#NiUnaMás
Tras las rejas. Femicidios, comisarías y cuarentena
Florencia Magalí Morales apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, donde estuvo detenida por violar la cuarentena: iba en bicicleta a comprar comida para su familia. Las sospechas, las filmaciones desaparecidas, y lo que revela el cuerpo. Además, los casos de Santa Fe que revelan un sistema de violencia y ocultamiento con uniforme estatal. Por Lucrecia Raimondi.

El 5 de abril de este año Florencia Magalí Morales, 39 años, fue arrestada en Santa Rosa del Conlara, San Luis, por violar la cuarentena.
Había salido en bicicleta a las 9 de la mañana para buscar dinero en un cajero automático y comprar alimentos para sus dos hijos de 12 y 8 años y su nieta de 4.
Pero Florencia Magalí Morales fue encontrada horas después, a las 19.30, ahorcada en una celda de la Comisaría 25 de esa localidad, un hecho plagado de sombras que a la vez ilumina nuevas evidencias sobre el rol policial y estatal en los femicidios.
Existen diferentes versiones de lo que sucedió, a veces contradictorias y algunas seguramente falsas. La policía difundió que Magalí fue detenida porque iba en su bicicleta a contramano (en un lugar de 10.000 habitantes, un domingo, en el momento de auge de la cuarentena con las calles vacías). Fue lo que le dijo telefónicamente el comisario Heraldo Clavero a Celeste, la hermana de Magalí. Ella no estaba autorizada a circular ya que los domingos podían hacerlo las personas con DNI finalizados en número par, y el de ella era impar.
Sea por ir a contramano, por el DNI o por el simple hecho de salir a hacer unas compras, una versión policial indica que fue detenida y trasladada a la seccional. Eso choca con otra explicación –también policial– que sugiere que ella misma se dirigió a la Comisaría 25, sin custodia, según lo muestran cámaras de seguridad. Es una constante que abarca a muchos de estos episodios que involucran a la policía en todo el país: la confusión, las contradicciones y la desinformación. El abogado de la familia, Santiago Calderón, confirmó la secuencia en la comisaría: “Ella pregunta por una persona puntual a quien buscaba (un amigo, el policía Javier Sosa), y cuando le dicen que no está, le piden el documento. En esos casos generalmente se hace una advertencia de que se vuelva a la casa porque no puede circular ese día. Acá supuestamente ha habido una discusión y termina ella detenida”.
Un comunicado del Poder Judicial puntano indica que, al intentar retenerla, ella quiso escapar (recuérdese que había dejado a hijos y nieta y no quería seguir demorándose), y eso provocó forcejeos con policías como Yohana Torres, Marcos Ontiveros y el oficial Daniel Mancilla. La reducen y la mandan a un hospital (no hay explicaciones del porqué), la llevan de vuelta a la comisaría y la encierran en una celda de castigo.
A las 19.30 el comisario Clavero informó telefónicamente al Juzgado de Instrucción Penal departamental que habían encontrado muerta a Magalí. “Se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada”, anunció. Así como existen filmaciones hasta que Magalí llega a la comisaría no hay registro alguno de lo ocurrido a partir de ese momento: otra paradoja frecuente en estos casos.
Los abogados de la familia (Calderón Salomón y Federico Putelli) declararon que la médica que había atendido a Magalí en el hospital no la había notado “drogada ni alcoholizada”, ni presentaba golpes. Lo que haya ocurrido, sucedió dentro de la comisaría.
En el calabozo la encontraron sentada en el piso, con un cordón rodeándole el cuello (aparentemente de su propio buzo) y el otro extremo atado a la bisagra de la puerta.
El grito de Magalí
Según la primera autopsia la muerte se produjo por asfixia, pero no menciona signos de lucha y ni siquiera marcas del cordón. “La autopsia solo dijo que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Por considerarlo insuficiente, pedimos una segunda autopsia que detalló lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo y debajo de las dos rodillas, que son signos compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe”, explicó Calderón.
Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios coinciden en que estaba en el piso, “por lo que se supone que fue manipulado”, dijo el abogado.
Celeste Morales notó una herida en el pómulo de su hermana durante el funeral. Cuenta que antes, al identificar el cuerpo, Magalí estaba tapada con un blusón oscuro de policía, además de que no le dieron más de un minuto para verla por lo cual no registró el golpe en ese momento.
Según la autopsia, la muerte se habría producido alrededor de tres horas antes de que el comisario Clavero informase lo ocurrido. Esa brecha abre también sospechas sobre qué pasó realmente en ese tiempo.
La familia solicitó una necropsia: en el análisis del cuerpo luego de ser enterrado, los forenses observaron que faltaban partes de la anatomía que resultan esenciales para determinar si hubo agresiones que causaron la muerte. Por eso se busca ahora determinar si el cadáver fue manipulado. Tampoco aparecieron la ropa de Magalí, su bicicleta, su mochila ni una pulsera que le había regalado Celeste. Una nueva autopsia está pendiente para determinar el tema de la lesión en el pómulo.
Otro dato oscuro es la cantidad de efectivos que había en la comisaría. Un perito de criminalística que llegó al lugar tras la muerte de Magalí mencionó que eran al menos diez hombres y mujeres, pero la policía adujo que eran solo cinco, que quedaron en disponibilidad, incluyendo al comisario Clavero.
El abogado Calderón explicó que no se les tomó testimonio a dos personas que estaban detenidas en la comisaría, que inicialmente afirmaron que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”. Ambas personas fueron trasladadas a otra comisaría y todo quedó en el silencio.
La familia solicitó la recusación del juez de instrucción Jorge Pinto por no investigar en profundidad y por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”. El abogado calculó que “con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.
Además de desmentir la hipótesis policial del suicidio, la familia encadena la actitud del juez Pinto con los informes forenses y la defensa de los policías. Denuncia encubrimiento, exige que se incorpore la perspectiva de género y que se investigue la figura de femicidio en custodia o suicidio inducido.
El pacto de silencio
Magalí y Celeste Morales se llevaban un año y medio: eran las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación no solo fraternal, sino de amistad compinche. Magalí se había instalado en 2017 en Santa Rosa del Conlara, a 400 kilómetros y 6 horas de viaje en auto. Quiso ir en busca de oportunidades laborales y criar a sus hijes.
Durante un tiempo trabajó como empleada de limpieza en un hotel alojamiento, pero luego se separó de su pareja, dejó ese empleo y se dedicó a cocinar y vender viandas saludables, entre otras changas que le permitían garantizar la educación y la alimentación de les niñes a su cargo.
Las visitas a Las Heras se concentraban a fin de año o el Día de la Madre. Las hermanas hablaban por celular día por medio. Celeste no duda: lo peor que le pasó en su vida fue tener que reconocer el cuerpo de su hermana. “Magalí era todo risas, alguien que cuando te bajoneabas, te levantaba. Era re-cariñosa, alegre. A fin de año el nene mayor termina la primaria y mi hermana estaba entusiasmadísima con eso, quería hacer un festejo grande. Y me decía que pronto nos íbamos a reencontrar”.
Enumera: “Si ella proyectaba futuros con otros y amaba a sus hijos, a su familia, a mis padres, que les tenía devoción… nunca, nunca hubiera hecho eso. Ellos, los policías, tuvieron el tiempo para armar todo. Ahí hay un pacto silencio”.
Huérfanos sin Estado
Celeste asumió la custodia de sus sobrines y de la nieta que vivía con Magalí y los llevó a Las Heras. El Estado les cortó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no recibe ninguna ayuda económica. Es partera, vive además con su hijo de 5 años y con otra sobrina adolescente que tiene un bebé.
Gracias a la solidaridad de la escuela en la que anotó a los hijos de Magalí, la misma a la que va su nene, recibe bolsones de alimentos que gestionaron las maestras enteradas de la situación de la familia.
“No los iba a dejar en ese pueblo, que mi hermana decía que era muy machista. Me los traje y los voy a criar como gente de bien, que cuida a los demás, que respeta a las mujeres. Trato de hacer las cosas que hacían con ella. A mi hermana le encantaba la música, así que bailaban. El otro día pasaron un tema y uno de los chicos me dice: ‘esta canción le gustaba a mi mamá’”. Se le quiebra la voz. Dice Celeste que sabe que no podrá llenar nunca el vacío. Pero está dispuesta a hacer todos los esfuerzos por amor, y porque ve que las mujeres se movilizaron siempre por su hermana pese a la pandemia, pese al miedo, pese a todo. Y exigen justicia.
#NiUnaMás
El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.
Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.
Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.
Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?
Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.
Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.
Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.
Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.


#NiUnaMás
A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.
Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.
En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.
3J federal
Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.
La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.
En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.
También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.
“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.
En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.
María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.
Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.
La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.
En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.
En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.
Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.
4J en la Ciudad
Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.
En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.
Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.
Femicidios en la mira
En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.
¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.
Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.
Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:
- a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
- Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
- Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
- En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.
El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.
El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.
“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.
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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.
Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).
La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.
Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.
Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.
Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.
Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.
En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».
Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.


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