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9 meses sin Facundo Castro: la falta de justicia, las nuevas pruebas y testimonios, y la preocupación de la ONU

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Se cumplen nueve meses de la última vez que vieron al joven de 22 años con vida. La familia espera una resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca por las medidas que la jueza María Gabriela Marrón, a quien la familia recusó, se negó a implementar. En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU le manifestó al Estado argentino su preocupación por la demora judicial y las amenazas y los hostigamientos a familiares y amigos, y le fijó un plazo de respuesta hasta el 25 de febrero. Mientras, la familia sigue incorporando nuevas pruebas y testimonios al expediente. En diálogo con lavaca, Cristina Castro afirma: “Cada cosa que aparece es un golpe al alma por saber que a mi hijo me lo torturaron, me lo desaparecieron y me lo volvieron a torturar. Espero que el sistema judicial tan nefasto que tenemos se saque la venda y haga las cosas como tiene que hacer”.

“La causa desborda de pruebas donde la mires. Sé que son avances importantes, pero para mí enterarme de cosas todos los días es un golpe al alma porque corroboran lo que sentí desde el primer momento: que a mi hijo le había pasado algo grave. Hay días que recordamos su chispa, y otros donde lloramos todos. Pero vamos a seguir peleando con uñas y dientes”. Cristina Castro habla con la misma fuerza y la convicción con la que buscó a su hijo Facundo desde el 30 de abril: hoy se cumplen 9 meses de la última vez que lo vio con vida y la encuentra exigiendo una respuesta concreta de la Justicia.

A fin de año la familia se encontró con un nuevo rechazo a su planteo de recusación a la jueza María Gabriela Marrón por “temor de parcialidad”. En noviembre, respaldada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin, la querella apeló a la Cámara Federal de Bahía Blanca el rechazo de la misma jueza a una serie de medidas importantes para el desarrollo de la causa respecto a la participación de la Bonaerense en los hechos.

“Estamos esperando la resolución”, dice Cristina. “Confío en que lean cada parte de las cosas que mandamos y que hagan justicia, porque a nueve meses no hay un policía imputado, una renuncia de nadie y lo único que hemos tenido son amenazas. Lo que sí no quiero es que me lleve la vida como Gualberto Solano”.

Cristina habla del papá de Daniel Solano, el trabajador de 27 años desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel (Río Negro): en 2018 fueron condenados 7 policías que hoy siguen bajo funciones, aunque el fallo no está firme a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema. El cuerpo de Daniel sigue desaparecido y Gualberto murió sin haber llegado siquiera a la sentencia.

Respecto de las amenazas, Cristina cuenta que los amigos de Facundo que participaron de las movilizaciones por el pedido de verdad y justicia sufrieron hostigamientos. “Tuvieron multas de 220 mil pesos por las pintadas que hicieron, una locura. Los amenazan, les ponen patrullero atrás”. Otro hecho: “Un día vino el intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua) por un acto, y un grupo de personas se encargó durante la noche de romper y sacar las banderas y los carteles con la cara de Facu”. Bevilacqua, junto al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, son los dos principales funcionarios políticos denunciados por la familia.

La voz de Cristina, sin embargo, se escucha tranquila. “Tuve que aprender a armarme de paciencia. A leer y a investigar muchísimo. Cada cosa que aparece es un golpe al alma por saber que a mi hijo me lo torturaron, me lo desaparecieron y me lo volvieron a torturar. Espero que el sistema judicial tan nefasto que tenemos se saque la venda y haga las cosas como tiene que hacer. Estamos asqueados de que nadie haga nada”.

Y aclara, por si quedara alguna duda: “La cara de Facu no se la van a olvidar”.

La maquinaria

Las palabras de Cristina tienen un fundamento claro: la maquinaria de impunidad que se repite en cada caso de desaparición forzada.

En septiembre, el Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca dio a conocer los principales puntos del informe integral que presentó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego de los estudios de autopsia sobre el cuerpo de Facundo, hallado por un pescador en un cangrejal de Villarino el 15 de agosto. “Se trató de una muerte violenta, por no ser natural”, fue uno de los resultados del informe, que aclaró: “El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

La perito de la familia, Virginia Creimer, firmó entonces en disidencia parcial, ya que argumentó que no hubo posibilidad que la “querella ejerciera su derecho desde el punto de vista científico” del informe, que tampoco determinó la fecha de la muerte.

En este contexto, las querellas de la familia y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) criticaron a la jueza federal María Gabriela por rechazar una serie de medidas de prueba que habían solicitado junto a los fiscales Andrés Heim (Procuvin) y Horacio Azzolín (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia), que se sumaron en septiembre al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, recusado dos veces por la familia.

Los fiscales habían solicitado el secuestro de 50 teléfonos de oficiales y el allanamiento de sedes policiales de Villarino, entre otros puntos. La jueza los rechazó. “La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”, cuestionó la CPM. “Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad”.

La querella presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, que aún no expresó su fallo. En tanto, la CPM, que confirmó que la “hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte” y que esta es una valoración que las querellas comparten con los fiscales, aclaró que en su rechazo la jueza Marrón busca desestimar pruebas claves:

  • La pequeña sandía de plástico de Facundo, regalada por su abuela, hallada en el destacamento de Teniente Origone.
  • El pedazo de turmalina hallado en un patrullero de la policía local de Bahía Blanca, el mismo móvil que el 8 de mayo, “sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación”, estuvo detenido durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el pescador halló el cuerpo. Según los AVL, además, el móvil se geolocalizó aproximadamente tres horas en diversos puntos del cangrejal.
  • El allanamiento al domicilio de la expareja de Facundo sin orden judicial.
  • La amenaza y el hostigamiento al excuñado de Facundo, como reveló lavaca.
  • La persecución e intimidación a testigos, abogados y familiares.
  • La presentación de testigos falsos o que declararon en la causa sin informar que eran policías.

Estos detalles se suman al contexto de irregularidades de la Policía Bonaerense:

  • La infracción de los oficiales Jana Curuhuinca y Mario Gabriel Sosa el 30 de abril a las 10 de la mañana en Mayor Buratovich. Los abogados revelaron que, en las “múltiples pruebas” que se sumaron a la causa, una de ellas es un mensaje que recibe Sosa en referencia a Facundo, después de la infracción, que dice: “Si se hace el pajero, bajalo”. Y Sosa responde: “Dale”. Luego, ese patrullero se desplaza y se detiene unos minutos en Buratovich, “contradiciendo la versión policial que refería que ese móvil nunca se había movido” del lugar.
  • Los tres testigos que le dijeron a Cristina que vieron que Facundo subía a un patrullero, sobre la Ruta 3, pasando la entrada de Mayor Buratovich, explicaron que habían ido previamente a la Comisaría pero no les quisieron tomar la denuncia. El abogado Aparicio señaló que esos testigos hoy están “aterrorizados”.
  • La denuncia que la familia hizo a los funcionarios municipales de Villarino, a quienes acusaron de entregar un informe de tránsito falso donde no estaban los testigos que señalaron a la Bonaerense en Buratovich, pero sí a la testigo que dijo haber alcanzado a un joven hasta las vías, primero el 27 y luego el 30.
  • Los mensajes de WhatsApp borrados por los policías sospechados.
  • Las huellas de vehículo detectadas en el salitral de Villarino donde apareció el cuerpo de Facundo, además del estado intacto de la única zapatilla encontrada.

La CPM describe: “Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad”.

El abogado Aparicio dice a lavaca: “Más allá de las medidas que la jueza Marrón no permitió, y cuya decisión fue apelada por los fiscales Heim y Azzolin, quedó muy clara su actitud: con la cantidad de evidencia que hay, otro juez más sensato debería pedir detenciones. Vamos a volverla a recusar en febrero y, también, ampliar la denuncia sobre el fiscal Martínez a la Procuración. Si bien sabemos que son medidas que no tienen un efecto inmediato, tenemos que hacerlas porque la causa va a durar, no puede archivarse: tenemos medidas de prueba que nos refuerzan y amplían el número de personas involucradas, no sólo de la desaparición sino del encubrimiento”.

La causa por la desaparición de Facundo ya suma 5000 fojas y los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto siguen sumando pruebas y testimonios al expediente. Uno de ellos es un testigo de identidad reservada. “Refiere que los funcionarios de Villarino sabían el 1 de julio, o sea antes de que las denuncias se hicieran públicas, que la gorra de Facundo estaba en el destacamento de Teniente Origone. Ahí entendés porqué la Municipalidad después manda un informe falso respecto a los tres testigos”.

Además, en las últimas horas recibieron el informe que detalla con gráficos y secuencias las geolocalizaciones de los móviles policiales de Villarino el 30 de abril. “Vamos a analizarlo”, dice Aparicio. “Eso se complementa con otro informe respecto al teléfono de Facundo, que se prende el 1 de mayo a la vuelta de la comisaría de Bahía Blanca, donde secuestran el móvil. Los policías, en tanto, tenían todos los mensajes borrados”.

La preocupación de la ONU

La CPM solicitó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas “ante las dilaciones en la investigación”. La respuesta llegó el 25 de noviembre en un documento firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, donde le requiere información al Estado argentino sobre las preocupaciones que los expertos le refirieron respecto del caso. Cabe recordar que la desaparición también involucró la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había dictado medidas cautelares ante la situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a los derechos de Facundo.

Las preocupaciones del Comité:

  • “A pesar de que se han localizado los restos del Sr. Astudillo Castro, no se han esclarecido las circunstancias de su desaparición y muerte, y no se ha identificado a los perpetradores de dichos hechos”.
  • Las irregularidades policiales, el hallazgo de la turmalina y el collar, la identificación de rastros biológicos en un móvil, y las contradicciones de los relatos de los efectivos respecto a que Facundo nunca estuvo bajo custodia.
  • Las amenazas a testigos y a los abogados de la familia.
  • La obstaculización de la familia en las diligencias judiciales.
  • Que la Bonarense fue apartada 60 días después de la desaparición.
  • “De igual manera, según la información de la que dispone el Comité, a pesar de que la justicia federal asumió la competencia en la investigación de la desaparición del Sr. Astudillo Castro, existirían filtraciones de información relacionada con la investigación”.

En ese sentido, el Comité le requirió al Estado:

  • Adoptar todas las medidas cautelares y de protección para familiares y amigos de Facundo.
  • Preservar su vida y permitirles desarrollar las actividades referidas a la investigación sin violencia ni hostigamientos.
  • Adoptar todas las medidas para que sus familiares tengan apoyo de alimentación, vivienda, salud y educación para llevar una vida digna.

El Estado argentino debe responder a estos requerimientos antes del 25 de febrero.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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