Miguel De Paola tiene 21 años, estudia para contador en una universidad del conurbano, pero está preso en Ezeiza desde fines de julio por una serie de tweets donde amenazaba con diversos atentados en la Ciudad y al Presidente Macri. Pidió perdón y dijo que sólo lo hizo para divertirse y ganar seguidores, pero la Justicia allanó su casa y lo procesó con la Ley Antiterrorista. Su madre denunció la “payasada” montada por el Gobierno. Lo más grave: los argumentos de la sentencia que le negó la excarcelación.

Miguel De Paola tiene 21 años y a fines de julio, junto a su sobrino Walter Ovejero (de la misma edad), lanzaron una serie de tweets desde la cuenta @HassanAbuJaaf, donde a través del hashtag  #PrayForArgentina mostraron fotos de posibles objetivos terroristas como el Shopping del Abasto, el subte y la Casa Rosada. También tuitearon al presidente Mauricio Macri la foto de varios cartuchos de dinamita y una frase: “Nos vemos pronto”.

Todas las fuerzas de seguridad le cayeron encima.

Les allanaron la casa.

Los metieron presos.

Miguel, asustado, reconoció su “total responsabilidad” por los dichos en Twitter, afirmando que sólo lo había hecho para “divertirse” y conseguir más seguidores, mientras su madre, Nora Donda, dijo que eran sólo “dos boludos” aburridos. Mientras tanto, y en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich amenazó: “A quienes usan las redes sociales para amedrentar, los iremos a buscar uno por uno”.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la doctora Servini de Cubría, encuadró los tweets bajo el agravante 41 de la denunciada Ley Antiterrorista, que duplica la pena, por lo que a Miguel lo acusan de un delito que va de 6 a 14 años de prisión.

En ese marco, la jueza argumentó:

“Estamos ante un joven universitario, de inteligente vivaz, muy conocedor de las redes sociales y de la conflictiva situación mundial (“….) que juega mucho a juegos de armas y de guerra tales como Call of Duty, Battlefield y GTA 5 y está muy informado con lo que sucede en el mucho con guerras y los conflictos del estado islámico y con lo que se puede ver en la televisión y en páginas de diarios o por Facebook”.

Con estos argumento el juzgado y la Cámara Federal le negaron la excarcelación.

Miguel hace un mes que está preso en el penal de Ezeiza.

La payasada

Esta pésima broma motivó un despliegue  coordinado por efectivos de los Departamentos Unidad de Investigación Antiterrorista y Seguridad de Estado de la Policía Federal junto a las Brigadas Explosivos y Canes Detectores de la Superintendencia Federal de Bomberos. También participó el Grupo Especial (BRI) de la Policía Metropolitana

En los allanamientos en el domicilio en Villa Bosch, municipio de Tres de Febrero, la policía se llevó siete computadoras que tanto Nora (perito calígrafa) y su marido (contador) usaban para trabajar. También se llevaron una escopeta, dos aires comprimidos, teléfonos celulares.

Ovejero sigue imputado, pero recuperó la libertad, porque la Justicia consideró que no participó de las amenazas. Sin embargo, De Paola sigue detenido en Ezeiza. Tiene 21 años, es hincha de Boca, estuvo en Time Warp y estudia en la Universidad Nacional de La Matanza. “Estoy preocupado por mi carrera, estaba en el segundo cuatrimestre y no sé cómo voy a seguir después de esto. Pero más me entristece la salud de mi papá y de mi mamá, que viven esta pesadilla como yo”, respondió Miguel a revista Veintitrés, donde aclaró una y otra vez que pide “perdones totales” al presidente Macri.

«Mi hijo está detenido e incomunicado, estoy con mucha angustia”, dijo su madre. “Me molesta el circo, la payasada que se está generando alrededor de un caso que es una suposición. Yo sé que está mal lo que hicieron, yo sé que está mal el terrorismo, pero estamos hablando de dos tarados, qué querés que te diga, de dos pavotes que no tenían nada qué hacer. Esto es poco serio para un país cuando en realidad pasan cosas graves».

El terrorista

El expediente está caratulado como “Ovejero Walter Joel y otro s/intimidación pública”.

El Tribunal tenía calificó la conducta de Miguel, que se juzga bajo el artículo 211 del Código Penal, agravado por las disposiciones del artículo 41 qde la Ley 26.734, por “haber infundido un temor público –intimidación pública- con la finalidad de aterrorizar la población. El juez aclara que si bien la pena estipulada por ese delito imputado prevé una pena de dos a seis años, la agravante prevista sobre “prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista” duplica la pena del mínimo y el máximo.

El fallo esgrime que hay varias circunstancias que “amonestan” la excarcelación, porque “el obrar del incidentista resultó en la propagación del temor público -intimidación pública- con el propósito de aterrorizar a la población, mediante mensajes intimidantes en los que anunciaba que se materializaría un acto terrorista que podría afectar gravemente al transporte público subterráneo, a edificios comerciales del barrio de Balvanera, a la comunidad hebrea y/o hasta al propio Presidente de la Nación, utilizando como medio para ello la red social “Twitter”.

Textuales del fallo:

• “Los provechosos beneficios de la “aldea global” que los medios electrónicos trajeron consigo, han sido desgraciadamente aprovechados también para la consumación de distintos delitos, tales como la difusión de pornografía infantil, trata de personas y particularmente terrorismo”.
• “Imágenes de ejecuciones, desfiles de feroces milicianos, niños que oran antes de inmolarse en un ataque, o discursos de líderes fanáticos justificando la maldad de sus acciones, no son traídas diariamente por estos medios”.
• “Por eso considero que su empleo difundiendo imágenes vinculadas a dichas acciones junto con textos en caracteres árabes asociándolos con nuestra ciudad, no puede ser de ningún modo soslayada como una simple gracia”.

El fallo expresa que los tweets provocaron la reacción de “todo el aparato preventivo que el Estado tiene previsto para responder en estos casos. Por eso, el juzgado se encuentra investigando los hechos, ordenando medidas de prueba “destinadas a corroborar los extremos de lo denunciado”, sin poder obviar –aclara- “la posibilidad que pudiere tener lugar algún tipo de acontecimiento terrorista” vinculado a lo publicado en Twitter, por lo que se dispuso el secreto de sumario en el legajo.

Es entonces cuando el juez expresa:

 “Esto elementos me hacen pensar que tras su proceder no se esconde una simple ironía. Aquello que solo buscaba ‘…ganar gente que me siga y que la gente comente, que sea algo de humor’, no se condice ni con su proceder de publicaciones constantes, muy elaboradas y de distintos sitios (“Era tan grande la repercusión que no me podía quedar con una publicación, tenía que seguir publicando así la gente que la seguía podía ver más cosas”), ni con el conocimiento que ya tenía del daño que estaba provocando (“Otras personas es como que estaban sorprendidas, pensando que podía pasar algo”)”.

Por ese motivo,  el Juzgado entiende que en caso de otorgarle la libertad, De Paola “intentarà burlar la acción de la justicia y entorpecer la marcha de la investigación”, ya que considera un “ostensible” peligro de fuga. La sentencia subraya el carácter urgente de la investigación, ya que “a la luz de los reprochables y alarmantes ataques terroristas que en la actualidad se vienen suscitando en distintas partes del mundo, deben extremarse todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de la población”.

La Cámara Federal también rechazó la excarcelación. El Tribunal de Apelaciones, a través de los votos de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, consideró que el joven debía seguir preso en Ezeiza porque podría entorpecer la investigación que, subrayan, busca una “posible conexión internacional del evento atribuido”.

¿Un disparate?

Quizá algo peor: la aplicación de ley antiterrorista a tuiteros no es broma.