Sigamos en contacto

#NiUnaMás

Contar la verdad: sobre la cuestión de informar en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

El Tribunal a cargo del nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez cuestionó el artículo de lavaca.org sobre la primera jornada del juicio publicado ayer por la periodista Anabella Arrascaeta. Por eso el comienzo de la audiencia se demoró este miércoles. Los jueces convocaron a periodistas acreditados y el presidente del mismo exhibía una copia de la nota y aclaró que se refería específicamente al trabajo de lavaca.org.

Aquí, nuestra enviada especial relata el hecho ocurrido hoy. ¿Qué fue lo que motivó el reclamo? El “problema” de que la crónica se haya apegado a lo dicho en la sala (la base del cuestionamiento). ¿Qué cosas “entorpecen” un proceso que ya tuvo que ser anulado en 2018 por su parcialidad manifiesta y por los prejuicios y estigmatización hacia la víctima, según lo plantearon la Cámara de Casación y la Corte Suprema bonaerense? ¿Qué es el “debido proceso”? ¿Qué significa la libertad de informar?

Por nuestra enviada especial a Mar del Plata, Anabella Arrascaeta.

Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: «Esto pasó», cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice”.

Albert Camus, La Peste.

En el segundo piso del Palacio de Tribunales de Mar del Plata está la sala desde donde amicus, familias, y tan solo seis periodistas, seguimos en vivo el segundo juicio por la violación y femicidio de Lucía Pérez. A través de una pantalla vemos lo que sucede cuatro pisos más arriba, en el sexto, donde la sala del Tribunal en lo Criminal N° 2 es tan pequeña que solamente caben las partes (abogados y fiscales). 

Desde la sala del segundo piso escribí ayer esta crónica sobre la primera audiencia: https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/

Hoy, al ingresar a las 8:50 ya que a las 9:00 comienzan las audiencias, se acercó a nosotros un policía: recordó a los tres periodistas presentes que no se puede grabar, ni tomar fotos ni videos.

Lo sabemos, contestamos.

Luego fue más directo: dijo que la defensora oficial Maria Laura Solari se había quejado de la nota de lavaca.org. La describió como muy textual. Transcribimos rápido, contestamos, ante la duda sobre si estábamos grabando. 

El policía se va, pero la audiencia tarda unos minutos en arrancar. Cuando empieza, los abogados defensores le piden a los jueces que componen el Tribunal (Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz) una reunión privada.

Se pausa la transmisión. Silencio.

Pasan unos minutos hasta que de pronto la secretaria del juzgado aparece en el segundo piso para pedirnos a quienes somos periodistas que la acompañemos; los jueces quieren hablarnos. 

Subimos por ascensor hasta la pequeña sala donde transcurren las audiencias, donde nos sentamos y esperamos que los jueces aparezcan. 

Delante del abogado y abogadas de los imputados, y las abogadas de la familia, los jueces piden que no se escriban, en las notas, las declaraciones de los testigos; piden que no haya textuales y hablan de usar el sentido común. Alegan que, caso contrario, se puede entorpecer el desarrollo del proceso

No uso textuales o comillas… pero esos son los términos que emplearon.

En una mano, el presidente del Tribunal, Gustavo Fissora, tiene impresa la nota de lavaca; finalmente, lo hace explícito: los llamados de atención surgen tras la publicación de esa crónica que publicamos sobre la primera audiencia. Estaban presentes además colegas de Qué Digital, Telam, Infobae, La Capital de Mar del Plata y Clarín.

Esos colegas preguntan, desorientados, cuál es el límite que quiere marcar el Tribunal; qué se puede, qué no, hasta dónde; los más habituados a coberturas judiciales confesarán nunca haber vivido algo similar. 

La zona queda en un gris que los jueces dibujan como un equilibrio entre la libertad de expresión y el proceso. Insisten en la posibilidad de que, caso contrario, se entorpezca el desarrollo del juicio, y advierten que si la situación se repite, tomarán alguna determinación

De los abogados presentes sólo habla el abogado particular de Juan Pablo Offidani, César Sivo, quien nombra los códigos procesales para remarcar que se puede poner en juego la legalidad del proceso. 

La abogada oficial de Matias Farías (según la policía del segundo piso era quien se había quejado de la nota) no habló; a su lado, su asesora le dijo, mirándome: “Es ella”. 

No era muy difícil: soy la única periodista mujer acreditada para cubrir el juicio. 

Contar la verdad: sobre la cuestión de informar en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez
La defensora oficial de Matías Farías María Laura Solari (de rojo), que planteó la queja ante el Tribunal por la nota de lavaca, según explicó la policía del edificio a los periodistas. Los defensores particulares de Juan Pablo Offidani, César Sivo (de azul) y Romina Merino (a la derecha). Los jueces plantearon a los periodistas de lavaca, Qué Digital, Telam, Infobae, La Capital de Mar del Plata y Clarín que no utilicen tantos «textuales». La paradoja: la indicación implicaría que no se describa con tanta exactitud lo sucedido, siendo que se trata de un tema de interés público que pone en juego el derecho a la libertad de expresión. (Fotos Lina Etchesuri para lavaca)

El derecho a informar

Vía sus abogadas, la familia de Lucía Pérez había pedido explícitamente que el juicio sea transmitido de forma completa y directa. El Tribunal, en cambio, autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto, pero no las declaraciones de testigos, bajo el argumento de que la visibilización de esas declaraciones podría alterar el curso del juicio. Y habilitó que tan solo seis periodistas pudieran estar presentes en una segunda sala, para seguir por videoconferencia lo que pasa en las audiencias, incluidas esas declaraciones vedadas para el público en general. Nos acreditamos rápidamente, para entrar en el cupo.

Hay otras partes que esos periodistas no podemos cubrir por decisión del Tribunal: por ejemplo, las declaraciones de los peritos; sólo las partes pueden escuchar esos informes y declaraciones, algo que también sucedió en el primer juicio por este mismo caso.

El martes, primer día, declaró la familia de Lucía: Marta Montero, Guillermo Pérez (sus padres) y Matías Pérez (su hermano). Un momento habilitado para que la prensa pudiera cubrir por videoconferencia. Entonces, desde lavaca nos propusimos acercar la mayor cantidad de información disponible para informar cómo actúa el Poder Judicial en un caso cuyo primer fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, decisión ratificada por la Corte Suprema bonaerense. La anulación del juicio califica aquel desarrollo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” y plantea, entre muchas otras cosas: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

El pedido de la familia de transmitir el juicio públicamente persigue el efecto de monitorear que el proceso sea transparente y no incurra en las irregularidades del anterior. Por eso además estuvieron presentes en la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

Sin embargo, la decisión de los máximos tribunales no inhibió a la defensa de los acusados, que continuó con la estrategia de culpar a la víctima para salvar a los victimarios.

En este caso, más que la difusión de las respuestas de los testigos (lo que argumentó el Tribunal), lo que parece haber generado molestias es la revelación de las preguntas de los abogados defensores de los imputados, algo que no solo desde lavaca hemos narrado sobre el día de ayer.

Hacia adelante

Defendemos desde el primer día la realización del debido proceso, cosa que no ocurrió en 2018, por lo que hubo que anularlo. Eso sí ha tenido un profundo significado desde el punto de vista de entorpecer la causa.

Nada de lo publicado por lavaca en la cobertura periodística del martes atenta contra el debido proceso.

El juicio, además de oral, es público. Nuestro trabajo y el derecho a la libertad de expresión consagrado por la Constitución Nacional consiste justamente en poder informar a la opinión pública sobre un tema tan sensible, que está sentando un precedente importante sobre cómo actúa el Poder Judicial ante los femicidios.

Los datos de contexto para comprender la magnitud del problema, que hemos investigado y difundido debidamente:

  • En 2022 hubo 328 femicidios que dejaron 234 huérfanos,
  • 29 infancias asesinadas en femicidios,
  • 319 mujeres desaparecidas,
  • 369 funcionarios públicos denunciados.

 
En el primer mes de 2023 se mantuvo la tendencia, con 25 femicidios y un travesticidio, lo que implica un crimen de este tipo cada 28 horas. Esperamos que el nuevo proceso por el caso de Lucía Pérez sea un punto de inflexión para plasmar la necesidad de nuevos paradigmas judiciales frente a estos crímenes, y que se pueda desarrollar con toda normalidad, a la altura de las circunstancias. Y, que esta vez, se haga justicia.

#NiUnaMás

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!


Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos. 


Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición. 

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza. 

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar. 

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

  • Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
  • Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta. 
  • Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando. 
  • Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa. 
  • Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”. 
  • Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
  • Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven. 
  • Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno. 

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”. 

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes. 

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia. 

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia. 

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo
Seguir leyendo

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente. ©2025 Agencia lavaca.org. Riobamba 143, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Editor responsable: Cooperativa de Trabajo Lavaca ltda. Número de propiedad intelectual: 50682265 - [email protected] | Tel.: +54 9 11 2632-0383

Vistas el día de hoy: 37.004