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Se apagó la lamparita: la privatización del sistema eléctrico

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La publicidad oficial dice que apagando una bombita se ayuda a generar fuentes de trabajo. Se trata, con ese mensaje, de incentivar el ahorro de energía. El mismo fin persigue la política de premios y castigos puesta en marcha hace poco más de un mes, eufemismo para no llamar aumento a un incremento en las facturas. El origen de todo esto hay que rastrearlo en la privatización del sistema eléctrico, mencionada como un caso modelo del proceso de traspaso al capital privado de los servicios públicos que prestaba el Estado. Al menos hasta el apagón de 1999, que dejó sin luz a cien mil personas durante dos semanas. La cifra en que se realizó esa operación no alcanzó ni siquiera a cubrir los pasivos que la Nación se hizo cargo en la transacción. Además, las empresas fueron entregadas luego de que se realizara una reducción de personal y un aumento tarifario. El reordenamiento de precios posterior benefició a los sectores más pudientes y el ente regulador, como en casi todos los casos, no cumplió con su función.

En 1992 el Estado transfirió al capital privado el sistema de energía eléctrica por 3.300 millones y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenían las empresas de electricidad por 3.500 millones. La operación no sirvió, entonces, ni siquiera para saldar los pasivos.
Previo a la privatización, el Estado redujo un 50 por ciento el personal de SEGBA y fueron incrementadas las tarifas. El reordenamiento tarifario producido por las empresas privadas afectaron en mayor medida a los sectores más necesitados.
Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF. Son todas empresas que tienen, a su vez, la energía como uno de sus principales insumos. «Las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficios», según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Para modificar los precios las empresas, según la Auditoría General de la Nación, no cumplieron con la obligación de llamar a audiencias públicas ni de publicar el cuadro tarifario.
El Ente Nacional Regulador de Energía dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante sus inspecciones. Además, no realizó controles preventivos y np ejerció un control eficaz sobre el régimen tarifario. Encima, dio por cerrado expedientes por accidentes y, aunque parezca increíble, consultaba a los propios regulados para saber si cumplían o no con sus obligaciones.

Hasta abril de 1992 el sistema de energía eléctrica era un servicio público a cargo de tres firmas estatales -Segba, Agua y Energía Eléctrica, e Hidronor- que luego de la privatización se segmentó en cinco empresas de generación, una transportadora grande empresas transportadoras de alcance provincial o regional y tres distribuidoras. Estas últimas -Edesur, Edenor y Edelap- poseen exclusividad zonal para la prestación del servicio, por el lapso de 95 años. Estas transferencias al capital privado representaron un ingreso para el Estado de aproximadamente 3.300 millones de dólares y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenía las antiguas empresas por 3.500 millones de dólares. De modo que el Estado no sólo se quedó sin el control del servicio sino que la operación ni siquiera le alcanzó para saldar los pasivos que tenían, previamente, las empresas privatizadas.

A ello hay que sumar que, para hacer más atractiva la oferta, hubo fuertes expulsiones de trabajadores. Al momento de la privatización de Segba, el personal ocupado era un 50% más bajo que el existente a mediados de los 80. Como parte del mismo «trabajo sucio» a cargo del Estado, también antes del traspaso, fueron incrementadas las tarifas. Sin embargo, en este rubro ocurrió algo inusual en el proceso privatizador: entre marzo de 1991 y diciembre de 1998, cuando el sistema ya estaba fuera de la órbita del Estado, la tarifa promedio de electricidad disminuyó un 10,9%, según un estudio del experto Daniel Azpiazu. Factores como la abundancia de agua acumulada en las regiones donde se ubican las represas hidroeléctricas y el funcionamiento de nuevas plantas de generación incrementaron la oferta de energía eléctrica y ello indujo a una disminución del precio mayorista, que se trasladó luego al precio final, aunque de manera regresiva.

«Las tarifas residenciales reflejan una disminución inferior a la registrada por los usuarios industriales, y, a su vez, dentro de las tarifas residenciales, la que menos se redujo es la correspondiente a los usuarios de bajo consumo (1,6%), en tanto la que más disminuyó es la abonada por los usuarios de alto consumo (70,4%). Dado que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, existe una alta correlación entre los niveles de consumo y los ingresos de los distintos hogares, puede inferirse que el sector que menos se benefició con el reordenamiento de los precios del mercado eléctrico fue el conformado por los segmentos de la población con menores ingresos», señalan Azpiazu y Martín Schorr en Crónica de una sumisión anunciada.

Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF, en asociación con empresas extranjeras. Resultaron consorcios especialmente interesados en el área porque son importantes usuarios industriales para los que la energía eléctrica constituye uno de sus principales insumos energéticos y, porque -a su vez- participaron en las privatizaciones encaradas en los sectores petrolero y gasífero, con lo cual pasaron a ocupar un papel decisivo en el mercado energético nacional. Además, aún a pesar de la disminución de las tarifas «las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficio. De considerar el período 1994-1999, las distribuidoras surgidas de la privatización de Segba registraron, en promedio, una tasa de utilidades sobre ventas del 7,0%; porcentual que se ubica en el orden del 15% cuando se considera la rentabilidad de las principales generadoras, según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En cuanto a las tarifas, varios informes de la Auditoría General de la Nación determinan, a la vez, que:

Con posterioridad a la celebración de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica con Edenor, Edesur y Edelap, se introdujeron modificaciones al Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario contemplado, sin celebrarse en forma previa una audiencia pública con el fin de preservar los intereses económicos de los usuarios finales del servicio. (Resolución AGN 145/2002).

Edenor y Edesur no cumplieron con la obligación de publicar el cuadro tarifario y sus modificaciones en al menos dos diarios de amplia circulación (Resolución AGN N 145/02)

La empresa Edenor aplicó erróneamente algunos parámetros, que luego rectificó, a instancias del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. En esa oportunidad la Auditoría constató procedimientos y circuitos de carácter informal y recomendó su normatización. (Resolución AGN 104/94)
Las auditorías señalan, además:

Falta de equipos adecuados para hacer mediciones fiables.

Campañas de medición realizadas en forma deficiente.

Falta de información y comunicación al ENRE de los accidentes ocurridos en la vía pública. Si lo denuncian, lo hacen tardíamente lo que dificulta el seguimiento del hecho y la eventual sanción.

Frente a un problema climático, las distribuidoras no tienen una estructura adecuada para la atención eficaz y eficiente de los reclamos efectuados por los usuarios. (Resolución 17/97).

En el mejor de los casos, las distribuidoras cumplen con lo que corresponde en cuanto a las instalaciones y funcionamiento de los servicios propiamente dichos y no con respecto al cumplimiento de normas vigentes relativas a señalización y seguridad durante la ejecución de los trabajos, y rellenado, compactación y terminación de aceras y calzadas utilizadas para la ejecución de este tipo de obras.
Según el Instituto de Economía Energética, asociado a la Fundación Bariloche, «el marco regulatorio no parecería destinado centralmente a normar sólo el funcionamiento del sistema, ni preocupado por la futura expansión del mismo, sino más bien dispuesto a asegurar la rentabilidad de los activos privatizados, prerrequisito para poder llevar a cabo con éxito la privatización».

Englobados en el área de energía, el servicio público de transporte y distribución de electricidad y el del gas -al que está dedicado el capítulo siguiente- tienen muchas similitudes:

Son las únicas dos privatizaciones que no fueron hechas por decreto sino por ley.

Ambas fueron consideradas privatizaciones ejemplares por el menemismo

Antes de ser privatizadas las tarifas fueron previamente aumentadas, en perjuicio -fundamentalmente- de los usuarios de menores ingresos.

El proceso quedó fuertemente concentrado: unos pocos actores accedieron al control de los distintos eslabones de las respectivas cadenas. Si bien la ley preveía mecanismo para evitarlo, la reglamentación flexibilizó las restricciones.

En los dos casos fracasaron las audiencias públicas
La privatización de la energía eléctrica fue considerada un caso modelo. Por lo menos hasta el «apagón» de Edesur de principios de 1999, que dejó sin luz a 100 mil usuarios por casi dos semanas. Fue entonces cuando quedaron dramáticamente expuestos tanto los incumplimientos de la firma -en materia de inversiones y normas mínimas de seguridad y previsión-, como las fallas del ENRE, encargado del control y seguimiento de la concesión. La ley por la que se privatizó el servicio de luz establecía un plazo de 60 días para la creación del organismo. Pero la demora en reglamentar la norma pospuso en más de un año la conformación del ente y preanunció lo que sería la conducta del ENRE.

Basta un ejemplo: cuatro días después del apagón, el vicepresidente del ENRE, le solicitó al presidente de Edesur que acreditara «fehacientemente» si en las instalaciones de la subestación Azopardo, cuya falla hizo que entrara en colapso el sistema, «se había dado estricto cumplimiento a las normas técnicas de diseño nacionales e internacionales que regulan la materia para instalaciones de esas características». Tal como destaca Daniel Azpiazu «que el ‘regulador’ le consulte al ‘regulado’ por el grado de cumplimiento de las normas es, cuando menos, sorprendente».

Entre otras cosas, los informes de auditoría puntualizan que el Enre:

Dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante inspecciones, en detrimento de la seguridad de los usuarios. (Resolución AGN N° 114/98 y 133/96)

No realizó controles preventivos y sólo verificó anomalías y accidentes a posteriori, algunos de los cuales tomó conocimiento a través de informaciones periodísticas. (Resolución AGN N 133/96).

No ejerció un control eficaz y suficiente del régimen tarifario aplicable a jubilados y pensionados y no estableció un procedimiento que redujera al mínimo posible la existencia de errores y/o fraudes que perjudicaran al Estado Nacional ( Resoluciones AGN Nº 110/96, Nº 131/94 y Nº 236/93)

No coordinó tareas y esfuerzos con las municipalidades, respecto a las medidas de seguridad relacionadas con las obras en la vía pública. (Resolución AGN N° 114/98).

Dio por «cerrados» varios expedientes por accidentes, enviando sus actuaciones a archivo. ( Resolución AGN N° 2/02).

No emitió un instructivo que regularice y encuadre las presentaciones de las concesionarias que requieren la emisión previa de certificado para iniciar los trabajos de construcción. De la documentación relevada, no surge que efectúe observaciones de los anteproyectos técnicos, ni que realice inspecciones durante la construcción, o con posterioridad a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de las distribuidoras. (Resolución AGN N 19/2002).

No adoptó ninguna resolución respecto de la gran cantidad de reclamos efectuados por los usuarios (Resolución AGN N 2/2002)

Carece de medios informáticos adecuados para una cantidad de reclamos que se incrementa mes a mes. Así, demora considerablemente la notificación de los reclamos a las distribuidoras y esto retrasa innecesariamente la solución efectiva del problema. La ausencia de un sistema interconectado en tiempo real entre el ente y las distribuidoras, para la comunicación, tratamiento y resolución de los reclamos, extiende los plazos en las respuestas de cada problema presentado por los usuarios del servicio eléctrico.

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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos

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Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.

Por Claudia Acuña

Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.

Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.

Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.

A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Hasta lograrlo.

Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.

Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.

Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.

Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.

Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.

Quizá.

Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.

Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.

La presentación

Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.

Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.

Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».

El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

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La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.

Por Francisco Pandolfi

Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.

La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”. 

Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».

Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.

En la conferencia de prensa convocada por la familia de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por las Fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, Fabián, su papá, habló sobre la salud de su hijo.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:35:39.538Z

Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.

Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”. 

En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.

La causa, sin avances

Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.

Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”. 

La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.

Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.

Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es junto a Paula Litvachky, del CELS, la abogada que representa a la familia jurídicamente. En este video cuenta los avances de la causa judicial:

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:54:48.310Z

Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.

Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.

Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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