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3 años sin Santiago: la CIDH exige respuestas al Estado en medio de una causa paralizada por la impunidad judicial

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que brinde respuestas sobre la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, de la que hoy se cumplen tres años. La familia denuncia el laberinto judicial por el que naufraga la causa: “La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la provincia de Buenos Aires”. En esta nota, recordamos los principales hechos de un caso que sigue impune: la violencia de Gendarmería en la comunidad mapuche, el rol de Pablo Noceti en el operativo y la responsabilidad de Patricia Bullrich, el encubrimiento del Poder Judicial, las fake news de los medios. Y el valor de las familias frente al derecho a saber la verdad.

3 años sin Santiago: la CIDH exige respuestas al Estado en medio de una causa paralizada por la impunidad judicial

A tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que de respuestas sobre la denuncia presentada por la familia del joven. “En enero de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago, sin embargo la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores”, denunció la familia en un comunicado difundido. “La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la provincia de Buenos Aires”.

El anuncio de la CIDH llega también a dos semanas de que el juez Marcelo Borinsky, de la Sala IV de Casación Penal, resolviera no hacer lugar al pedido de la familia de recusar e inhibir al juez Gustavo Lleral como el magistrado a cargo de la causa. El fallo tiene una paradoja: el propio Lleral fue el que había decidido cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.

“La última novedad es que la Cámara de Casación, de la mano de Borinsky, puso de nuevo a Lleral en la causa, siendo un juez parcial, que ya se había pronunciado diciendo que Santiago se ahogó solo sin que la Gendarmería tenga que ver en nada”, dice Sergio Maldonado en diálogo con lavaca. “No hay mucho más que la encerrona judicial que termina desgastándote y haciendo que no creas en el sistema judicial”.

A tres años de que el pedido de justicia de la familia Maldonado recorriera todo el país, y con dos nuevas investigaciones por desapariciones forzadas en el presente, el desgaste que refiere Sergio apunta al nudo central de estas causas: la construcción de impunidad.

Los hechos

A las 9:27 de la mañana del 28 de noviembre de 2018, el juez federal Lleral llamó a Sergio Maldonado para comunicarle la decisión de cerrar la causa por la desaparición forzada de su hermano. Así lo informó en ese entonces la familia en un video para tratar de poner palabras a lo inexplicable: la determinación de un magistrado nacional que, según hizo pública la familia, le afirmó a la madre de Santiago, Stela Peloso, que estaba siendo “extorsionado” para cerrar la causa. Fue el corolario de un camino que había tenido como punto cúlmine que el propio Lleral, un día antes de las elecciones legislativas del 2017, dijera que la muerte de Maldonado no se había tratado de una “muerte violenta”, sin tener en cuenta el contexto en el que se produjo.

Por ese motivo, lavaca comparte los principales hechos del caso.

  1. La violencia del operativo: la importancia del contexto

A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.

Ese 1 de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

  • Ingresar al territorio sin orden judicial.
  • Arrojar piedras a los manifestantes.
  • Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
  • Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
  • Ocultar fotografías y videos del operativo.
  • Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
  • Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
  • Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2) La respuesta del Estado

La familia de Santiago denunció que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo -Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad- respondió de tres maneras:

  1. Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
  2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
  3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.

Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo. El dictamen de la PIA denunció el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Y también cuestiona que no hace foco sobre el rol de Noceti.

A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

  • El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
  • El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
  • El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

3) El rol del Poder Judicial

Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1 de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes. El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la llevó el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

En septiembre del 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia en diciembre frente a los jueces Gustavo Hornos, Marcelo Borinsky y Javier Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada de la familia, Verónica Heredia, citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut). Sin embargo, en un fallo confuso, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. El único voto que hizo lugar al recurso de la familia fue el de Hornos: “La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”, expresó.

El 30 de diciembre, el propio Lleral sostuvo la denuncia de la familia le generaba una “inevitable afectación moral” y aconsejó “el cese” de su participación en el expediente. Sin embargo, hace dos semanas, la familia comunicó que la Sala IV nuevamente rechazó el pedido de recusación e inhibición de Lleral como juez. Cabe recordar que en la audiencia, la familia había destacado que una investigación por desaparición forzada (atendiendo la jurisprudencia por los casos en los que el Estado argentino fue condenado) debe contemplar el contexto en el que se produce. En ese sentido La familia destacó tres ejes fundamentales:

  • La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
  • 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
  • Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

4) Los medios

El rol de las empresas comerciales de comunicación, junto a operadores mediáticos y figuras de Juntos por el Cambio, también formó parte del contexto en el que se buscó tapar el rol del Estado en la desaparición y muerte de Santiago.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.

El informe completo puede leerse aquí:

El valor de las familias

Los tres años llegan en un contexto nuevamente complejo, con la desaparición forzada y asesinasto de Luis Espinoza en Tucumán, y a tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro (provincia de Buenos Aires), con una causa que se está investigando como desaparición forzada de persona en el fuero federal de Bahía Blanca. La próxima edición de MU tendrá un artículo en el que ambas desapariciones se pondrán en contexto de qué hace el Estado frente a los casos donde es el principal responsable, junto a otros casos como el de Santiago, Luciano Arruga y Daniel Solano

Dice Sergio a MU: “El Estado no está capacitado porque no sabe buscar ni investigar. Y sobre organismos, no hay nada por encima de Madres, Abuelas e Hijxs: el resto puede estar y apoyar, pero no entienden la lógica del derecho a saber la verdad. Me remito a las pruebas: ninguna de las cuatro querellas en la causa de Santiago fueron capaces de recusar a Lleral, un juez que dijo que Santiago se había ahogado solo, y tampoco ninguna acompañó el pedido de sostener la investigación de desaparición forzada. Es decir, ¿qué hace la familia que no se pone al frente? Acá encima las distancias son lejos: la fiscalía en Esquel, el juez en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia, y en Capital Federal están Comodoro Py y la Corte Suprema. Si yo no estuviera, la causa se habría caído o estarían investigando cualquier cosa, y tendríamos resultados como juzgar algún policía de alguna fuerza, diciendo que fue homicidio, pero sin cuerpo. Ese derecho a la verdad es desde donde yo me paro. Y es el valor que tenemos las familias”.

La familia hará este sábado una serie de actividades. Durante todo el día se subirán fotos a redes sociales con tres hashtags: #JusticiaPorSantiago, #3AñosDeImpunidad, #ElEstadoEsResponsable. A las 18 hs, habrá una actividad junto a organismos de derechos humanos, con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Taty Almeida, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También estará el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Y concluirá con la lectura del documento de la familia, que convocó con un mensaje claro:

  • «Justicia por Santiago. Construyamos una nueva justicia desde la memoria y la verdad».

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
Milei con Julián Peh, el CEO de la empresa creadora de $LIBRA.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
La empresa creadora de $LIBRA tiene lazos, también, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

  • El estado del cupo laboral travesti trans. 
  • Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución. 
  • La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género. 

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans. 

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros. 

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU  62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Cristina Montserrat Hendrickse. Foto: Lina Etchesuri

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”. 

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”. 

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”. 

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”. 

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.  

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo. 

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a  Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Marlene Wayar, activista travesti trans e impulsora de la Ley de Reparación Histórica, fue una de las oradoras. Foto: lavaca

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”. 

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”. 

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas  siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones. 

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo queda

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi. 

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas. 

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”. 

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”. 

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”. 

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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