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15 años de soja: La prueba del delito

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La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores (por Darío Aranda, especial para lavaca).

sojaEl lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.

  • El decreto que instaló la soja en la Argentina, el 25 de marzo del 96 (en formato .pdf)
  • Las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica (en formato .ppt)
  • Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta.
    La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.
    En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato.
    La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”.

    Mu, el periódico de lavaca: Narco soja

    “Tendencioso, arbitrario y poco científico”
    En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
    Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales.
    Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.
    “El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009.
    Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.
    El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”.
    “Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza.
    Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.
    “Es el informe oficial de Monsanto”
    En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
    Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”.
    Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”.
    “Hay razones para pedir una reevaluación»
    Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador.
    A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”.
    Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.
    Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita.
    En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.
    Expediente fantasma
    Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina.
    En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky.
    La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).
    No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato.
    “No se puede perder más tiempo”
    El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.
    Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.
    En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”.
    El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto.
    El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”.
    Equivalencia sustancial
    Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados.
    El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres.
    Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.
    Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.
    “Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”
    Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.
    Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos.
    Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”.
    El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.

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    «Queremos que no se olviden: seguimos buscando a Tehuel”

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    La hermana de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo, habla con lavaca tras un nuevo rastrillaje sin resultados. Cuenta por qué se busca en el lugar – un campo entre Alejandro Korn y San Vicente- y la falta de recursos para investigar a fondo, mientras el tiempo transcurre. “Nos da impotencia no tener respuesta concretas: la búsqueda gira en lo mismo. Pedimos que se siga buscando a Tehuel, que la gente no se olvide, que sigan publicando su foto”, reclama Verónica, que llama a seguir compartiendo su cara, hasta que aparezca.

    Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

    “Ayer a la tarde se hizo un nuevo rastrillaje con más de 100 efectivos en un campo cercano a Alejandro Korn, -algunos efectivos fueron caminando y otros, en parapente-, por donde pudieron haber pasado Montes, o Ramos, o ambos, con el carro”, dice a lavaca Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel. “Es en la zona de la Esperanza y parte de La Laurita, que termina en un santuario que hay al fondo de Alejandro Korn, en el camino a San Vicente”, ubica Verónica para quienes conocen el lugar: una especie de descampado que no había sido rastrillado antes, y por donde se presume habrían transitado los dos principales sospechosos de la causa de la desaparición del joven trans de 22 años. “Una antena del lugar captó al celular de Montes el 12 de marzo a las 4 de la mañana, por eso se están rastrillando esos campos”, explica Verónica.

    Tehuel de la Torre sigue desaparecido desde el 11 de marzo de este 2021.

    Alarcón amplía la información sobre este nuevo rastrillaje: dice que en la zona hay lugares donde no se pudo pasar, por lo que la fiscalía planea volver. La DDI, la Policía Científica y Gendarmería van a elaborar un informe conjunto para detectar más puntos posibles donde investigar.

    Mientras, el tiempo pasa. “Es un campo muy grande, hay partes que no se puede pasar porque hay arboledas con espinas, también hay espejos de agua, y como un lago. El próximo rastrillaje va a ser con drones”, prometen desde la Fiscalía.

    A casi 5 meses de la desaparición de Tehuel, su hermana dice a lavaca: “Queremos que no se olviden de Tehuel, que se lo siga buscando, que no quede en el pasado. Que no haya silencio, que haya justicia y que paguen los que tienen que pagar. Ahora que se levanta la feria judicial, esperamos tener noticias pronto de todas las pericias que hay”.

    Desde el Estado, las respuestas escasean : “Nos da impotencia por no tener respuesta concretas, la búsqueda gira en lo mismo. Pedimos que se siga buscando a Tehuel, que la gente no se olvide, que sigan publicando su foto”, reclama Verónica, que llama a compartir la siguiente imagen:

    Tehuel salió de su casa el jueves 11 de marzo a las 7 de la tarde para encontrarse con Luis Alberto Ramos quien, presuntamente, le había propuesto un trabajo de mozo para un evento. Desde que comenzaron a buscarlo se allanaron diferentes viviendas y terrenos de la zona, así como la casilla donde vivía Ramos, donde se encontró el celular de Tehuel destruido y su campera quemada.

    Por la desaparición de Tehuel hay dos detenidos: Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, las dos personas que vieron con vida a Tehuel antes de desaparecer, y que mantienen un pacto de silencio que pretende ocultar la verdad.

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    Lo que se viene en la Trinchera: Negra, una propuesta donde la obra sos vos

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    La compañía Monomujer, Teatro para unx espectadorx cumple cinco años y lo festejan todos los sábados de agosto en MU Trinchera Boutique con la presentación de su obra Negra, con las actuaciones de Olave Mendoza y Melina Cruz. Basada en el poema Me gritaron negra de la compositora afroperuana Victoria Santa Cruz, es una pieza que cruza lenguajes –el teatral y el musical- para plantear el tema de la inmigración. Las entradas pueden adquirirse aquí.

    Es una estructura de madera de poco más de un metro de ancho y tres metros de largo -como una caja negra que envuelve un misterio dispuesto a develarse-  y basta con ingresar para vivir una experiencia teatral única. ¿Cuántas personas entran a ver la obra? Solo una por vez.  ¿Cuánto dura? Diez minutos.  Cada expectadorx es mucho más que eso. Es parte de lo que sucede. Observa y es observadx. Su presencia es fundamental para que se produzca ese intercambio personalizado que por un corto –pero intenso- lapso le mantendrá suspendidx en un microuniverso, una caja de resonancia que invita a despojarse de corazas, entregarse al relato y explorar la propia sensibilidad.

    La compañía Monomujer, Teatro para unx espectadorx cumple cinco años y lo festejan todos los sábados de agosto en MU Trinchera Boutique con la presentación de su obra Negra, con las actuaciones de Olave Mendoza y Melina Cruz. Basada en el poema Me gritaron negra de la compositora afroperuana Victoria Santa Cruz, Negra es una pieza que cruza lenguajes –el teatral y el musical- para plantear el tema de la inmigración. Componen el equipo creativo de Monomujer las actrices Virginia Curet, Jimena García Conde, Mica García, Julia Sánchez, Olave Mendoza y Luz Moreira, que vive en Chile.

    Luz fue “la maga”, como dicen las actrices, que las unió hace un lustro, antes de regresar a su país. Junto al actor y director Felipe Rubio montó Gabinete, Teatro para un espectador en la sala de espera del teatro Timbre 4.  Cuenta Virginia: “Empezamos a hacer algunas pruebas en la sala de espera de Timbre a la gorra, en el marco de esas investigaciones a nosotras se nos fue ocurriendo hacer un ciclo de micromonólogos y así nació Monomujer, Teatro para un espectador, con el tiempo, le agregamos las x. Había diferentes micromonólogos dentro de un gabinete en la sala de espera y esto era en los momentos en que vos ibas a ver una obra, tenías que esperar y te invitábamos a pasar, veías cinco minutos de micromonólogo a la gorra y te ibas a ver el espectáculo para el que habías ido”.

    Suma Mica: “Hacíamos de diez a quince funciones por día. Teníamos el público de la sala de espera y después también el nuestro, se conjugaban los dos públicos”. Las Monomujer heredaron la estructura que les dejaba Gabinete y lanzaron una convocatoria de dramaturgia en la que seleccionaron dos obras. Siguieron creando juntas y estos cinco años fueron de labor ininterrumpida. Solo pararon las funciones durante la cuarentena, aunque de manera virtual establecieron rutinas de trabajo conjunto.

    Al tiempo de iniciada la compañía, sumaron obras cortas y tres estructuras para contenerlas. En el Festival Temporada Alta de 2017 la propuesta sumó el ciclo Migrantes, con tres obras en un total de 33 minutos y llegaron a hacer 18 funciones por día. Virginia: “Descubrimos con esta experiencia que éramos quince artistas actuando para unx solx espectadorx cada vez. Era muy loca esa ecuación porque por lo general buscás el público masivo, si no, no funciona. Pero no perseguimos ese fin sino otro, que es el acto de comunicación que sucede con esx únicx espectadorx”. Describe Olave la lógica que las mueve a confiar en este formato corto e intimista: “Cuando vas al teatro oficial o comercial, estás resguardada porque vas a una sala grande, estás mucho más protegida, la mirada no está interpelándote. Lo que  hacemos también es anticapiltalista, no buscamos lo masivo, ahí estás sola con tu alma, siendo parte. Acá no hay manera de que pases desapercibida, nosotras te vamos a cuidar estando adentro de la caja, en esta experiencia”.

    Lo que sucede después

    Este colectivo de actrices adquirió y sostiene una forma horizontal de encarar su labor artística. Algunos roles se van intercambiando de acuerdo al deseo de cada una. Julia entró como productora y luego le dieron ganas de actuar: “Son desafíos, terminamos escribiendo, dirigiendo y haciendo toda la puesta. Todo entre todas. Vamos probando, modificando procesos, siempre buscando trabajar juntas”. No hay cabeza de compañía sino que todas toman decisiones y las consensúan en asamblea. Para afianzar lo comunitario, hicieron un seminario de creación grupal con Piel de lava, el colectivo artistico formado por las actrices, directoras y dramaturgas Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.  

    Julia: “Fue la primera vez que actuamos todas juntas porque en este formato podés actuar sola o con alguna otra, pero nunca estuvimos actuando todas juntas. Eso estuvo buenisimo porque nos descubrimos como actrices, entre todas. Nos conocíamos escribiendo, dirigiendo, pero en el seminario estábamos actuando todas al mismo tiempo”.

    Antes de que arrancara la pandemia, estaban por reestrenar el ciclo Migrantes en el Centro Cultural San Martín y a punto de viajar a Brasilia. Durante la cuarentena, Julia se fue a Venado Tuerto y Olave a Chaco. Se mantuvieron conectadas, incluyendo a Luz desde Chile y crearon el ciclo Interior, que estrenaron en el verano pasado en el Centro Cultural San Martín. Olave: “Queríamos probar y actuar nosotras, siempre convocábamos actores y actrices, la pandemia nos permitió hacer Interior y fue el primer ciclo donde solo actuó la compañía. Era más íntino porque no nos podíamos juntar a ensayar con  nadie. Es el primer ciclo con nuestros cuerpos, nuestras voces y nuestras miradas”.  

    En el micromonólogo La Perla hay arena en el piso del cubículo. “Había espectadorxs que se sentaban en la arena, y no en el banquito, otrxs se sacaban las zapatillas”, recuerda Virginia. En María, alas de Caráu, hay plantas que recrean un patio correntino. Cada micromonólogo tiene su ambientación, su atmósfera particular. “En cada escena siempre pensamos en invitar al público con algo. En la escena del conventillo en Migrantes, se le daba un tereré, o en otra obra les dábamos un paquetito de pochoclos. Estaba esa experiencia no solo visual, sino sensorial, desde el gusto, el olfato. Ahora no podemos dar nada. Ahora es texto, mirada, acontecimiento”, afirma Jimena.

    Con la llegada de los protocolos, se replantearon cómo continuar. Después de analizarlo, decidieron sacarle el techo a la caja y alargar la profundidad para que haya más distancia física entre actrices y espectadorx. “Nosotras focalizamos en la mirada, es importante porque sentimos la entrega. Además, ahora es solo mirada, porque la gente entra con barbijo, entonces es como si se focalizara mucho más”, advierte Julia. Una vez finalizada la obra, está la posibilidad de volcar la vivencia por escrito en un cuaderno. La lectura compartida de ese cuaderno se convirtió en ritual al término de cada función.

    En esta oportunidad, la propuesta es la experiencia Negra. Olave y Melina –tocando el cajón peruano- ponen materia, voz y sentimiento. Olave: “Ese ´negra´ queda resonando. Puede tomar otras variantes, como gorda, puta, trava, fea, chaqueña, negrita. Muchas personas nos dijeron ´a mí me pasó´. Te afecta la vértebra que te tiene que afectar. Es el acto de discriminación puesto en una palabra, que pueden ser mil palabras. Y en lo personal, que yo haya venido del Chaco a Capital, con esa migración interna, no es menor, en mi experiencia”. Las cinco coinciden en que la obra es la persona espectadorx tras el hecho teatral, lo que le pasa después.

    Para sumergirse en Negra, habrá que descender algunos escalones hasta llegar a la sala del subsuelo de MU Trinchera Boutique, anque estos pasos no serán a solas. Un banquito ubicado en el extremo de la caja nos espera para acomodar el cuerpo. Lo que le sigue es una vivencia en comunión, que les sucede a las tres personas que respiran allí dentro. El cajón peruano late en la madera y en el pecho. Seguirá sonando cuando subamos las escaleras y cada une verá qué le pasa después.

    Adquirí tus entradas acá.

    Foto: Martina Perosa.
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    Santiago Maldonado: la causa que se está convirtiendo en otra desaparecida

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    Hoy, 1º de agosto, se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El aniversario llega en medio de una parálisis de la causa que tiene a la familia esperando hace un año y medio que la Corte Suprema se expida sobre el avance de la investigación. La “solución amistosa” que propuso la CIDH no prosperó, así como la denuncia del Ministerio de Seguridad que recayó en el propio juez Gustavo Lleral, denunciado por la familia por obstaculizar la investigación. Un repaso de los  hechos en una causa que conmovió al país y se suma a tres reclamos de siempre: Memoria, Verdad y Justicia.

    “La sensación es que no hay Estado de Derecho: vivimos en un país en el que alguien puede terminar preso por una causa cualquiera o que tu vida transcurra en la impunidad”.

    La voz de Sergio Maldonado suena calma, pero también cansada, en medio de una seguidilla de entrevistas que tuvo durante este viernes: hoy domingo se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago, y se reavivan recuerdos, preguntas, sensaciones, pero también una cruda certeza que Sergio explica así: “Seguimos como el año pasado: la causa detenida en la Corte Suprema, esperando que se designe un juez que quiera investigar, y que diga que hay que investigarla como desaparición forzada. Pasa el tiempo, pero no pasa absolutamente nada. Estamos igual desde noviembre de 2018”.

    La parálisis es un dato en medio de una causa que conmovió al país con movilizaciones multitudinarias para exigir justicia. La referencia a 2018 remite a cuando el juez Gustavo Lleral decidió archivar la causa, tema que la familia peleó en diversas instancias judiciales. “Desde que apareció el cuerpo, todo fue rechazo, destiempo y nada se movió: son 4 años de impunidad”.

    En noviembre del 2020, Sergio viajó de Bariloche hacia Buenos Aires para presentar el informe del Grupo de Expertos convocado por la familia para desarrollar una investigación imparcial e independiente del caso. El estudio concluyó no sólo que no es posible descartar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago sino que no hubo “actuación investigativa” acorde al delito. El informe fue entregado a la CIDH y al Estado argentino, el cual propuso al organismo internacional llegar a una “solución amistosa” con la familia. Sergio resume: “No solamente nada prosperó, sino que tampoco hubo resultados”.

    El informe –elaborado por un grupo conformado por más de 10 expertos de Chile, Colombia y México– entre sus principales puntos, remarcó:

    • “La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así”.
    • “Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983”.
    • “En el marco de los análisis que se realizan con propósitos de identificación, el segundo informe emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense indica que en las muestras analizadas se identifica el perfil genético de al menos un individuo masculino desconocido además del perfil del Sr. Maldonado. Este hallazgo no es discutido en la pericia y podría tener implicaciones significativas en el análisis de los hechos, por lo cual deben analizarse las hipótesis relacionadas con este hallazgo”.
    • “La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizada en el río Chubut y sus área circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 día después de la desaparición”.
    • “La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”.
    • “El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santiago Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida”.

    En 2020, el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago, y sus encubrimientos posteriores. El Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”.

    Sergio dice que esa denuncia también cayó en un vacío: “No pasó nada. El Ministerio denunciaba el accionar de Gendarmería por el operativo, pero no la responsabilidad que tuvo en la desaparición forzada. Esa causa, además, le cayó al propio Lleral, que ya se había querido sacar la causa de encima y dijo que Santiago se ahogó solo, que Gendarmería no tenía nada que ver. Si bien fue una manera de reconocer que la Gendarmería actuó mal, que fue un pésimo operativo, no decía nada en concreto respecto a la desaparición forzada”.

    Por eso, subraya Sergio, la sensación respecto al Estado de Derecho: “Nadie está exento de padecer este sistema judicial. Así está diseñado. Pasaron cuatro años y todos los jueces y camaristas que intervinieron siguen en funciones, dando veredictos. ¿Con qué autoridad?”.

    Desde marzo del año pasado, la familia Maldonado espera la resolución de la Corte Suprema que habilite la investigación por desaparición forzada. “Tuvimos pinchaduras, un médico que filtró fotos del cuerpo de Santiago, la causa del espionaje, la denuncia del Ministerio de Seguridad: no pueden ser causas separadas, porque todas están relacionadas con lo mismo. Todo es parte de una desaparición forzada, pero lo que hacen es demorar. La fecha límite que tenían para responder era de 10 días. Llevamos casi un año y medio”. –

    Los hechos

    Estos son los principales puntos del caso.

    1. La violencia del operativo: la importancia del contexto

    A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.

    Ese 1º de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

    • Ingresar al territorio sin orden judicial.
    • Arrojar piedras a los manifestantes.
    • Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
    • Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
    • Ocultar fotografías y videos del operativo.
    • Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
    • Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
    • Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

    2. La respuesta del Estado

    La familia de Santiago denunció que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo –Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad– respondió de tres maneras:

    1. Plantear hipótesis infundadas: que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo claves en la pesquisa, fue introducida en el expediente de hábeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
    2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
    3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

    La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1º de agosto–, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.

    Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo. El dictamen de la PIA denunció el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Y también cuestiona que no hace foco sobre el rol de Noceti.

    A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

    Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

    3. El rol del Poder Judicial

    Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1º de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes. El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la llevó el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

    En septiembre del 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. “Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

    Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia en diciembre frente a los jueces Gustavo Hornos, Marcelo Borinsky y Javier Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada de la familia, Verónica Heredia, citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut). Sin embargo, en un fallo confuso, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. El único voto que hizo lugar al recurso de la familia fue el de Hornos: “La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”, expresó.

    El 30 de diciembre, el propio Lleral sostuvo la denuncia de la familia le generaba una “inevitable afectación moral” y aconsejó “el cese” de su participación en el expediente. Sin embargo, hace dos semanas, la familia comunicó que la Sala IV nuevamente rechazó el pedido de recusación e inhibición de Lleral como juez. Cabe recordar que en la audiencia, la familia había destacado que una investigación por desaparición forzada (atendiendo la jurisprudencia por los casos en los que el Estado argentino fue condenado) debe contemplar el contexto en el que se produce. En ese sentido La familia destacó tres ejes fundamentales:

    • La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
    • 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
    • Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

    La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

    4. Los medios

    El rol de las empresas comerciales de comunicación, junto a operadores mediáticos y figuras de Juntos por el Cambio, también formó parte del contexto en el que se buscó tapar el rol del Estado en la desaparición y muerte de Santiago.

    “Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.

    El informe completo puede leerse aquí:

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