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Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería

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La convocatoria a discutir la Ley que pretende instalar la megaminería en la provincia. Hay sospechas de fraude para concretar la posible votación. El «encuentro» será absolutamente virtual: la Legislatura estará vacía.

La Legislatura llamó a sesión ordinaria para este jueves 4 de marzo, justamente la fecha de cada mes en que Chubut entero se moviliza, para tratar el proyecto de Ley 128/20 por el cual el Ejecutivo provincial ocupado por Mariano Arcioni (con el apoyo explícito del nacional, hasta que se demuestre lo contrario) intenta imponer la minería a cielo abierto que la población rechaza desde 2003. En distintos lugares de la provincia la gente se está convocando a las rutas para rechazar este escándalo institucional. Desde 2020 la Unión de Asambleas Chubutenses llama a esta expresión el Chubutaguazo: una forma de hacer ver que el rechazo a la minería tiene que ver, a la vez, con la defensa de uno de los más vitales bienes comunes: el agua.

Como el proyecto no tiene mayoría propia, se sospecha sobre la súbita “desaparición”, “falta de internet”, falta de electricidad o cualquier otro tipo de fraude para que diputados contrarios al proyecto no puedan participar, o se excusen de hacerlo, y el proyecto pueda ser votado por una mayoría simple que en realidad no existe. Estas maniobras ya han sido denunciadas penalmente. La Legislatura tiene 27 diputados, y el proyecto precisa 14 votos que no tiene, salvo que la cuestión económica haya torcido voluntades en los últimos días. El sindicato docente ATECH y la CTA provincial ya han llamado a Paro Ambiental para este jueves 4 de marzo.

La movilización comenzó el miércoles en la provincia entera, bajo la certeza de que, además de la arbitrariedad del proyecto, lo que esconde la jugada minera es un hecho de corrupción sin grieta, que abarca a sectores oficialistas y opositores suculentamente beneficiados por los aportes de empresas como Pan American Silver, que se juega en esta presión la realización del proyecto Navidad, en la meseta chubutense.

Entre los firmantes del despacho se encuentran unidos el kirlchnerista Carlos Eliseche y el macrista Sebastián López, el mismo que fue detectado con una cámara oculta hablando del cobro de 100.000 (muchos creyeron que eran pesos, pero no). Allí aseguraba estar “en la rosca, lobby, lo que tenga que ver con el progreso y con destrabar cosas”. La cosa a destrabar desde 2003 para este tipo de empresas y de funcionarios, es el rechazo ciudadano a la instalación de los proyectos megamineros.

Se conoció también el año pasado el audio de otra legisladora, Leila Lloyd Jones, en el que decía que a los desocupados les sugería ir a pedirle trabajo a los diputados que votan a favor dela minera: “A ellos les pagaron 10 millones de pesos” dijo.

Uno de los cientos de comunicados conocidos a partir de esta decisión, que puede leerse como explicación a la vez del clima social en la provincia:

“URGENTE: CHUBUT A LAS CALLES. #chubutAGUAzo El gobierno de Chubut acaba de anunciar por decreto que este viernes 5 de febrero Legislatura provincial deberá dar tratamiento al proyecto de ley zonificación minera 128/20 RECHAZADO por todo el pueblo de Chubut: comunidades originarias, asambleas sociambientales en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, sectores académicos (Conicet, UNPSJB, UTN, Universidad del Chubut), Asociación de Pediatría, Inta, UTT, medios comunitarios, Iglesias católica y metodista, entes turísticos, Cuerpo de guardafaunas de la provincia de Chubut, Asociación de guías balleneros, personal del Min. de Turismo y Áreas Protegidas, y sectores en lucha: sindicatos, partidos, trabajadores, multisectorial feminista y disidencias… EL GOBIERNO AVANZA, EL PUEBLO TAMBIÉN! Necesitamos ayuda en la difusión. Gracias!!! Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn en UACCh (Unión de Asambleas de comunidades Chubut)”.

El tratamiento de este proyecto ignora la Iniciativa Popular convocada por todas las localidades chubutenses durante 2020. Es la segunda vez que un mecanismo constitucional es motivo de cajoneo o indiferencia por parte de una Legislatura que debería tratar esa iniciativa en lugar de aniquilarla.

Los días 4 de cada mes la provincia se moviliza contra la minería. Este 4 esa práctica del ejercicio de ciudadanía y resistencia se pondrá nuevamente en juego frente a los mecanismos de lo peor de la política, como burla a cualquier idea sobre una genuina democracia.  

Como aporte al contexto de esta situación publicamos aquí la nota de la revista MU de diciembre de 2020. Todos los “no” y todos los “sí” que plantea el conflicto en Chubut

Chubut contra la megaminería: la rebelión del NO

La situación de Chubut empeora minuto a minuto con la decisión del gobierno provincial y la presión nacional por aprobar la minería a cielo abierto pese al rechaza y la falta de licencia social. Es uno de los conflictos sociales más impactantes de la época. Ante una nueva avanzada de la minería en una provincia rica pero fundida por la clase política, las comunidades se movilizan planteando que no hay licencia social para las falsas soluciones que promueven las corporaciones, el gobierno provincial y el nacional. Todos los ”Sí” de Chubut: democracia genuina, agua, trabajo digno, naturaleza, bienes comunes, salud, defensa de la vida y de otros modos de producción. Sergio Ciancaglini

 Foto: Alex Dukal / Luan

Lo que ocurre en Chubut no es un conflicto “ambiental”: es un conflicto de la democracia.  

No se limita a lo “ecológico” sino que se trata, además, de producción y futuro. Participan personas que no son “ambientalistas” sino vecinas de toda la provincia. Una de sus pancartas postula: “No somos green-pis, somos la ballena”. 

Tampoco es un problema solo “chubutense” sino de todo el país (esa vasta zona geográfica habitualmente ninguneada por el narcisismo político y mediático porteño).    

Y no es una expresión de “movimientos sociales” sino de algo mucho más profundo: una sociedad en movimiento.  

Esa sociedad rechaza la instalación de la megaminería en la provincia desde hace 18 años a través de movilización social, participación ciudadana y mecanismos institucionales. 

Ejemplos: el plebiscito de Esquel que rechazó la minería con el 82% de los votos, la consecuente Ley 5001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en toda la provincia, y la segunda Iniciativa Popular que se acaba de presentar con 30.916 firmas, más del doble de lo que exige el padrón electoral, para profundizar por ley la prohibición de la actividad minera.  

La última respuesta del gobierno del oficialista Mariano Arcioni, es la siguiente: 

En un encuentro del llamado “Plan Estratégico Minero Argentino” el propio gobernador anunció este noviembre que zonificarán la provincia para instalar la minería, pese a que está prohibida. Escuchaban complacidos los ministros nacionales Matías Kulfas (Producción) y Alberto Helsen (Minería). Buscan habilitar en la meseta el proyecto Navidad (de plata y plomo) regenteado por Pan American Silver. 

Pocos días después, mientras crecían las movilizaciones en todas las comunidades contra esa declaración, Arcioni aprobó el protocolo para el uso de armas de fuego por parte de la policía chubutense (para envidia de Patricia Bullrich) y mandó comprar 25 pistolas tipo Taser.  

Traducción: “El gobierno está prendiendo la mecha del estallido social” dice la directora de escuela Corina Milán. Llamó la atención una frase de Arcioni según la cual el de la minería es “un debate postergado”. “Hace 18 años que venimos debatiendo y planteando que no hay licencia social”. 

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut llamó a alerta máxima ante el nuevo protocolo: “Dicha resolución habilita el uso de armas de fuego en situaciones difusas y dudosas, generando un riesgo para la población en su conjunto, especialmente en un escenario de alta conflictividad social y movilización. Resulta sumamente preocupante que un ministro con los antecedentes de Federico Massoni ponga en vigencia este protocolo que recuerda la nefasta Doctrina Chocobar”.  

La bioquímica jubilada Viviana Moreno agrega: “Están desesperados. Quieren dejar a la provincia como un queso Gruyere, a cualquier precio. Así no va a haber paz social. Cuando decimos que no, ¿qué parte es la que no entienden?” 

Los ahorros de Arcioni 

Foto: Aníbal Aguaisol / Luan

La imagen muestra a una familia que atraviesa en auto un paisaje patagónico. El hombre que maneja enciende la radio. 

“Noticias nacionales, el gobierno nacional propone firmar un acuerdo federal para favorecer la explotación minera” dice la locutora/periodista. 

Uno de sus hijos piensa: “¡No, minería acá en Chubut!”.

La hija: “¿No saben que eso contamina el agua?”.

El tercero: “Siempre quieren llevarse nuestros recursos”.

El conductor: “Suficiente tenemos con la planta nuclear que quieren poner”. 

Pero la mujer sonríe sola: “Qué bueno que tenemos a alguien que no lo va a permitir”. 

Aparece entonces en cámara Mariano Arcioni diciendo: “Pensamos igual que vos. Por eso con Mario Das Neves cuidamos nuestros recursos, porque sabemos que así cuidamos el futuro de nuestra provincia”. 

El spot es de agosto de 2017, cuando el entonces vicegobernador se presentaba como precandidato a diputado. Dos meses después, en octubre, falleció Mario Das Neves y Arcioni asumió la gobernación. La comunidad no tardó mucho en detectar la vigencia de la teoría electoral-culinaria sobre los panqueques. 

Venía incubándose la crisis económica e institucional más profunda de Chubut. Cuando no pagó por primera vez los sueldos de los empleados provinciales, Arcioni declaró: “¿Me van a decir que no tienen un ahorro para aguantar unos días?”. 

La frase es de marzo de 2018. El conflicto lleva dos años y medio.  

Arcioni, escribano, tiene ahorros para aguantar unos días. Solo superado por Horacio Rodríguez Larreta, es el segundo gobernador más rico del país, al menos de los que hicieron públicos sus bienes. Declaró 32,2 millones de pesos que incluyen cuatro motos de alta gama, un Mercedes, un triciclo Can-Am, avión privado y al menos un par de hazañas inmobiliarias: 1) Tiene una casa en Comodoro Rivadavia que ocupa 3.279 metros cuadrados, por la que declara un valor de 57.000 pesos; 2) Posee un departamento con cochera en CABA, valuado en 0,86 pesos. 

Con un endeudamiento externo que se calcula en 1.150 millones de dólares Arcioni logró adelantar y ganar las elecciones de 2019 (39% de los votos). Había firmado paritarias prometiendo aumentos que jamás cumplió. 

“Es un estafador de la sociedad” describe Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Chubut. “Nunca cumplió lo pactado en paritarias, abandonó escuelas y hospitales y es evidente que está al servicio de intereses que no son los de la provincia. Hace la plancha en plena crisis, y así genera las condiciones para que parezca que la minería es la gran salvación”. 

La crisis estalló después de las elecciones, cuando se hizo evidente el desfalco. Todavía hoy los estatales cobran con dos meses de atraso. 

Detalles de alta política: en las causas llamadas “Embrujo” y “Revelación” hay procesados y/o condenados al menos siete importantes funcionarios de la secuela Das Neves-Arcioni por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, malversaciones y otras ocurrencias de los llamados servidores públicos. Esto no colabora para generar confianza. Mientras no pagaba los sueldos, Arcioni logró presentar un proyecto de ley por el que incrementó su propio salario como gobernador en un 325%.

Alberto y Juan 

«En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera. Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia” dijo Alberto Fernández ante la Asociación Empresaria Argentina el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumir su cargo. 

Sonreían Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), y Eduardo Esztain (IRSA), entre tantos. Dos días después en Mendoza se organizó una típica sesión exprés findeañera y con el voto sin grieta de Cambiemos, radicales y kirchneristas/peronistas se derogó la ley 7722 que prohibía la minería.

Foto: Aníbal Aguaisol / Luan

Fueron tan imponentes las marchas de repudio, fue tan histórica la salida de la gente a la calle y a las rutas en toda la provincia y la reacción social, que abarcó desde asambleas y sindicatos hasta comerciantes, productores y reinas de la Vendimia, que el gobernador Rodolfo Suárez terminó derogando su propia ley y los diputados y senadores que habían derogado la 7722, la repusieron diez días después en otra votación exprés. (El Mendoaguazo, MU 145).      

En Chubut Arcioni tuvo tiempo de observar esos terremotos mendocinos, y no avanzó con lo que Alberto Fernández había anunciado. 

Este año, en entrevista a Juan Cabandié (MU 148: Reciclado) el actual ministro de Medio Ambiente expresó sobre el tema de minería a cielo abierto:  

-Es muy claro que sin licencia social no se puede llevar a cabo ningún proyecto productivo. Sería de obcecado no darse cuenta y no revisar conceptos que uno tiene arraigados. 

¿Lo hablaron con el Presidente? 

Lo tiene muy claro. Él tiene la capacidad de decir que si no hay licencia social, no se puede hacer. Muchos pensaban que quizás la minería era factible para el desarrollo y hoy piensan distinto. 

Replay: “Si no hay licencia social, no se puede hacer”.

Me gusta la pandemia

El gobernador Arcioni venía pasando un 2020 relativamente calmo. Corina: “Le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo”.

Durante la cuarentena hubo 4.551 detenciones incluyendo a vecinas por baldear la vereda o valerosos enfrentamientos a balazos con repartidores de comida. La policía obligó a desnudarse a mujeres demoradas, se abrió un gimnasio municipal como centro de detención en Trelew, hasta que los recursos de amparo y hábeas corpus hicieron que el Poder Judicial ordenase detener esas muestras de violencia institucional contra la población. 

En abril se conoció un audio del comisario Paulino Gómez, jefe de la Comisaría 1ª de Trelew a un subordinado: “Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos”. 

El ministro de Seguridad mencionado por Gómez es Federico Massoni. Viviana Moreno, desde Esquel: “Es un tipo peligroso, violento, comanda los operativos haciendo todo un show mediático”. Pablo Palicio Lada, desde Trelew: “Es una mezcla de Sergio Berni con Patricia Bullrich”.

En una de las manifestaciones frente a la casa de gobierno hubo disturbios (vidrios rotos y un incendio sospechosamente oportuno), Massoni encabezó operativos, mostró cómo tiraban al piso y esposaban a un par de chicas adolescentes pero cuando las cámaras se apagaron nada pasó, porque no había a quién acusar. Inmediatamente un editorial del diario El Chubut planteó: “No hay en el arco político chubutense salvo la ultra izquierda y el ambientalismo extremo, que suele involucrarse en actividades ecoterroristas y vandálicas, una oposición cerrada a la minería”. 

Pablo: “Nunca publican nada de lo que hacemos en los estos medios bancados por la pauta oficial y de las mineras. Y ahora salen con esto para demonizarnos”. Curiosidad de los tiempos: estas empresas ignoran o insultan expresiones sociales en nombre de la libertad de expresión. 

Claudia Barrionuevo, secretaria adjunta de la CTA Autónoma: “Tratar de ecoterrorista a la gente de Chubut en los medios afines es parte de la estrategia del gobierno para generar un clima de provocación y de miedo. Pero aquí ya hay una generación entera de jóvenes que nació en esta discusión. Es algo transversal que cruza a trabajadores, comerciantes, profesionales, estudiantes”. 

Pablo: “Lo que pasa en la provincia es conmovedor, por ejemplo con la nueva Iniciativa Popular para que la Legislatura debata una ley que profundice la protección frente a las mineras”. 

Se reunieron 30.916 firmas en pleno invierno y plena pandemia en 48 localidades de la provincia, más del doble de lo exigido para que la Iniciativa sea tratada (MU 148). Seis años atrás se había intentado otra Iniciativa, con 13.007 firmas. Al tratarla, el parlamento tergiversó su contenido y de aquellas sesiones de 2014 es célebre la foto del diputado del FpV Gustavo Muñiz recibiendo en su celular mensajes con instrucciones de Gastón Berardi, gerente de la minera Yamana Gold. Aquella Iniciativa quedó en la nada, pero ante el escándalo el proyecto de impulso a la minería tampoco avanzó.    

Frente al avance de la Iniciativa Popular, Arcioni aceleró sus anuncios pro mineros, los diarios hablan de ecoterroristas y Massoni alista a la policía recargada. 

Montenegro: “Aquí hay una voluntad popular de rechazo a la minería”. Pero la CTA de los Trabajadores está alineada con el gobierno de Alberto Fernández que impulsa la movida de Arcioni. ¿Cómo encaran esa situación? 

“Nosotros ya dejamos claro que no solo rechazamos la minería, sino que participamos desde siempre en todas las luchas que haya. Pueden llamarnos Alberto Fernández, Cristina Fernández o cualquier dirigente a nivel nacional y la postura es la misma, porque somos parte de esto, es nuestra identidad. Justamente los gobiernos que se presentan como nacionales y populares lo primero que deben tener es respeto a la voluntad popular. Y acá la voluntad popular es que no hay licencia social para la minería”. 

Agrega Montenegro: “Esto se va a entender desde el diálogo político, o desde la resistencia social. Pero es lo mismo que planteamos siempre”.

Licencia Social 

Quien conozca Chubut sabe que el rechazo social a la minería es evidente, cotidiano y nada partidizado, mal que les pese a los empleados de El Chubut. El internacionalmente reconocido sitio noalamina.org hizo un repaso de expresiones de rechazo a la andanada minera en el ámbito institucional. Se manifestó en contra el vicegobernador Ricardo Sastre, y firmaron la segunda Iniciativa Popular Rossana Artero, Leila Lloyd Jones, Miguel Antín y Zulema Andén por el oficialismo (Chubut al Frente), Tatiana Goic y Carlos Mantegna por el Bloque del PJ (Frente de Todos). El bloque PJ-Chubut también rechazó el proyecto de Arcioni (Belén Baskovc, Mónica Sasso, Adriana Casanovas, Carlos Eliceche, Rafael Williams y Mario Mansilla) así como Jacqueline Caminoa (presidenta de la UCR Chubut) y los diputados provinciales de la UCR-Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, Eso significa que hay 13 de 27 diputados que impedirían que se trate un proyecto sobre tablas (que requiere dos tercios de la cámara). 

Julián Raso, veinteañero, asambleísta, periodista y uno de los que sintetizó el trabajo de noalamina.org: “No es que queremos decir que hay que confiar en cada una de esas personas, pero sí remarcamos lo que hay planteado en los últimos meses. Sabemos que dentro del bloque del PJ hay pro mineros que se manifestaron en contra por Arcioni, así como hay radicales que ahora pueden estar en contra, pero cuando gobernaba Macri estaban a favor. Es un acomodamiento permanente”. 

Más sincero ve Julián lo que ocurre en la calle: “Hay jóvenes identificados con el gobierno actual a nivel nacional, pero sé que no negocian una cuestión como la minería acá en Chubut. Es algo de lo que se apropió totalmente la juventud, más allá de las ideas que tenga cada persona”. Sobre los políticos: “Yo valoro que se pronuncien y respeten la posición del pueblo. Hay gente que no los quiere ni ver. Es difícil confiar, porque en estos años hubo muchas traiciones, pero necesitamos que estén de nuestro lado”. 

Cálculo: “Si el No a la Mina sacó en Esquel más del 80% de los votos, quiere decir que muchas personas con diferentes formas de pensar fueron capaces de ponerse de acuerdo en un proyecto concreto. Eso es lo que tenemos que rescatar hoy”. Entre los rechazos a la minería tiene relevancia el de las comunidades mapuche-tehuelches de Chubut, amenazadas por el proyecto Navidad pese a sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art.75), Provincial (art. 34), y por el Convenio 169 de la OIT entre otros tratados internacionales.   

La enumeración que ordenó Julián continúa: Concejos Deliberantes como los de Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Epuyén y Rawson declararon de interés la Iniciativa Popular y en Lago Puelo, Cholila y Río Pico los respectivos Concejos rechazaron públicamente la intención del gobierno de avanzar con la megaminería. “Muchos de estos sectores son acusados por buena parte de la sociedad de hacer un uso oportunista: muchas declaraciones, pocos hechos concretos, demasiadas traiciones. Si hoy están en contra por convicción genuina o si lo están por provecho político no cambia la cuestión principal: la megaminería en Chubut no tiene licencia social” explica el texto. 

Otros rechazos: el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, siete institutos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, la Mesa de Unidad Sindical que nuclea gremios de la educación, la justicia, vialidad, salud, portuarios, empleados de medios estatales y legislativos (Atech, Sadop, Sitravich, CTA, Sitrajuch, Sisap, Sutap, Satsaid, Sitraed, Amet y Apel), las dos CTA, el gremio de Camioneros de Chubut (que dirigido por Jorge Taboada invitó incluso a Pablo Palicio Lada a dar charlas ilustrativas sobre una industria que rechazan, pese a que podría pensarse que beneficiaría al sindicato), la CGT del Valle a través de Jorge Collio, la Asamblea Interhospitaliaria del Noroeste, organismos de derechos humanos como la APDH, la Federación Argentina de Medicina General, partidos de izquierda, toda clase de institutos y fundaciones, la Asociación de Guías Balleneros, expresiones de la religión como el obispo José Slavy o el padre Tono, asociaciones de comerciantes, científicos de las universidades de Chubut y San Juan Bosco que escribieron trabajos demostrando que la minería no representa progreso sino atraso y decadencia.   

La intención del texto es mostrar la oposición institucional a la minería, aunque lo más fuerte sigue siendo otra cosa: la gente que sale a la calle con pancartas o con antorchas. Como pasa el 4 de cada mes en casi toda la provincia, frecuencia incrementada a dos acciones por semana (martes y jueves) como parte de una campaña hacia la Legislatura en Rawson llamada: “Los estamos mirando”. 

Corina: “Los chicos en sus grupos de whatsapp hablan de estos temas. Eso me emociona. Pese a todos los miedos por las actitudes del gobierno, cuando veo eso digo que es en serio: no pasarán”. 

El Sí de Chubut

Claudia Barrionuevo: “No hay una provincia minera que haya resuelto sus problemas económicos y financieros”. Julián: “Chubut no es una provincia pobre, sino fundida”. Es la 4ª provincia exportadora del país (detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). En el primer semestre de 2019 exportó 1.399 millones de dólares, más que su vecina y agujereada por la minería Santa Cruz, más del doble que la hiperminera San Juan (623 millones) y 21 veces más que Catamarca, que tiene Bajo Alumbrera como el gran proyecto minero del país trabajando desde hace 20 años.  

Viviana: “Tenemos el petróleo como problema que genera daño, pero hay además turismo, ganadería, cultivos, exportaciones de frutas finas, la pesca. El problema es que destruyen con políticas desacertadas y corrupción. Siento que estamos en manos de unos locos”.   

Un concejal de Esquel, Hernán Alonso, fue ministro de Producción provincial con el propio Arcioni, pero rechaza la minería y sostuvo en una sesión del Concejo que a través de la ganadería hay opciones diferentes a la minería. 

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Chubut a través de Mariana Chávez explicó: “Si apostamos a desarrollar la producción de alimentos en una zona central que tiene alcance a la costa y cordillera, tenemos el poder de sustentabilidad y es más necesario que una explotación minera. Estamos trabajando con proyectos cooperativos. La tierra de la meseta es abundante para producción de alimentos sanos para las familias de la cordillera. Salimos del campo a la mesa del vecino y vecina, saltando especulaciones en el medio. La zona de Paso del Sapo, a la vera del río Chubut, es apta para producciones vitivinícolas, donde también producimos tomates por el microclima especial que tiene”. La UTT en diferentes geografías ha demostrado la capacidad de la agroecología para producir alimentos sanos, a buenos precios, con beneficio para productores y consumidores. Hasta se podría pensar en exportar parte de esa producción, según lo reitera Miryam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. 

La provincia puede encarar muchas propuestas, pero el gran proyecto que simboliza su gente es otro: la capacidad de las comunidades para plantear formas más genuinas de democracia, de participación real de la ciudadanía, de libertad de expresión no enjaulada por corporaciones mediáticas, de rebeldía frente a la prepotencia, de acción sin exclusiones, de comunicación, de hacer las cosas sin patrones ni “dirigentes” que ya no se sabe hacia dónde dirigen las cosas.

Chubut le dice Sí al ambiente, a la comunidad, al agua, a la convivencia. Otra vez, y como siempre, en estos días vuelve a estar en juego el destino de esa apuesta cotidiana por la vida. 

Foto: Nicolás Palacios

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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Nota

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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