CABA
El Estado del abuso
Informe especial del Observatorio Lucía Pérez. ¿Cuántos funcionarios fueron denunciados por violencia machista? Una investigación en proceso del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez detectó 150 casos, que representan la falta de políticas para prevenir esa violencia engendrada en el propio Estado. Los ejemplos que involucran a distintos partidos, sin grieta; a un fiscal “especializado” en violencia de género; al funcionario judicial santafesino e hijo del actual presidente de la Corte Suprema, o al legislador tucumano acusado de violación en su despacho mientras se trataba la Ley Micaela. Datos sobre jueces, intendentes, legisladores y policías, muchas veces encubiertos por un poder patriarcal.
Son 150 casos que representan una hipótesis: qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas para prevenir y contener violencias de género y la presencia de funcionarios en denuncias por… violencia de género.
Para construir la respuesta es necesario eludir simplificaciones y complejizar.
Son varias, entonces, las advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:
- Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.
- Los 150 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.
- Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.
- No incluimos en los 150 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.
- En el caso de las fuerzas de seguridad solo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que solo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. “El Estado es responsable” también significa esto.
- En un solo caso el denunciado no es actualmente funcionario. Se trata de Pedro Darío Pietrowoski, ex intendente de Almafuerte, Misiones, quien actualmente se encuentra prófugo. En su contra pesa una denuncia penal realizada por su ex pareja, la actual intendente de esa localidad.
Datos que gritan
Una primera clasificación de esta muestra de 150 casos da cuenta de que el Poder Ejecutivo concentra el 37% de estas denuncias. La mayor parte involucra a funcionarios municipales –37 de un total de 55– y de todas las jerarquías: intendentes, concejales, directores de diversas áreas.
Estos datos, sin duda, necesitan ser evaluados dentro del contexto que tensa la relación entre las violencias territoriales y las jerarquías políticas municipales, pero un primer análisis revela cuáles son las víctimas centrales: parejas golpeadas y empleadas que sufren acoso sexual constituyen la mayoría.
Aunque en número constituyan minoría debería representar un fuerte alerta que cuatro intendentes estén involucrados en denuncias por violencia de género y también que dos ministros provinciales deban enfrentarse a estos cargos. El caso más resonante es el de Rubén Giacci, el ministro de Salud mendocino que tuvo que renunciar tras hacerse pública la causa judicial que se inició por las lesiones que le produjo a su pareja.
El Poder Judicial al banquillo
El Poder Judicial comprende el 26% de esta muestra. De las 40 denuncias registradas, 16 son protagonizadas por jueces y 14 por funcionarios judiciales relacionados con juzgados que deben intervenir en denuncias de violencia de género y en áreas de familia, minoridad, fiscalías o defensorías especializadas, entre otras dependencias. Un ejemplo: la denuncia que involucró a Julio César Castro, fiscal especializado en violencia de género, quien fue condenado por el abuso sexual y las lesiones que sufrió su ex pareja.
La más reciente es la que involucra al ministro pupilar de la defensa de Tucumán, Washington Navarro Arias, denunciado en mayo de este año por acosar sexualmente a la ex secretaria administrativa de ese ministerio. Navarro Ávila se transformó así en el sexto funcionario público tucumano denunciado y el segundo del Poder Judicial de esa provincia. Algunos casos:
En mayo de 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá, José Orellana, por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.
Bruno Romano, actual concejal del Partido Justicialista por la ciudad de Alberdi, fue denunciado por Romina Dip en marzo de 2018, luego de sufrir “innumerables golpizas”. Romano es boxeador. También fue denunciado por no cumplir con el régimen de alimentos para con su hija.
Edmundo Mistretta, funcionario de la Justicia Federal, enfrentará en los próximos meses un juicio oral por el delito de “abuso sexual simple” por dos hechos denunciados que sucedieron en el ámbito laboral del Poder Judicial Federal de Tucumán. Mistretta se jubiló antes de que avanzaran las acciones penales en su contra.
La más antigua: la que refiere al presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos. Según informa el diario Perfil en marzo de este año el juez Hornos fue protagonista de un escrache virtual durante el acto del Día de la Mujer, del que era el principal orador. “Cuando pidió la palabra el juez, las camaristas Ángela Ledesma y Magdalena Laiño, y la jueza Luciana Montórfano, desaparecieron de la imagen y silenciaron sus micrófonos” y la reunión virtual fue intervenida con mensajes contra Hornos. Según detalla el artículo firmado por Mariano Confalonieri: “Hornos fue denunciado por quien fuera su cónyuge en 1987: lo acusó de haberla golpeado tras una discusión”. El expediente con el relato de la víctima forma parte de esta nota. En esa causa Hornos fue sobreseído. Según consigna Perfil: “El juez Remigio González Moreno lo sobreseyó el 29 de noviembre tras escuchar a Hornos, quien negó haber estado presente el día y la hora que su cónyuge denunció los hechos. En ese momento, Hornos ya era secretario judicial”. El escrache virtual del 8 de marzo habría tenido como objeto recordar este antecedente, pero también otras motivaciones, entre ellas aquella que la nota cita así: “Una de las personas presentes en el zoom contó a Perfil que además el camarista había tenido un problema con tres relatoras que pidieron irse de la Cámara”.
Las denuncias contra integrantes esa Cámara ese día también alcanzaron al juez Carlos Gemignani, quien el Día de la Mujer envió a sus colegas un mensaje expresando: “Feliz día para todas! Especialmente para las delincuentes!!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!!”. El presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, solicitó que sea investigado por presunto mal desempeño de la función pública: “Es fundamental la intervención de este Consejo ya que, de ser comprobadas, las gravísimas expresiones del Dr. Gemignani resultan totalmente incompatibles con los esfuerzos que el Poder Judicial de la Nación está desarrollando para actuar y resolver con perspectiva de género”. Gemignani ya tiene una sanción por violencia de género. En 2019, el mismo Consejo le aplicó una multa del 35% de su sueldo por única vez por haber ordenado la detención de una secretaria del tribunal por negarse a cumplir una orden y por haber echado a la magistrada Liliana Catucci de una reunión.
Un dato clave: el Estado argentino fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Olga Díaz, víctima de violencia. Producto de esta sentencia el Estado se comprometió a realizar un registro de denuncias presentadas contra magistrados, que no se cumple: solo tiene 5 casos que señalan a 3 funcionarios. 25 menos de los que pudo relevar este Observatorio.
La ley de la licencia
El Poder Legislativo ocupa el 23% de estas denuncias y recorre todos los niveles. Comienza en el Congreso de la Nación, donde una denuncia por violación involucra al senador José Alperovich, beneficiado por la Cámara Alta con una licencia desde hace dos años.
En las legislaturas provinciales se destaca la denuncia que involucra al diputado Manuel Mosca, de Juntos por el Cambio, presentada por una militante de su partido y por la cual también fue beneficiado con una licencia. En tiempos en que la fuerza política representada por este diputado era oficialista en territorio bonaerense y él ejercía la presidencia de la Cámara esa licencia significó que se paralizara la labor legislativa.
En esa misma época el Congreso bonaerense también fue epicentro de una denuncia por parte de una militante de su partido y por abuso sexual contra el senador Jorge Romero, integrante de la agrupación La Cámpora. Fue licenciado como todos los legisladores denunciados, pero fue el único que fue homenajeado en la última sesión del año 2019 de esa cámara.
Otro caso paradigmático: la denuncia que involucra al diputado provincial de Tucumán, Ricardo Bussi: según el relato de la víctima publicado en decenas de medios de prensa la violación habría ocurrido en su despacho y mientras en el recinto transcurría la sesión que debía aprobar la aplicación de la Ley Micaela en esa provincia.
Las fuerzas del orden
Las autoridades de las Fuerzas de Seguridad representan el 14% de esta muestra. La mayoría de las denuncias son presentadas por las parejas y subordinadas de uniformados a cargo de comisarías o fuerzas de seguridad departamentales. Tal es el caso del comisario mayor Rubén Edgardo Marcell, máximo jefe de la Estación Departamental de Escobar. Denunciado por su pareja, a quien golpeó en su casa de Tigre, estuvo prófugo durante una semana, hasta que se entregó acompañado por su abogado defensor, en agosto de este año. Durante el allanamiento realizado para detenerlo encontraron armas de guerra sin registrar y una moto robada con patente falsa.
Otra denuncia de este año involucra a Mario Alberto García, ahora ex jefe policial de la Comisaría Comunal de la localidad bonaerense de Henderson, por el delito de abuso sexual por parte de dos mujeres oficiales de menor rango que se desempeñan en la misma dependencia.
La más numerosa en cuanto a la cantidad de víctimas es la que involucra a Néstor Guillermo Villegas, comisario general e instructor de la escuela de cadetes Julio Dantas. En mayo de este año 30 cadetas formalizaron una denuncia por los contenidos impartidos por el docente. Una de las frases atribuidas a Villegas: “Para no pagar derecho de piso tienen que coger con su jefe para estar más acomodadas”. La denuncia penal por averiguación de delito es investigada por la UFI N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.
Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.
A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero
A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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