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Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social

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La producción agroecológica empieza a tener certificaciones que son gratuitas y que por eso no encarecen las producciones. Cuál es la diferencia con la certificación orgánica, y cómo se llegó a una victoria histórica del movimiento agroecológico que contó con apoyo e investigación de INTA y Senasa, tomando experiencias de otros países y en particular del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Ese proceso en plena marcha está relatado en este informe que la UTT envío a Lavaca, y que decidimos reproducir completo porque brinda un panorama sobre cómo se puede cultivar de un modo distinto la tierra y la vida.

Por Unión de Trabajadores de la Tierra – UTT

“La agroecología nace del amor o del dolor”, dice Joselo Trujillo, productor de la localidad de El Pato, Berazategui, cuya quinta fue la segunda del país en recibir la certificación agroecológica. En el caso de su quinta fue el amor de su madre, Trifona Flores: “Hagamos eso, da resultado, vamos a estar mucho mejor”, dijo la señora y su familia se llenó de amor. La quinta vecina de Berno Castillo, la primera del país en obtener la certificación, se pasó a la agroecología por dolor: en 2015 Berno estuvo internado por intoxicación por agroquímicos. Desde ese entonces su producción de flores y hortalizas reemplazó los venenos por bioinsumos y tecnologías de procesos. 

Sin embargo fue el agua la que lo cambió todo. En 2016 la naturaleza, con todo su amor, expresó todo su dolor: inundó de agua los campos para mostrar cómo el sistema de producción la estaba dañando. Las inundaciones fueron demasiada agua para una producción sin diversidad. A las familias productoras les dolió: se quedaron sin nada. “Con la inundación perdimos mucha plata y muchas cosas. Y así fue que conocimos a la UTT y encontramos soluciones al temporal, nos sumamos a los talleres de agroecología y encontramos respuestas”, dice Delina Puma, quien hoy integra y coordina el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT que entrega los certificados de agroecología a las quintas. Delina pasó de la tragedia a la alegría. Del dolor al amor. Del sistema de producción convencional a la agroecología.

Mientras las familias productoras mutaron a la agroecología, consumidores y consumidoras con preocupación en el cuidado del medio ambiente y también de su propia alimentación cambiaron sus prácticas de consumo: redujeron las compras en los supermercados y empezaron a alimentarse con bolsones de frutas y verduras orgánicas o sin agrotóxicos. Existía la demanda y la oferta. Consumidores y productores. Sin embargo, la comercialización fallaba, o como mínimo era desprolija. Entonces, en ese contexto la Unión de Trabajadores de la Tierra abrió su primer almacén de Ramos Generales en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, en donde ofrece verdura y fruta agroecológica y productos de almacén justos y soberanos.

Pero aún había una dificultad: “¿Cómo sé que este tomate es agroecológico?”, siempre preguntaba algún consumidor. La respuesta de quienes atendían en el almacén era simple: agarrar un cuchillo, cortar un pedazo y extender la mano con el producto, como quien muestra una maravilla. Y funcionaba, porque no hay mejor prueba que el gusto. Pero la necesidad estaba ahí: hay clientes que quieren asegurarse no consumir venenos y necesitan algo que se los certifique. Por eso también los productores de la UTT abrieron sus quintas y colonias para que cualquier consumidor y nodo pueda ver de primera mano el proceso agroecológico de los productos que llevan a sus casas.

Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social

“La certificación surge del trabajo como comercializadora agroecológica. Los clientes nos preguntaban cómo podían saber si un producto tenía químicos o no. La gente conocía lo orgánico, no tanto lo agroecológico. Necesitábamos una garantía en los almacenes para decir que nuestros productos no son químicos porque confiaban en nuestra palabra pero no había algo que lo certificara. Por eso empezamos a investigar cómo se había hecho en otros países y en encuentros con productores fuimos escribiendo cómo debía ser la certificación con la ayuda del INTA y del Senasa. Debimos adaptarla a las necesidades de nuestras tierras y productores. No es lo mismo Orán, Salta, que Santa Lucía, Corrientes, o La Plata, Buenos Aires. Y tuvimos que tener en cuenta que el 95% de las familias productoras no tienen tierras sino que las alquilan por períodos de entre dos y cinco años”, explica Delina cómo surgió la necesidad de la certificación agroecológica.

Marcelo Bellioni es investigador especializado en agroecología en el Centro de Investigación Para la Agricultura Familiar -Cipaf- del INTA Castelar y forma parte del equipo técnico que acompaña el proceso de certificación agroecológica del CoTePo de la Unión de Trabajadores de la Tierra: “Desde las instituciones como el INTA acompañamos el proceso de certificación para analizarlo, circularlo y sistematizarlo. En un país donde aún no contamos con una certificación estatal, nos pusimos al servicio para contribuir a una construcción en conjunto. Lo fundamental es apoyar a que las propias bases generen sus instrumentos y capacidad. Por eso lo del CoTePo de la UTT es un gran hito porque ellos mismos implementaron este modelo de certificación. Las bases son las que van a traccionar desde abajo hacia arriba y poner en duda al sistema tradicional”.

Hasta las certificaciones agroecológicas a las quintas de El Pato, en el país sólo existía el sello orgánico, que da garantías de no consumir venenos pero es excluyente para los consumidores por los precios y excluyente para las familias productoras que no pueden pagar el sello o que son discriminadas por no ser dueñas de la tierra donde siembran y cultivan. Las certificadores de productos orgánicos responden a esquemas empresariales internacionales en donde los productores y las productoras no son consultados/as sobre qué y cómo debe evaluarse. La agroecología es otra cosa. No es solo un producto mejor y cuidado del medio ambiente: es inclusión, transformación y justicia social. Belloni la define como una ciencia, un movimiento social y político y un conjunto de prácticas agrícolas. 

Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social

“La certificación agroecológica es mucho más complicada porque tiene que ver con la vida de las personas, lo orgánico solo se refiere al producto”, diferencia Joselo. Y agrega: “Agroecología también es convivencia cordial con nuestros hijos y nuestros hermanos, viviendas cómodas, biocorredores. Es conocer a las personas que reciben las verduras, hacer alianzas y disminuir los intermediarios en la comercialización para que el precio sea justo también para el consumidor. La agroecología es un camino posible hacia una producción sana, soberana y segura. Es que no sea una imposición lo que producís”, detalla Joselo.  

“Un sello orgánico te asegura que en un campo se produce sin químicos pero no te dice en qué condiciones están quienes trabajan ese campo, no te dicen si los empleados son bien pagos o los están explotando. O si hay trabajo infantil”, suma Delina para explicar por qué el sello orgánico no alcanzaba y era necesaria la certificación agroecológica. 

La certificación es un Sistema Participativo de Garantías (SPG) que se fue escribiendo en encuentros con productores y con la ayuda de Senasa e INTA. El reconocimiento y el desarrollo de los SPG por parte del Estado es una lucha histórica del movimiento agroecológico internacional. Para realizarlo, se investigó cómo se hacía en otros países y se tomó como modelo experiencias que ya llevan décadas en otros territorios del continente como por ejemplo el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST).

“Este protocolo es más exigente en puntos a observar y analizar que los de certificación orgánica”, aclara Bellioni. “Está elaborado en base a los principios de la agroecología: trabajo digno, que el productor obtenga el dinero correspondiente a su actividad, diversificación de cultivos, cadena corta entre productor y consumidor, rol del ser humano como trabajador de la tierra y equidad social”.

Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social

Para la certificación agroecológica del Sistema Participativo de Garantías productores y técnicos deben llenar un formulario de 18 puntos con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, ampliar las capacidades de quienes producen alimentos y realizar un proceso de aprendizaje mutuo entre todos los actores que participan: productores, consumidores, instituciones de control y gobiernos locales. De esta manera, el SPG recupera en manos del pueblo la definición sobre qué es sano, que es buen alimento y qué tipo de modelo productivo se promueve.

La certificación agroecológica se preocupa por las condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones de habitabilidad de los productores, la cercanía con los centros de atención y el estado de los caminos; el manejo de la tierra y del agua, la organización de las herramientas y los insumos, los aspectos ecológicos y la procedencia de las semillas. Y también le da una especial relevancia a la comercialización: “Los quinteros en producción tradicional trabajan día y noche para llegar a fin de mes. Con la agroecología no es así. Si la producción va al Mercado es mal paga. En cambio con la certificación el precio lo decide el productor. Cada seis meses nos reunimos en asamblea con los almacenes y acordamos los precios. Vendemos a precio justo y al consumidor le llega un precio más barato que el de los productos orgánicos y generalmente también más barato que la producción tradicional”. 

Eso es porque en el modelo tradicional hay muchos intermediarios, sectores muy concentrados de la economía como los supermercados con un rol protagónico y fijan los precios, entonces la verdura llega a un precio mucho más caro”, compara Delina. El sistema de comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra es más transparente: el 60% de lo que paga el cliente va a las familias productoras, un 20% a los fletes y un 20% a los almacenes. En el modo tradicional las familias productoras apenas consiguen quedarse, en el mejor de los casos, con el 10 por ciento del precio final.

“Lo agroecológico implica que el productor esté en el campo, que conozca la tierra, que la  perciba, que se genere un vínculo estrecho con la Pachamama. Un productor agroecológico conoce la vida del suelo, sabe de la necesidad de diversificar la producción. La agroecología apunta a que el productor se sienta pleno produciendo con la  Pachamama y sienta que le da un servicio a la sociedad: alimentos sanos y vivos”, agrega Bellioni. 

Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social

Al finalizar la inspección de los técnicos, el compañero o la compañera del campo debe firmar en el formulario un contrato moral para comprometerse a seguir con esta producción y, así, permitir que los almacenes puedan organizarse. Ahora Joselo está produciendo verduras de estación: lechuga, remolacha, espinaca, verdeo, hinojo, perejil y apio. Y está preparando tomate, berenjena y pimiento para la temporada verano-primavera. Mientras tanto, a los almacenes está llegando berenjena de Salta y tomate de Entre Ríos. Cuando termine esa producción llegarán los tomates y berenjenas de la quinta de Joselo.

La certificación agroecológica implica un proceso minucioso y participativo, que fue pausado por el aislamiento social preventivo y obligatorio. A las primeras 10 quintas certificadas, les siguen 50 más en el resto de la provincia de Buenos Aires y cuando el contexto sanitario lo permita, se continuará con las quintas agreocológicas de toda la Argentina. Joselo, que ya tiene la certificación de la suya, ahora tiene el desafío de acompañar como técnico del CoTePo a más compañeros y compañeras: “Queremos ampliar la certificación para ampliar la calidad de vida. Muchos de nosotros vivíamos como esclavos en las quintas, pasamos 20 años alrededor de venenos. Queremos que cada vez más compañeros abran los ojos, queremos que se den cuenta que este tipo de producción que llevamos adelante ahora es buena: que da estabilidad económica y mejora la vida social. La gente, cuando hacés agroecología, te conoce por lo que hacés, por llegar a la mesa de muchas familias”.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

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La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.

Por Francisco Pandolfi

En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política. 

Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.

No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Arrasa-miento

Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.

El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.

El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Jenefes, el patrón

De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.

Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.

Fotos: comatoconvocada.jujuy

Una peli de terror

El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la  ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.

Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.

Un puñado de kollas

La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.

La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”. 

Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.

Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial

Fotos: comatoconvocada.jujuy

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