Nota
Agrotóxicos vs. Salud, Capítulo 3: Por qué estamos a ciegas
Dos estudios del Ministerio de Salud de la Nación revelan la total ausencia de política sanitaria destinada a quienes trabajan con agrotóxicos, población prioritaria ya que está directamente expuesta y es quien aplica dosis de agroquímicos de las que desconoce su peligrosidad tóxica y las consecuencias para la salud y el ambiente.
Dos estudios entregados a lavaca.org por el Ministerio de Salud de la Nación revelan la total ausencia de política sanitaria destinada a quienes trabajan con agrotóxicos, población prioritaria ya que está directamente expuesta y es quien aplica dosis de agroquímicos de las que desconoce su peligrosidad tóxica y las consecuencias para la salud y el ambiente. Ambos estudios coinciden en señalar que lo único que han recibido los productores es una sobredosis de información sobre los beneficios económicos de esos productos. También señalan el incumplimiento de toda la normativa vigente y, en especial, de la Ley Nacional de Medio Ambiente, de la cual destacan el principio precautorio, es decir, aquel que orden ante un peligro inminente detener la causa del posible daño aún antes de que esté probado.
Los estudios se realizaron en la Patagonia y en el Norte del país, por diferentes grupo de investigadores, pero tienen idéntico objetivo y metodologías similares. Lo que buscan es determinar si quienes usan agroquímicos cuentan con la información suficiente, necesaria y exacta. La respuesta es no.
Ambos advierten la gravedad de esta situación, en especial por el impacto que tiene en la salud de la población. Y alerta especialmente sobre la situación de niñas y niños expuestos. “Debido a que en muchos casos existe una colaboración y participación cotidiana de los niños en los trabajos agrícolas de su familia resulta indispensable aclarar que los niños, desde la temprana edad gestacional, constituyen la población más vulnerable a cualquier agresión química”.
Ninguno de los encuestados para este estudio recibió nunca instrucción sanitaria sobre agrotóxicos. Y cuando se los consultó sobre quién los asesoraba en el uso de plaguicidas, la abrumadora mayoría respondió: “el vendedor”.
Médicos: Uno de los estudios también analiza a profesionales de la salud. De todos los entrevistados, solo un médico recibió capacitación en intoxicaciones. Concluye que ninguno recibió capacitación en agrotóxicos y salud, por lo cual los profesionales de la salud no relacionan las afecciones que atienden con estas sustancias.
Funcionarios: Otro grupo analizado es el de los funcionarios del área. La mayoría ( 12 de 15 entrevistados) son profesionales de la ingeniería agronómica. El resto veterinarios, bioquímicos y técnicos agropecuarios. Más de la mitad dijo haber participado en ese último año en alguna capacitación sobre “uso responsable de agroquímicos” “Cabe destacar que todos se mostraron disconformes en cuanto al abordaje” ya que el tema no fue “seriamente tratado” o “no se trata como debería”.
En cuanto a los productores entrevistados, el estudio detalla que entre los síntomas de intoxicación “percibidos por los entrevistados” por el uso continuo de agroquímicos figuran: “dolor de cabeza, mareos, somnolencia, tos, sarpullidos, dolor de panza, náuseas, picazón, enrojecimiento de manos, irritación ocular, irritación en la garganta y dificultad para respirar”.
Con respecto a los médicos entrevistados, “a excepción de uno, todos atendieron pacientes con síntomas de intoxicación por plaguicidas. Cita al único especializado en intoxicaciones: “No llegan al hospital los productores que aplican con síntomas leves, de esos creo que ni nos enteramos. Lo que llega a la guardia es lo que pasó en los domicilios a donde fueron a parar esas sustancias y cuando la enfermera (identifica y ) me manda el producto, me lo manda como un remedio: el remedio para las plantas. Entonces los equipos de salud tampoco tienen verdadera dimensión del riesgo”.
Apunta el informe que “remedio para las plantas” también es el término más usado entre los productores. Y concluye: “Pareciera que existe una relación entre el nombre que se le asigna con la percepción de esa sustancia”. Y cita a uno de los médicos entrevistado, quien al referirse a los casos de intoxicación dijo: “Tengo la idea de que están relacionados con la cura de hortalizas”. Dice el informe. “El médico entrevista utilizó el término cura para referirse a la aplicación de agroquímicos, alejando de esta manera desde el discurso a los plaguicidas de las sustancias tóxicas y peligrosas”.
Esta percepción refuerza la información que los productores del mercado. Cuando se lo interrogó acerca de qué elementos tienen en cuenta al elegir los plaguicidas, los productores respondieron el más potente o el más eficaz, pero ninguno eligió el menos peligroso.
Ambos informes describen cuales son las consecuencias de esta falta de percepción de peligro. Los aplicadores no usan elementos de protección personal cuando esparcen los agroquímicos, tampoco realizan una higiene completa y profunda luego de manipularlos y no almacenan stock ni restos como material químico peligroso, contaminante y tóxico.
“El resultado deja ver que la percepción del riesgo de los productores entrevistados asociado al uso y manipulación de agroquímicos no se acerca siquiera al verdadero riesgo al que se encuentran expuestos. Esta mirada en torno al riesgo en la utilización de plaguicidas es una construcción social particular”.
Concluye: “Pareciera que hay una instalación del modelo productivo muy afianzada que dificulta el pensamiento puesto en desarrollar otras alternativas productivas”.
El informe alerta que “no hay cumplimiento de la Ley N°15.465 sobre el Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria”. Esto significa que no se reportan las intoxicaciones con agrotóxicos en cuanto tales, por lo cual hay un subregistro de casos que impide tener una dimensión del problema. Aun así, la provincia con mayor cantidad de casos notificados en Tucuman, con una tasa de 56.69 casos notificados, seguida por el Chaco, con una tasa de 42.92 casos.
Concluye este informe: “Habiendo analizado el marco coyuntural vinculado al uso de agroquímicos se observa además que algunos principios de política ambiental establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente no están siendo cumplidos adecuadamente, a saber: principio de prevención, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad y principio de sustentabilidad. En función de los datos relevados, se observa que de toda la reglamentación mencionada a los largo del trabajo sólo una pequeña porción se cumple efectivamente. La falta de articulación de diversos organismos de gobierno y la falta de presupuesto destinado a la fiscalización y control se presentan como posibles causas de este escenario”.
Por último, el informe recomienda “el apoyo a prácticas agroecológicas, ambientalmente y saludablemente sostenibles a lo largo del tiempo”.
Percepción del riesgo y dinámica de uso de plaguicidas agrícolas en el Valle Inferior del Río Chubut
Año 2012.
Investigadora: Lic. Luciana Antolini
Director: Magister Ing. Agr. Javier Souza Cassadinho
Consultora: Dra. Susana I. García
Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación.
Lugar: Valle Inferior del Río Chubut (municipios Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio). Relevamiento de 10.447 hectáreas (25.2% de los suelos) de área cultivable para todo tipo de cultivos, el 5% del total de la superficie es ocupado para actividades intensivas de horticultura y fruticultura
Documentos
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Características:
- El destino final de la producción hortícola del valle es el consumo interno
- Existen unos 458 establecimientos agropecuarios, la mayoría de ellos familiares
- Prevalecen las tierras arrendadas
- Los pesticidas más utilizados son la Cipermetrina, la Lambdcialotrina y el Dimetoato, tres insecticidas. También surgieron el Endosulfan (5 menciones) y el Clorpirifós (2) y el glifosato con solo 1 mención.
Método: el estudio consta de entrevistas a tres actores de la zona.
- Productores hortícolas aplicadores de agroquímicos (17 casos)
- Médicos responsables de atender a los pacientes ante una intoxicación por plaguicidas (6 entrevistados)
- Los miembros de instituciones públicas de diferentes niveles de gobierno vinculados al tema de referencia (11 funcionarios)
Productores
- “Casi la totalidad de los médicos entrevistados refirieron no saber los nombres de los productos”.
- “No se constató durante la entrevista un conocimiento asentado sobre qué productos utilizan y para qué cultivos”.
- “Ocho de 17 entrevistados informaron que lo adquieren fraccionado, a pesar de que el fraccionamiento es un acto delictivo”.
- “12 de 17 productores respondieron que quien los asesoraba en el uso de plaguicidas era el mismo vendedor del producto”.
“Entre los elementos que tienen en cuenta al elegir los plaguicidas, 7 dijeron “más eficaz”, 4 “más potente”, 2 “más conocido” y 1 “más barato”. Ninguno eligió la opción “menos peligroso””.
“De los 17 entrevistados, doce indicaron utilizar algún elemento de protección personal y cinco refirieron no utilizar ningún tipo de protección. Sólo un entrevistado dijo utilizar todos los elementos de protección”.
“Además de la falta del uso de elementos de protección personal se observa que la higiene posterior a la manipulación no es una práctica usual entre todos los entrevistados: sólo tres mencionaron realizar las tres acciones de higiene (lavado de manos, cambio de ropa y baño)”.
“Casi la totalidad de los aplicadores preparan el plaguicida al aire libre y más de la mitad de los encuestados lo hace al lado de un canal de agua. 8 de 17 lo almacena en un depósito y 9 guardan el sobrante. Con los envases, 11 de 17 aplicadores los quema”.
“Del total de 17 entrevistados siete no terminaron la educación básica inicial”.
“Nueve de las personas consultadas alguna vez recibieron capacitación sobre uso responsable de agroquímicos, y ocho no recibieron ninguna capacitación”.
“En ningún caso alguno de los horticultores respondió todas las vías de ingreso al organismo del agroquímico”.
“A pesar de que más de la mitad de los productores indicó haber tenido algún síntoma que podría relacionarse con los agroquímicos utilizados, sólo uno consultó al médico”.
Médicos
“En la actualidad existe un solo médico en toda la Patagonia con especialización en Toxicología que posee la profundidad necesaria de conocimientos para el tratamiento de un paciente intoxicado con un agroquímico”.
“Cinco de los seis médicos indicaron que no recibieron capacitación en materia de toxicología más allá de la formación de grado”.
“Sin embargo, a excepción de un entrevistado, todos atendieron pacientes con síntomas de intoxicación por plaguicidas”.
“Ninguno de los entrevistados refirió utilizar algún modelo de historia clínica ambiental”.
“Los médicos no suelen identificar con claridad con qué tipo de sustancias trabajaron durante la aplicación”.
“Los equipos de salud no dimensionan correctamente el riesgo que implican los agroquímicos, inclusive cuando se atiende a un paciente intoxicado”.
“Cinco de los seis médicos entrevistados confirmó en forma rotunda que sí existe una relación entre la salud de las personas y la forma de uso de plaguicidas. Asimismo indicaron que pueden se riesgosos para el ambiente”.
Funcionarios públicos
“El precio y la efectividad son los dos factores que inciden en la decisión de compra de los agroquímicos, según los funcionarios públicos”.
“A este dato se le agrega la mención sobre la escasa variedad de productos que llegan al valle”.
“Destacan que la falta de uso de elementos de protección personal está asociada a la falta de visibilidad de las consecuencias en la salud que eso trae”.
“Tres de los entrevistados indicaron que no hay agroquímicos buenos ni malos, sino que es buena o mala la forma en la que se utilizan”.
“No se efectiviza un control adecuado y total de los residuos de plaguicidas que llegan con las hortalizas a los puntos de venta al consumidor”.
Conclusiones
“Este resultado deja ver que la percepción del riesgo de los productores entrevistados del valle asociado al uso y manipulación de agroquímicos no se acerca siquiera al verdadero riesgo al que se encuentran expuestos”.
“Parece que el subregistro de los casos se debe en parte a: la inespecificidad de la sintomatología, la escasa capacitación médica, el registro de un diagnóstico y diferente y la falta de asistencia a la comunidad”.
“No hay cumplimiento de la Ley 15465 sobre el Régimen legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria y la inclusión de las categorías de intoxicaciones por plaguicidas como tales por Resolución Ministerial 1715/2007”.
“Los principios de política ambiental establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente no están siendo cumplidos adecuadamente, a saber: principio de prevención, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad y principio de sustentabilidad”.
“Esta situación no es ajena a las autoridades de aplicación en el ámbito del trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT, 2005) en su informe “Panorámica de los Riesgos Laborales en el Sector Agrario” dice que los trabajadores agrarios son los principales afectados por los plaguicidas.
“Frente a este panorama estadístico, la primera interpretación indica la falta de medidas de prevención para controlar la diversidad y las peculiaridades propias de este tipo de trabajo.
“Incluidos los entrevistas confirman la existencia de productores que no utilizan plaguicidas a nivel internacional, nacional y en la región en estudio, por lo que se deduce que es rentable y posible producir sin agroquímicos”.
Estudio de percepción de riesgo a la salud y dinámica de uso de plaguicidas en la localidad de Maimará, Jujuy
Año 2014
Firmante: Griselda Martínez Borda, Residencia de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Nación
Alcance: Sector hortícola del Municipio de Maimará, ubicado a 75 km al norte de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el departamento de Tilcara.
Los entrevistados están relacionados con las siguientes instituciones:
- Secretaría de Agricultura Familiar
- Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTI)
- Hospital provincial Maimará
- Cooperativa agropecuaria Maimará
Documentos
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Conclusiones
“Todos los productores leen las etiquetas de los productos, sin embargo un 63% refirió que no son claras en aspectos como a dosis que deben utilizar los cultivos donde aplicar, y palabras técnicas”.
“Sólo dos productores indicaron todas las posibles vías de ingreso”.
“De los productores que han consultado al servicio de salud, ninguno tuvo diagnóstico de intoxicación, recibiendo tratamientos con: pomada, gárgaras y crema”.
“Las prácticas de preparación y aplicación no son las adecuadas”.
“El único aspecto positivo de los agroquímicos fue en relación al beneficio económico”.
“El principal aspecto negativo reconocido para el hombre fue la salud”.
“No sean evidenciado conocimientos adecuados en cuanto a las legislaciones municipales y provinciales respecto al uso de agroquímicos”.
Recomendaciones
“Se recomienda implementar talleres educativos que abarquen temáticas referidas a la promoción y prevención de la salud, que estimulen cambios de conducta frente a la exposición de los agroquímicos”.
“Los estudios locales como los que fueron llevados a cabo en Maimara, exponen la necesidad urgente de llevar a cabo evaluaciones y control de los efectos de la salud de los plaguicidas, dirigido a las personas que están expuestas”.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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