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Tras las rejas. Femicidios, comisarías y cuarentena

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Florencia Magalí Morales apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, donde estuvo detenida por violar la cuarentena: iba en bicicleta a comprar comida para su familia. Las sospechas, las filmaciones desaparecidas, y lo que revela el cuerpo. Además, los casos de Santa Fe que revelan un sistema de violencia y ocultamiento con uniforme estatal. Por Lucrecia Raimondi.

Tras las rejas. Femicidios, comisarías y cuarentena

El 5 de abril de este año Florencia Magalí Morales, 39 años, fue arrestada en Santa Rosa del Conlara, San Luis, por violar la cuarentena. 

Había salido en bicicleta a las 9 de la mañana para buscar dinero en un cajero automático y comprar alimentos para sus dos hijos de 12 y 8 años y su nieta de 4. 

Pero Florencia Magalí Morales fue encontrada horas después, a las 19.30, ahorcada en una celda de la Comisaría 25 de esa localidad, un hecho plagado de sombras que a la vez ilumina nuevas evidencias sobre el rol policial y estatal en los femicidios.

Existen diferentes versiones de lo que sucedió, a veces contradictorias y algunas seguramente falsas. La policía difundió que Magalí fue detenida porque iba en su bicicleta a contramano (en un lugar de 10.000 habitantes, un domingo, en el momento de auge de la cuarentena con las calles vacías). Fue lo que le dijo telefónicamente el comisario Heraldo Clavero a Celeste, la hermana de Magalí. Ella no estaba autorizada a circular ya que los domingos podían hacerlo las personas con DNI finalizados en número par, y el de ella era impar. 

Sea por ir a contramano, por el DNI o por el simple hecho de salir a hacer unas compras, una versión policial indica que fue detenida y trasladada a la seccional. Eso choca con otra explicación –también policial– que sugiere que ella misma se dirigió a la Comisaría 25, sin custodia, según lo muestran cámaras de seguridad. Es una constante que abarca a muchos de estos episodios que involucran a la policía en todo el país: la confusión, las contradicciones y la desinformación. El abogado de la familia, Santiago Calderón, confirmó la secuencia en la comisaría: “Ella pregunta por una persona puntual a quien buscaba (un amigo, el policía Javier Sosa), y cuando le dicen que no está, le piden el documento. En esos casos generalmente se hace una advertencia de que se vuelva a la casa porque no puede circular ese día. Acá supuestamente ha habido una discusión y termina ella detenida”. 

Un comunicado del Poder Judicial puntano indica que, al intentar retenerla, ella quiso escapar (recuérdese que había dejado a hijos y nieta y no quería seguir demorándose), y eso provocó forcejeos con policías como Yohana Torres, Marcos Ontiveros y el oficial Daniel Mancilla. La reducen  y la mandan a un hospital (no hay explicaciones del porqué), la llevan de vuelta a la comisaría y la encierran en una celda de castigo.    

A las 19.30 el comisario Clavero informó telefónicamente al Juzgado de Instrucción Penal departamental que habían encontrado muerta a Magalí. “Se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada”, anunció. Así como existen filmaciones hasta que Magalí llega a la comisaría no hay registro alguno de lo ocurrido a partir de ese momento: otra paradoja frecuente en estos casos.  

Los abogados de la familia (Calderón Salomón y Federico Putelli) declararon que la médica que había atendido a Magalí en el hospital no la había notado “drogada ni alcoholizada”, ni presentaba golpes. Lo que haya ocurrido, sucedió dentro de la comisaría.  

En el calabozo la encontraron sentada en el piso, con un cordón rodeándole el cuello (aparentemente de su propio buzo) y el otro extremo atado a la bisagra de la puerta. 

El grito de Magalí 

Según la primera autopsia la muerte se produjo por asfixia, pero no menciona signos de lucha y ni siquiera marcas del cordón. “La autopsia solo dijo que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Por considerarlo insuficiente, pedimos una segunda autopsia que detalló lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo y debajo de las dos rodillas, que son signos compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe”, explicó Calderón. 

Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios coinciden en que estaba en el piso, “por lo que se supone que fue manipulado”, dijo el abogado.  

Celeste Morales notó una herida en el pómulo de su hermana durante el funeral. Cuenta que antes, al identificar el cuerpo, Magalí estaba tapada con un blusón oscuro de policía, además de que no le dieron más de un minuto para verla por lo cual no registró el golpe en ese momento. 

Según la autopsia, la muerte se habría producido alrededor de tres horas antes de que el comisario Clavero informase lo ocurrido. Esa brecha abre también sospechas sobre qué pasó realmente en ese tiempo. 

La familia solicitó una necropsia: en el análisis del cuerpo luego de ser enterrado, los forenses observaron que faltaban partes de la anatomía que resultan esenciales para determinar si hubo agresiones que causaron la muerte. Por eso se busca ahora determinar si el cadáver fue manipulado. Tampoco aparecieron la ropa de Magalí, su bicicleta, su mochila ni una pulsera que le había regalado Celeste. Una nueva autopsia está pendiente para determinar el tema de la lesión en el pómulo. 

Otro dato oscuro es la cantidad de efectivos que había en la comisaría. Un perito de criminalística que llegó al lugar tras la muerte de Magalí mencionó que eran al menos diez hombres y mujeres, pero la policía adujo que eran solo cinco, que quedaron en disponibilidad, incluyendo al comisario Clavero. 

El abogado Calderón explicó que no se les tomó testimonio a dos personas que estaban detenidas en la comisaría, que inicialmente afirmaron que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”. Ambas personas fueron trasladadas a otra comisaría y todo quedó en el silencio.  

La familia solicitó la recusación del juez de instrucción Jorge Pinto por no investigar en profundidad y por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”. El abogado calculó que “con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.

Además de desmentir la hipótesis policial del suicidio, la familia encadena la actitud del juez Pinto con los informes forenses y la defensa de los policías. Denuncia encubrimiento, exige que se incorpore la perspectiva de género y que se investigue la figura de femicidio en custodia o suicidio inducido.

El pacto de silencio

Magalí y Celeste Morales se llevaban un año y medio: eran las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación no solo fraternal, sino de amistad compinche. Magalí se había instalado en 2017 en Santa Rosa del Conlara, a 400 kilómetros y 6 horas de viaje en auto. Quiso ir en busca de oportunidades laborales y criar a sus hijes. 

Durante un tiempo trabajó como empleada de limpieza en un hotel alojamiento, pero luego se separó de su pareja, dejó ese empleo y se dedicó a cocinar y vender viandas saludables, entre otras changas que le permitían garantizar la educación y la alimentación de les niñes a su cargo. 

Las visitas a Las Heras se concentraban a fin de año o el Día de la Madre. Las hermanas hablaban por celular día por medio. Celeste no duda: lo peor que le pasó en su vida fue tener que reconocer el cuerpo de su hermana. “Magalí era todo risas, alguien que cuando te bajoneabas, te levantaba. Era re-cariñosa, alegre. A fin de año el nene mayor termina la primaria y mi hermana estaba entusiasmadísima con eso, quería hacer un festejo grande. Y me decía que pronto nos íbamos a reencontrar”. 

Enumera: “Si ella proyectaba futuros con otros y amaba a sus hijos, a su familia, a mis padres, que les tenía devoción… nunca, nunca hubiera hecho eso. Ellos, los policías, tuvieron el tiempo para armar todo. Ahí hay un pacto silencio”. 

Huérfanos sin Estado

Celeste asumió la custodia de sus sobrines y de la nieta que vivía con Magalí y los llevó a Las Heras. El Estado les cortó la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no recibe ninguna ayuda económica. Es partera, vive además con su hijo de 5 años y con otra sobrina adolescente que tiene un bebé. 

Gracias a la solidaridad de la escuela en la que anotó a los hijos de Magalí, la misma a la que va su nene, recibe bolsones de alimentos que gestionaron las maestras enteradas de la situación de la familia. 

“No los iba a dejar en ese pueblo, que mi hermana decía que era muy machista. Me los traje y los voy a criar como gente de bien, que cuida a los demás, que respeta a las mujeres. Trato de hacer las cosas que hacían con ella. A mi hermana le encantaba la música, así que bailaban. El otro día pasaron un tema y uno de los chicos me dice: ‘esta canción le gustaba a mi mamá’”. Se le quiebra la voz. Dice Celeste que sabe que no podrá llenar nunca el vacío. Pero está dispuesta a hacer todos los esfuerzos por amor, y porque ve que las mujeres se movilizaron siempre por su hermana pese a la pandemia, pese al miedo, pese a todo. Y exigen justicia.  

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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