Nota
ESMA: El juicio enjuiciado
Tanto la Fiscalía como los querellantes pronunciaron sus alegatos en el primer juicio que se le lleva a un represor que actuó en la ESMA durante la dictadura militar. Además de pedir 25 años de condena, criticaron la manera en que se llevó a cabo este proceso judicial, y la sentencia contra los ex comandantes de 1985. Exigieron que ese fallo sea un piso y no un techo para los nuevos juicios que se llevan adelante desde la anulación de las leyes de perdón.
A pesar de su voluntad, Héctor Febres tuvo que escuchar en persona los alegatos de las querellas y de la Fiscalía, quienes pidieron 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras era uno de los dueños de la vida y de la muerte en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la pasada dictadura militar. Sentado en el banquillo de los acusados, El Gordo Selva –uno de sus apodos- dio una imagen diferente a la de la arrogancia y prepotencia que lucía en aquellos tiempos, según lo recordó la casi media centena de testigos que declaró en el juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Comodoro Py. Febres se pasó las dos jornadas que duró la lectura de alegatos frotando intensamente una medallita con su pulgar izquierdo y tuvo que ser retirado de la sala cuando el titular del tribunal llamó a un cuarto intermedio de cinco minutos, lapso en el que el público comenzó a gritarle calificativos del tipo “Asesino, represor, hijo de puta” mientras otros le cantaban: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
El impacto
Tanto la fiscal Mirna Goransky como el abogado querellante Rodolfo Yanzón – representante de las víctimas Alfredo Margari y Carlos García- comenzaron sus intervenciones criticando con dureza la forma en que se llevó a cabo este juicio. Cuestionaron que sea un solo represor el que está sentado en el banquillo y que sólo se lo juzgue por cuatro casos (Margari, García, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Lordknipanidse), cuando está imputado en más de 300. “Acá hubo varios testigos, como Cacho Furman, que se preguntaron: ´¿Por qué tengo que venir a declarar como testigo si yo fui víctima de las torturas de Febres?`”, recordó Goransky.
La representante del Ministerio Público y el abogado también subrayaron el alto impacto emocional que sufren los sobrevivientes cada vez que tienen que dar testimonio y señalaron los riesgos a los que se exponen, que dejaron de ser mera hipótesis después de la desaparición de Julio López, testigo clave en el caso que terminó con la condena a prisión perpetua del represor Miguel Etchecolatz. “Espero que a partir de este juicio las cosas se hagan de otra manera. Si no, todos nosotros nos la vamos a pasar haciendo colas en los tribunales”, manifestó Goransky.
Crítica al juicio a las juntas
En lo que fue, quizá, la mayor novedad política de estos alegatos Tanto Goransky como Yanzón arremetieron con severidad contra la sentencia de la Causa 13, la que en 1985 condenó a los miembros de las juntas militares, después indultados por Carlos Menem. “La Cámara Federal señaló que todo lo que sucedió a partir de 1976 fue consecuencia del accionar subversivo. Sin embargo, están los reglamentos secretos militares de 1968, aportados a esta causa, que ya entonces señalaban cuáles eran los objetivos de las Fuerzas Armadas. Si no hubiera habido guerrilla, igual hubiera habido represión, porque lo que hacía falta era disciplinamiento social. Las Fuerzas Armadas no se oponían a la violencia, sino a la organización social. Los conceptos desarrollados en aquella sentencia deben ser superados. Por entonces no se hablaba de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de la responsabilidad horizontal de los miembros de las fuerzas en las violaciones a los derechos humanos y no se aplicaron nociones del derecho internacional”, se explayó Yanzón que señaló que si todo esto hubiera sido tomado en cuenta en aquel juicio, Orlando Agosti no hubiera sido condenado a tan sólo cuatro años de prisión.
El juez cuestionado
La fiscal Goransky adhirió a este planteo de Yanzón sobre la Causa 13, y también cuando el abogado criticó al titular del tribunal, Guillermo Gordo: “En el fallo que condenó al represor Julio Simón a 25 años de prisión, Gordo votó en minoría y propuso una condena de tan solo 12 años argumentando que la pena no podía superar los 17 años, la condena que había recibido el ex presidente de facto Roberto Viola, su superior, en la causa 13. Pero nosotros sostenemos que el ejecutor material tiene tanta responsabilidad como el mediato. La causa 13 nunca puede ser un techo, debe ser un piso”.
Otro miembro del Tribunal, Ricardo Farías, había votado en aquella oportunidad por una pena mayor para Simón. El tercer miembro, Daniel Delgado, por entonces no formaba parte del trío de magistrados. Su voto, se supone, será el que decida el destino de Febres. Él, entonces, fue el verdadero destinatario del mensaje de Yanzón, que también criticó a los magistrados por obligar a las Madres de Plaza de Mayo que presenciaron el juicio a quitarse los pañuelos durante las audiencias.
Ningún militar juzgado
En su alegato, Yanzón también cuestionó a los camaristas de casación Alfredo Bisordi, Amelia Berráz de Vidal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi, entre otros, por impedir el avance de otras causas vinculadas a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. “España –recordó- condenó a Adolfo Scilingo, Italia a Suárez Mason, Francia a Alfredo Astiz, Alemania pidió la extradición de Jorge Videla y acá apenas hubo cuatro juicios ( los policías Simón y Etchecolatz, el capellán Christian Von Wenich y el prefecto Febres) y ninguno a miembros de la Fuerzas Armadas. Nos tenemos que conformar con este juicio chico”.
La acusación de Goransky: el gesto de Febres
Goransky y Luz Palmas Zaldúa –colaboradora de Yanzón- hicieron un pormenorizado repaso de las pruebas fácticas recogidas a lo largo de las once audiencias testimoniales que tuvo este juicio. Allí recordaron que Febres aplicó tormentos a las víctimas, las interrogó, les adjudicaba el trabajo esclavo, saqueaba imprentas, participaba de operativos de secuestro tanto en el país como en el exterior, trasladó a la isla El Silencio a los secuestrados mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba el país, tenía a su cargo el subsuelo del Casino de Oficiales donde estaban las salas de torturas, daba órdenes a los subordinados y a los detenidos, tenía autonomía para tomar decisiones, presionaba y extorsionaba a familiares de las víctimas y bajo su responsabilidad estaban las embarazadas, así como también el destino de los bebés que allí nacían.
“Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. El sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.
Genocidio
El tercer alegato estuvo a cargo de Miryam Bregman, patrocinante de Carlos Lordkipanidse. “Este juicio trató de ser el árbol que oculte el bosque”, denunció Bregman, que también manifestó su desacuerdo con la forma fragmentada en que se están llevando adelante las causas por violaciones a los derechos humanos. Bregman enmarcó los hechos dentro de un genocidio, un concepto que también mencionó Goransky. “Febres tendría que ser condenado a perpetuidad, siendo que los crímenes que cometió no ameritan que esté un día más en libertad o en detenciones de privilegio”, dijo. Pero, sin embargo, también pidió una pena 25 años de prisión debido a que esa es la pena que establece el Código Penal para el reducido número de delitos que se lo acusa.
Cárcel común
Los tres alegatos coincidieron en acusar a Febres como coautor de los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, agravados por su condición de funcionario público, por la duración en el tiempo en que fueron sostenidos y por tratarse las víctimas de perseguidas por su militancia política. Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes exigieron en sus alegatos que el imputado cumpla su eventual condena en una cárcel común y no en un destacamento de Prefectura, como lo viene haciendo hasta ahora bajo el régimen de prisión preventiva.
Este martes se escuchará el alegato de la defensa y el fallo se conocerá el próximo 14 de diciembre. Los argumentos recién se leerán una semana más tarde. Allí podrá saberse qué opinan los jueces sobre lo que han escuchado en cada una de estas jornadas.
Nota
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.
Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.
Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.
Video: Sebastián Smok.
De la economía popular a la formal
“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI
Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.
Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.
Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.
Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad
Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.
¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)
¿Por qué creés que quieren que se termine?
Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.
Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?
Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.
¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?
No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.
¿Cómo volvemos para volver a ser marea?
Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.



Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok
Nota
Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.
Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.
En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.
La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.
La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
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