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¿Chau glifosato?: un freno en México, vía libre en Argentina

Publicada

hace 4 años

04/03/2021

El anuncio de México sobre la progresiva sustitución del glifosato y del maíz transgénico sin glifosato revela la pulseada actual, las presiones de las corporaciones y agencias de EEU como portavoces de la industria para evitar su implementación. Las dudas de las comunidades en lucha sobre la medida y el señalamiento de la urgencia del cambio total del modelo productivo veneno-dependiente. Mientras, en nuestro país, no se avizoran medidas concretas para evitar sigamos ostentando el triste récord de ser uno de los países más pulverizados del mundo, pese a que el Ministro de Ambiente calificó al glifosato como un «veneno».

Por Anabel Pomar

El último día del 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto[1] que ordena a las instituciones públicas a «sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación” del glifosato » estableciendo una transición que tiene como plazo final el 31 de diciembre de 2024. En el decreto se ordena que estos agroquímicos sean sustituidos «por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas», y que resulten «seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente».

También instruye a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a promover las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables para evitar el uso de maíz genéticamente modificado en México, a más tardar en el primer semestre del año 2023,

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de México (Semarnat), el 60,6 % de las hectáreas de producción en ese país -que en términos ilustrativos equivale a la superficie de Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia en su conjunto[2]– utilizan herbicidas químicos.

México integra, desde su anuncio de restringir las importaciones de glifosato en 2019, uno de los 40 países de todo el mundo[3] donde se han tomado medidas para limitar el uso o prohibir el herbicida probable cancerígeno y genotóxico con medidas de diferentes tipos y alcances.

Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), enciende algunas alertas sobre el decreto al señalar que “al poner plazo a 2024 para ver cómo sustituir al glifosato y “evitar” su uso (no prohibirlo) probablemente la consideración quede en manos de un próximo gobierno. Todo revuelto con algunas frases que suenan bien pero son expresiones de deseo, que se pueden o no cumplir”[4].

La Red en Defensa del Maíz, en la misma línea, expresó que al involucrarse a diferentes organismos (secretarías de salud, medio ambiente, agricultura y Conacyt) en “lo que podrían hacer para sustituir el glifosato gradualmente, con tantas condicionantes y limitaciones, podrían también concluir que no pueden hacer nada, sea verdad o excusa”. Y que “del documento emana la enorme confusión de asumir que la defensa de la agricultura, de la alimentación, del maíz y la “autosuficiencia alimentaria”, atañen meramente al ámbito institucional, donde no es la gente implicada directamente la que pudiera decidir nada, y donde tales instituciones sólo pueden hacer cosas siempre y cuando no contravengan “la normatividad aplicable y el ámbito de su competencia”, lo que le forja pies de barro al texto”.[5]

Por su parte desde la Campaña nacional “Sin maíz, no hay país” en un comunicado público[6] expresó: “El tiempo de saldar la deuda histórica con campesinas y campesinos, con la diversidad genética en México llegó y celebramos que con esta propuesta de decreto presidencial se prohíba la siembra de maíz transgénico de inmediato y el glifosato de manera progresiva para 2024. Son pasos importantes para avanzar hacia una producción ecológica que preserve la biodiversidad y la agrobiodiversidad forjada en manos campesinas desde hace milenios, dándonos la oportunidad de transitar hacia un medio ambiente sano y un sistema agroalimentario justo, sustentable y saludable”.

Lo cierto es que luego de conocerse el Decreto, en México se juega una pulseada que trasciende lo local y la importante e histórica lucha por la defensa del maíz en ese país. Lo que suceda allí permitirá conocer si es posible un Estado pueda encarar y cumplir con una agenda de prohibición del glifosato que brinde respuestas a su campesinado y no se agote en un agrotóxico sino en un cambio del modelo productivo, y que sea capaz de resistir los embates de sectores agroindustriales concentrados, actores de terceros estados, y corporaciones.

¿Chau glifosato?: un freno en México, vía libre en Argentina

Lobby feroz

Mediante solicitudes de acceso a la información, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan cómo funcionarios de varias agencias de EEUU intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del glifosato. «Se está convirtiendo en un severo problema», puede leerse en uno de los correos difundidos públicamente en el diario británico The Guardian en febrero de este año[7]. Y también, cómo esas agencias directamente presionaron sobre autoridades mexicanas con la agenda y la estrategia marcada por las corporaciones a través de Croplife.

El conocido grupo de lobby agrupa a los gigantes del sector agroquímico, entre ellos Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, condenada en tres oportunidades por ocultar con malicia el riesgo del Roundup y por haber sido sustancial para provocar cáncer a Dewayne Johnson, Ed Hardeman, Alva y Alberta Pilliod. Bayer enfrenta más de 100 mil demandas y busca sin éxito cerrar un acuerdo extrajudicial que ponga fin a los juicios pero que aún (al cierre de esta nota) no se concreta, pese a los innumerables medios de comunicación que han asegurado lo contrario.

Consultado por MU, Nathan Donley, del Centro para la Diversidad Biológica detalla que el cruce de correos, de un lapso de 18 meses, es una “historia triste”: “Básicamente, estamos viendo que los intereses corporativos dictan las actividades del gobierno de los EE. UU. De una manera que no beneficia a nuestra sociedad y solo beneficia a los que están en el poder. Piensan en nosotros como mercenarios y, lamentablemente, a menudo estamos dispuestos a complacerlos”.

En los correos difundidos, queda evidenciado cómo la industria de agroquímicos presiona para que EE.UU. incorpore este tema al acuerdo comercial que tiene con México y Canadá, conocido como T-MEC, conocido como USMCA por su siglas en inglés, vigente desde el 1 de julio de 2020.

La estrategia incluye la advertencia a México de que sus acciones respecto al glifosato y los cultivos transgénicos generan preocupación «respecto al cumplimiento» del T-MEC. De esta forma, la industria a través de agencias estatales presiona al país latinoamericano para que modifique su política a cambio de no enfrentar sanciones por el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial[8].

Estas presiones ya habían sido expuestas por Víctor Toledo, ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de México, (Semarnat). En una conversación privada que fue filtrada a medios, Toledo se quejó de que el Gobierno estadounidense y funcionarios de «20 embajadas en México» mostraron una respuesta «apabullante» tras la intención de la Semarnat de prohibir 111 herbicidas y pesticidas catalogados como altamente peligrosos. Y abiertamente en los medios denunció la “operación glifosato” destinada para acabar con cualquier plan de eliminación de ese agrotóxico[9].

En tierra mexicana el lobby está encabezado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) -que reúne a productores industriales y que tiene entre sus integrantes a Bayer, Corteva y Syngenta, entre otras corporaciones-, organismo que anunció iniciará un plan de acciones[10] -que contará con una inversión inicial de 12 millones de pesos (mexicanos)- que incluyen la contratación de un grupo de abogados para emprender acciones legales contra el decreto para la eliminación del uso del glifosato, la identificación de las violaciones a los acuerdos internacionales y una campaña de comunicación para reforzar sus planes.

“Es un veneno”

En Argentina, el viernes 15 de mayo de 2020, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, en el marco de una reunión virtual de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, criticó el uso del glifosato y lo calificó como contaminante y venenoso. «Ustedes saben lo que significa el uso del glifosato, que es un veneno. Contamina las napas freáticas y se fumiga la cara de los niños en las escuelas rurales y las de los centros urbanos. Hay muertes producto del glifosato. Si hiciésemos un estudio de sangre, nos alarmaríamos fuertemente. Si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida, nos alarmaríamos», expresó.

Esa sola mención, ya que posteriormente no hubo anuncios ni avances de ninguna política concreta que busquen limitar el uso de glifosato, alcanzó para que los sectores del agro concentrado salieran públicamente a marcarle agresivamente la cancha a Cabandié. Quién también recibió amenazas en sus redes sociales. “Negro hijo de mil puta. Me la paso todo el año arriba de un tractor. (…) Si algún día andas por Zárate te vacío el cargador en la cabeza”, le escribieron en Instagram.

A casi un año de ese reconocimiento de Cabandié sobre la peligrosidad del Glifosato no se conoce que su Ministerio trabaje en ninguna medida concreta para que en Argentina se restringa o prohíba su uso.

Esa señal sumada al rumbo vigente de las políticas nacionales del resto de las carteras que profundizan el agro-negocio no permiten augurar ningún camino que sume a Argentina la larga lista de países que buscan priorizar la salud de su ciudadanía y la consecución de la soberanía alimentaria frente al modelo veneno-dependiente.

[1] Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 31 de dic de 2020.- Andrés Manuel López Obrador https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020

[2] https://www.gob.mx/semarnat/prensa/la-produccion-agricola-nacional-puede-avanzar-sin-aplicar-glifosato-coinciden-expertos?idiom=es

[3] https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/where-is-glyphosate-banned/

[4] Silvia Ribeiro en Desinformemos, texto reproducido con permiso de la autora. https://desinformemonos.org/glifosato-maiz-y-simulacros/

[5] https://redendefensadelmaiz.net/2021/02/diez-puntualizaciones-a-un-memorandum-presidencial-sobre-el-glifosato-y-el-maiz-geneticamente-modificado/

[6] https://sinmaiznohaypais.org/archivos/1895

[7] https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/revealed-monsanto-mexico-us-glyphosate-ban

[8] https://usrtk.org/wp-content/uploads/2021/02/May-2020-Letter-from-USTR-to-Mexico-Secretary-Marquez-re-biotech-crops-and-glyphosate.pdf

[9] https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/11/mas-alla-del-espionaje-la-operacion-glifosato-victor-manuel-toledo-8904.html

[10] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/wp-content/uploads/2021/02/Estrategia.pdf

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Cien

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hace 1 día

29/04/2025

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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hace 3 días

27/04/2025

Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.

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Imágenes de la marcha a Plaza de Mayo: los jubilados siguen haciendo lío

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hace 7 días

24/04/2025

Jubilados y jubiladas se movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en una nueva jornada de reclamos y denuncia por los ingresos de pobreza que perciben y el fin de la moratoria previsional, cuya prórroga sigue durmiendo en Diputados. Como siempre, los carteles manuscritos fueron una forma de expresión y creatividad. En uno se leía: «Francisco está feliz. Jubilados haciendo lío!!!»

La marcha comenzó nuevamente con un operativo desproporcionado con las cuatro fuerzas federales -PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA- que reprimió la protesta pacífica: la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó una persona detenida y 13 heridos por efectos de los gases lacrimógenos, entre ellos jubilados y trabajadores de prensa.

Frente a la Rosada, realizaron un acto donde distintas agrupaciones de jubilados se manifestaron contra el acuerdo con el FMI y cantaron por la salud de Pablo Grillo.

«Hasta el próximo miércoles», saludaron los jubilados y jubiladas.

La próxima semana, la marcha contará con la participación de los gremios de la CGT como previa al Día del Trabajador y la Trabajadora del 1 de mayo.