El fiscal federal Federico Delgado dio curso a una denuncia contra las máximas autoridades del Gobierno argentino por encubrimiento en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El juez Canicoba Corral se declaró incompetente y ahora debe decidir la Cámara de Apelaciones. «Se armó revuelo por el pedido de que se investigara, pero es nuestro trabajo: nos pagan un alto salario para hacerlo». En diálogo con lavaca advierte: «Hay una apropiación del caso por múltiples facciones: políticas, mediáticas, mediáticas/empresariales. Y allí, en algún punto, lo que menos importa es la verdad. Lo que está pasando revela nuestra pobreza institucional». Describe la diferencia entre una operación de prensa y plantar en los medios una prueba falsa y cuestiona que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, calificara como “cínica” la apertura de la causa por encubrimiento: “Es preocupante que la palabra del Estado hacia el Estado sea la violencia”.
 

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E. Sampay presentaron el 26 de agosto una denuncia penal para que la Justicia federal investigue si funcionarios del Gobierno encubrieron la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Los organismos subrayaron que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. La denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, quien la derivó al fiscal federal Federico Delgado. “La denuncia está estructurada en dos variables”, dice Delgado en diálogo con lavaca. “La primera es el paso del tiempo de la desaparición y la otra, que las cosas que se hicieron desde el Estado ocurrieron con el fin de tapar la verdad”.
El fiscal dio curso a la denuncia que apunta a los principales funcionarios del Gobierno:

• El Presidente Mauricio Macri.
• El jefe de Gabinete, Marcos Peña.
• La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
• El jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti.
• El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
• El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.
• El director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero.

Canicoba Corral se declaró “incompetente” para intervenir en la denuncia ya que -explicó- «la conducta exigida a las personas denunciadas se refiere a un hecho sucedido en jurisdicción del juez federal de Esquel”.
El fiscal federal Delgado apeló: “Lo único claro es que Santiago desapareció, que podrían haber agencias de seguridad involucradas y que se reaccionó de alguna manera o de otra frente a esos hechos. Este expediente radicado en la justicia federal criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se justifica porque es preciso someter a investigación esa reacción, porque los denunciantes sospechan que podría involucrar acciones u omisiones delictivas”.
La decisión ahora quedó en manos de la Cámara de Apelaciones. El fiscal dice a lavaca que el dictamen recién podría conocerse a mediados de octubre. “Me sorprendió, pensé que iba a ser más rápido por la trascendencia del caso. El tema del manejo de los tiempos en la Justicia es una patología en Argentina. Se armó revuelo por el pedido de que se investigara, pero es nuestro trabajo: nos pagan un alto salario para hacerlo”.
–¿No hay ya formado un sentido común respecto a un posible rechazo?
-Pero está mal. Primero hay que hacer un trabajo. Es como que un editor mande a diez pibes a la calle a que busquen temas y, sin leer el texto, diga que no sirve. Tenés que leerlo. Es lo que pasó: Canicoba Corral se llama “incompetente”. Siempre las posiciones que tienen que ver con lo jurídico -como todo lo social- tienen muchas miradas. La mirada del juez es que, si hubo encubrimiento, se cometió en Esquel. Nosotros apelamos porque hace muchos años la Corte Suprema dijo a los jueces que antes de decidir sobre la competencia, hay que chequear la denuncia. Es básico.
-¿Influye que sea una denuncia contra funcionarios de primera línea?
-Nos pagan para chequear hechos: no importa si dice Pérez, Kirchner o Macri. Aquí un organismo de derechos humanos dice que el Estado encubrió. Y hay que investigar eso.
-¿Cuál es el alcance de la denuncia?
-Está atado a la investigación. Puede terminar en un funcionario de quinta categoría o en uno de primera.
-¿Y en este momento a quién alcanza?
-Hay que chequear. La denuncia nombra a muchos. Lo que sí nosotros señalamos en nuestro dictamen es que sería bueno que el juez federal Guido Otranto se aparte (en estas horas debe resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia). No es porque sea un buen o mal juez: de alguna manera su subjetividad está contaminada porque era quien tenía la señoría en el corte de ruta. Es el que articuló el dispositivo de seguridad. Está en el límite de estar involucrado, al menos subjetivamente. Nos parecía mucho más prolijo que diga que como él participó en el operativo en el que fue visto por última vez Santiago Maldonado, se corra y venga otro magistrado.
-Es lo que denunció la familia Maldonado.
-Y está bien. Es de manual y en todas las causas pasa. En realidad, los jueces mismos dicen: “Acá no me voy a meter porque, de algún modo, estoy mencionado, rozado o tangencialmente involucrado: mejor que lo haga otro”. Es de práctica.
-Uno de los ejes de la denuncia que usted dio curso es la posible existencia de un “pacto de silencio”. ¿Qué piensa usted?
-Me parece que en Argentina hay un proceso de degradación constitucional que cada día se profundiza un poco más. Hay algunos delitos que conmueven la opinión pública. Con una hipótesis de desaparición forzada en este país, ¿uno qué piensa? Que por la memoria histórica, el Estado en su conjunto se tiene que involucrar para ver qué pasó. Sin embargo, en vez de que los actores se involucren para esclarecerlo, aún en una estrategia altruista, hay una apropiación del caso por múltiples facciones: políticas, mediáticas, mediáticas/empresariales. Allí empiezan a apropiarse del caso y a recortarlo según sus intereses específicos que, en vez de constituir un mecanismo de mediación para resolver el caso, funciona como una piedra que se tiran unos a otros. Y allí, en algún punto, lo que menos importa es la verdad. Lo que está pasando es eso: revela nuestra pobreza institucional. Se están perdiendo las instancias de mediación.
–¿Cómo impacta esa trama en una investigación por desaparición forzada?
-Revela la impericia de nuestras fuerzas de seguridad y nuestro sistema judicial para buscar. Hace unos meses nosotros buscamos a Nadia Rojas, una chica cuya hipótesis era que había sido secuestrada por una red de trata. Es muy difícil buscar, porque si bien a veces los policías trabajan con buena voluntad, hace falta mucha preparación. En el caso de Rojas era una chica vulnerable, con una mala relación con la madre, y si bien cada vez más se alejaba de la hipótesis inicial, buscarla era imposible. Hay problemas muy graves de preparación técnica en la policía, en la Justicia y en nosotros también. Y en los casos como Santiago Maldonado se ven todos esos matices mezclados con la apropiación política y la pobreza institucional: esa ensalada es una radiografía de lo que es gran parte la Argentina.
-¿Cómo impacta esa impericia cuando el sujeto a investigar es el propio Estado?
-Es tremendo. Todos los hechos de desaparición no se pueden hacer sin una tolerancia estatal: puede ser por acción, por omisión, por torpeza o por una mezcla de las tres.
-¿Qué pudieron ver de la causa?
-No vimos nada. El tiempo conspira. Lo que está bueno es ir avanzado en paralelo. Hay miles de puntas para trabajar: los videos, el policía que dice que había rastros de balas 9mm y nadie las levantó, la interpelación al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Nos preparamos para empezar a trabajar, pero queda ahora en una especie de congelamiento. Sólo teníamos que comparar si lo que se hizo estuvo bien y, además, si hubo cosas que había que hacerse y no se hicieron. Desde el punto de vista técnico, el desafío no es tan complicado: es inspeccionar lo que hizo otro.
-¿El Gobierno, en este caso?
-La investigación incluye al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. En Argentina, a diferencias de otros países, el Ejecutivo conserva las policías, mientras lo judicial sólo aplica la ley. Esto tiene un gran problema, que no se narra, pero tiene mucha incidencia en la impotencia de la Justicia: para cumplir sus decisiones siempre necesita del Poder Ejecutivo. Si la policía no actúa, ¿qué hace el juez? Por eso las investigaciones son complicadas: por el propio diseño que tiene Argentina hay que investigar lo que hace el sistema judicial y el Poder Ejecutivo. Pensemos a la policía en abstracto: son parte del Ejecutivo, pero en las investigaciones trabajan subordinadas al juez. Son dos lealtades: ¿pueden desdoblarse? En muchos países hay policías judiciales. Se necesita un poder especializado que dependa del Poder Judicial.
-En el caso de la desaparición forzada de Maldonado, eso se ve en las propias “actuaciones administrativas” que presentó el Ministerio de Seguridad a la Justicia. Si bien fueron cuestionadas duramente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, se pretendió orientar la investigación con pruebas sin ningún peso probatorio.
-Es la lógica del zorro en el gallinero. En Argentina el problema es el divorcio que hay entre la ley y su aplicación. En cualquier espacio institucional, cuando hay un problema y hay que hacer una auditoría, existen mecanismos de contrapeso porque es difícil que te investigues a vos mismo. Es imposible que personas de a pie no tengan estrategias egoístas: siempre hay relaciones intra agencia para que se garantice una autonomía relativa de la investigación. Más allá de que aquí seguimos hablando de una persona que está desaparecida, si te alejás un poco para pensar en abstracto cómo está diseñado el sistema, percibís que hay un montón de cosas que tienen explicación por la propia deformación del sistema, que están sedimentadas en el tiempo y en la historia.
–¿Qué impacto tienen las operaciones de prensa en una trama de encubrimiento?
-Lo que pasa es que al juez no le puede influenciar eso: es parte del ruido de la libertad. Tiene que ver más con una cuestión cultural que con la judicial penal.
 -¿Y si hay un Ministerio que promueve hipótesis falsas?
-Pero eso no sería operación de prensa: si el juez prueba que alguien monta una prueba falsa, es un delito. Hay que hacer una distinción. Lo que se dice en los medios es ingobernable y es una cuestión de ética colectiva. Ahora: es distinto plantar pruebas. Eso es delito. El encubrimiento es una figura básica: tapar. Básicamente, en el caso de una desaparición, es que vos tenés información de un delito, sabés que algo irregular se hizo y tenés la obligación de proceder de acuerdo a ello, pero elegís otro camino.
-¿Por eso es improcedente el rechazo de Canicoba Corral? ¿Porque el encubrimiento no sólo impacta en Esquel, sino a altas figuras del Estado argentino?
-Es una especulación: ¿cómo sabés si hay un encubrimiento o no? Lo que hizo es como recetarle al paciente una ecografía sin saber si tiene fiebre o dolor de estómago. Es una locura. Es una discusión que no tiene que ver con la realidad.
–Usted recibió algunas críticas por aceptar la denuncia. Por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, dijo que era “cínico” acusarlos de encubrimiento.
-Es una locura. Eso es violencia política: me preocupa mucho. Es el Poder Ejecutivo: ¡es el Estado el que está hablando a través de su área de Derechos Humanos! En términos teóricos, lo que se está jugando aquí es la cuestión de frenos y contrapesos: es una institución que le pide al Poder Judicial inspeccionar un comportamiento del Poder Ejecutivo a partir de una denuncia. Entonces, que el Ejecutivo responda que es “cínico” es preocupante. No quiero ser agorero, pero en los ´60 empezó igual. Tienen que ser prudentes. Al hermano de Santiago Maldonado yo no le puedo pedir prudencia, tampoco a los padres: tienen el dolor en el cuerpo, el dolor humano de un familiar de un desaparecido que quiere saber qué pasó. Pero que la palabra del Estado hacia el Estado sea la violencia, es preocupante: no están dadas las instancias de mediación.
-¿Se puede desvincular eso del marco de una investigación por desaparición forzada?
-Claro que no.