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ESMA: El juicio enjuiciado

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Tanto la Fiscalía como los querellantes pronunciaron sus alegatos en el primer juicio que se le lleva a un represor que actuó en la ESMA durante la dictadura militar. Además de pedir 25 años de condena, criticaron la manera en que se llevó a cabo este proceso judicial, y la sentencia contra los ex comandantes de 1985. Exigieron que ese fallo sea un piso y no un techo para los nuevos juicios que se llevan adelante desde la anulación de las leyes de perdón.

A pesar de su voluntad, Héctor Febres tuvo que escuchar en persona los alegatos de las querellas y de la Fiscalía, quienes pidieron 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras era uno de los dueños de la vida y de la muerte en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la pasada dictadura militar. Sentado en el banquillo de los acusados, El Gordo Selva –uno de sus apodos- dio una imagen diferente a la de la arrogancia y prepotencia que lucía en aquellos tiempos, según lo recordó la casi media centena de testigos que declaró en el juicio oral y público que se le sigue en los tribunales de Comodoro Py. Febres se pasó las dos jornadas que duró la lectura de alegatos frotando intensamente una medallita con su pulgar izquierdo y tuvo que ser retirado de la sala cuando el titular del tribunal llamó a un cuarto intermedio de cinco minutos, lapso en el que el público comenzó a gritarle calificativos del tipo “Asesino, represor, hijo de puta” mientras otros le cantaban: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
El impacto
Tanto la fiscal Mirna Goransky como el abogado querellante Rodolfo Yanzón – representante de las víctimas Alfredo Margari y Carlos García- comenzaron sus intervenciones criticando con dureza la forma en que se llevó a cabo este juicio. Cuestionaron que sea un solo represor el que está sentado en el banquillo y que sólo se lo juzgue por cuatro casos (Margari, García, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Lordknipanidse), cuando está imputado en más de 300. “Acá hubo varios testigos, como Cacho Furman, que se preguntaron: ´¿Por qué tengo que venir a declarar como testigo si yo fui víctima de las torturas de Febres?`”, recordó Goransky.
La representante del Ministerio Público y el abogado también subrayaron el alto impacto emocional que sufren los sobrevivientes cada vez que tienen que dar testimonio y señalaron los riesgos a los que se exponen, que dejaron de ser mera hipótesis después de la desaparición de Julio López, testigo clave en el caso que terminó con la condena a prisión perpetua del represor Miguel Etchecolatz. “Espero que a partir de este juicio las cosas se hagan de otra manera. Si no, todos nosotros nos la vamos a pasar haciendo colas en los tribunales”, manifestó Goransky.
Crítica al juicio a las juntas
En lo que fue, quizá, la mayor novedad política de estos alegatos Tanto Goransky como Yanzón arremetieron con severidad contra la sentencia de la Causa 13, la que en 1985 condenó a los miembros de las juntas militares, después indultados por Carlos Menem. “La Cámara Federal señaló que todo lo que sucedió a partir de 1976 fue consecuencia del accionar subversivo. Sin embargo, están los reglamentos secretos militares de 1968, aportados a esta causa, que ya entonces señalaban cuáles eran los objetivos de las Fuerzas Armadas. Si no hubiera habido guerrilla, igual hubiera habido represión, porque lo que hacía falta era disciplinamiento social. Las Fuerzas Armadas no se oponían a la violencia, sino a la organización social. Los conceptos desarrollados en aquella sentencia deben ser superados. Por entonces no se hablaba de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de la responsabilidad horizontal de los miembros de las fuerzas en las violaciones a los derechos humanos y no se aplicaron nociones del derecho internacional”, se explayó Yanzón que señaló que si todo esto hubiera sido tomado en cuenta en aquel juicio, Orlando Agosti no hubiera sido condenado a tan sólo cuatro años de prisión.
El juez cuestionado
La fiscal Goransky adhirió a este planteo de Yanzón sobre la Causa 13, y también cuando el abogado criticó al titular del tribunal, Guillermo Gordo: “En el fallo que condenó al represor Julio Simón a 25 años de prisión, Gordo votó en minoría y propuso una condena de tan solo 12 años argumentando que la pena no podía superar los 17 años, la condena que había recibido el ex presidente de facto Roberto Viola, su superior, en la causa 13. Pero nosotros sostenemos que el ejecutor material tiene tanta responsabilidad como el mediato. La causa 13 nunca puede ser un techo, debe ser un piso”.
Otro miembro del Tribunal, Ricardo Farías, había votado en aquella oportunidad por una pena mayor para Simón. El tercer miembro, Daniel Delgado, por entonces no formaba parte del trío de magistrados. Su voto, se supone, será el que decida el destino de Febres. Él, entonces, fue el verdadero destinatario del mensaje de Yanzón, que también criticó a los magistrados por obligar a las Madres de Plaza de Mayo que presenciaron el juicio a quitarse los pañuelos durante las audiencias.
Ningún militar juzgado
En su alegato, Yanzón también cuestionó a los camaristas de casación Alfredo Bisordi, Amelia Berráz de Vidal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi, entre otros, por impedir el avance de otras causas vinculadas a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. “España –recordó- condenó a Adolfo Scilingo, Italia a Suárez Mason, Francia a Alfredo Astiz, Alemania pidió la extradición de Jorge Videla y acá apenas hubo cuatro juicios ( los policías Simón y Etchecolatz, el capellán Christian Von Wenich y el prefecto Febres) y ninguno a miembros de la Fuerzas Armadas. Nos tenemos que conformar con este juicio chico”.
La acusación de Goransky: el gesto de Febres
Goransky y Luz Palmas Zaldúa –colaboradora de Yanzón- hicieron un pormenorizado repaso de las pruebas fácticas recogidas a lo largo de las once audiencias testimoniales que tuvo este juicio. Allí recordaron que Febres aplicó tormentos a las víctimas, las interrogó, les adjudicaba el trabajo esclavo, saqueaba imprentas, participaba de operativos de secuestro tanto en el país como en el exterior, trasladó a la isla El Silencio a los secuestrados mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba el país, tenía a su cargo el subsuelo del Casino de Oficiales donde estaban las salas de torturas, daba órdenes a los subordinados y a los detenidos, tenía autonomía para tomar decisiones, presionaba y extorsionaba a familiares de las víctimas y bajo su responsabilidad estaban las embarazadas, así como también el destino de los bebés que allí nacían.
“Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. El sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.
Genocidio
El tercer alegato estuvo a cargo de Miryam Bregman, patrocinante de Carlos Lordkipanidse. “Este juicio trató de ser el árbol que oculte el bosque”, denunció Bregman, que también manifestó su desacuerdo con la forma fragmentada en que se están llevando adelante las causas por violaciones a los derechos humanos. Bregman enmarcó los hechos dentro de un genocidio, un concepto que también mencionó Goransky. “Febres tendría que ser condenado a perpetuidad, siendo que los crímenes que cometió no ameritan que esté un día más en libertad o en detenciones de privilegio”, dijo. Pero, sin embargo, también pidió una pena 25 años de prisión debido a que esa es la pena que establece el Código Penal para el reducido número de delitos que se lo acusa.
Cárcel común
Los tres alegatos coincidieron en acusar a Febres como coautor de los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, agravados por su condición de funcionario público, por la duración en el tiempo en que fueron sostenidos y por tratarse las víctimas de perseguidas por su militancia política. Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes exigieron en sus alegatos que el imputado cumpla su eventual condena en una cárcel común y no en un destacamento de Prefectura, como lo viene haciendo hasta ahora bajo el régimen de prisión preventiva.
Este martes se escuchará el alegato de la defensa y el fallo se conocerá el próximo 14 de diciembre. Los argumentos recién se leerán una semana más tarde. Allí podrá saberse qué opinan los jueces sobre lo que han escuchado en cada una de estas jornadas.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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