Hoy se cumplen 91 días desde que Facundo Astudillo Castro salió de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro en dirección a la casa de su exnovia, en Bahía Blanca. Lo último que su familia sabe con certeza es que a las 10 de la mañana del 30 de abril dos policías le labraron un acta por circular sin permiso durante la cuarentena. Dos meses después, tres testigos le comunicaron a la mamá que habían visto cómo el joven se subía a un patrullero de la Bonaerense cerca de las 15:30. En el medio, una franja temporal que se extendió por tres meses y que lleva una maraña de testigos que la querella denuncia como “inducidos”; filtraciones a la prensa local, el pedido de recusación de un fiscal denunciado por organismos de derechos humanos y una causa que se tramita como desaparición forzada de persona: todas las preguntas, las dudas y las sospechas de encubrimiento a 3 meses de otra desaparición en democracia.

La última vez que Cristina Castro vio a su hijo fue la mañana del 30 de abril, cuando Facundo se despidió y salió temprano de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro (municipio de Villarino) en dirección a la casa de su exnovia, situada en Bahía Blanca.

Tres meses después, Cristina atiende a MU (como parte de una investigación que saldrá en la próxima edición) a la espera de la respuesta de la jueza federal María Gabriela Marrón sobre el pedido de recusación de la familia al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez (la jueza, finalmente, lo rechazó), en la causa que se investiga como desaparición forzada de persona. “Siento mucha impotencia de ver cómo desde Bahía y Villarino se han fraguado cosas, intentando tapar todo. Duele mucho ver cómo la Bonaerense sigue aportando testigos falsos y el fiscal los avala. Por eso hablo de un sistema corrupto: desde el primer día que no me dejaron entrar en Buratovich, el subcomisario desplazado que nos amenazó y el hecho de mirarles a la cara y saber cómo mienten los testigos falsos”.

En tres meses, la democracia argentina aún no respondió una pregunta que cala como una herida profunda en el país del Nunca Más: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro?

91 días

Cristina supo que a las 10 de la mañana del 30 de abril dos policías le labraron un acta a Facundo por circular sin el permiso en medio de las restricciones por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Luego, casi dos meses después, tres vecinos de Luro le dijeron que el mismo 30 de abril habían visto cómo Facundo ingresaba a un movil policial, alrededor de las 15:30. Cristina cuenta que los tres testigos decidieron comunicárselo luego de que no les aceptaran la declaración en la comisaría, donde les dijeron que el joven estaba perdido. Al ver que seguía desaparecido, la contactaron.

En el medio de ambas, alrededor de las 13:30, Cristina mencionó una llamada desde el teléfono de Facundo a su celular. “Mamá, vos no tenés idea de donde estoy”, recordó Cristina, aunque el diálogo le parece sospechoso: “Tendría que haber advertido que me dijo ‘mamá porque ellos siempre me llaman ‘bruja’”.

Entre las 10 y las 15:30, hay una franja temporal en donde estos tres meses intervinieron una telaraña de testigos, contradicciones policiales, filtraciones a la prensa local, el cambio de la causa del fuero provincial (“averiguación de paradero”) al federal (“desaparición forzada de persona”) y una pregunta que aún no se contesta.

Uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, resumió lo que la querella entiende como “cinco etapas del encubrimiento” sobre el accionar de la Policía Bonaerense:

• Para los abogados, la primera fue el propio 30 de abril, cuando el teléfono de Facundo se activa a la noche en Bahía Blanca. “De manera deliberada se envía un mensaje de texto desde el teléfono de Facundo, que nunca utilizaba SMS, y le escribe a un amigo al que siempre llamaba como Chanchi, como ´amigo´”.
• La segunda etapa, para los abogados, sucede los días posteriores a la desaparición. “Un amigo va a hacer la denuncia y le dicen que no se la pueden tomar a él, que tiene que ir la mamá. Después llaman a ese amigo y le toman la declaración, en sus textuales palabras, ´en un papel de rotisería´. Anotan lo que dice y le dicen que tenga mucha paciencia, que ya va a aparecer”.
• Otra etapa comienza el 15 de junio. “Empiezan a entrar sin órdenes de allanamiento a distintas casas de los hermanos de la exnovia, a otro hermano lo llevan a Mayor Buratovich y le hacen esperar una hora en la comisaría, después lo meten en una habitacion con cuatro policias, lo amenazan, y después de que declara lo siguen vigilando hasta el dia de hoy”. Luego, la querella apunta al “rastrillaje trucho” con los perros del K9 de Río Negro, cuando le niegan a la familia el acceso a la comisaría de Buratovich: “Cuando van a la comisaría, el comisario le dice a la madre: ´Acá usted no tiene nada que hacer, señora´”. Había cinco patrulleros “bloqueando” el ingreso. “En ese momento cae la oficial Xiomara Flores, hermanastra de la oficial Jana Curuhinca, una de los policías que lo pararon a la mañana junto al oficial Gabriel Sosa, y le dicen que lo llevó hasta Teniente Origone”. Origone es otra localidad cercana, hacia donde se desplaza la familia luego de ese dato. “Allí aparece otro policía, de apellido González, que saca una foto al carnet de conducir, y lo dejó que siga para Bahía Blanca. Y al otro día, declara una persona que dice que es empleado, pero no dice de qué, y resultó que es otro policía: esa persona es la primera que pone a Facundo en Cerri, que es un pueblo al lado de Bahía, y que le contó que andaba con dos más en viaje a otro pueblo, y de ahí a Villa Devoto. Esta persona declaró y el fiscal Andrés Hein (Procuvin) le dijo que estaba por incurrir en falso testimonio”.
• Aparicio señala que la “cuarta etapa” comienza cuando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, llega a Bahía. “Toda la policía trata desesperadamente de meter con testigos inducidos, no solo falsos, de que Facundo estaba en Bahía Blanca. Obvio que no son creíbles: no le pueden reconocer rasgos, lo ven con barbijo… Esta etapa finaliza el 6 de julio cuando la justicia provincial, mediante la resolución de la jueza Susana Calcinelli, del Juzgado de Garantías N°3, se determina incompetente”. Desde entonces, y a pesar de que el fiscal Dimás García (de la Ayudantía Fiscal de Médanos-Villarino, cuestionado por la familia por su inacción cuando tuvo la investigación en sus manos) quería seguir participando en la causa, la investigación pasó al fuero federal de Bahía Blanca a investigarse como una desaparición forzada de persona.
• Quinta etapa. “Comienza el 16 de julio cuando los dos policías que lo habían detenido la mañana del 30 de abril dicen que saben de una persona que lo llevó a Facundo a Bahía Blanca, pero que estaba muy asustada. Estos policías meten esa pista. La van a buscar. Un policía federal le toma declaración y dice que la persona nunca dijo que lo había llevado a Facundo, tampoco que lo levantó en Origone sino en Buratovich, que medía 15 cm más que lo que mide Facundo y que trabajaba en un campo, según le refirió. Esa declaración difiere de la que le toma luego el fiscal, donde tampoco dice que llevó a Facundo. Es decir que, lo que queda claro, es que en ninguna de las dos situaciones surge que esta persona lo llevó. Es todo mentira que lo divulgó un sitio que se llama La Brujula y después todos los medios nacionales como C5N, TN, A24 replicaron”.

Aparicio se refiere a la testigo de identidad reservada que “mágicamente” se filtró a la prensa local antes de su declaración. La familia responsabiliza al fiscal Martínez por las filtraciones, además de acusarlo de no recibir a la familia y habilitar a los “testigos inducidos” por la propia Bonaerense. La querella lo recusó por temor de parcialidad, y recordó que Martínez llegó a la fiscalía federal gracias a un pliego que habilitó Mauricio Macri como presidente, a pesar de las objeciones de los organismos de derechos humanos por denunciarlo como uno de los principales obstáculos en los avances de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Bahía Blanca.

El lunes, la fiscalía emitió un comunicado en el que detalla medidas de investigación, y los movimientos que ha tenido en la causa. Sin embargo, concretamente sobre la órdenes de allanamiento y rastrillajes, concluyó: “Hasta ahora no se arribó a conclusiones que permitan orientar la pesquisa”.

La jueza Marrón, finalmente, rechazó el pedido de la familia.

“Que digan la verdad”

En estos tres meses, las principales autoridades del Gobierno se expresaron de diversas formas:

• El presidente Alberto Fernández llamó el sábado a Cristina y le dijo que serían “severos” en el caso de que se llegara “a advertir la responsabilidad del Estado en el hecho”, según dejaron trascender los abogados en declaraciones radiales. Fernández ya se había expresado ante la consulta de Página/12: “A todos nos preocupa la desaparición de una persona en democracia”.
• El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se comunicó con la familia y previamente había afirmado: “No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco a prejuzgar”.
• Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, apuntó: “No podemos descartar ninguna hipótesis”. Mientras, el ministro bonaerense, Sergio Berni, llegó a Bahía diciendo que Facundo estaba vivo: “Lo vamos a encontrar”.

Más allá de las declaraciones y los discursos, a 91 días de la desaparición, no hay una respuesta clara respecto a qué pasó con Facundo Castro el 30 de abril, y su mamá pidió la intervención directa a la ministra Frederic: “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”.

También dijo que no quería que la llamaran más. “Me refiero a los funcionarios que dicen: `Lo siento´”, dice a lavaca. “No quiero que nadie lo sienta. Quiero que trabajen, actúen y hagan las cosas. No quiero que Berni venga y me diga que lo siente. No quiero que Axel venga y me diga que lo siente. Quiero que tomen cartas en el asunto porque es su policía la que está acusada de desaparecer a mi hijo. Berni de acá se fue sabiendo todo lo que se hizo, no soy tonta. Que lo esté cubriendo es otra cosa. O le mintieron demasiado bien o no quiere ver la verdad”.

Cristina sabe que todas las contradicciones y la falta de respuestas apuntan a otro factor que se repite en estos casos: marear a las familias. “No lo van a hacer. Sigo firme. Sé que mi hijo no salió de Buratovich. Yo sé que ahí le hicieron algo malo. No me van a convencer de otra cosa. Y lo voy a seguir gritando, hasta que digan la verdad”.