#NiUnaMás
Operación masacre
Melina Romero fue asesinada brutalmente cuando cumplía 17 años. Su cuerpo fue hallado en un basural por mujeres de un movimiento social. La muerte se convirtió en rating y en construcción de la imagen de una chica sin rumbo. Lo mediático, lo machista, las drogas, el sexo, la umbanda, la violencia, el rol de la justicia, las formas de abuso y exclusión sobre las chicas y chicos que aquí cuentan cómo piensan y sienten el presente.
Era el mejor de los tiempos,
era el peor de los tiempos,
la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas;
la primavera de la esperanza y el invierno
de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Historia de dos Ciudades, de Charles Dickens (novela, 1859), citada en la serie House of Cards y ahora en Mu.
Veo esos ojos, la sonrisa, el peinado; la veo caminar como un fantasma azulado en las imágenes de las cámaras de seguridad: todo lo vemos, todo lo sabemos, y no vemos ni sabemos nada. No logro entender que se destruya a golpes a una chica de 17 años recién cumplidos. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Que se la viole y se la siga golpeando. Y se la vuelva a violar, y a golpear. Cada golpe, cada patada, cada sometimiento, sobre un cuerpo ya inerme hasta dejarla sin sonrisa, sin mirada, sin peinado.
Y que luego se descarte el cuerpo en un basural, envuelto en bolsas de residuos, en posición fetal, en una descomposición que alimenta la proliferación de microbios, hinchándose, hasta que lo encuentran unas mujeres en José León Suárez. Y empiezan a aparecer en las pantallas policías, fiscales, abogados, luego familiares y amigos aullando de dolor, velatorios, autopsias, testigos, imágenes únicas y revelaciones exclusivas para alimentar empresas audiovisuales y gráficas, que tantas veces son una hinchazón que descompone lo que estaba vivo, otra forma de proliferación microbiana.
Frente a estos casos confieso un sentimiento raro, que no es producto ni de la solidaridad ni de la compasión. Tampoco es indignación, curiosidad o escándalo moral, ni siquiera conciencia debidamente concientizada: es asfixia. Y por haber elegido este oficio incierto, ante la asfixia que no permite pensar –y no sé si sentir- tal vez convenga aplicar lo que recetaban antiguos maestros: ponerse en movimiento, salir, conversar, investigar, preguntar, sorprenderse, revolver en busca de eso que algunos llaman respuestas en la frontera entre la luz y las tinieblas.
El ágora adolescente
Las risas revolotean en la pequeña plaza Martín Coronado, conurbano bonaerense, junto a la estación de la línea Urquiza. Es el gran punto de encuentro de adolescentes, antes o después de ir a las escuelas de los alrededores. Es la plaza en la que Melina Romero pasaba muchas tardes compartiendo horas, palabras, sueños, formas de ver el mundo.
Una parejita se besa golosamente, una chica corre a un chico, un grupo ríe, otros tres están escuchando a un amigo con la capucha del buzo puesta, que arma un rap con los ojos en el piso, el cuerpo como un diapasón, y las manos diseñando una historia en el aire. Edades entre 14 y 18 años.
Primero miran fijo, con una mezcla de curiosidad y desconfianza felina. Ven que estamos fotografiando a sus ancianos profesores (de 35 años promedio) que escribieron una carta asombrosa sobre el rol de los medios de comunicación en el crimen de su alumna. El grupo se va acercando a las baldosas que pintaron los hermanos de la chica asesinada, con aerosol negro:
“Tocar el sueño que no es realidad. Hermana descansa en paz, que nos veremos allá. Melina…”
Parados ante esas frases, consulto a los chicos. ¿Qué piensan de lo que pasó?
Paola: “Es una injusticia. Es una mierda”.
Leandro: “Nadie tenía derecho a matarla”.
Paola: “Era re copada, re buena persona, siempre estaba contenta. Cuando la veías, te sacaba una sonrisa. Te hacía la segunda”.
La segunda es acompañar, como la segunda voz de una melodía que uno jamás podría cantar solo.
Leandro no sólo rapea. “Soy famosito” explica. Su actividad en Facebook y el reparto de invitaciones para los boliches lo han convertido en esa categoría de adolescentes que han ganado notoriedad, amigos y fans virtuales. Relata Leandro: “Melina se quedaba alentándonos cuando hacíamos rap. ‘Bien ahí amigo’, nos decía. Si había algún problema entre dos chicos, los separaba. No le gustaban los quilombos. A mí me decía chupetín de brea. Y yo le decía pelolindo. Nunca vi una mujer con ese pelo: de un lado cortito, como un hombre, pero se dejaba una mecha rubia increíble, y se reía, y jodíamos con eso”.
¿Por qué creen que alguien, o algunos, pueden matar a una persona como Melina? Javier, gorro de lana sin visera, busca palabras con las manos. “Puede ser una cuestión, también, como ser… un hombre… usted discúlpeme las palabras que uso… como quien diría vulgarmente, el tipo quiere coger. Pero ella no. Al no poder, seguramente la habrán golpeado hasta matarla”.
Paola: “Se creen más hombres así”. Cuentan que en la plaza nunca permiten que un varón le pegue a una mujer. Uno de los chicos plantea una solución paradójica. “A un hombre que le pega a una mujer, sinceramente, hay que partirle una botella en la cabeza y tirarlo en un baldío”.
Leandro, que además de amasar rap compone medialunas y bizcochos en una panadería todas las noches, utiliza una palabra que no apareció en ninguna de las crónicas sobre el asesinato de Melina: “Tenés que estar mal de la cabeza para hacerle eso a una piba”. Levanta la cabeza y dice: “Son psicópatas”.
Psicópatas.
En la plaza de Martín Coronado, un grupo de chiquilines deja así propuesto un concepto que acaso explique mucho más que el crimen de una chica de pelo lindo asesinada cuando se le ocurrió decir no.
La plaza de Martín Coronado
Retrato de la mala persona
Psicópata es el término técnico para referirse a lo que usualmente se llama mala persona, o cosas peores. Representa una característica antisocial de la personalidad. Implica una disociación con las emociones y sentimientos, el no registro de los demás, salvo para utilizarlos o someterlos. También la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. La indiferencia frente al dolor ajeno. La capacidad de ejercer la crueldad. La falta de culpa, no en un sentido cristiano, sino en la comprensión del daño al otro, junto a la capacidad extrema de desplazar toda culpa hacia los demás. El egocentrismo patológico. El abuso sexual, político, laboral, moral, burocrático. La perversión. No hay relación, sino consumo o uso del otro: el fin justifica los medios. La psicopatía implica la falta de afecto o empatía, pero la necesidad de agradar y seducir para poder vampirizar lo que lo rodea. La sexualidad robótica. La nula intención de reparar el daño causado, salvo para fingir si está en riesgo su poder sobre el otro o la satisfacción de sus deseos. La manipulación, el control, la aniquilación del otro -de su cuerpo, o de su voluntad, su autoestima, su autonomía- porque la psicopatía siempre es un asunto de poder.
Se puede pensar en personas, en acciones y en tiempos psicópatas.
Zorras y rating
Melina Romero cumplió 17 años el 23 de agosto, y esa noche fue al boliche Chankanab, en San Martín. No volvió a su casa de Martín Coronado. Su familia hizo la denuncia dos días después. Sus amigos y compañeros de la escuela repartieron volantes con la foto de Melina en las plazas, en canchas de fútbol (como la de Chacarita Juniors en San Martín); la reclamaban por Facebook, donde Javier, por ejemplo, escribió: “Che pelotuda aparecé que todos están preguntando por vos”. Alejandro, uno de sus hermanos, escribió también, textualmente: “Dónde cuerno estás loka de mieerda venite para casa porqe mama ta preocupada”.
Ana, su madre, organizó marchas y panfleteadas con amigos y compañeros de escuela de Melina. La persistencia familiar despabiló la investigación judicial, se organizaron rastrillajes policiales, se reactivó la noticia, y las fotos de esa niña sonriente entusiasmaron a algunos editores de noticieros y diarios, tres semanas después de la desaparición.
Clarín tituló el 13 de septiembre, cuando todavía la familia no tenía noticias aún sobre Melina: “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”. La nota comenzaba: “La vida de Melina Romero, 17 años, no tiene rumbo”, frase que confirma, en papel prensa, la teoría del famosito Leandro sobre los psicópatas. El resto tiene el mismo tono, para crear una imagen negativa sin hablar sobre lo central: estaba desaparecida.
“¿Por qué escribieron eso? ¿Quiénes se creen que son? ¿La conocían?”, pregunta con absoluta lógica Nico, 16 años, en referencia a los empleados del diario. Juan, 17, supone: “A lo mejor no tienen hijos”. Candela, 15: “Dijeron que era como una puta. Es una gran mentira. ¿Les gustaría que les digan a ellos que son putas o zorras?”.
Soledad: “Y suponete que una chica se acuesta con chicos. ¿Es puta por eso? Y si una mujer es prostituta, ¿está bien que la maten?”. Los 16 años de Soledad, ya le permitieron entender cómo funciona en estas extrañas comarcas una frase: “algo habrá hecho”.
Los noticieros y programas especiales compitieron durante horas y días mostrando las imágenes, prejuicios, insinuaciones, chismes y lo que en general resultó una violación mediática de la que Melina tampoco pudo defenderse. La aglomeración de personas maquilladas en cámara para opinar sobre quienes no pueden responderles, aporta también a la teoría de Leandro.
El cuerpo apareció el 23 de septiembre en los basurales de José León Suárez.
¿Noticias?
Los femicidios son una nueva operación masacre. Un detenido, una testigo clave, muchas noticias sobre sexo, drogas, fiestas, umbanda, para alimentar el rating geriátrico de la televisión abierta, dispositivo cada vez más ajeno a los jóvenes.
Candela, estirando el lado largo de su cabello: “Yo digo: cuando una mujer dice no, es no. Pero entonces le dan pastillas, le dan la jarra loca (mezcla de alcohol y drogas de venta legal como el clonazepam, marca Rivotril), la violan, la matan, y encima le echan la culpa a ella. No entiendo. Miro lo que pasa, y da miedo”.
Que hable la escuela
Cuando Melina Romero aún estaba desaparecida, nueve de sus profesoras y profesores escribieron una carta urgente, conmovedora. Cuentan en ella que Melina siempre se destacó por tener un carácter decidido, por ser muy sociable y extrovertida. Aclaran: “El motivo de esta nota no es hacer una descripción de cómo era Melina, ya que eso no cambiaría el hecho de que esté desaparecida ni la responsabilidad de un sistema social causante de su desaparición, como el de tantas otras mujeres, que hacen las cifras del horror”.
Recuerdan: una mujer asesinada cada 30 horas en 2013 en Argentina.
Completan: “La relevancia del caso de Melina, tiene que ver con que es mujer y de una familia humilde. Se la condena por ello. La nota misógina, machista y miserable que sale en Clarín, da cuenta de lo que decimos”.
Párrafo sobre la prensa oficialista: “De la misma manera la consideran los medios que se rasgan las vestiduras de ser ‘objetivos y afectos a la ley’ como el oficialista C5N. El silencio objetivista y para nada condenatorio de parte de la TV Pública, deja que ese ‘sentido común’ crezca, y se vea como normal que las mujeres desaparezcan, o las maten. Y más normal, si es humilde”.
Lucas López es profesor de Literatura, y Facundo Pilarche dicta los talleres de la Escuela Técnica 2 de Ciudad Jardín. Cuentan frente a un café con leche: “Desde la educación vemos que los mismos chicos reproducen esas ideas espantosas que presentan los medios: acusan a la víctima. Se notó mucho la diferencia con el tratamiento del caso de Ángeles Rawson, por la condición socioeconómica. Los pibes pobres no son vistos de la misma manera que los de otro sector social”.
Ángeles fue asesinada el año pasado, depositado también su cuerpo en los basurales de José León Suárez.
Lucas: “Los medios tienen una pretensión de inocencia brutal. Es violencia”.
El abogado y el pai
El abogado de la familia de Melina es Marcelo Biondi, que responde a todos los moldes mediáticos. Su página de Internet lo muestra rodeado de micrófonos de movileros. En Twitter avisa a sus seguidoras (las bionditas) horarios y programas en los que participará y envía mensajes tipo:
“BUENAS NOCHES BIONDITAS QUE TERMINEN UN LINDO DIA Y COMIENCEN LA SEMANA C/MCHA LUZ Y BENDIC”.
Traje y camisa negra, corbata ídem con franjas grises, peinado con gel que rompe la ley de gravedad, sostiene ante Mu: “Tenemos una testigo principal, creíble, de 17 años”. En todos los medios se la nombra como Melody. “A Melina la golpearon, agredieron de puño y patadas, abusaron sexualmente y después la siguieron golpeando hasta provocarle la muerte. La testigo señala a Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón), Toto (16, menor de edad) y a un señor César, que tuvo que ver -según el testimonio- con el modo en que se deshicieron del cuerpo”.
César de Xangó es el nombre del pai umbanda que resultó detenido, tras brindar una conferencia de prensa con su propio abogado mediático. El templo ofrece, en sus volantes: “Ayuda espiritual. Destrabes. Buzios. Abre Caminos. Uniones. Limpiezas”. El eslogan del Reyno Africanista es inolvidable: “Ni buenos ni malos. Eficientes”.
El abogado Biondi, que ofrece “experiencia, trayectoria y profesionalismo” planea sobre lo mediático: “Reconozco que intervengo en causas con repercusión. Sé que tengo fans en las redes sociales, y lo respeto. No soy hipócrita: me gusta hacer notas y participar en los medios”.
¿La notoriedad termina siendo una estrategia para que las causas sean visibles y avancen? “La repercusión de una causa es buena para todas las partes. Para el damnificado, por la visibilidad y porque crece la disposición política, judicial, policial mucho más que si no hay repercusión”.
Sobre el tratamiento a la imagen de Melina: “Ella viene de un origen humilde. En casos de familias más adineradas, se las trata de otro modo. Pero pibes de clase alta también participan en reuniones con alcohol y drogas, y pueden intentar someter sexualmente a una señorita presente. Es un tema general”.
Biondi aclara que no cobra de la familia de Melina, sino de un conocido mutuo. “Y apenas si alcanzará para viáticos. Me habían llamado para defender a uno de los acusados, pero en ese momento la familia de Melina me planteó que yo fuese su abogado. Les ofrecían estudios con un marketing muy importante. Me pareció valorable que me eligieran, tal vez no tengo tanto marketing, pero sí seriedad y formación”.
¿La presión mediática puede provocar que se busque la apariencia de avances en las causas, cosa que termina en la detención de los llamados perejiles? “La repercusión excesiva a veces lleva a cometer desprolijidades. No es el caso de Melina. En la causa de Ángeles Rawson no tengo dudas que la presión llevó a cometer errores que violan garantías de cualquier imputado”.
Biondi fue abogado del caso Ángeles junto a Miguel Ángel Pierri. Defendían a Jorge Mangieri, el portero procesado por ese crimen. Este año los programas y revistas de la farándula revelaron que Pierri se separó de su mujer, Karina Ranni, al descubrir que ella había comenzado una relación sentimental con su socio, el propio Biondi, quien salió a plantear que ante una situación de violencia familiar que vivía Karina, él tuvo que elegir “entre dos amigos”.
Una cosa llevó a la otra.
La sociedad se disolvió.
Biondi y Ranni explicaron todo ante Chiche Gelblung. Pierri apareció en la revista Gente con su nueva novia, una policía 20 años menor: “Me enamoró más que ninguna”.
Biondi mira de reojo los celulares que suenan a su alrededor: “De mi vida privada no hablo más. Ya dijimos nuestra verdad”.
Luego, coordina su participación en el programa de Santo Biassati, para revelar en qué punto está el caso Melina.
Foco y medios
Cuando logró reponerse del asesinato de su hija, Adoración Gutiérrez hizo algo extraño: estudió Derecho. Empezó a los 48, se recibió a los 54, y hoy es de las personas que acompañan, desde el Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires, a otras mujeres que pasan por lo mismo: por ejemplo a Ana María, la mamá de Melina.
“Yo era contadora. Cuando fue lo de mi hija, María Laura, quería justicia. Otras mamás han hecho oenegés o marchas, que desde ya comparto y acompaño, pero no me nació eso, sino buscar desde las propias leyes”.
Su hija fue secuestrada en el año 2000. Según el portal Infojus fue llevada a la fuerza, golpeada y drogada. “Luego llamaron a su familia pidiendo 30.000 pesos de rescate. Intentaron descuartizarla en vida pero no pudieron y la trasladaron a un basural de Gonnet. Finalmente la acuchillaron, la rociaron con nafta, la quemaron viva y siguieron llamando para exigir el dinero del rescate”. Dos mujeres fueron condenadas a perpetua, pero Adoración aún espera el juicio de quien considera el autor ideológico del crimen: el médico peruano Wilfredo Chipeiquén.
“Nuestro trabajo hoy es acompañar a las familias, yo como abogada, una asistente social y un psicólogo. El tratamiento del caso de Melina es la re victimización de la víctima, con saña. Ella simplemente no quiso ser obligada a tener sexo grupal. Y por eso la mataron. Pero los medios desvían el foco cuando son sectores vulnerables. Lo vemos todo el tiempo”.
Paradoja: lo mediático, aunque escandaloso, hace visible el caso y tal vez que avance. “Es mi bronca todos los días con el Poder Judicial. No digo todos, porque hay excelentes fiscales que se comprometen con lo que hacen. Pero muchos otros hacen simple papeleo de expedientes”.
Dora, como la llaman sus amigos, reconoce que “hay una cultura machista de los jueces, que no cambian la mentalidad aunque cambien las leyes. Después de lo de Wanda Taddei hubo muchos casos de mujeres quemadas y a veces muertas por sus parejas. Acompañé a varias familias. Pero salvo el caso de Wanda, casi ninguno tuvo condena”.
Y a todo eso hay que agregarle otra dictadura moderna: “La burocracia es tremenda, y es una forma de violencia. Todo el tiempo veo que el Poder Judicial es capaz de ejercer esa violencia”.
¿Quién encontró a Melina?
Las vecinas cuchicheaban preocupadas durante una reunión del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, en San Martín. El encuentro tenía dos temas principales: la cooperativa textil que sostienen con el programa Ellas hacen, integrada por mujeres que sufren situaciones de violencia doméstica, y las acciones en la calle para denunciar y repudiar la desaparición de Melina Romero. Ornella Tinnirello, referente zonal del Frente, miraba de reojo a las dos mujeres. Al finalizar la reunión se acercaron. “Encontramos a Melina”, le dijeron.
El movimiento se hizo cargo de la situación. Uno de sus integrantes permaneció en la zona señalada hasta que llegaran los funcionarios judiciales, y finalmente se confirmó que había más que cuchicheos en las palabras de las mujeres, consideradas desde ese momento testigos protegidas.
¿Cómo se ve el tema de la violencia contra las mujeres desde barrios y villas que rodean los basurales del CEAMSE?
Eli: “Aquí vienen desde mujeres que las insultan en la casa, hasta chicas, como la que vino el otro día: prácticamente la desmayaron a golpes. Lo que pasa es que las mujeres llevan una cuestión cultural: hoy me golpeó, mañana capaz que mejora. Las mujeres cambian cuando la violencia va hacia los hijos”.
Diana cuenta que “sufría el problema”, se separó, y ahora volvió. “Pero ahora todo está bien. ¿Qué cambió? “Cambié yo. Le quité el poder que él tenía sobre mí. Entendí que no me podía tratar así, y lo tuvo que entender él”. Diana logró lo crucial frente a las acciones psicopáticas: poner límites.
Romina: “Siempre está el fondo machista de tomar a la mujer como objeto. Mirá Tinelli, el show, las minas en bolas, y él cortándoles la pollerita”.
Eli: “El tema es poseer. Al costo que sea. Y controlar a la persona. El hombre que es agresor no quiere que la mujer tenga independencia”.
Romina: “Lo principal aquí es cuando las mujeres vienen y después de un tiempo empiezan a levantar la cabeza, a ver a la compañera que tienen al lado”.
Diana: “Y recuperar la autoestima. Porque la violencia de género no es sólo el golpe, es el menosprecio”.
¿Y qué se hace frente a eso?
Eli: “Escuchamos a la mujer, después vemos qué quiere hacer. La decisión es de ella. La acompañamos hasta donde haya que llegar”.
¿Hay más violencia contra las mujeres?
Romina: “Para mí se habla más, se sabe más. Es como la interrupción del embarazo. El año pasado yo lo hice. Y ahí supe que mi mamá había abortado, mi tía había abortado, y mi abuela había abortado: tardé 38 años en enterarme. Y si estos temas ahora se hablan también es porque hemos ganado espacio”.
Ornella: “En los piquetes en el 2000 las compañeras discutían con los varones del movimiento para que en las mercaderías que daba el Estado hubiera toallitas higiénicas. Hoy a este gobierno le reconocemos que estamos en un escalón distinto en cosas que representan cambios subjetivos”.
Diana lo ve en otra cuestión: “A los asesinatos de mujeres antes les decían ‘crímenes pasionales’. Ahora sabemos que es violencia de género”.
Ornella: “Hablamos con la fiscal del caso Melina, María Fernanda Billone, y nos contó cuánto trabajo hay que hacer dentro del propio Poder Judicial para que se entienda el problema y se caratulen estos casos como violencia de género. O sea que la matan por ser mujer. No es un crimen como cualquier otro”.
Ornella no es muy mediática: tuvo que huir de un móvil de América que quería entrevistarla, y recibió 16 llamados. “Me apretaban. Yo les decía que no nos interesa darle contenido a medios sin contenido, porque le quitamos sentido a todo lo que estamos haciendo”.
La productora no podía creerlo, pero ni siquiera logró convencer a Ornella cuando jugó su carta ganadora: “Mirá que es para el programa de Guillermo Andino”.
Cómo superar el miedo
Las chicas del centro comunitario CreSer conocían a Melina y plantean algo que también puede ser una clave. “Estar en Facebook, ser promotora, ir con esos tipos, todo para mí es para hacerte ver, que te presten atención”, dice Geraldine.
Hacerse ver en un mundo que no te presta ni la atención.
Sofi: “Yo me saqué una foto con Melina. Era tranquila, re buena, me convidó gaseosa. Después de lo que pasó me da escalofrío”.
Una de las chicas cuenta que su padre le pegaba a su madre, pero eso ya no sucede. ¿Mejoró la relación? “No, se separaron”.
Varias reconocen violencia entre sus padres.
Les gusta un conjunto: One direction.
Geraldine juega al fútbol.
Corina tiene diabetes y debe quedarse en casa.
El colegio no le envía tareas y puede perder el año. Dicen que les molesta salir de sus casas y que haya gente drogándose en la puerta. “No se aguanta el olor, más que nada”.
¿Qué hacer frente a la violencia?
“Aprender a boxear” dice una.
“Pero si son 3 o 4 como le pasó a Melina, te van a matar igual”.
Se ríen y salen todas corriendo.
En la plaza Martín Coronado varios de los chicos me cuentan que no van a los boliches. “No es nuestro estilo. Lo nuestro es el rap, el hip hop: cosas argentinas”. Javier pide la palabra: “En el rap lo que se cultiva es el respeto a la otra persona”. Nico y Juan lo miran como aprobando lo bien que salió la frase.
Pastillas y Facebook
¿Qué habría que hacer para parar la violencia como la que mató a Melina? Uno dice: “Más seguridad en general. Por ejemplo, al que roba, quemarle las manos”. “Nooo” le gritan los otros.
Nico: “No sirve, aunque haya seguridad te van a cagar violando y choreando igual”.
Matías: “La policía no hace nada”.
Otro agrega: “En Pablo Podestá, por una luca y media, los policías dejaron ir a unos que se habían afanado un auto”.
Leandro: “Los policía acá son para reírse. Nos molestan a nosotros, pero a los chorros nunca los agarran”.
Improvisan un rap ante el grabador. Algunas frases que son crónica de estos tiempos:
“Entré a Facebook, le puse inicio y después me di cuenta que desaparece una mujer. No le pasé cabida, después vi que era mi amiga Melina. Preguntamos qué onda. Capaz que anda por ahí y después salió esa noticia mala. Nos pusimos muy mal, hicimos marcha, y la gorra nos quiso sacar. Pero no nos rendimos, algunas cosas te pueden matar y siempre están a tu lado. Y yo ahora le canto este rap para Melina que estás en el cielo como un Jesucristo. Cómo me gustaría ir con un cohete y decirle que la amo, y que la exrtraño, que siempre va a estar. La pelolindo la voy a recordar. Hey”.
Juan cuenta que Toto, el menor detenido por el crimen, vive cerca de su casa: “Nunca me cayó bien. Me mandó la solicitud de Facebook apenas desapareció Melina, y nunca la acepté. Mi hermana sí”.
Florencia ríe: “Era un plagoso (pesado) me hablaba todo el día y yo no le contestaba”.
¿Cómo se explican lo que pasó?
“Las pastillas que le ponen en la jarra loca” dice Javier. “Hay Rivotril, Clonazepam, hay de 10, de 5, de 2. La mezcla te pierde la mente, te puede llevar a la violencia”.
Diego Capusotto y Pedro Saborido describieron en su programa ese fenómeno como Robotril: “Lo que no te da la vida te lo da la industria farmacéutica”.
A estas cuestiones se refiere la testigo cuando cuenta que el grupo formado por Chavito, Toto y Narigón quería “enfiestar” a Melina, para obligarla sin esfuerzo al sexo grupal. O sea: se toman pastillas para envalentonarse, y se suministran pastillas a la chica para que quede indefensa y someterla. El cerebro joven de Melina no estaba tan fusilado, se resistió, y la mataron. “Pero la culpa no es de la droga” dice Juan. “Si puteás a una mujer estás puteando a tu hermana, a tu vieja, a tu abuela. Y si le pegás y matás a una mujer es porque ya lo tenés en la cabeza”.
En otro grupo una chica vuelve con el argumento de la policía. A su lado le responden: “Me da miedo la policía. El otro día se paró uno adelante mío y decían ‘vení linda, que te llevamos; dale rubia, vení que somos buenos’”. La que cuenta el episodio tiene 13 años.
Una tercer amiga, también de 13, cuenta: “Yo vivo en un barrio privado, y el otro día me siguieron unos viejos: ‘vení amorcito, somos todos vecinos’, pero yo corro rápido y me escapé”.
Replay: 13 años, barrio privado.
Rap del basural
Repaso las cosas que he ido escuchando. Las mujeres del Movimiento Evita dicen: “Es lógico tener miedo, pero lo que hay que hacer es cuidarse, porque con miedo no arreglás nada: te quedás encerrada en tu casa. Te cuidás cuando no estás sóla, cuando te juntás, hablás, levantás la cabeza. Cuando le parás el carro al que te quiere pasar por encima. Cuando te empoderás. Para nosotras eso es la militancia: hacer talleres, cooperativas, tener proyectos, hacer política”.
En la plaza Martín Coronado dicen:
“No hay que salir solas, sino en grupo, con amigas y amigos. No tomar las jarras de los boliches. Saber con quién estás. No darle bola al que te da desconfianza. Ser confiados, pero no ser confianzudos. Cuidarnos entre nosotros”.
En lugar de protecciones externas, parecen hablar de una autogestión del cuidado.
Las mujeres del Evita lo entienden como militancia política. En la plaza suena a una militancia de la amistad.
Todo sirve.
El saludo de moda es “cuidate”, y tal vez haya que tomárselo en serio.
El grupo rapero vuelve a improvisar.
“No quiero estar triste, hablar de Melina, mejor hablemos de Argentina. Vengo de un barrio llamado Podestá. Los que mandan hablan por hablar. No saben qué pasa, lo que es vivir en una villa. No saben lo que es ganarse la vida, o comer siempre la misma comida. Ya no podemos aguantar el dolor de vivir entre la espada y la pared”.
No sé hacer rap.
Tampoco sé qué palabras habría que entramar con acciones para que el mundo no sea para estas chicas y chicos una tiniebla en el basural.
#NiUnaMás
Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
#NiUnaMás
La perspectiva del pre-juicio al banquillo: por qué el Poder Judicial debe mirar las causas de femicidio con los ojos de Lucía
Por Flavia Delmas
Este lunes y martes se desarrollaron las audiencias en el marco del jury que se le lleva adelante a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas –suspendidos desde hace tres años– acusados de mal desempeño en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uno de los principales interrogantes del debate fue acerca de la perspectiva de género y por qué es una obligación de los jueces aplicarla.
Comencemos por desglosar los términos:
Perspectiva refiere a un punto de vista que debe tener el magistrado para evaluar las pruebas del caso.
Género refiere a las relaciones de poder entre personas de diferente sexo.
La noción de perspectiva de género nos habla de la vida cotidiana, ya que somos seres que se relacionan en un determinado contexto sociohistórico. Es por ello, por su cotidianidad y su raigambre histórica, que las llevamos adelante con naturalidad, sin advertir cómo operan las diferencias y desigualdades. Naturalizamos estereotipos que pre-juzgan: las personas debemos ser de tal o cual manera y ajustarnos a determinadas normas. Corrernos de esas reglas implica castigos sociales. Así se instalan mitos, como por ejemplo el del amor romántico por el cual el sapo se transforma en el príncipe azul o el de la pollerita corta que justifica la violencia. Un mecanismo que tiene consecuencias concretas: transitar de noche para un varón no es lo mismo que para una mujer, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos y mucho menos a los niveles de poder.
Momento de la declaración del lunes pasado: Guillermo, el padre de Lucía Pérez, habla ante el jury de enjuiciamiento. Lo observan los jueces acusados. A la izquierda de la imagen, Pablo Viñas, y a la derecha, Facundo Gómez Urso. El fallo que dictaron en 2018 fue anulado por su falta de perspectiva de género. En la foto principal, Marta Montero, la madre de Lucía, habla frente a jury convocado en la ciudad de La Plata.
En nuestra sociedad no son las mismas expectativas y oportunidades para un varón que para una mujer. Estas diferencias desigualadoras, al decir de Ana María Fernández, se tornan trágicas en algunas circunstancias porque alimentan el sistema patriarcal cuya forma de supervivencia es la violencia.
Ahora bien, ¿pueden los jueces omitir diferencias como el sexo, la edad, la posición que ocupan las personas en la relación que entablan y que llevan, en este caso, a Lucía Pérez Montero a perder la vida?
La respuesta es la ley: no pueden.
Los narco femicidios
Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018.
Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO. A partir de este caso, pudimos dar cuenta de otras situaciones en las que bandas criminales captan a niñas, adolescentes y jóvenes a través de la venta de estupefacientes, generando relaciones de poder y deudas que obligan a pagar con dádivas sexuales, violencia sexual o explotación sexual.
Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima.
La ignorancia
Comencemos a repasar algunos de los tramos significativos en las audiencias del juicio a los jueces Viñas y Gómez Urso, acerca del entendimiento de la perspectiva de género.
María Elena Naddeo, en su intervención experta durante el jury acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dirá que la presentación del amicus que realizaron desde la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se debió al “bochorno que implicaba la sentencia (…) que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que requería”. Es decir: la perspectiva de los jueces debía ser la que dictan los tratados internacionales con jerarquía constitucional: tutelar a Lucía. También aseveró que en este caso“lo grave que vimos es un proceder que niega la existencia de las violaciones al poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia (…). Fue una sentencia absolutamente parcial”.
El abogado Esteban Viñas –primo hermano de uno de los jueces imputados e integrante y miembro honorario de la Red de Jueces Penales– al ser interrogado por los abogados de la acusación, respondió:
- ¿La vida sexual de una niña es un elemento decisivo a la hora de resolver un delito sexual?
- Entiendo que no (…).
- ¿Usted entiende que las garantías y los estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres y de los niños deben ser aplicadas, son obligatorias?
- Desde luego que sí (…).
Luego deviene una pregunta llamativa de la abogada defensora de Viñas y Gómez Urso
- Si el tribunal consideró que no se verificaba violencia de género ¿debe aplicar perspectiva de género?
Radica en esta formulación la cuestión nodal, ya que es un gravísimo error considerar que la perspectiva de género puede ser posterior a decidir si hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque para delimitar qué pasó es necesario indagar los hechos con esa herramienta conceptual, algo que los jueces Viñas y Gómez Urso evitaron por completo.
Durante las audiencias de ese primer juicio que hoy está en el banquillo quedó claro que los jueces escucharon a testigos y evaluaron las pruebas sin esa obligatoria perspectiva. Así lo testimonió en el jury la experta Laurana Malacalza:
“En el momento de la declaración (…) recuerdo una vehemencia muy particular de parte del Tribunal mientras exponía el concepto de perspectiva de género. Me preguntaron si esos conceptos que estaba emitiendo los había inventado yo o los había sacado de algún lugar. Por supuesto esto me llamó muchísimo la atención, porque suponer que yo había inventado el concepto daba cuenta de un gran desconocimiento (…). Fue el doctor Viñas, específicamente, quien le preguntó a la secretaria si ella se sentía así, subordinada, dominada. La secretaria estaba justo sirviéndole un café. Respondió: ‘no, para nada’. Y él me dice entonces ‘en esa sociedad que usted describe las mujeres no se sienten identificadas. De hecho, tenemos una gobernadora y una presidenta mujer”.
La culpabilidad de la víctima
En ese primer fallo que hoy está en el banquillo el nombre de Lucía Pérez aparece 164 veces,en tantoPablo Offidaniapenas 33. Para llegar a la conclusión de la ausencia de abuso o violación sexual seguida de muerte, debieron realizar una operación de inversión de sentido: crear lo que conocemos como la figura de “la mala víctima”: una mujer dominante, no dócil. También tuvieron que “lavarle la cara a los victimarios”: crear la ilusión de una situación idílica que unió a la víctima con sus victimarios.
La defensora de Farías, María Laura Solari, declaró durante el jury que Lucía era: “Una persona muy alegre, muy dedicada a su estudio, prácticamente con una asistencia perfecta al colegio, muy cuidada inclusive muy contenida por su familia, con mucho diálogo con su hermano, una joven con proyectos, con muchas ganas de vivir (…) No tenía un consumo problemático”.
Sin embargo, en la sentencia los jueces la describirán de la siguiente manera:
“Lucía distaba mucho de ser sumisa. Tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería (…) Soberbia y orgullosa”.
Durante la segunda jornada del jury se produce este diálogo en el interrogatorio del abogado de la acusación a Laura Solari, defensora de Matías Farías:
Abogado: ¿Usted recuerda haber preguntado sobre la vida sexual de Lucia?
Dra. Solari: Si, si
Abogado: ¿Esas preguntas fueron objetadas por el tribunal?
Dra. Solari: No, porque no las objetó la parte.
El mito del amor romántico
El conocimiento de Farías con Lucía fue de 24 horas, “una relación de conocimiento incipiente”, dirá el juez Viñas. Según surge en el primer juicio, Farías tenía al menos dos relaciones anteriores en Mar del Plata. La primera, con una mujer con 5 hijos. El sexto es de Farías y nació con una discapacidad. Offidani declaró que era su padrino. Ahora está a cargo de su tía. Los otros cinco quedaron a disposición del juez de menores, dado el contexto de abandono familiar en el que se hallaban. La segunda pareja es una joven que fue recordada en las audiencias por la enfermera que estaba a cargo de la sala de salud el día que llevaron ahí el cuerpo de Lucía. La recordó al preguntarle los jueces, como es rutina, si conocía a alguno de los imputados. La enfermera señaló a Farías: “Lo conocí cuando llevó a la salita a una chica a parir. No somos una sala preparada para eso. La chica además llegó al parto sin ningún control durante el embarazo”.
A los jueces esos antecedentes de relaciones marcadas por el abandono, el consumo problemático y las consecuencias en la salud y la vida de las mujeres y niños implicados no les pareció un contexto significativo para evaluar la conducta previa de los implicados. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron una perspectiva: la mirada pre-juiciosa de la discriminación.
Es esa perspectiva discriminatoria la que les impidió ver lo evidente: ser una niña-adolescente y sufrir una muerte violenta no constituyó para ellos un delito.
En febrero de este año la Corte Suprema bonaerense aprobó una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género. Cita el fallo que anuló la sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y, entre otras directivas, señala: “la estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada”.
Que así sea.
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