Nota
Basta: otra muerte por aborto clandestino en Córdoba
Mientras en la Cámara de Diputados se iniciaba el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se conoció la muerte de Mariela, en Córdoba, a causa de un aborto inseguro. Es al menos el cuarto caso que se conoce en la provincia en lo que va de pandemia, mientras que las organizaciones denuncian los problemas para acceder a las causales legales, a la salud reproductiva y hablan de una «situación alarmante» en las localidades del interior. Lo que une a todos los casos: «Mujeres jóvenes, que ya son madres, y muy pobres». El perejilazo local que pretende hacer eco en el debate en el Congreso y el grito que representa el Aborto Legal Ya, mientras se siguen contando muertes evitables.
Mariela es el nombre que se eligió para difundir su historia. Murió el 7 de noviembre, pero su historia se conoció recién ayer. Tenía 40 años y era madre. Según comunicó la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la provincia, Mariela estuvo internada en terapia intensiva con pronóstico reservado tres semanas en un hospital de la provincia. En los últimos días de su internación “había registrado una leve mejoría en su salud, por lo que ella esperaba con ansias regresar a su casa, pero tras dos paros cardíacos, falleció el 7 de noviembre a causa de las complicaciones que le provocó no acceder a un aborto seguro”, relatan.
Muertes evitables
“Ella venía de una localidad del interior, tenía 40 años y era madre: esos son los únicos datos que la familia quiere que trasciendan. No sabemos qué método utilizó para interrumpir, pero sí sabemos que la comunidad de la que ella era parte está muy dolida, muy angustiada”, cuenta a lavaca Betiana de la organización Mumalá y parte de Campaña en la provincia. Junto a sus compañeras hicieron ayer un perejilazo frente al Ministerio de Salud de la provincia en donde se dejaron ramos de perejil y carteles que decían “aborto legal es vida y salud pública”. Fue una respuesta ante el dolor, “Estamos dolidas por este caso pero también con mucha bronca e impotencia: es una muerte totalmente evitable”.
Betiana explica que en dos ocasiones las organizaciones nucleadas en la Campaña provincial solicitaron reuniones al ministro de salud cordobés, Diego Cardozo, “porque siempre ha sido complejo que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos aquí en Córdoba y más aún en pandemia». Entre otros problemas cuentan se discontinuoó la entrega de métodos anticonceptivos, y existen trabas para que se garanticen las interrupciones legales del embarazo. «Desde el Ministerio nunca respondieron el pedido de reunión», afirma Betiana. Desde la Campaña denunciaron que, “en las localidades del interior provincial, la situación es alarmante”.
Ana Morillo, trabajadora social, parte de la Campaña y de la Red de Profesionales por el derecho a decidir en la provincia de Córdoba, explica por su parte que recién a partir del 2019 en algunos hospitales provinciales y centros de salud se armaron equipos destinados a garantizar abortos legales. El aborto es no punible por causales en Argentina desde hace casi 100 años. Aun ante los avances en algunos puntos de la provincia explica Ana que lo que se denuncia “es que no hay garantías de acceso en toda la provincia, entonces todavía tenemos hospitales que no garantizan y hospitales que no derivan a tiempo. Además la distribución del misoprostol para el tratamiento ambulatorio tiene ciertos requisitos bastante burocráticos”.
Provincia testigo
La muerte de Mariela es la cuarta muerte por aborto inseguro en lo que va del año. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio al menos tres mujeres murieron a como consecuencias de abortos clandestinos. Ivana, Rosario, y B. tenían 22, 40 y 41 años. “Casi todas de similares características: mujeres jóvenes, ya madres, de muy bajos recursos”, reflexiona Betiana.
El Estado no hace un seguimiento sistemático del número de abortos –legales o no— que se practican cada año, y las estadísticas disponibles solo ofrecen una perspectiva parcial porque no incluyen el sistema de salud privado. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que, entre 2011 y 2016, los hospitales públicos admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas por abortos. Se estima que se realizan entre 371.965 y 522.000 abortos por año en Argentina. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían producido 35 muertes como consecuencia de abortos, dos eran menores de 19 años. Desde el regreso de la democracia más de 3040 mujeres murieron a causa de la clandestinidad. La de Mariela representa otra de las terribles historias que representan esas cifras.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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