Una multitudinaria marcha recorrió las calles de Lomas del Mirador, en La Matanza, a una década de la desaparición forzada del joven de 16 años. Participaron muchas familias de todo el país que también fueron víctimas de la violencia estatal. Qué refleja la importancia de la organización colectiva y la construcción de condena social en el actual contexto de deshumanización política. Nuestra crónica y reportaje fotográfico.

Vanesa Orieta sale de una verdulería, camina diez metros y se mete en una panadería. Sale, camina tres pasos e ingresa en una lotería. Lleva un pilón de folletos en la mano que tienen como portada varias fotos con el rostro de su hermano. Y dos frases:

• “10 años de impunidad”.
• “10 años de lucha”.

No le quedan muchos. Mientras a su costado marcha a paso firme una marea de cinco cuadras, se adentra en los últimos negocios. Todos la observan. Todos la escuchan. Todos abren esos folletos y ven la cronología de un crimen de estado.
El mapa de la persecución policial a un pibe de 16 años de un barrio del conurbano bonaerense.
Los signos de la tortura a un joven que se negó a robar para la policía.
El rastro de una desaparición forzada en democracia.

Vanesa explica, a cada vecino y vecina de Lomas del Mirador, que hace diez años están pidiendo verdad y justicia. Que a Luciano lo vieron por última vez el 31 de enero de 2009. Que testigos relataron cómo fue subido a un patrullero por efectivos de la Bonaerense. Que el 17 de octubre de 2014, cinco años y ocho meses después, hallaron el cuerpo. Que según la reconstrucción, Luciano “cruzó” a las 3.21 de la madrugada del 31 de enero con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz “desesperado, como si estuviera escapando de algo”, declararon testigos. Que lo atropellaron, murió en el Hospital Santojanni -donde su familia fue a preguntar si había ingresado un joven y le respondieron que no-, lo derivaron al Cuerpo Médico Forense y fue enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita.
El circuito revela cuál fue la trama de encubrimiento de uno de los hechos más resonantes de nuestra democracia. Las prendas nunca aparecieron, y un testigo declaró ante el Juzgado Federal de Morón que vio desde la autopista una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. En el medio, una causa por desaparición forzada y un juez de garantías (Gustavo Banco) y dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) con pedido de jury político por pinchar los teléfonos de la familia y desviar la investigación de la Bonaerense.

El último dato que consigna la cronología que Vanesa reparte por todos los negocios es el del nuevo juez interviniente en la causa, Martín Alejandro Ramos. “Al igual que los otros, insistirá en la toma de declaración a Familiares y Amigos revictimizándonos una vez más”, especifica. “Los policías no son llamados a declarar, tampoco jueces, fiscales y funionarios de alto rango político, responsables de garantizar la desaparición forzada de Luciano. Así es como todos se amparan en la eterna impunidad”.
Vanesa explica todo esto una y otra vez, como hace diez años.
Y luego, como hace diez años, se reincorpora a la marcha, junto a su mamá, Mónica Alegre.
Las lágrimas y la lucha
Los festivales y aniversarios que durante esta década recordaron la desaparición de Luciano Arruga se han convertido en ceremonias colectivas que, desde el asfalto caliente del enero matancero, construyeron una forma de condena social única respecto al posicionamiento de familiares y amigos hacia la violencia del Estado.
También reflejan la cristalización de una práctica.
Ejemplo: por la calle se cruzan ahora mujeres y hombres con escaleras que apoyan a toda velocidad en los postes de luz. Se suben y cuelgan diversos carteles: “10 años de impunidad”, dice uno. Otro: “Terrorista es el Estado”. Otro: “Lxs pibxs no son peligrosxs. Están en peligro”. Las mismas consignas se despliegan en pasacalles que van interviniendo el barrio entero. Por las puertas y los balcones se asoman vecinos y vecinas. Aplauden y saludan. No es un dato menor en un barrio que, diez años atrás, había exigido la creación de ese destacamento policial para exigir mayor seguridad.

En la marcha hay una gran presencia de familiares de otras víctimas de violencia estatal. La transmisión radial colectiva de la manifestación (que reunió esfuerzos de las radios Zona Libre, Radio Sur, Fribuay, En Tránsito, Presente, La Retaguardia, Estación Sur, La Caterva, La Colectiva y la RNMA) habló con varias de ellas:

• Ayelen, hermana de Julián Antillanca: “A mi hermano lo mataron el 5 de septiembre de 2010 cuatro policías a la salida de un boliche en Trelew, Chubut. Intentaron desaparecer el cuerpo. Lo tiraron frente a la casa de unos pibes que tenían antecedentes para desviar la investigación. En 2015 se condenaron a cadena perpetua a Solís y Abraham, dos de los cuatro que lo mataron. Es importante estar acá, visibilizar y acompañar por el contexto que estamos viviendo, cada vez peor, con relación a los pibes de los barrios y al ajuste brutal que está llevando el gobierno neoliberal. El asesinato de mi hermano fue un homicidio de clase: era negro, pobre, mapuche, y creían que nadie iba a ser nada por él. Lo que quisieron hacer para entorpecer tenía que ver con eso: quién iba a reclamar a este negrito. No pudieron”.
• Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado: “La democracia no ha garantizado que el peor de los crímenes que puede cometer un Estado, la desaparición forzada, no se siga cometiendo. Es terrible la conexión con Santiago porque el 17 de octubre de 2014 se encontró el cuerpo de Luciano y el 17 de octubre de 2017, se encuentra el de Santiago. Y esa es la perversión de lo que puede llegar a hacer el Estado. La máquina de hacer desaparecer comienza con la fuerza de seguridad, con la policía, un gendarme o prefecto, pero solamente se puede obtener una desaparición forzada, una tortura, si hay un poder judicial que avala esos hechos”.

• Inés, mama de Marcos Acuña: “A mi hijo lo mató el prefecto Juan José Silva de un tiro en la espalda en Quilmes el 28 de agosto de 2015. El juicio se va a desarrollar el 2 de septiembre de 2019. Marcos estaba desarmado, tenía solo dos encendedores contra un arma letal que le destrozó todos los órganos. Prometí hacer justicia no solo por él sino por todos los pibes porque trato de salir a la calle a acompañar a todos las mamás y llevar a los más de 4 mil pibes asesinados por el Estado represor. Es más barato una bala y no un centro de rehabilitación para chicos adictos. Si no nos organizamos todos los familiares no logramos condenar a nadie. Los familiares tienen que salir a gritar, a escrachar, a pedir y golpear. Dejar las lágrimas a un costado y salir a luchar”.
• Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto: “Murió en la masacre de Pergamino, donde fallecieron 7 jóvenes en la comisaria 1ra. Hay que visibilizar, denunciar todos estos atropellos. La represión que tiene este Estado es una forma de disciplinar a la sociedad y meter miedo con la figura de la inseguridad, y siempre con los pobres. Estar acá es un sentimiento encontrado porque estás contenta porque nos animamos a luchar y salir, pero lo lamentable es porqué: perdimos un ser amado por la represión. Vemos que después de la dictadura siguen matando. Son otras formas, pero son nuestros jóvenes. Y por eso, el Estado es responsable. Hay miles personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Cierran escuelas. La grieta esta ahí. Hay algunos que quieren chicos adentro de la cárcel y otros en la escuela: ellos la cierran”.

• Claudia Veliz, mamá de Diego Pachao de Catamarca: “Lo arresta la policía de la comisaria 7ma porque le pide que no le peguen al amigo. Mi hijo sabiamente pide que no le peguen y ese es el motivo del arresto. Los libros de guardia constan que lo arrestan por averiguación de medio de vida, con el tiempo nos dimos cuenta que la figura no existe y a mi hijo lo sacamos con una muerte cerebral. No lo tenemos a Diego, no hay justicia y la complicidad del gobierno de los tres poderes es en su totalidad. Este sistema de gobierno corrupto tiene que terminarse: ellos dan el poder para que la policía mate”.

El ícono
Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH), uno de los organismos que acompañó a la familia Arruga desde el primer momento, dice que una de las imágenes que se le viene a la cabeza tras 10 años es el recuerdo de Vanesa Orieta diciendo que su hermano estaba desaparecido hacía 45 días. Era marzo de 2009. “Son 10 años de búsqueda de justicia”, dice a lavaca. “Fue la prepotencia de las marchas, los escraches, de recuperar el destacamento lo que puso a Luciano en la agenda judicial y política. Lo que me dejan estos 10 años es que no se puede construir un mundo sin hipocresía ni impunidad. Y cuando hablo de hipocresía me refiero a los dirigentes políticos: tienen que hacerse cargo de lo que no controlaron”.
Pimentel subraya que Luciano fue víctima de un mecanismo perverso que aún sigue operando desde el Estado. “Detrás de Luciano nació un icono en todo el país, que realmente nos tiene que llamar a la reflexión, sobre todo en este contexto de derechización brutal en la región y en el mundo, de deshumanización de la política”.
-¿Qué nos dejan estos 10 años?
-Nos queda la práctica de la construcción social de una lucha paralela a la justicia.

La alegría
La marcha está llegando a la Plaza Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre, donde se crió Luciano con sus hermanos y amigos, y Vanesa toma el micrófono. Habla de la Justicia, los medios y los funcionarios políticos. “Una desaparición forzada no se puede mantener a lo largo del tiempo sin la participación de todos estos actores. Y no es que son cómplices algunos. La justicia no es cómplice, tampoco los funcionarios de turno, son responsables directos de lo que ocurrió con la vida de Luciano”.
Apunta que las medidas represivas del Estado constituyen una política de todos los gobiernos desde la reapertura de la democracia en Argentina. “Tienen una actitud de instalar la figura de un pibe peligroso, y avanzan en esa dirección en el marco de un país en el que se discute la ´inseguridad´, que es muy bien aprovechada por los diferentes gobiernos constitucionales para generar el miedo, la paranoia y después tomar los peligros para plantear más mano dura. Ahí aparecen estos sectores de poder que aprovechando esta situación de mucho terror hacia los pibes generan políticas represivas. Por eso no aceptamos que no se mire hacia atrás, o se tenga una mirada contemplativa a unos gobiernos. Ningún gobierno defendió los derechos de nuestros pibes y ninguno ha solucionado la problemática de violencia estatal. Cada uno de ellos colaboró para que los pibes estén en una situación de completo peligro”.
Monica Alegre, mamá de Luciano, cierra: “Acá tienen lugar todos: los desocupados del Hospital Posadas, las pibas, los pibes, las víctimas de travesticidios. No es sólo la familia de Luciano. Acá nos hermanamos todas las familias, todas las causas, porque todas nos conciernen. Eso me llena de alegría, saber que nos podemos juntar porque lamentablemente estamos peleando contra un estado corrupto y opresor”.