Nota
ESMA: El juicio enjuiciado
Tanto la Fiscalía como los querellantes pronunciaron sus alegatos en el primer juicio que se le lleva a un represor que actuó en la ESMA durante la dictadura militar. Además de pedir 25 años de condena, criticaron la manera en que se llevó a cabo este proceso judicial, y la sentencia contra los ex comandantes de 1985. Exigieron que ese fallo sea un piso y no un techo para los nuevos juicios que se llevan adelante desde la anulación de las leyes de perdón.
A pesar de su voluntad, Héctor Febres tuvo que escuchar en persona los alegatos de las querellas y de la Fiscalía, quienes pidieron 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras era uno de los dueños de la vida y de la muerte en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la pasada dictadura militar. Sentado en el banquillo de los acusados, El Gordo Selva –uno de sus apodos- dio una imagen diferente a la de la arrogancia y prepotencia que lucía en aquellos tiempos, según lo recordó la casi media centena de testigos que declaró en el juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Comodoro Py. Febres se pasó las dos jornadas que duró la lectura de alegatos frotando intensamente una medallita con su pulgar izquierdo y tuvo que ser retirado de la sala cuando el titular del tribunal llamó a un cuarto intermedio de cinco minutos, lapso en el que el público comenzó a gritarle calificativos del tipo “Asesino, represor, hijo de puta” mientras otros le cantaban: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
El impacto
Tanto la fiscal Mirna Goransky como el abogado querellante Rodolfo Yanzón – representante de las víctimas Alfredo Margari y Carlos García- comenzaron sus intervenciones criticando con dureza la forma en que se llevó a cabo este juicio. Cuestionaron que sea un solo represor el que está sentado en el banquillo y que sólo se lo juzgue por cuatro casos (Margari, García, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Lordknipanidse), cuando está imputado en más de 300. “Acá hubo varios testigos, como Cacho Furman, que se preguntaron: ´¿Por qué tengo que venir a declarar como testigo si yo fui víctima de las torturas de Febres?`”, recordó Goransky.
La representante del Ministerio Público y el abogado también subrayaron el alto impacto emocional que sufren los sobrevivientes cada vez que tienen que dar testimonio y señalaron los riesgos a los que se exponen, que dejaron de ser mera hipótesis después de la desaparición de Julio López, testigo clave en el caso que terminó con la condena a prisión perpetua del represor Miguel Etchecolatz. “Espero que a partir de este juicio las cosas se hagan de otra manera. Si no, todos nosotros nos la vamos a pasar haciendo colas en los tribunales”, manifestó Goransky.
Crítica al juicio a las juntas
En lo que fue, quizá, la mayor novedad política de estos alegatos Tanto Goransky como Yanzón arremetieron con severidad contra la sentencia de la Causa 13, la que en 1985 condenó a los miembros de las juntas militares, después indultados por Carlos Menem. “La Cámara Federal señaló que todo lo que sucedió a partir de 1976 fue consecuencia del accionar subversivo. Sin embargo, están los reglamentos secretos militares de 1968, aportados a esta causa, que ya entonces señalaban cuáles eran los objetivos de las Fuerzas Armadas. Si no hubiera habido guerrilla, igual hubiera habido represión, porque lo que hacía falta era disciplinamiento social. Las Fuerzas Armadas no se oponían a la violencia, sino a la organización social. Los conceptos desarrollados en aquella sentencia deben ser superados. Por entonces no se hablaba de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de la responsabilidad horizontal de los miembros de las fuerzas en las violaciones a los derechos humanos y no se aplicaron nociones del derecho internacional”, se explayó Yanzón que señaló que si todo esto hubiera sido tomado en cuenta en aquel juicio, Orlando Agosti no hubiera sido condenado a tan sólo cuatro años de prisión.
El juez cuestionado
La fiscal Goransky adhirió a este planteo de Yanzón sobre la Causa 13, y también cuando el abogado criticó al titular del tribunal, Guillermo Gordo: “En el fallo que condenó al represor Julio Simón a 25 años de prisión, Gordo votó en minoría y propuso una condena de tan solo 12 años argumentando que la pena no podía superar los 17 años, la condena que había recibido el ex presidente de facto Roberto Viola, su superior, en la causa 13. Pero nosotros sostenemos que el ejecutor material tiene tanta responsabilidad como el mediato. La causa 13 nunca puede ser un techo, debe ser un piso”.
Otro miembro del Tribunal, Ricardo Farías, había votado en aquella oportunidad por una pena mayor para Simón. El tercer miembro, Daniel Delgado, por entonces no formaba parte del trío de magistrados. Su voto, se supone, será el que decida el destino de Febres. Él, entonces, fue el verdadero destinatario del mensaje de Yanzón, que también criticó a los magistrados por obligar a las Madres de Plaza de Mayo que presenciaron el juicio a quitarse los pañuelos durante las audiencias.
Ningún militar juzgado
En su alegato, Yanzón también cuestionó a los camaristas de casación Alfredo Bisordi, Amelia Berráz de Vidal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi, entre otros, por impedir el avance de otras causas vinculadas a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. “España –recordó- condenó a Adolfo Scilingo, Italia a Suárez Mason, Francia a Alfredo Astiz, Alemania pidió la extradición de Jorge Videla y acá apenas hubo cuatro juicios ( los policías Simón y Etchecolatz, el capellán Christian Von Wenich y el prefecto Febres) y ninguno a miembros de la Fuerzas Armadas. Nos tenemos que conformar con este juicio chico”.
La acusación de Goransky: el gesto de Febres
Goransky y Luz Palmas Zaldúa –colaboradora de Yanzón- hicieron un pormenorizado repaso de las pruebas fácticas recogidas a lo largo de las once audiencias testimoniales que tuvo este juicio. Allí recordaron que Febres aplicó tormentos a las víctimas, las interrogó, les adjudicaba el trabajo esclavo, saqueaba imprentas, participaba de operativos de secuestro tanto en el país como en el exterior, trasladó a la isla El Silencio a los secuestrados mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba el país, tenía a su cargo el subsuelo del Casino de Oficiales donde estaban las salas de torturas, daba órdenes a los subordinados y a los detenidos, tenía autonomía para tomar decisiones, presionaba y extorsionaba a familiares de las víctimas y bajo su responsabilidad estaban las embarazadas, así como también el destino de los bebés que allí nacían.
“Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. El sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.
Genocidio
El tercer alegato estuvo a cargo de Miryam Bregman, patrocinante de Carlos Lordkipanidse. “Este juicio trató de ser el árbol que oculte el bosque”, denunció Bregman, que también manifestó su desacuerdo con la forma fragmentada en que se están llevando adelante las causas por violaciones a los derechos humanos. Bregman enmarcó los hechos dentro de un genocidio, un concepto que también mencionó Goransky. “Febres tendría que ser condenado a perpetuidad, siendo que los crímenes que cometió no ameritan que esté un día más en libertad o en detenciones de privilegio”, dijo. Pero, sin embargo, también pidió una pena 25 años de prisión debido a que esa es la pena que establece el Código Penal para el reducido número de delitos que se lo acusa.
Cárcel común
Los tres alegatos coincidieron en acusar a Febres como coautor de los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, agravados por su condición de funcionario público, por la duración en el tiempo en que fueron sostenidos y por tratarse las víctimas de perseguidas por su militancia política. Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes exigieron en sus alegatos que el imputado cumpla su eventual condena en una cárcel común y no en un destacamento de Prefectura, como lo viene haciendo hasta ahora bajo el régimen de prisión preventiva.
Este martes se escuchará el alegato de la defensa y el fallo se conocerá el próximo 14 de diciembre. Los argumentos recién se leerán una semana más tarde. Allí podrá saberse qué opinan los jueces sobre lo que han escuchado en cada una de estas jornadas.
Nota
Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.
Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.
Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.
Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.
Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia
La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.
Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.
Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.
Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.
En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.



El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.
Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.
Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.
“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.
Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.


Las condenas:
- Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
- Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
- La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
- Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
- El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
- El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
Nota
Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
Nota
Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
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