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Condena internacional: Argentina culpable de violar derechos indígenas

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En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por vulnerar los derechos al territorio, al ambiente sano y a la alimentación de comunidades originarias. La sentencia estuvo focalizada en Salta, particularmente en 132 comunidades de la Asociación Lhaka Honhat, donde en asambleas estudian los impactos de la medida. El fallo de la CIDH es vinculante, por lo cual Estado debe cumplir con lo definido por el tribunal. La tala ilegal, la ganadería y la instalación de alambrados como argumentos de las violaciones. Y la importancia jurídica, para que los derechos indígenas no sean letra muerta nunca más.

Por Darío Aranda  

De Carlos Menem a Cristina Fernández de Kichner, de Fernando de la Rúa a Mauricio Macri, de Eduardo Duhalde a Néstor Kichner. Durante sus gobiernos el Estado argentino violó derechos básicos de pueblos indígenas de Salta. El resultado se desprende de la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acaba de condenar a la Argentina por vulnerar los derechos al territorio, al ambiente sano y a la alimentación de las comunidades Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y. La sentencia se focalizó en Salta, donde avanzó con violencia el agronegocio y donde se batieron récords de desmontes y mueren niños por desnutrición y enfermedades evitables.

Condena internacional

“Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua”, destacó el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica.

En un fallo histórico, Argentina fue condenada por violar los derechos de las 132 comunidades de la Asociación Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra”), en una lucha de más tres décadas para que se respeten sus derechos básicos. Francisco Pérez, uno de los referente históricos de Lhaka Honhat, habló con la comunicadora indígena Fabiola Benítez: “Estamos muy contentos porque es un larga lucha, de mucho tiempo. Es una alegría saber que ahora el territorio es recuperado, y saber que los jueces dan la razón a nuestro pedido”.

En Santa Victoria Este -extremo norte de Salta, departamento de Rivadavia,-lugar de las comunidades de la Lhaka Honhat- aún no habían podido analizar el fallo en detalle, lo cual será parte de un proceso de asambleas e intercambios. “El mensaje para otros pueblos indígenas es que luchen para recuperar sus tierras”, afirmó Francisco Pérez a la FM comunitaria e indígena La Paka.

La Corte ordenó medidas de reparación específicas para que se cumplan el acceso al agua, a la alimentación y la recuperación de la cultura indígena.

El fallo de la Corte IDH es vinculante. El Estado debe cumplir con lo definido por el tribunal.

La cuestión de fondo, como en toda lucha indígena, es el territorio. La Corte Interamericana determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria indígena a no brindar seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos”, no indígenas, en el territorio. Como medida de reparación, ordenó que la entrega del título para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14. El Estado argentino debe “delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones”. Debe hacer efectivo el traslado de la población criolla fuera del territorio, remover de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocinó a las comunidades, remarcó en un comunicado que “la Corte le exigió al Estado que adopte medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena”.

Pre-existencia

La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) está integrada por  132 comunidades, más de diez mil personas, que habitan desde tiempos inmemoriales el departamento de Rivadavia, al noreste provincial. Lhaka Honhat lleva adelante un reclamo desde hace más de 30 años por el derecho a las tierras y territorio.

La Constitución Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas (artículo 75, inciso 17). Y también establece que las comunidades tendrán tierras “aptas y suficientes”. El mismo Estado incumple esos derechos.

La Corte remarca esa preexistencia, “al menos desde 1629”, y cuestiona que el Estado haya permitido la ocupación no indígena de esas tierras e incluso construido un puente internacional sin consulta a las comunidades.

Desmontes y muertes

“Capital nacional del desmonte”, fue el mote que se ganó Salta en la última década. La causa, tan obvia como impune, el modelo agropecuario que avanzó sobre zonas extrapampeanas; cultivo de soja transgénica, maíz o avance de la ganadería (corrida de otras regiones por la agricultura industrial).

Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años (entre 2002 y 2006), el sector privado arrasó 415.000 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007 superó todas las expectativas: autorizó talar 435.000 hectáreas. La misma Secretaría reconoció que la deforestación se produjo para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal.

Según datos de “Monitoreo de Desmontes” (un espacio colaborativo de la organización Redaf, la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA), en las últimas dos décadas se desmontaron en  Salta 1,2 millones de hectáreas, superficie equivalente a 59 veces la Ciudad de Buenos Aires. La Corte señaló que la tala ilegal, la ganadería y la instalación de alambrados “afectaron el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y su acceso al agua (…) Lo cual alteró la forma de vida indígena”.

Como sabiamente explican los propios pueblos indígenas, el monte nativo es su supermercado y su farmacia. La consecuencia básica del despojo territorial es la falta de alimentos y los problemas de salud. “Murió otra aborigen por desnutrición en Chaco y ya suman quince fallecimientos”, tituló el diario Clarín el 30 de septiembre de 2007. “Más muertes por desnutrición en Salta: nueve niños murieron en diez días”, señaló La Nación el 12 de mayo de 2011. “Murió Néstor Femenía, el niño qom de 7 años que padecía desnutrición”, fue la noticia del 7 de enero de 2015. El 9 de febrero del mismo año, en Salta, el diario El Tribuno tituló: “Alarma en Tartagal, hay nueve niños en estado crítico de desnutrición”.

2020: se repiten las muertes de niños wichí en Salta, por desnutrición, falta de agua y ausencia de condiciones básicas. Tuvieron sus minutos en la TV y diarios porteños, e incluso el gobierno conformó un “Consejo contra el hambre”, tan diverso como contradictorio: desde empresarios sojeros hasta mediáticos, desde políticos hasta periodistas. Solo faltaron los pueblos indígenas, principales afectados.

La primera reunión del “Consejo contra el hambre”, anunciada con bombos, platillos y mucha prensa, se realizó en el exclusivo barrio de Puerto Madero.

 El coronavirus tapó todo. Los wichí no volvieron a los medios porteños ni a los discursos políticos.

La Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió la semana pasada un comunicado que describe la seguidilla de muertes, denuncia el “cuadro de genocidio” y apunta a los responsables: «Los sucesivos gobernantes que, en complicidad con terratenientes, empresarios y el aparato judicial y represivo conformaron un aceitado mecanismo para el despojo y usurpación de las tierras comunitarias».

Culpables

 La sentencia es contudente y condena al “Estado”. Sin entrar en debates teóricos de politólogos, juristas y filósofos, la mayor responsabilidad de la violación sistemática de derechos recae sobre el Poder Ejecutivo, “el gobierno”, en este caso en particular de Argentina y Salta durante los últimos treinta años. Ningún Presidente de Argentina cumplió, en lo referido a pueblos indígenas, lo que establece las leyes locales, la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos.

Los gobernadores de Salta, desde que comenzó la causa judicial de Lhaka Honhat, fueron Roberto Romero, Hernán Cornejo, Roberto Ulloa, Juan Carlos Romero (1995 a 2007), Juan Manuel Urtubey (2007 a 2019). Ninguno cumplió ni hizo cumplir los derechos básicos de las comunidades indígenas.

El fallo también cuestionó al Poder Judicial argentino por “no seguir un plazo razonable en la tramitación de la causa judicial” referida a las tierras indígenas.

En clave jurídica

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó que el reclamo por las tierras data de al menos 1984, y el litio ante el Estado de 1998. Señaló que, en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. “El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado en 2019 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, desatacó el CELS.

La ONG Naturaleza de Derechos, que impulsa una causa ante la Comisión Interamericana por las muertes de niños por desnutrición, destacó que la sentencia es muy importante porque “el modelo agroindustrial ha profundizado la ya grave situación que se denunció al inicio de la petición en el año 1998”. También resaltó que “la resolución de la Corte refuerza las peticiones de medidas cautelares urgentes que se han realizado el corriente año en razón de la grave situación sanitaria y alimentaria que atraviesan las comunidades indígenas que no están alcanzadas por la sentencia”.

La Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), celebró: “Por primera vez una sentencia de la Corte IDH condena internacionalmente, de manera contundente e inapelable, las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas por parte de la República Argentina”.

Silvina Ramírez, parte de AADI y especializada en derecho indígena, explicó que si bien el fallo menciona al “Estado argentino”, apunta al estado nacional y provincial, en particular a los poderes ejecutivos y legislativos. “Es un fallo de referencia para Argentina y toda la región, sienta precedente y es muy relevante, tanto para aquellas comunidades indígenas a quienes está dirigido como para todos los pueblos indígenas que viven en Argentina y también en América Latina. Este fallo, vale la pena remarcar, es vinculante, de cumplimiento obligatorio tanto para el Estado nacional como para la provincia de Salta”, destacó Ramírez.

Y resaltó la importancia de los derechos abordados por el tribunal: propiedad comunitaria indígena, identidad cultural, derecho de participación, medio ambiente sano, derecho al agua y a una alimentación adecuada, entre otros.

Mara Puntano es una histórica abogada de luchas sociales y comunidades originarias de Salta. Analizó de forma detalla el fallo y apuntó: “Celebramos esta sentencia y lucharemos junto a las comunidades indígenas  para que el Estado argentino y el gobierno de Salta cumplan esta condena y para que los derechos de los pueblos indígenas no vuelvan a ser letra muerta”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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