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1 de cada 6 habitantes de Lobos tiene agrotóxicos en la orina: el estudio que funcionarios, medios y empresas eligen ignorar

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Uno de cada seis habitantes de Lobos –Provincia de Buenos Aires– tiene agrotóxicos en la orina, principalmente glifosato, un herbicida de altísima toxicidad, considerado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno, alterador hormonal y productor de daño genético. El 82% de las personas investigadas no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. De quienes tienen glifosato en orina el 70% vive a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron en habitantes urbanos. Lo que vienen denunciando los vecinos organizados, que presentaron una nueva evidencia que les da la razón: ¿Y ahora?

Por Florencia Paz Landeira

Las cifras emergen del estudio Pesticidas Introducidos Silenciosamente (P.I.S.), realizado por vecinos y vecinas autoconvocados, con la coordinación de la Fundación Democracia en Red y el análisis científico a cargo del equipo que dirige la doctora Delia Aiassa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los resultados se presentaron el 15 de agosto en una conferencia de prensa y reunión vecinal en la Fundación Lobos, en el centro de la ciudad. Al encuentro asistieron alrededor de 50 personas, entre ellas dos medios de comunicación locales, lavaca y dos concejales.

Las grandes ausencias: la comunidad médica, las autoridades de los centros de salud y los funcionarios del Ejecutivo municipal y provincial.

“Es una pesadilla hecha realidad”. Así comienza su intervención Florencia Polimeni, una de las vecinas impulsoras del estudio. Los resultados alarman, pero no sorprenden. Las poblaciones afectadas no necesitan de pruebas de laboratorio para percibir la toxicidad y padecer sus consecuencias en el cuerpo. Aun así, las evidencias sobran. Son las propias comunidades las que, desde hace dos décadas, alertan sobre la correlación entre las fumigaciones y distintas afecciones de salud y se organizan para producir pruebas, en procesos que hoy exigen que se reconozcan como ciencia ciudadana y no como mero testimonio. La disputa también es epistemológica. Florencia increpa: “Los cuerpos y territorios que somos y habitamos están contaminados. ¿Cuánta más evidencia científica hay que seguir aportando?”.

1 de cada 6 habitantes de Lobos tiene agrotóxicos en la orina: el estudio que funcionarios, medios y empresas eligen ignorar
Los vecinos organizados presentaron los resultados del nuevo estudio en la Fundación Lobos, en el centro de la ciudad.

Agrotóxicos: Veneno sin elección

El estudio se basa en 73 muestras de mujeres y hombres de Lobos de entre 35 y 57 años, sin enfermedades precedentes, de zonas rurales y urbanas y con al menos tres años de residencia en la localidad. Al 15% de las personas analizadas se le detectó la presencia de glifosato y/o su principal metabolito AMPA. La mayoría (82%) no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. Tomando en cuenta donde viven, el porcentaje de personas de zona rural a quienes hallaron glifosato aumenta a alrededor del 19%. La mayor parte de las personas con glifosato en orina (70%) se encuentra viviendo a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron casos en zonas urbanas. Cabe destacar que los niveles urinarios de glifosato y AMPA detectados indican la presencia de este tóxico en el organismo y representan una exposición reciente respecto del momento de toma de muestra.

La participación en el estudio fue voluntaria y, si bien los resultados son anónimos, dos personas con agrotóxicos detectados decidieron hablar en primera persona. Aymará tiene 39 años y vive en el centro de Lobos. La confirmación de la presencia de glifosato en su organismo la llenó de “tristeza e impotencia”, en especial frente a gobiernos y productores que continúan priorizando la ganancia por sobre la vida. Sin embargo, ante sus vecinos y vecinas, también dice sentirse esperanzada por la creciente organización colectiva que le pone el cuerpo al veneno, pero también a la lucha.

Junto a ella, está sentado Esteban, otro de los participantes del estudio con resultados positivos. Tiene 48 años, vive camino a Uribelarrea, a aproximadamente 300 metros de campos de cultivo. Él elige otras palabras: “Furia y miedo”. Pero coincide con Aymará respecto de las responsabilidades. De la industria, por un lado, que “hace lo que quiere con nuestros cuerpos”, y del Estado, por el otro, que “no me cuida y es cómplice”. Esteban aclara que él consume principalmente alimentos de producción agroecológica, por lo que esto demuestra que no se trata de una decisión o acción individual. “Es sin nuestro consentimiento, no hay elección”.

La bomba político-empresarial

Una chica pide la palabra levantando la mano, mientras la otra se aferra entrelazada a la mano de su hermana. Se le hace un nudo en la garganta y todo queda en silencio por un instante. “Yo lo que quiero saber es qué hacemos ahora. A mi hermana le encontraron glifosato y le fuimos a preguntar al director de la salita cómo seguir y nos dijo que no sabe”. Ellas son de Villa Loguercio, donde se emplaza la laguna de Lobos que da pruebas de la acelerada pérdida de biodiversidad y donde se registraron los niveles más elevados de agrotóxicos en orina. No hay una respuesta sencilla a su pregunta. El daño genético producido por los agrotóxicos y asociado a la mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer no es reversible. Florencia lo describe como “una bomba de tiempo adentro del cuerpo”. Aclaran que, a mayor exposición, mayor daño, por lo que lo fundamental es detener las fumigaciones. Sin embargo, el entramado político-empresarial se esfuerza en tornar lo más obvio en impensable. 

“¿Tenemos que irnos?”

Frente a esta matriz productiva que se presenta como modelo único e inexorable, Nicolás –uno de los impulsores del estudio P.I.S.– pregunta: “¿Tenemos que irnos? ¿Vamos a permitir que el campo sea un lugar inhabitable por el veneno? ¿Por qué no podemos vivir en un ambiente sano?”. Agrega un dato: En 1960, el 28% de la población mundial vivía en el campo y ahora solo un 8%. “No es sostenible ni deseable. Por eso proponemos un cambio de modelo hacia la agroecología”. En el proceso, desde la organización de vecinos a cargo del estudio, ofrecen asistencia jurídica, médica y sobre todo contención colectiva para procesar los resultados y activar la lucha. También para, quienes quieran, avanzar con estudios de genotoxicidad que puedan ponderar el daño genético.

El daño versus el potencial de la vida

Una de las primeras medidas será presentar denuncias ante el SENASA, organismo a cargo de la aprobación de los agrotóxicos en uso. Florencia explica: “No solo no hay controles, sino que muchas son sustancias que se aprobaron con el argumento de que no llegan a nuestros cuerpos. Nos mintieron”. Marcelo, activista ambiental de Lobos, hace un paralelismo con otra sustancia, el fipronil. Se trata de un plaguicida que durante años estuvo habilitado para su uso pese al caudal de evidencia científica que probaba su toxicidad, en especial para las abejas. Finalmente, el SENASA lo prohibió el mes pasado, luego de la muerte masiva de colmenas “por representar un riesgo para las abejas silvestres y melíferas, aun cuando se aplicasen las medidas adecuadas de mitigación”. Con el detalle de que los productores tienen permitido “descargar stock” (es decir: seguir contaminando con lo que les quede de fipronil). ¿Cuántas más pruebas, cuántas más muertes?

Paula, vecina de Lobos involucrada en el estudio P.I.S., comparte la indignación pero propone un matiz en la perspectiva de futuro: “Nosotros sostenemos que la vida tiene el potencial de remediar el daño provocado por los seres humanos. Con estos resultados no queremos traer terror, sino las ganas de trabajar juntes. La presencia de tóxicos en nuestros cuerpos nos demuestra que el ambiente es uno solo y nos tenemos que pensar como parte de él”.

Contaminación 100%

El proyecto P.I.S. se suma a los hallazgos de un estudio ambiental previo que se hizo durante el 2021 por parte de Aporte Por el Ambiente de Lobos (A.P.A.L.), donde confluyeron organizaciones políticas y ambientales y vecines, ante la necesidad de contar con información y datos científicos sobre la identificación y cuantificación de agroquímicos por fuera de su zona de uso en el partido.

El estudio –a cargo de Virginia Aparicio de INTA Balcarce– arrojó que todas las muestras de agua tomadas en las zonas urbanas y rurales –en el agua corriente consumida por la población, en el agua de lluvia, en los canales, en los arroyos y en la laguna– registraron la presencia de diferentes agrotóxicos utilizados habitualmente en las actividades agrícolas, además de altas dosis de arsénico. Lo mismo ocurrió con las muestras de sedimento de suelo y materia vegetal, evidenciando el transporte de plaguicidas fuera de los campos de cultivo.

El recreo rodeado de pesticidas

Las muestras de suelo de la plaza principal y de una escuela, tomadas en el patio del recreo, mostraron la presencia de cinco pesticidas, incluidos altos niveles de glifosato. En los árboles cercanos, la contaminación en el material vegetal evidenció seis moléculas de pesticidas. Sobre la base de esta información, se presentaron proyectos para regular las fumigaciones ante el gobierno local, todos “cajoneados” hasta el día de hoy. Por otro lado, algunos vecinos iniciaron una acción de amparo que culminó en una medida cautelar que obliga al municipio a distribuir agua potable. Sin embargo, el gobierno local solo entrega bidones a los amparistas en lugar de a toda la población. Mientras el derecho humano al agua potable considerado indispensable para una vida digna se privatiza y mercantiliza, se expande la política del veneno. Una vecina de Lobos da un ejemplo: “Todos sabemos que el agua no se puede tomar. En las escuelas rurales durante las clases de educación física los chicos se descomponen porque es cuando más agua toman”.

Antes de cerrar el encuentro, con el compromiso de sostener y fortalecer la organización comunitaria, un vecino agrega, por si quedaban dudas: “Prohibir las fumigaciones no es extremista, es realista”. Lo verdaderamente tóxico no es una sustancia, sino el modelo. Con solo detener las fumigaciones y promover una agricultura sana, Lobos lograría cambiar la pesadilla por el potencial de la vida y la salud.

Atanor es la principal productora del país de tres herbicidas altamente tóxicos, prohibidos en varios países: Glifosato, Atrazina y 2,4D. La justicia acaba de confirmar la contaminación del río Paraná y de quienes habitan el Barrio Química, vecindario que hizo un censo autogestivo que detectó al menos 200 muertes de cáncer. La falsedad de la dicotomía entre ambiente y producción. La denuncia sobre la escandalosa falta de control estatal. Los vecinos con enfermedades crónicas, familiares muertos y dolores constantes, se preguntan: “Se ganó, y ahora, ¿cómo seguimos?”

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El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad

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Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.

Por Lucas Pedulla

Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.

Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.

Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.

Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.

A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Del Hospital a la Plaza

La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas. 

La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía: 

“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”. 

Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”. 

Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”. 

Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.

Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.

Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.

Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.

Foto: Tadeo Bourbon para lavaca

Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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