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Esquina Muerte: la masacre de Varela

Publicada

hace 7 años

05/03/2017

Cuatro adolescentes fueron acribilladas y hasta hoy quién disparó no fue identificado por la justicia. El caso se suma a la lista de crímenes impunes marcados por el narco machismo que crece en el conurbano con complicidad policial y judicial. Por Florencia Alcaraz.

Esquina Muerte: la masacre de Varela

Juntas. A Sabrina, Denise, Némesis y Magalí las balas las atravesaron juntas.

Estaban acompañándose. Querían llegar hasta la casa de Némesis, de 15 años, que vive en el barrio El Alpino, el más alejado del centro de Florencio Varela. No querían que ella se quedara sola. Como no tenían plata para un remís, caminaron y esperaron el colectivo en la esquina de Senzabello y Los Andes. Ahí mismo se desplomaron todas, entre la vereda y el asfalto, cuando un tipo con una mochila en la espalda y una gorra roja disparó once veces a la cabeza y al pecho de las cuatro.

No erró un solo tiro.

Cada una recibió, directos y de rebote, nueve, siete, cuatro y tres balazos de un arma 9 milímetros.

Sabrina y Denise, de 16 y 17 años, murieron.

Némesis y Magali sobrevivieron. Ambas seguían internadas al cierre de esta nota.

Después del fusilamento a plena luz del día, el hombre huyó a toda velocidad.

No estaban solas ni iban por una cuadra oscura de noche como se apura a explicar la prensa comercial cuando ocurre un asesinato de una mujer en la calle para vincular los femicidios con la inseguridad. Estaban juntas, yendo a la parada del colectivo para volver a sus casas después del baile. El ataque las encontró así: acompañadas.

Los cuerpos de las cuatro pibas sobre el asfalto, la sangre en la vereda y los vecinos alrededor con sus teléfonos celulares en mano en la madrugada del sábado 11 de febrero quedaron registrados en un video que circuló por Whatsapp. También en las cámaras de seguridad del municipio que filmaron el antes, durante y después del asesinato. En los medios, debajo de esa foto, la frase “la masacre de Florencio Varela”, en tono novelezco, omitió la palabra clave: femicidio.

Masacre describe la tragedia, pero no enuncia lo que dicen esos cuerpos adolescentes con shorts, plataformas, botas y remeras cortas que muestran la panza. Dos están boca abajo, ya sin la vitalidad juvenil que tenían cuando habían salido a bailar la noche anterior al boliche Santa Diabla, en Varela. Una de las sobrevivientes, tirada sobre su amiga muerta, grita que quiere irse a su casa. La otra apenas se mueve. Intenta hablar, pero no puede: un tiro le atravesó la garganta.

¿Qué dicen esos cuerpos?

Son la evidencia de una cadena que termina en la forma más extrema de la violencia machista, el femicidio. También muestra los hilos de los negocios ilegales que se tejen en esta zona del conurbano bonaerense y cómo las mujeres pobres son un territorio en disputa.

Ni una ruptura ni el acoso ni los celos, como también dijeron muchos titulares: atrás de las amigas asesinadas y gravemente heridas están las tramas de la narco violencia machista.

Narco-machismo de barrio

Más allá del pacto de silencio que rodea al barrio donde ocurrió el crimen de las chicas, algunos vecinos y referentes de la zona hablan por lo bajo en la puerta de la Fiscalía de Florencio Varela, donde recayó la investigación. Ninguno quiere contar lo que sabe con el micrófono prendido o la cámara apuntando.

En un comienzo, la causa estuvo a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas. Fue desplazado. Como evidencia de que el machismo lo atraviesa todo, salió a la luz que tenía denuncias de su ex mujer por violencia machista y por no pasarle alimentos a sus hijas. Ahora las fiscales a cargo son dos: Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 y Mariela López, de la Fiscalía de Violencia de Género de Quilmes.

Los vecinos cuchichean:

Que las pibas entraban droga a los boliches de la zona. Que les pagaban entre 500 y 1.000 pesos para gastar en la noche.

Que los tipos se aprovechaban de que eran menores.

Que ellas no eran transas, ni mulas, que eran apenas mensajeras, correos humanos.

Que no todas lo hacían.

Que hay una red que recluta nenas para el microtráfico.

Que una de ellas quiso abrirse de ese maneje y la respuesta fue el acribillamiento.

Que hubo connivencia policial de la Bonaerense.

Que las chicas murieron cerca de la comisaría tercera, que también está involucrada.

Mientras las fiscales parecen encorsetar la causa en develar quién es el hombre que apretó el gatillo, estos rumores van pasando lentamente del barrio al expediente a través de quienes se animan a hablar.

“Si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia es porque puede hacerlo. Es decir: porque ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace para mostrar que puede”, escribe la antropóloga Rita Segato cuando analiza los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez, en México. Las imágenes y vídeos de las pibas agonizando que circularon, además de mostrar esa apropiación, dejan un mensaje. ¿Qué mensaje quedó escrito en los cuerpos masacrados de las chicas de Varela? “Si salís del juego te pasa esto, queda en la nada y a nadie le importa”, describe la abogada María Florencia Casamiquela que representa a la familia de Sabrina y Némenis. Para ella no hay dudas de que fue una ejecución mafiosa.“Es una trama oscura, difícil de desenmarañar. Hay femicidio, pero también hay un condimento más, que tiene que ver con cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres y el desprecio que hay sobre ellos. Eran chicas lindas, jóvenes y pobres. Estos tipos se valían de su situación de vulnerabilidad”, dice.

En su trayectoria como penalista en la provincia de Buenos Aires nunca había visto un caso de estas características. Enumera una serie de delitos que precedieron a las muertes de las chicas: corrupción de menores, venta de estupefacientes. Delitos que de haberse investigado hubieran evitado estas muertes.

Hasta ahora la causa está caratulada como doble homicidio consumado y agravado por ensañamiento y alevosía, además de doble tentativas de homicidio. Todos los casos agravados por el hecho de que se trataba de mujeres.

¿Quién disparó?

El primer detenido por el crimen fue Luis Esteban Weiman, un hombre de 36 años que figura como trabajador de guardia de seguridad de la empresa RedGuard. Había tenido un vínculo con Sabrina y, según se desprende de la investigación, también acosaba a Denise. Hasta el cierre de esta nota, se había negado a declarar. La abogada Casamiquela asegura que él sabe mucho. Quienes vieron el vídeo de la cámara municipal que registró el ataque sostienen que no fue quien gatilló.

Otro de los hombres sospechados hasta el momento es Adrián Abraham, de 31 años. Ambos casi duplican en edad a las adolescentes. Después de que sus caras salieran en la televisión, se hizo una rueda de reconocimiento con vecinos del lugar donde ocurrió el doble asesinato que dio como resultado negativo.

Otro de los detenidos es Maximiliano Mansilla, de 35 años. Quedó preso por otro delito: le secuestraron una pistola 9 milímetros Bersa -que tenía un pedido de secuestro porque había sido robada el año pasado en La Plata- 23 municiones, un handy, un cargador, una gorra y un correaje de policía.

Cuando las sobrevivientes se recuperen y puedan poner en palabras los recuerdos de esa noche y los vínculos de estos varones con sus amigas, es probable que haya más piezas para entender lo que pasó. La abogada Casamiquela no descarta que haya sido un “crimen tercerizado”. De algo está segura: “Esto no fue obra de un loquito como quieren instalar las defensas de los acusados”.

La abogada es crítica de la actuación judicial. Varios de los allanamientos que se hicieron en lugares donde habrían estado las chicas con este grupo de varones dieron negativos: se efectuaron cinco días después del crimen.

Julio Torrada, abogado e integrante de la Fundación Wanda Taddei, representa a la familia de Magalí. Coincide con Casamiquela en que hubo un aprovechamiento por parte de un grupo de adultos. “Esta gente les proveía droga y alcohol a las nenas. Se juntaban en un lavadero de autos donde las sometían a fiestas”, cuenta. También relata que hubo amenazas previas que quedaron registradas en el teléfono de Magalí. Lo mismo dijeron familiares de Sabrina y Denise.

Torrada, sin embargo, relativiza el entramado narco detrás del doble femicidio. “Si buscara espectacularidad, diría que en esta causa hay plata y drogas. Pero de eso, hasta ahora, no hay nada”, dice.

Por su parte, Adrián Sabaris, abogado de la familia de Denise no afirma ni descarta que detrás de las muertes de las pibas hay una red mafiosa vinculada a la venta de drogas.

La impunidad asegurada

La masacre femicida de Florencio Varela también pone en evidencia un patrón de impunidad: las investigaciones judiciales quedan estancadas cuando se trata de narco violencia machista. Algunos ejemplos recientes:

La muerte de Candela Rodriguez, 11 años, vinculada a la opacidad de los negocios de venta de drogas en la zona de San Martín, está siendo juzgada seis años después. El juicio comenzó el 6 de febrero. Hugo Bermúdez (56), Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45) son los tres acusados. “Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tiene que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios de la justicia y del Gobierno que no hicieron nada por buscar a mi hija”, sostuvo la mamá de la víctima el primer día del juicio oral.

A más de dos años del crimen de Melina Romero, el mes pasado la causa volvió a foja cero cuando la fiscal María Fernanda Billone, entonces a cargo de la UFI 5 de San Martín, desistió de la acusación contra los tres varones acusados del femicidio. El lugar donde apareció el cuerpo de la chica que el día de su muerte cumplía 17 años es un terreno donde los transas de José León Suárez pasan de las villas de Indepedencia a la Cárcova. A pesar de que la pista de venta de drogas detrás del crimen apareció en los relatos de muchos, nunca fue profundizada. Al cierre de esta nota la causa fue elevado a juicio oral con un solo acusado. Dos fueron absueltos por falta de pruebas. Dijo a MU la mamá de Melina el día de la audiencia clave para que el caso no fuera archivado: “Mi hija tuvo hemorragia intracraneal, marca de ataduras en las manos y le faltaban piezas dentales entre otras cosas, ¿se lo hizo sola? ¿Se tiró sola? ¿Se violó sola? ¿Se mató sola? Es como que pretenden que Melina quede en el olvido, pero mientras yo tenga un aliento de vida, esto no va a pasar. Es una situación que me parece completamente repulsiva. En cada piba hay un poco de Melina y en Melina hay un poco de cada piba. Entonces: que hagan algo de verdad y que se dejen de derramar sangre de nuestras pibas. Va a haber juicio. Tengo un poco de esperanza: voy a pelear por esa llamita para que no se apague del todo”.

Frente a la fiscalía de Florencio Varela, a pocas cuadras de la estación de trenes de la línea General Roca, los familiares de víctimas de distintos casos se agrupan con las fotos de sus seres queridos en el pecho o en la mano. Cuando el crimen de las chicas saltó a los medios, el primer caso con el que se lo vinculó fue con el asesinato de Caíto Alegre, un pibe de 21 años asesinado el domingo 5 de febrero a la madrugada cuando salía del boliche D One, muy cerca de Santa Diabla, donde fueron baleadas las amigas.

“Hay bandas de pibes que trabajan para la policía. Esa es la realidad de estos barrios”, selaña una fuente local que prefirió el anonimato.

Diez días después del acribillamiento de las chicas, un grupo de familiares presentó un petitorio ante el Poder Judicial local para que se agilicen las investigaciones. Estuvieron la madre y los hermanos de Cristian Lemes, asesinado en el barrio Los Tronquitos, en octubre del año pasado. También la madre de los hermanos Javier David Vallejo y Benito Ricardo: dos muertes impunes más. Se sumaron las compañeras de La Jose, su única hermana y su sobrina. La Jose es Jose Zalazar Maturano, una crossdreser que apareció con el cráneo quebrado, la columna torcida y tajos en la cara después de salir una noche del 22 de febrero de 2016 en un bar de Florencio Varela. La investigación de la fiscal Gisela Olzanieki de la Unidad Funcional Nº 3 de Florencio Varela apuntó a una “pandilla de varones homofóbicos” que viene amenazando a las mujeres transgénero de la zona. “Lo más grave es que la policía tenía conocimiento de un grupo de varones que estaban hostigando a las gays y travestis de la zona. Llegaron tarde”, dijo Martín Ianfranco del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación al medio online Cosecha Roja. Vinculó el crimen a un marco de “recrudecimiento del machismo” y discriminación a las personas de diversidad sexual. Su causa judicial hoy sigue estancada

Después de presentar un petitorio conjunto y esperar toda la mañana, recién ahí los funcionarios judiciales los recibieron. No estaban solos. Los acompañaron el secretario de CTA Varela, Ignacio Concetti y Eugenia Vázquez, secretaria de derechos humanos de ese espacio. Eugenia empujó su propia búsqueda de justicia y desde entonces acompaña con tenacidad a otros familiares de víctimas en ese camino. Su hermana fue torturada y asesinada en una comisaría de Varela en 2002. “Los familiares reciben mucho maltrato. Los funcionarios están atrás de un escritorio y no se preocupan por los demás”, dice.

Mientras los policías, al ver la cantidad de personas reuniéndose frente a la oficina pública, salen a su encuentro, en las paredes de fiscalía alguien escribe con aerosol: “Ni Una Menos. Justicia x las chicas”.

Nénesis y Magali todavía están hospitalizadas. Se habían conocido en fútbol femenino y era la primera vez que Némesis salía con ellas.

Némesis, la chica con nombre de tragedia: su madre la bautizó como la diosa de la venganza divina.

Su venganza fue sobrevivir.

Este 8 de marzo el reclamo de Justicia por las dos amigas asesinadas y sus amigas heridas con saña y crueldad será, entonces, otro de los motivos para que las mujeres paremos el mundo.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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hace 2 meses

08/10/2023

Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.

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Nota

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

Publicada

hace 2 meses

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Publicada

hace 3 meses

06/09/2023

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia — Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.