía.
Cuando las sobrevivientes se recuperen y puedan poner en palabras los recuerdos de esa noche y los vínculos de estos varones con sus amigas, es probable que haya más piezas para entender lo que pasó. La abogada Casamiquela no descarta que haya sido un “crimen tercerizado”. De algo está segura: “Esto no fue obra de un loquito como quieren instalar las defensas de los acusados”.
La abogada es crítica de la actuación judicial. Varios de los allanamientos que se hicieron en lugares donde habrían estado las chicas con este grupo de varones dieron negativos: se efectuaron cinco días después del crimen.
Julio Torrada, abogado e integrante de la Fundación Wanda Taddei, representa a la familia de Magalí. Coincide con Casamiquela en que hubo un aprovechamiento por parte de un grupo de adultos. “Esta gente les proveía droga y alcohol a las nenas. Se juntaban en un lavadero de autos donde las sometían a fiestas”, cuenta. También relata que hubo amenazas previas que quedaron registradas en el teléfono de Magalí. Lo mismo dijeron familiares de Sabrina y Denise.
Torrada, sin embargo, relativiza el entramado narco detrás del doble femicidio. “Si buscara espectacularidad, diría que en esta causa hay plata y drogas. Pero de eso, hasta ahora, no hay nada”, dice.
Por su parte, Adrián Sabaris, abogado de la familia de Denise no afirma ni descarta que detrás de las muertes de las pibas hay una red mafiosa vinculada a la venta de drogas.
La impunidad asegurada
La masacre femicida de Florencio Varela también pone en evidencia un patrón de impunidad: las investigaciones judiciales quedan estancadas cuando se trata de narco violencia machista. Algunos ejemplos recientes:
La muerte de Candela Rodriguez, 11 años, vinculada a la opacidad de los negocios de venta de drogas en la zona de San Martín, está siendo juzgada seis años después. El juicio comenzó el 6 de febrero. Hugo Bermúdez (56), Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45) son los tres acusados. “Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tiene que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios de la justicia y del Gobierno que no hicieron nada por buscar a mi hija”, sostuvo la mamá de la víctima el primer día del juicio oral.
A más de dos años del crimen de Melina Romero, el mes pasado la causa volvió a foja cero cuando la fiscal María Fernanda Billone, entonces a cargo de la UFI 5 de San Martín, desistió de la acusación contra los tres varones acusados del femicidio. El lugar donde apareció el cuerpo de la chica que el día de su muerte cumplía 17 años es un terreno donde los transas de José León Suárez pasan de las villas de Indepedencia a la Cárcova. A pesar de que la pista de venta de drogas detrás del crimen apareció en los relatos de muchos, nunca fue profundizada. Al cierre de esta nota la causa fue elevado a juicio oral con un solo acusado. Dos fueron absueltos por falta de pruebas. Dijo a MU la mamá de Melina el día de la audiencia clave para que el caso no fuera archivado: “Mi hija tuvo hemorragia intracraneal, marca de ataduras en las manos y le faltaban piezas dentales entre otras cosas, ¿se lo hizo sola? ¿Se tiró sola? ¿Se violó sola? ¿Se mató sola? Es como que pretenden que Melina quede en el olvido, pero mientras yo tenga un aliento de vida, esto no va a pasar. Es una situación que me parece completamente repulsiva. En cada piba hay un poco de Melina y en Melina hay un poco de cada piba. Entonces: que hagan algo de verdad y que se dejen de derramar sangre de nuestras pibas. Va a haber juicio. Tengo un poco de esperanza: voy a pelear por esa llamita para que no se apague del todo”.
Frente a la fiscalía de Florencio Varela, a pocas cuadras de la estación de trenes de la línea General Roca, los familiares de víctimas de distintos casos se agrupan con las fotos de sus seres queridos en el pecho o en la mano. Cuando el crimen de las chicas saltó a los medios, el primer caso con el que se lo vinculó fue con el asesinato de Caíto Alegre, un pibe de 21 años asesinado el domingo 5 de febrero a la madrugada cuando salía del boliche D One, muy cerca de Santa Diabla, donde fueron baleadas las amigas.
“Hay bandas de pibes que trabajan para la policía. Esa es la realidad de estos barrios”, selaña una fuente local que prefirió el anonimato.
Diez días después del acribillamiento de las chicas, un grupo de familiares presentó un petitorio ante el Poder Judicial local para que se agilicen las investigaciones. Estuvieron la madre y los hermanos de Cristian Lemes, asesinado en el barrio Los Tronquitos, en octubre del año pasado. También la madre de los hermanos Javier David Vallejo y Benito Ricardo: dos muertes impunes más. Se sumaron las compañeras de La Jose, su única hermana y su sobrina. La Jose es Jose Zalazar Maturano, una crossdreser que apareció con el cráneo quebrado, la columna torcida y tajos en la cara después de salir una noche del 22 de febrero de 2016 en un bar de Florencio Varela. La investigación de la fiscal Gisela Olzanieki de la Unidad Funcional Nº 3 de Florencio Varela apuntó a una “pandilla de varones homofóbicos” que viene amenazando a las mujeres transgénero de la zona. “Lo más grave es que la policía tenía conocimiento de un grupo de varones que estaban hostigando a las gays y travestis de la zona. Llegaron tarde”, dijo Martín Ianfranco del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación al medio online Cosecha Roja. Vinculó el crimen a un marco de “recrudecimiento del machismo” y discriminación a las personas de diversidad sexual. Su causa judicial hoy sigue estancada
Después de presentar un petitorio conjunto y esperar toda la mañana, recién ahí los funcionarios judiciales los recibieron. No estaban solos. Los acompañaron el secretario de CTA Varela, Ignacio Concetti y Eugenia Vázquez, secretaria de derechos humanos de ese espacio. Eugenia empujó su propia búsqueda de justicia y desde entonces acompaña con tenacidad a otros familiares de víctimas en ese camino. Su hermana fue torturada y asesinada en una comisaría de Varela en 2002. “Los familiares reciben mucho maltrato. Los funcionarios están atrás de un escritorio y no se preocupan por los demás”, dice.
Mientras los policías, al ver la cantidad de personas reuniéndose frente a la oficina pública, salen a su encuentro, en las paredes de fiscalía alguien escribe con aerosol: “Ni Una Menos. Justicia x las chicas”.
Nénesis y Magali todavía están hospitalizadas. Se habían conocido en fútbol femenino y era la primera vez que Némesis salía con ellas.
Némesis, la chica con nombre de tragedia: su madre la bautizó como la diosa de la venganza divina.
Su venganza fue sobrevivir.
Este 8 de marzo el reclamo de Justicia por las dos amigas asesinadas y sus amigas heridas con saña y crueldad será, entonces, otro de los motivos para que las mujeres paremos el mundo.
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Mujeres mapuche: la resurgencia
Melisa Cabrapan Duarte es cantante, iba a ser diseñadora pero es doctora en Antropología, hija de un militar y una maestra. El crimen de Rafael Nahuel en 2017 la hizo “salir del clóset” y reconocerse como mapuche. Hoy integra la Confederación Mapuche de Neuquén, que enfrenta la invasión del fracking en Vaca Muerta. El concepto de “resurgencia”. Las mujeres mapuche frente al machismo y los abusos internos. El significado de vivir en comunidad. El ambiente y la gente. La construcción de otros horizontes y en qué cosas tener confianza frente a un 3J. Por Sergio Ciancaglini.
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Mayo 2026: Por qué el Estado es responsable de los femicidios

En lo que va de este año ya sufrimos:
95 femicidios y travesticidios
95 tentativas de femicidios
66 infancias quedaron huérfanas como consecuencia de estos crímenes
97 marchas se realizaron para exigir justicia
60 funcionarios fueron denunciados por violencia de género.
59 mujeres y niñas fueron reportadas desaparecidas.
5 crímenes en investigación están sospechados de femicidios.
En cada uno de nuestros padrones se puede acceder a los datos de los casos que componen estas cifras que expresan una realidad: la máquina de la violencia femicida. Interpretarlos en su complejidad es una tarea que la antropóloga mexicana Julia Monarrez define como “la hermenéutica social del sufrimiento” que pone de relieve “las formas en que las fuerzas sociales más amplias se unen para arruinar las vidas humanas individuales”. Entre esos signos a desentrañar el negacionismo de Estado es parte central.
El elemento que caracteriza al femicidio es la tolerancia y minimización estatal de la problemática. La impunidad con la que actúan los homicidas contiene un mensaje implícito de permisividad social a través de las múltiples formas en las que acciona el aparato del Estado –policías, fiscalías, funcionarios- y, en los momentos actuales, explícito en los discursos que emiten las más altas autoridades que encarnan su representación. Así, las formas de hacer y de no hacer que caracterizan al Estado abonan estos crímenes, tarea que se completa con la negación de su responsabilidad.
Ejemplos concretos de los que fuimos testigos este año:
- Córdoba: “No hacemos ninguna autocrítica”, sintetizó el fiscal Raúl Garzón en la conferencia de prensa donde anunció el hallazgo del cuerpo destrozado de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desesperadamente durante una semana por su familia, amigas y vecinas. El fiscal demoró cinco días en aplicar el protocolo obligatorio de alerta y cinco también en allanar la casa del principal implicado, pese a tener información fehaciente sobre su identidad, dirección y participación desde el mismo momento en que desapareció la menor. El imputado por el femicidio de Agostina ya tenía una condena por privación de la libertad agravada, pero el fiscal interviniente le otorgó la libertad condicional.
- Mar del Plata: La defensora del femicida de Lucía Pérez atacó a los gritos a la mamá de la víctima durante la audiencia de cesura que la Cámara de Casación bonaerense obligó a realizar al cambiar el delito de femicidio por el de violación agravada. En tanto, el otro implicado fue beneficiado primero con libertad condicional, pero la Cámara ordenó su revocación, aunque su regreso a prisión está pendiente en un laberinto de apelaciones. A casi diez años del crimen de la adolescente de 16 años que motivó el primer paro de mujeres el trámite judicial está, en los hechos, como el primer día: culpabilizando a la víctima por su asesinato, torturando a su familia y negando la figura penal, en beneficio de las estadísticas.
- Córdoba: El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue, finalmente, encontrado en una fosa común, a seis años de su femicidio. La familia se enteró que no estaba en la morgue judicial cuando solicitó realizarle una pericia de parte. Nunca fueron notificados que la fiscalía había trasladado el cuerpo al cementerio sin su autorización.
- San Juan: “Siempre estamos abiertos a dialogar con la defensa para acordar un juicio abreviado”, declaró a la prensa el fiscal Emiliano Pugliese encargado de investigar el asesinato de Camila Nicole Bijinai, víctima de una balacera desatada el 4 de octubre de 2025 en la provincia de San Juan. Su crimen no fue calificado de femicidio, por lo cual las estadísticas de ese año –dadas a conocer hace apenas unos días- señalan que en esa provincia no se produjeron femicidios, a pesar de que toda la dolorosa jurisprudencia producida por las víctimas de balaceras en Rosario indican lo contrario. El dato importante: la tipificación penal de femicidio no admite los juicios abreviados. Evitar esa caracterización es una tendencia que alienta la impunidad, tal como ya sufrió la familia de la periodista Griselda Blanco, asesinada en Corrientes en 2023. Tampoco Griselda formó parte de las estadísticas de ese año y por eso mismo su femicida gozó de un juicio abreviado.
Los cuatro casos tienen un denominador común: son crímenes que nuestro Observatorio ha denominado “femicidios territoriales”. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios, fiscales y funcionarios. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, demorando su investigación, falseando pruebas, entorpeciendo y eternizando procesos judiciales y criminalizando a las víctimas y sus familias. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
Para poner en contexto los datos de femicidios que sufrimos en Argentina es conveniente analizar las estadísticas que realiza la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas con las tasas que informan las fuentes oficiales de todos los países de América Latina:[1]
| AÑO | ARGENTINA | MÉXICO | CHILE |
| 2015 | 1.100 | O.700 | 0.400 |
| 2016 | 1.100 | 1.00 | 0.400 |
| 2017 | 1.100 | 1.200 | 0.500 |
| 2018 | 1.100 | 1.400 | 0.400 |
| 2019 | 1.100 | 1.500 | 0.500 |
| 2020 | 1.100 | 1.500 | Sin datos |
| 2021 | 1.000 | 1.600 | 0.400 |
| 2022 | 1.000 | 1.500 | 0.100 |
| 2023 | 1.100 | 1.300 | 0.400 |
| 2024 | 0.95 | 1.180 | 0.400 |
| 2025 | 0.85 | 1.080 | 0.46 |
La tasa expresa cuántos femicidios sufren estos países por cada cien mil mujeres mayores de 15 años. El femicidio de Agostina, por ejemplo, no formaría parte de esta ecuación.
Finalmente, queremos señalar que la escena del crimen de Agostina Vega que hoy nos está interpelando es la misma que se repite en las periferias urbanas de todo el país. Familias agobiadas por el multiempleo vecinas de familias rotas por el desempleo y el narcomenudeo. El Estado allí está muy presente, pero solo en su peor forma: la policía, que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles. Ningún capo narco vive allí y ninguna familia está preparada para soportar las consecuencias. En cada casa se sobrevive como se puede. Hasta que no.
Tal como señala Julia Monarrez, antropóloga mexicana y creadora del concepto “femicidio sistémico” para analizar, erradicar y prevenir esta violencia es necesario “concebir una unidad entre el sufrimiento individual de víctimas y familiares de víctimas, y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo sostienen, requiere tener en cuenta que feminicidio es una palabra potente. Si dejamos de pensarla solo como producto de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describir los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan en contra de la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia los diferentes ensamblajes de opresión”. Y de esa opresión el Estado es responsable: todo femicidio es evitable.
[1] https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=4&lang=es
#NiUnaMás
La escena del crimen

Por Claudia Acuña
Como si fuera una respuesta de la realidad a las cifras, veinticuatro horas después de difundirse los datos oficiales que afirmarían la baja de femicidios, el cuerpo de Agostina Vega, de apenas 14 años, expone por qué el Estado es responsable de estos crímenes.
La escena del crimen de Agostina es la misma que se repite en las periferias urbanas de todo el país. Familias agobiadas por el multiempleo vecinas de familias rotas por el desempleo y el narcomenudeo. El Estado allí está muy presente, pero solo en su peor forma: la policía, que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles. Ningún capo narco vive allí y ninguna familia está preparada para soportar las consecuencias. En cada casa se sobrevive como se puede. Hasta que no.
Estamos entonces en el barrio Cofico, en las periferias de Córdoba Capital. En ese escenario el 5 de mayo de 2025 los vecinos vieron escapar corriendo de la casa de Claudio Barrellier -33 años, empleado en una agencia de seguridad que presta servicios a la municipalidad- a una joven desnuda y con las manos atadas. Llevaba puesta solo la bombacha y gritaba desesperada “Ayúdenme”. En el negocio de enfrente le dieron una remera para que se cubra. Llamaron a la policía y llegó el patrullero. Por ese acto de violencia Barrellier fue procesado por privación ilegítima de la libertad calificada y estuvo detenido veinte días. Al concederle la excarcelación, el juez interviniente le impuso una fianza y una serie de obligaciones. Entre ellas figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una condición que cumplió hasta mayo de este año. Se suma así el rol que cumple en estos casos el Poder Judicial, otra vez el Estado.
El sábado 23 de mayo Agostina salió de su casa a las 22.30 para encontrarse con él. Ariel, el remisero que la trasladó declaró que le llamó la atención que una chica de su edad viajara a esa hora hacia una zona considerada peligrosa y le preguntó el motivo. Agustina respondió que iba a encontrarse con el novio de su mamá. El motivo: iban a hacerle un regalo sorpresa. El remisero fue el último en verla con vida: Agostina desapareció.
Su cuerpo fue hallado una semana después en los pastizales de Ampliación Ferreyra.
Al conocerse la noticia las y los vecinos rodearon la comisaría, cortaron las calles y quemaron gomas. Señalaron así a quien consideran también responsable de su crimen: el Estado.
Tal como señala Julia Monarrez, antropóloga mexicana y creadora del concepto “femicidio sistémico” para analizar, erradicar y prevenir esta violencia es necesario “concebir una unidad entre el sufrimiento individual de víctimas y familiares de víctimas, y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo sostienen, requiere tener en cuenta que feminicidio es una palabra potente. Si dejamos de pensarla solo como producto de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describir los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan en contra de la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia los diferentes ensamblajes de opresión para las mujeres.”
Por eso mismo, nos vemos en las calles este miércoles.

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