#NiUnaMás
Contar la verdad: sobre la cuestión de informar en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

El Tribunal a cargo del nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez cuestionó el artículo de lavaca.org sobre la primera jornada del juicio publicado ayer por la periodista Anabella Arrascaeta. Por eso el comienzo de la audiencia se demoró este miércoles. Los jueces convocaron a periodistas acreditados y el presidente del mismo exhibía una copia de la nota y aclaró que se refería específicamente al trabajo de lavaca.org.
Aquí, nuestra enviada especial relata el hecho ocurrido hoy. ¿Qué fue lo que motivó el reclamo? El “problema” de que la crónica se haya apegado a lo dicho en la sala (la base del cuestionamiento). ¿Qué cosas “entorpecen” un proceso que ya tuvo que ser anulado en 2018 por su parcialidad manifiesta y por los prejuicios y estigmatización hacia la víctima, según lo plantearon la Cámara de Casación y la Corte Suprema bonaerense? ¿Qué es el “debido proceso”? ¿Qué significa la libertad de informar?
Por nuestra enviada especial a Mar del Plata, Anabella Arrascaeta.
“Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: «Esto pasó», cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice”.
Albert Camus, La Peste.
En el segundo piso del Palacio de Tribunales de Mar del Plata está la sala desde donde amicus, familias, y tan solo seis periodistas, seguimos en vivo el segundo juicio por la violación y femicidio de Lucía Pérez. A través de una pantalla vemos lo que sucede cuatro pisos más arriba, en el sexto, donde la sala del Tribunal en lo Criminal N° 2 es tan pequeña que solamente caben las partes (abogados y fiscales).
Desde la sala del segundo piso escribí ayer esta crónica sobre la primera audiencia: https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/
Hoy, al ingresar a las 8:50 ya que a las 9:00 comienzan las audiencias, se acercó a nosotros un policía: recordó a los tres periodistas presentes que no se puede grabar, ni tomar fotos ni videos.
Lo sabemos, contestamos.
Luego fue más directo: dijo que la defensora oficial Maria Laura Solari se había quejado de la nota de lavaca.org. La describió como muy textual. Transcribimos rápido, contestamos, ante la duda sobre si estábamos grabando.
El policía se va, pero la audiencia tarda unos minutos en arrancar. Cuando empieza, los abogados defensores le piden a los jueces que componen el Tribunal (Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz) una reunión privada.
Se pausa la transmisión. Silencio.
Pasan unos minutos hasta que de pronto la secretaria del juzgado aparece en el segundo piso para pedirnos a quienes somos periodistas que la acompañemos; los jueces quieren hablarnos.
Subimos por ascensor hasta la pequeña sala donde transcurren las audiencias, donde nos sentamos y esperamos que los jueces aparezcan.
Delante del abogado y abogadas de los imputados, y las abogadas de la familia, los jueces piden que no se escriban, en las notas, las declaraciones de los testigos; piden que no haya textuales y hablan de usar el sentido común. Alegan que, caso contrario, se puede entorpecer el desarrollo del proceso.
No uso textuales o comillas… pero esos son los términos que emplearon.
En una mano, el presidente del Tribunal, Gustavo Fissora, tiene impresa la nota de lavaca; finalmente, lo hace explícito: los llamados de atención surgen tras la publicación de esa crónica que publicamos sobre la primera audiencia. Estaban presentes además colegas de Qué Digital, Telam, Infobae, La Capital de Mar del Plata y Clarín.
Esos colegas preguntan, desorientados, cuál es el límite que quiere marcar el Tribunal; qué se puede, qué no, hasta dónde; los más habituados a coberturas judiciales confesarán nunca haber vivido algo similar.
La zona queda en un gris que los jueces dibujan como un equilibrio entre la libertad de expresión y el proceso. Insisten en la posibilidad de que, caso contrario, se entorpezca el desarrollo del juicio, y advierten que si la situación se repite, tomarán alguna determinación.
De los abogados presentes sólo habla el abogado particular de Juan Pablo Offidani, César Sivo, quien nombra los códigos procesales para remarcar que se puede poner en juego la legalidad del proceso.
La abogada oficial de Matias Farías (según la policía del segundo piso era quien se había quejado de la nota) no habló; a su lado, su asesora le dijo, mirándome: “Es ella”.
No era muy difícil: soy la única periodista mujer acreditada para cubrir el juicio.

El derecho a informar
Vía sus abogadas, la familia de Lucía Pérez había pedido explícitamente que el juicio sea transmitido de forma completa y directa. El Tribunal, en cambio, autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto, pero no las declaraciones de testigos, bajo el argumento de que la visibilización de esas declaraciones podría alterar el curso del juicio. Y habilitó que tan solo seis periodistas pudieran estar presentes en una segunda sala, para seguir por videoconferencia lo que pasa en las audiencias, incluidas esas declaraciones vedadas para el público en general. Nos acreditamos rápidamente, para entrar en el cupo.
Hay otras partes que esos periodistas no podemos cubrir por decisión del Tribunal: por ejemplo, las declaraciones de los peritos; sólo las partes pueden escuchar esos informes y declaraciones, algo que también sucedió en el primer juicio por este mismo caso.
El martes, primer día, declaró la familia de Lucía: Marta Montero, Guillermo Pérez (sus padres) y Matías Pérez (su hermano). Un momento habilitado para que la prensa pudiera cubrir por videoconferencia. Entonces, desde lavaca nos propusimos acercar la mayor cantidad de información disponible para informar cómo actúa el Poder Judicial en un caso cuyo primer fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, decisión ratificada por la Corte Suprema bonaerense. La anulación del juicio califica aquel desarrollo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” y plantea, entre muchas otras cosas: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.
El pedido de la familia de transmitir el juicio públicamente persigue el efecto de monitorear que el proceso sea transparente y no incurra en las irregularidades del anterior. Por eso además estuvieron presentes en la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.
Sin embargo, la decisión de los máximos tribunales no inhibió a la defensa de los acusados, que continuó con la estrategia de culpar a la víctima para salvar a los victimarios.
En este caso, más que la difusión de las respuestas de los testigos (lo que argumentó el Tribunal), lo que parece haber generado molestias es la revelación de las preguntas de los abogados defensores de los imputados, algo que no solo desde lavaca hemos narrado sobre el día de ayer.
- Quedigital: https://quedigital.com.ar/judiciales/lucia-perez-segundo-juicio-un-primer-dia-marcado-por-cruces-con-la-defensa/
- Infobae: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2023/02/07/el-dramatico-testimonio-de-la-madre-de-lucia-perez-en-la-comisaria-me-dijeron-que-murio-de-sobredosis/
Hacia adelante
Defendemos desde el primer día la realización del debido proceso, cosa que no ocurrió en 2018, por lo que hubo que anularlo. Eso sí ha tenido un profundo significado desde el punto de vista de entorpecer la causa.
Nada de lo publicado por lavaca en la cobertura periodística del martes atenta contra el debido proceso.
El juicio, además de oral, es público. Nuestro trabajo y el derecho a la libertad de expresión consagrado por la Constitución Nacional consiste justamente en poder informar a la opinión pública sobre un tema tan sensible, que está sentando un precedente importante sobre cómo actúa el Poder Judicial ante los femicidios.
Los datos de contexto para comprender la magnitud del problema, que hemos investigado y difundido debidamente:
- En 2022 hubo 328 femicidios que dejaron 234 huérfanos,
- 29 infancias asesinadas en femicidios,
- 319 mujeres desaparecidas,
- 369 funcionarios públicos denunciados.
En el primer mes de 2023 se mantuvo la tendencia, con 25 femicidios y un travesticidio, lo que implica un crimen de este tipo cada 28 horas. Esperamos que el nuevo proceso por el caso de Lucía Pérez sea un punto de inflexión para plasmar la necesidad de nuevos paradigmas judiciales frente a estos crímenes, y que se pueda desarrollar con toda normalidad, a la altura de las circunstancias. Y, que esta vez, se haga justicia.
#NiUnaMás
La tesis del gran bonete

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.
Por Claudia Acuña
Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.
Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.
Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.
La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.
Las raíces de la información
¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).
Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.
Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.
¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.
Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.
Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.
Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.
¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.
En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.
Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.
¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.
¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.
También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.
Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.
Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.
Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.
Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:
- Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
- Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
- Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
- Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
Nota
57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.
El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».
Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.
A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.
Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.
Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:





Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.
Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.
#NiUnaMás
Arte contra la impunidad femicida

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».
Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.
«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.
Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Marta diálogó con lavaca.
–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.
Guillermo Pérez agregó:
“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.
Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».
El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.