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Se rompe la orden de silencio en Barrick: el derrame desde adentro

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Por primera vez uno de los responsables de un área clave en la mina Veladero, que explota Barrick Gold, rompe el silencio. Con miedo a perder su trabajo y preocupado por lo que está ocurriendo, cuenta qué pasó el 13 de septiembre de 2015, cuando Veladero derramó cianuro en la cuenca del río Jáchal. Cómo se vive desde adentro la falta de control por parte del Estado, las condiciones precarias de seguridad y el ocultamiento de información. Los perejiles procesados. 
Matías no se llama Matías y pide resguardar su verdadero nombre. Teme arriesgar su puesto de trabajo en Veladero, la mina que explota la multinacional Barrick Gold. Desde algún lugar de San Juan, Matías accede a hablar sobre lo ocurrido hace un año.
Matías es uno de los tantos profesionales que trabajan a más de 5 mil metros de altura para la minera canadiense que explota la Cordillera desde 2004, aunque él fue contratado hace menos de tres años. Hasta el 13 de septiembre de 2015 Barrick venía extrayendo oro y plata en silencio, pero un WhatsApp alertó de un derrame.
Dice Matías: “El mal manejo de información fue quizá lo peor, pero bueno: son actitudes de la empresa corporativa”.
No es un simple operario, pero tampoco tiene un puesto jerárquico. El rol de Matías es monitorear los procesos de producción. Por eso, su mirada es clave.
Dice Matías: “Somos muchos biólogos, ingenieros, y personas jóvenes que trabajan para acomodar las cosas como deben ser. Si tenemos que meter en el sistema interno nuestro un acta de no conformidad, o mandar al frente a alguien, lo hacemos: somos como la policía interna”, describe.
Dice Matías: “No me pongo la camiseta. Hago mi trabajo y mis compañeros también. Y ninguno es un mercenario: trabajamos para organizarnos profesionalmente, es bastante ético. Somos como la herramienta que el mismo sistema generó para evitar que estas cosas pasen. Pero pasó”.
Lo dice Matías: pasó.
Y volvió a pasar.
Millón y la vista gorda
Lo más importante que revela el testimonio de Matías es la falta de control estatal a la mina Veladero.
Dice Matías: “En mi caso, una sola vez al año viene la Secretaría de Ambiente a controlarme”.
Esa Secretaría fue allanada este jueves por el juez federal Sebastián Cassanello para recolectar información sobre Veladero, tras la noticia de un nuevo derrame (https://www.lavaca.org/notas/nuevo-desastre-de-barrick-en-veladero-el-audio-de-la-asamblea/)
Matías dice que la vista gorda estatal empeora su trabajo: “Por mí que vayan todos los meses. No tengo nada que ocultar y también me sirve a mí para perseguir a uno que se mandó una cagada. Porque le puedo decir: ‘mirá, a mí me vigilan inspectores’. Pero no, todos saben que el control es mínimo”.
En San Juan los límites entre los funcionarios estatales y las mineras prácticamente no existen. Un ejemplo: el director de Hidráulica de la provincia -es decir, quien controla el manejo del agua- es un ex empleado de la Barrick Gold, Jorge Millón. Es la misma persona que, de un lado del mostrador, firmó con el gobierno el plan hidráulico que, del otro lado, debe controlar. El plan ideado, firmado y monitoreado por el mismo Millón fija el canon que debe pagar la Barrick por el uso del agua en cinco años de explotación en Veladero.
Correr de atrás
Esta historia es más compleja. El gobierno firmó en 2013 un contrato con la ONU como contralor externo de Veladero. La UNOPS – así se llama la oficina local que tiene en Latinoamérica- tiene como tarea monitorear el “desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Los resultados del trabajo de ese equipo fueron desconocidos hasta diciembre de 2015. Tampoco se sabe cuál es su responsabilidad en la prevención del derrame de un millón de litros de solución cianurada.
La UNOPS remitió a la prensa los hallazgos “preliminares” de un estudio de urgencia, como reacción al derrame del 13 de septiembre de 2015. El informe detalla el hallazgo de cianuro y metales en las zonas más próximas a la mina, pero se encarga de indicar que no hay peligro para el consumo humano.
A contramano de cómo lo mostraron los medios, que hicieron hincapié en la supuesta falta de peligro, la asamblea de Jáchal planteó que el estudio confirma lo que venían denunciando: que la contaminación existió. (https://www.lavaca.org/notas/agua-contaminada-y-potable-la-lectura-de-la-asamblea-de-jachal-del-informe-de-la-onu/).
La UNOPS no solo realiza informes demorados sino que, según cuenta Matías, tampoco controla: “La última vez subió en abril. El invierno ha sido duro, de mucha nieve, y estuvieron un poco restringidos para subir. No sé si van a retomar”.
Derrame en el Titanic
Matías fue uno de los pocos que estuvo en la mina los días posteriores al derrame de 2015. Para explicar qué pasó acude a un ejemplo: “El Titanic no se hundió únicamente por chocar contra un iceberg: hubo una sucesión de eventos que provocaron el hundimiento. Acá pasó lo mismo”.
Ni la justicia lo dijo tan claro.
El juez Pablo Ortija planteó que la causa del derrame fue la rotura de una válvula, de la cual no se conoce su peritaje aún, un año después.
Las versiones que hacen pie en sospechas y fuentes secretas hablaron de:

  • las temperaturas,
  • un sismo,
  • un error humano,
  • la sobreexplotación de la mina.

Matías incluye a todas: “Ese año hemos tenido una temperatura de 30 grados bajo cero. La válvula se congeló. Puede haber sido por factores climáticos externos, y por alguna deficiencia en cuanto a la revisión”.
Sigue Matías: “Es una cuestión física: las piletas de lixiviación tienen un terraplén de material molido, que se estabiliza por una pendiente natural que la da el material. Como un alud, cuando un sector no absorbe más humedad, se mueve porque ya deja de actuar como un sólido; está saturado de agua y se mueve. Ese movimiento de material hizo que la pileta desborde”.
Matías resume: “La válvula moja el lugar, el material empieza a saturarse de agua y eso genera que se salga de los dispositivos de contención”.
¿Cuál fue el iceberg contra el que chocó Veladero?
Matías: “El área de contención tenía levantada la compuerta”.
¿Qué significa ésto?
El desastre.
La compuerta es el último eslabón de seguridad que separa al cianuro de la cuenca de agua.
El eterno no retorno
A un año sin otra versión oficial que la judicial, de la cual los vecinos descreen, la Asamblea sostiene que el derrame fue producto de la sobre explotación de la mina. Para compensar la pérdida de facturación por precios internacionales, subieron el volumen de producción.
Matías sostiene: “El sistema hace que todo lo que se va poniendo en el valle de lixiviación nunca deja de crecer. El material que se va colocando no se remueve: se va acumulando cada vez más. Y todos los años se va construyendo para que ese lugar sea más grande. Hay sectores hechos para que se siga acumulando, y se estipula cuánto van a tirar durante todo el año”.
¿Qué pasa en esta época del año para que ocurran derrames?
Matías: “En septiembre no se puede construir, hay que esperar a octubre, noviembre”.
Las medidas del derrame
La Asamblea lee entre líneas un informe de la propia Barrick Gold que figura en la causa judicial: allí se enumera un compendio de máquinas retroexcavadoras y de construcción, utilizadas para reparar el daño que dejó el derrame. “Si fue sólo una válvula, ¿por qué hizo falta tanto aparato?”, se preguntan.
Matías explica: “Cuando uno tiene una rotura de una cañería, solucionar ese tipo de problemas no es fácil y no es inmediato. Es una contingencia complicada. Para el arreglo lo que se hizo fue contener ese material y volverlo al lugar original. Se cortó la válvula y ese material se contiene ahí con una máquina”.
Opina Matías: “Para mí, se tomaron las medidas correctas”.
Otra de las preguntas de la Asamblea: ¿Es la primera vez que pasa?
Matías responde: “En los años que yo llevo trabajando (menos de tres), sí. Ha habido algún derrame interno, hacia adentro de las instalaciones, pero hacia afuera fue el primero que yo conozco”.
¿Cuántos litros fueron?
Responde Matías: “No sé la versión total de litros porque no he visto esos cálculos. Sí puedo decir que desde que se rompió hay que calcular que el líquido quedó contenido en el sistema de contención del valle; que saturó el material; que una vez saturado desplazó los límites de contención y eso creó la cuneta o la acequia como para que pueda empezar a salir por ahí. Además la compuerta estaba abierta, tuvo que salir y de ahí llegar a un límite de no retorno. Lo que pudo haber salido por la válvula no necesariamente es lo que llegó al río”.
Arriesgá un número.
Responde Matías: “La peor situación planteada es 2.400.000 litros”.
El problema de la solución
¿Qué fue lo que se derramó?
Responde Matías: “Solución cianurada. Es agua a la que se le pone una sal de cianuro, que va pasando por la piedra lava -es como el jabón de la ropa- y va trayendo el oro y eso va arrastrando los minerales. Lo que tenés es una solución con cianuro, un poco de cianuro con oro, un poco de cianuro con plata: era agua cianurada con los complejos materiales que se utilizan. Naturalmente también hay mercurio en esas rocas. Hay un proceso de arrastre de los materiales. Y hay otros metales, pero no sé si se asocian con el cianuro”.
En diversos estudios aparecieron además minerales como el cobre, zinc, manganeso, arsénico, boro (https://www.lavaca.org/notas/un-informe-una-nota-y-una-intimacion/)
Responde Matías: “Entre los otros metales te puedo decir que había oro, plata, mercurio, y el cianuro que puede quedar. Los otros metales no son específicos, no puedo decirte si estaban”.
¿Qué impacto tuvo el derrame?
Responde Matías: “Yo confío en la versión de los informes de la ONU. Creo que el impacto es local, que habla 2 mil metros de cuenca afectados, y dice que el ecosistema se va a recuperar. Mis compañeros tomaron las muestras y he tomado yo muestras y no he cambiado los resultados. Y a mí no me va a comprar mi empresa. No le voy a mentir a mi novia, a mi tía”.
Opina Matías: “Para mí fue un accidente industrial como suele haber en muchos lugares. Que hay responsables y hay cosas mal hechas, seguro”.
Dice Matías: “Trabajamos con lo mejor que se puede, en las condiciones que podemos».
Quién elige a los perejiles
La sentencia judicial procesa a nueve empleados de jerarquía menor de Barrick Gold. Los vecinos de Jáchal dicen que los procesados por el juez Oritja son los famosos «perejiles».
Matías responde: “Dijeron que los señalados eran gerentes, pero son personas como yo, que tenemos responsabilidad en las áreas, pero no tomamos las verdaderas decisiones. Pero hay que echarle la culpa a alguien. Creo que la empresa se junta con las autoridades y buscan a quién clavarle la cuestión penal, para que zafen los de arriba”.
Tras el nuevo derrame, la planta de Barrick Gold quedó paralizada preventivamente. Horas antes de conocerse esta noticia Matías planteaba: “Veladero va a seguir porque ahí hay oro. Tarde o temprano lo van a seguir sacando”.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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