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1 de cada 6 habitantes de Lobos tiene agrotóxicos en la orina: el estudio que funcionarios, medios y empresas eligen ignorar

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Uno de cada seis habitantes de Lobos –Provincia de Buenos Aires– tiene agrotóxicos en la orina, principalmente glifosato, un herbicida de altísima toxicidad, considerado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno, alterador hormonal y productor de daño genético. El 82% de las personas investigadas no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. De quienes tienen glifosato en orina el 70% vive a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron en habitantes urbanos. Lo que vienen denunciando los vecinos organizados, que presentaron una nueva evidencia que les da la razón: ¿Y ahora?

Por Florencia Paz Landeira

Las cifras emergen del estudio Pesticidas Introducidos Silenciosamente (P.I.S.), realizado por vecinos y vecinas autoconvocados, con la coordinación de la Fundación Democracia en Red y el análisis científico a cargo del equipo que dirige la doctora Delia Aiassa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los resultados se presentaron el 15 de agosto en una conferencia de prensa y reunión vecinal en la Fundación Lobos, en el centro de la ciudad. Al encuentro asistieron alrededor de 50 personas, entre ellas dos medios de comunicación locales, lavaca y dos concejales.

Las grandes ausencias: la comunidad médica, las autoridades de los centros de salud y los funcionarios del Ejecutivo municipal y provincial.

“Es una pesadilla hecha realidad”. Así comienza su intervención Florencia Polimeni, una de las vecinas impulsoras del estudio. Los resultados alarman, pero no sorprenden. Las poblaciones afectadas no necesitan de pruebas de laboratorio para percibir la toxicidad y padecer sus consecuencias en el cuerpo. Aun así, las evidencias sobran. Son las propias comunidades las que, desde hace dos décadas, alertan sobre la correlación entre las fumigaciones y distintas afecciones de salud y se organizan para producir pruebas, en procesos que hoy exigen que se reconozcan como ciencia ciudadana y no como mero testimonio. La disputa también es epistemológica. Florencia increpa: “Los cuerpos y territorios que somos y habitamos están contaminados. ¿Cuánta más evidencia científica hay que seguir aportando?”.

1 de cada 6 habitantes de Lobos tiene agrotóxicos en la orina: el estudio que funcionarios, medios y empresas eligen ignorar
Los vecinos organizados presentaron los resultados del nuevo estudio en la Fundación Lobos, en el centro de la ciudad.

Agrotóxicos: Veneno sin elección

El estudio se basa en 73 muestras de mujeres y hombres de Lobos de entre 35 y 57 años, sin enfermedades precedentes, de zonas rurales y urbanas y con al menos tres años de residencia en la localidad. Al 15% de las personas analizadas se le detectó la presencia de glifosato y/o su principal metabolito AMPA. La mayoría (82%) no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. Tomando en cuenta donde viven, el porcentaje de personas de zona rural a quienes hallaron glifosato aumenta a alrededor del 19%. La mayor parte de las personas con glifosato en orina (70%) se encuentra viviendo a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron casos en zonas urbanas. Cabe destacar que los niveles urinarios de glifosato y AMPA detectados indican la presencia de este tóxico en el organismo y representan una exposición reciente respecto del momento de toma de muestra.

La participación en el estudio fue voluntaria y, si bien los resultados son anónimos, dos personas con agrotóxicos detectados decidieron hablar en primera persona. Aymará tiene 39 años y vive en el centro de Lobos. La confirmación de la presencia de glifosato en su organismo la llenó de “tristeza e impotencia”, en especial frente a gobiernos y productores que continúan priorizando la ganancia por sobre la vida. Sin embargo, ante sus vecinos y vecinas, también dice sentirse esperanzada por la creciente organización colectiva que le pone el cuerpo al veneno, pero también a la lucha.

Junto a ella, está sentado Esteban, otro de los participantes del estudio con resultados positivos. Tiene 48 años, vive camino a Uribelarrea, a aproximadamente 300 metros de campos de cultivo. Él elige otras palabras: “Furia y miedo”. Pero coincide con Aymará respecto de las responsabilidades. De la industria, por un lado, que “hace lo que quiere con nuestros cuerpos”, y del Estado, por el otro, que “no me cuida y es cómplice”. Esteban aclara que él consume principalmente alimentos de producción agroecológica, por lo que esto demuestra que no se trata de una decisión o acción individual. “Es sin nuestro consentimiento, no hay elección”.

La bomba político-empresarial

Una chica pide la palabra levantando la mano, mientras la otra se aferra entrelazada a la mano de su hermana. Se le hace un nudo en la garganta y todo queda en silencio por un instante. “Yo lo que quiero saber es qué hacemos ahora. A mi hermana le encontraron glifosato y le fuimos a preguntar al director de la salita cómo seguir y nos dijo que no sabe”. Ellas son de Villa Loguercio, donde se emplaza la laguna de Lobos que da pruebas de la acelerada pérdida de biodiversidad y donde se registraron los niveles más elevados de agrotóxicos en orina. No hay una respuesta sencilla a su pregunta. El daño genético producido por los agrotóxicos y asociado a la mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer no es reversible. Florencia lo describe como “una bomba de tiempo adentro del cuerpo”. Aclaran que, a mayor exposición, mayor daño, por lo que lo fundamental es detener las fumigaciones. Sin embargo, el entramado político-empresarial se esfuerza en tornar lo más obvio en impensable. 

“¿Tenemos que irnos?”

Frente a esta matriz productiva que se presenta como modelo único e inexorable, Nicolás –uno de los impulsores del estudio P.I.S.– pregunta: “¿Tenemos que irnos? ¿Vamos a permitir que el campo sea un lugar inhabitable por el veneno? ¿Por qué no podemos vivir en un ambiente sano?”. Agrega un dato: En 1960, el 28% de la población mundial vivía en el campo y ahora solo un 8%. “No es sostenible ni deseable. Por eso proponemos un cambio de modelo hacia la agroecología”. En el proceso, desde la organización de vecinos a cargo del estudio, ofrecen asistencia jurídica, médica y sobre todo contención colectiva para procesar los resultados y activar la lucha. También para, quienes quieran, avanzar con estudios de genotoxicidad que puedan ponderar el daño genético.

El daño versus el potencial de la vida

Una de las primeras medidas será presentar denuncias ante el SENASA, organismo a cargo de la aprobación de los agrotóxicos en uso. Florencia explica: “No solo no hay controles, sino que muchas son sustancias que se aprobaron con el argumento de que no llegan a nuestros cuerpos. Nos mintieron”. Marcelo, activista ambiental de Lobos, hace un paralelismo con otra sustancia, el fipronil. Se trata de un plaguicida que durante años estuvo habilitado para su uso pese al caudal de evidencia científica que probaba su toxicidad, en especial para las abejas. Finalmente, el SENASA lo prohibió el mes pasado, luego de la muerte masiva de colmenas “por representar un riesgo para las abejas silvestres y melíferas, aun cuando se aplicasen las medidas adecuadas de mitigación”. Con el detalle de que los productores tienen permitido “descargar stock” (es decir: seguir contaminando con lo que les quede de fipronil). ¿Cuántas más pruebas, cuántas más muertes?

Paula, vecina de Lobos involucrada en el estudio P.I.S., comparte la indignación pero propone un matiz en la perspectiva de futuro: “Nosotros sostenemos que la vida tiene el potencial de remediar el daño provocado por los seres humanos. Con estos resultados no queremos traer terror, sino las ganas de trabajar juntes. La presencia de tóxicos en nuestros cuerpos nos demuestra que el ambiente es uno solo y nos tenemos que pensar como parte de él”.

Contaminación 100%

El proyecto P.I.S. se suma a los hallazgos de un estudio ambiental previo que se hizo durante el 2021 por parte de Aporte Por el Ambiente de Lobos (A.P.A.L.), donde confluyeron organizaciones políticas y ambientales y vecines, ante la necesidad de contar con información y datos científicos sobre la identificación y cuantificación de agroquímicos por fuera de su zona de uso en el partido.

El estudio –a cargo de Virginia Aparicio de INTA Balcarce– arrojó que todas las muestras de agua tomadas en las zonas urbanas y rurales –en el agua corriente consumida por la población, en el agua de lluvia, en los canales, en los arroyos y en la laguna– registraron la presencia de diferentes agrotóxicos utilizados habitualmente en las actividades agrícolas, además de altas dosis de arsénico. Lo mismo ocurrió con las muestras de sedimento de suelo y materia vegetal, evidenciando el transporte de plaguicidas fuera de los campos de cultivo.

El recreo rodeado de pesticidas

Las muestras de suelo de la plaza principal y de una escuela, tomadas en el patio del recreo, mostraron la presencia de cinco pesticidas, incluidos altos niveles de glifosato. En los árboles cercanos, la contaminación en el material vegetal evidenció seis moléculas de pesticidas. Sobre la base de esta información, se presentaron proyectos para regular las fumigaciones ante el gobierno local, todos “cajoneados” hasta el día de hoy. Por otro lado, algunos vecinos iniciaron una acción de amparo que culminó en una medida cautelar que obliga al municipio a distribuir agua potable. Sin embargo, el gobierno local solo entrega bidones a los amparistas en lugar de a toda la población. Mientras el derecho humano al agua potable considerado indispensable para una vida digna se privatiza y mercantiliza, se expande la política del veneno. Una vecina de Lobos da un ejemplo: “Todos sabemos que el agua no se puede tomar. En las escuelas rurales durante las clases de educación física los chicos se descomponen porque es cuando más agua toman”.

Antes de cerrar el encuentro, con el compromiso de sostener y fortalecer la organización comunitaria, un vecino agrega, por si quedaban dudas: “Prohibir las fumigaciones no es extremista, es realista”. Lo verdaderamente tóxico no es una sustancia, sino el modelo. Con solo detener las fumigaciones y promover una agricultura sana, Lobos lograría cambiar la pesadilla por el potencial de la vida y la salud.

Atanor es la principal productora del país de tres herbicidas altamente tóxicos, prohibidos en varios países: Glifosato, Atrazina y 2,4D. La justicia acaba de confirmar la contaminación del río Paraná y de quienes habitan el Barrio Química, vecindario que hizo un censo autogestivo que detectó al menos 200 muertes de cáncer. La falsedad de la dicotomía entre ambiente y producción. La denuncia sobre la escandalosa falta de control estatal. Los vecinos con enfermedades crónicas, familiares muertos y dolores constantes, se preguntan: “Se ganó, y ahora, ¿cómo seguimos?”

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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

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“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

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Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

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Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

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Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

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En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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