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Se apagó la lamparita: la privatización del sistema eléctrico

Publicada

hace 19 años

13/07/2004

La publicidad oficial dice que apagando una bombita se ayuda a generar fuentes de trabajo. Se trata, con ese mensaje, de incentivar el ahorro de energía. El mismo fin persigue la política de premios y castigos puesta en marcha hace poco más de un mes, eufemismo para no llamar aumento a un incremento en las facturas. El origen de todo esto hay que rastrearlo en la privatización del sistema eléctrico, mencionada como un caso modelo del proceso de traspaso al capital privado de los servicios públicos que prestaba el Estado. Al menos hasta el apagón de 1999, que dejó sin luz a cien mil personas durante dos semanas. La cifra en que se realizó esa operación no alcanzó ni siquiera a cubrir los pasivos que la Nación se hizo cargo en la transacción. Además, las empresas fueron entregadas luego de que se realizara una reducción de personal y un aumento tarifario. El reordenamiento de precios posterior benefició a los sectores más pudientes y el ente regulador, como en casi todos los casos, no cumplió con su función.

En 1992 el Estado transfirió al capital privado el sistema de energía eléctrica por 3.300 millones y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenían las empresas de electricidad por 3.500 millones. La operación no sirvió, entonces, ni siquiera para saldar los pasivos.
Previo a la privatización, el Estado redujo un 50 por ciento el personal de SEGBA y fueron incrementadas las tarifas. El reordenamiento tarifario producido por las empresas privadas afectaron en mayor medida a los sectores más necesitados.
Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF. Son todas empresas que tienen, a su vez, la energía como uno de sus principales insumos. «Las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficios», según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Para modificar los precios las empresas, según la Auditoría General de la Nación, no cumplieron con la obligación de llamar a audiencias públicas ni de publicar el cuadro tarifario.
El Ente Nacional Regulador de Energía dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante sus inspecciones. Además, no realizó controles preventivos y np ejerció un control eficaz sobre el régimen tarifario. Encima, dio por cerrado expedientes por accidentes y, aunque parezca increíble, consultaba a los propios regulados para saber si cumplían o no con sus obligaciones.

Hasta abril de 1992 el sistema de energía eléctrica era un servicio público a cargo de tres firmas estatales -Segba, Agua y Energía Eléctrica, e Hidronor- que luego de la privatización se segmentó en cinco empresas de generación, una transportadora grande empresas transportadoras de alcance provincial o regional y tres distribuidoras. Estas últimas -Edesur, Edenor y Edelap- poseen exclusividad zonal para la prestación del servicio, por el lapso de 95 años. Estas transferencias al capital privado representaron un ingreso para el Estado de aproximadamente 3.300 millones de dólares y, al mismo tiempo, el fisco absorbió la deuda que tenía las antiguas empresas por 3.500 millones de dólares. De modo que el Estado no sólo se quedó sin el control del servicio sino que la operación ni siquiera le alcanzó para saldar los pasivos que tenían, previamente, las empresas privatizadas.

A ello hay que sumar que, para hacer más atractiva la oferta, hubo fuertes expulsiones de trabajadores. Al momento de la privatización de Segba, el personal ocupado era un 50% más bajo que el existente a mediados de los 80. Como parte del mismo «trabajo sucio» a cargo del Estado, también antes del traspaso, fueron incrementadas las tarifas. Sin embargo, en este rubro ocurrió algo inusual en el proceso privatizador: entre marzo de 1991 y diciembre de 1998, cuando el sistema ya estaba fuera de la órbita del Estado, la tarifa promedio de electricidad disminuyó un 10,9%, según un estudio del experto Daniel Azpiazu. Factores como la abundancia de agua acumulada en las regiones donde se ubican las represas hidroeléctricas y el funcionamiento de nuevas plantas de generación incrementaron la oferta de energía eléctrica y ello indujo a una disminución del precio mayorista, que se trasladó luego al precio final, aunque de manera regresiva.

«Las tarifas residenciales reflejan una disminución inferior a la registrada por los usuarios industriales, y, a su vez, dentro de las tarifas residenciales, la que menos se redujo es la correspondiente a los usuarios de bajo consumo (1,6%), en tanto la que más disminuyó es la abonada por los usuarios de alto consumo (70,4%). Dado que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, existe una alta correlación entre los niveles de consumo y los ingresos de los distintos hogares, puede inferirse que el sector que menos se benefició con el reordenamiento de los precios del mercado eléctrico fue el conformado por los segmentos de la población con menores ingresos», señalan Azpiazu y Martín Schorr en Crónica de una sumisión anunciada.

Los consorcios beneficiados por la privatización estuvieron integrados -en general- por los mismos grupos económicos nacionales – los grupos Pérez Companc, Techint, Soldati- que participaron en la venta de Gas del Estado e YPF, en asociación con empresas extranjeras. Resultaron consorcios especialmente interesados en el área porque son importantes usuarios industriales para los que la energía eléctrica constituye uno de sus principales insumos energéticos y, porque -a su vez- participaron en las privatizaciones encaradas en los sectores petrolero y gasífero, con lo cual pasaron a ocupar un papel decisivo en el mercado energético nacional. Además, aún a pesar de la disminución de las tarifas «las empresas prestatarias registraron elevados márgenes de beneficio. De considerar el período 1994-1999, las distribuidoras surgidas de la privatización de Segba registraron, en promedio, una tasa de utilidades sobre ventas del 7,0%; porcentual que se ubica en el orden del 15% cuando se considera la rentabilidad de las principales generadoras, según indican las estimaciones del Àrea de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En cuanto a las tarifas, varios informes de la Auditoría General de la Nación determinan, a la vez, que:

Con posterioridad a la celebración de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica con Edenor, Edesur y Edelap, se introdujeron modificaciones al Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario contemplado, sin celebrarse en forma previa una audiencia pública con el fin de preservar los intereses económicos de los usuarios finales del servicio. (Resolución AGN 145/2002).

Edenor y Edesur no cumplieron con la obligación de publicar el cuadro tarifario y sus modificaciones en al menos dos diarios de amplia circulación (Resolución AGN N 145/02)

La empresa Edenor aplicó erróneamente algunos parámetros, que luego rectificó, a instancias del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. En esa oportunidad la Auditoría constató procedimientos y circuitos de carácter informal y recomendó su normatización. (Resolución AGN 104/94)
Las auditorías señalan, además:

Falta de equipos adecuados para hacer mediciones fiables.

Campañas de medición realizadas en forma deficiente.

Falta de información y comunicación al ENRE de los accidentes ocurridos en la vía pública. Si lo denuncian, lo hacen tardíamente lo que dificulta el seguimiento del hecho y la eventual sanción.

Frente a un problema climático, las distribuidoras no tienen una estructura adecuada para la atención eficaz y eficiente de los reclamos efectuados por los usuarios. (Resolución 17/97).

En el mejor de los casos, las distribuidoras cumplen con lo que corresponde en cuanto a las instalaciones y funcionamiento de los servicios propiamente dichos y no con respecto al cumplimiento de normas vigentes relativas a señalización y seguridad durante la ejecución de los trabajos, y rellenado, compactación y terminación de aceras y calzadas utilizadas para la ejecución de este tipo de obras.
Según el Instituto de Economía Energética, asociado a la Fundación Bariloche, «el marco regulatorio no parecería destinado centralmente a normar sólo el funcionamiento del sistema, ni preocupado por la futura expansión del mismo, sino más bien dispuesto a asegurar la rentabilidad de los activos privatizados, prerrequisito para poder llevar a cabo con éxito la privatización».

Englobados en el área de energía, el servicio público de transporte y distribución de electricidad y el del gas -al que está dedicado el capítulo siguiente- tienen muchas similitudes:

Son las únicas dos privatizaciones que no fueron hechas por decreto sino por ley.

Ambas fueron consideradas privatizaciones ejemplares por el menemismo

Antes de ser privatizadas las tarifas fueron previamente aumentadas, en perjuicio -fundamentalmente- de los usuarios de menores ingresos.

El proceso quedó fuertemente concentrado: unos pocos actores accedieron al control de los distintos eslabones de las respectivas cadenas. Si bien la ley preveía mecanismo para evitarlo, la reglamentación flexibilizó las restricciones.

En los dos casos fracasaron las audiencias públicas
La privatización de la energía eléctrica fue considerada un caso modelo. Por lo menos hasta el «apagón» de Edesur de principios de 1999, que dejó sin luz a 100 mil usuarios por casi dos semanas. Fue entonces cuando quedaron dramáticamente expuestos tanto los incumplimientos de la firma -en materia de inversiones y normas mínimas de seguridad y previsión-, como las fallas del ENRE, encargado del control y seguimiento de la concesión. La ley por la que se privatizó el servicio de luz establecía un plazo de 60 días para la creación del organismo. Pero la demora en reglamentar la norma pospuso en más de un año la conformación del ente y preanunció lo que sería la conducta del ENRE.

Basta un ejemplo: cuatro días después del apagón, el vicepresidente del ENRE, le solicitó al presidente de Edesur que acreditara «fehacientemente» si en las instalaciones de la subestación Azopardo, cuya falla hizo que entrara en colapso el sistema, «se había dado estricto cumplimiento a las normas técnicas de diseño nacionales e internacionales que regulan la materia para instalaciones de esas características». Tal como destaca Daniel Azpiazu «que el ‘regulador’ le consulte al ‘regulado’ por el grado de cumplimiento de las normas es, cuando menos, sorprendente».

Entre otras cosas, los informes de auditoría puntualizan que el Enre:

Dejó sin sanción gran parte de las anomalías detectadas mediante inspecciones, en detrimento de la seguridad de los usuarios. (Resolución AGN N° 114/98 y 133/96)

No realizó controles preventivos y sólo verificó anomalías y accidentes a posteriori, algunos de los cuales tomó conocimiento a través de informaciones periodísticas. (Resolución AGN N 133/96).

No ejerció un control eficaz y suficiente del régimen tarifario aplicable a jubilados y pensionados y no estableció un procedimiento que redujera al mínimo posible la existencia de errores y/o fraudes que perjudicaran al Estado Nacional ( Resoluciones AGN Nº 110/96, Nº 131/94 y Nº 236/93)

No coordinó tareas y esfuerzos con las municipalidades, respecto a las medidas de seguridad relacionadas con las obras en la vía pública. (Resolución AGN N° 114/98).

Dio por «cerrados» varios expedientes por accidentes, enviando sus actuaciones a archivo. ( Resolución AGN N° 2/02).

No emitió un instructivo que regularice y encuadre las presentaciones de las concesionarias que requieren la emisión previa de certificado para iniciar los trabajos de construcción. De la documentación relevada, no surge que efectúe observaciones de los anteproyectos técnicos, ni que realice inspecciones durante la construcción, o con posterioridad a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de las distribuidoras. (Resolución AGN N 19/2002).

No adoptó ninguna resolución respecto de la gran cantidad de reclamos efectuados por los usuarios (Resolución AGN N 2/2002)

Carece de medios informáticos adecuados para una cantidad de reclamos que se incrementa mes a mes. Así, demora considerablemente la notificación de los reclamos a las distribuidoras y esto retrasa innecesariamente la solución efectiva del problema. La ausencia de un sistema interconectado en tiempo real entre el ente y las distribuidoras, para la comunicación, tratamiento y resolución de los reclamos, extiende los plazos en las respuestas de cada problema presentado por los usuarios del servicio eléctrico.

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 1 día

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Publicada

hace 2 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 4 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.