Madres y padres de víctimas de femicidios se unieron para tejer una voz colectiva de cara a todos los actores sociales que puedan y deban trabajar para terminar con la violencia femicida. Su primera acción pública fue en Plaza de Mayo y entregaron un petitorio de cinco puntos con exigencias al Estado. A partir de febrero los encuentros se repetirán cada segundo miércoles de cada mes. El estado de las causas. La falta de apoyo estatal. Y el rol de la justicia. Apuntes para identificar, debatir y erradicar las prácticas que construyen la impunidad.

Son las once de la mañana bajo el sol implacable de Plaza de Mayo. En ronda, sentadxs en bancos rojos, bajo paraguas, están la madre y padre de Lucía Pérez, de Carla Soggiu y de Melina Romero y las madres de Araceli Fulles y Agustina Fredes.

Entre ellxs y la Casa Rosada, una bandera negra de letras blancas dice:

• «Estado femicida nunca más».

Llegaron desde distintos puntos de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, se encontraron para dar así inicio al colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, uniendo sus voces para que sean escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, una familia.

Lo saben, y por eso el encuentro es también una forma de abrazarse. Saberse juntxs es impulsar que sus historias se hagan visibles y sean escuchadas. Por eso este acto fundacional consta de un solo ritual: la conversación.

Durante dos horas compartirán sus experiencias y la historia de sus hijas. Habrá lágrimas que se contagian de una a una. La palabra irá rotando entre todxs, sin excepción, acompañada de una respetuosa escucha, y formará una clara radiografía de cómo no funciona la justicia.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Ahora estamos esperando la sentencia: va a ser el día 20 de diciembre, por la causa de abuso sexual agravado por acceso carnal. El fiscal pidió 6 años solamente. Estamos preocupados porque sabemos cómo se maneja la justicia. La verdad es que tenemos un miedo terrible. Sueño con el juez diciendo: ´Inocente´. Tenemos que seguir peleando para que se escuche que esto sigue ocurriendo. Todos los días vemos una chica nueva. Tiene que haber políticas de Estado verdaderas. Nos tienen q escuchar”.

Rubén, papá de Melina Romero: “En el caso de mi hija, la condena de la única persona detenida no está firme. Cuando ocurre un femicidio los primeros investigados somos la familia. Hay una falta total de apoyo del Estado”.

Guillermo, papá de Lucía Pérez: “Estamos hablando de una justicia obsoleta. Hay que trabajar en una reforma judicial. Nosotros como sobrevivientes de femicidios: tenemos que poder estar en paz”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Si hoy tengo que salir por todas las chicas, salgo. Hay gente que no se da cuenta el dolor y sacrificio que hacemos. El Estado estuvo ausente siempre. Yo busqué a mi hija 27 días, ¿por qué no ponen gente especializada?. Pido justicia para mi hija y para todas las chicas: no puedo vivir con este dolor. Si sigo de pie es por ella”.

Blanca, mamá de Agustina Fredes: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve ir que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 19 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador, la verdadera investigación la hice yo”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Es así, nosotros nos volvemos detectives. Tengo fecha de juicio, empieza el 26 de mayo”.

Ana María, mamá de Melina Romero: “En la causa de Melina no había ADN de nadie. La Fiscalía le echaba la culpa a la morgue y el laboratorio a la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con la investigación”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “Son horrores recurrentes. A todos nos pasa lo mismo”.

Rosana, mamá de Carla Soggiu: “Acá estamos todos en la misma. Te dicen que tenes derecho a todo el expediente, a todo, pero no te dan nada. Necesitamos cambiar el enfoque de la justicia, parece que la condenada es nuestra hija”.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Es importante organizarnos para acompañarnos. Acá me siento con pares. Sabemos de lo que hablamos”.

Mónica, mamá de Araceli: “Tenes que bancar la casa, la familia. Duele. Por lo menos lo puedo hablar con ustedes, en mi casa no puedo llorar. Soy la fuerte: si me ven llorar se ponen mal. Vas perdiendo todo. Es muy doloroso”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “La familia nunca vuelve a ser la misma. Esa indiferencia que hubo del Estado la tenemos que cambiar”.

La ronda termina con la lectura de los cinco puntos acordados con exigencias hacia el Estado. El mismo petitorio fue entregado luego en mesa de entrada de presidencia, probablemente el primero recibido por esta gestión:

1. Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
2. Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yohurt hasta la psicóloga.
3. Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
4. La capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales deben ser dados por los familiares que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
5. El Estado debe identificar a las familias como víctimas y su consecuente tratamiento.

Antes de los abrazos, se acuerda el próximo encuentro: 12 de febrero a las 11, en Plaza de Mayo. Desde ahí se repetirá cada segundo miércoles de cada mes, a la misma hora, en el mismo lugar.

Las historias

Las familias prepararon un texto para compartir a quienes se acercaban a preguntar qué sucedía. Ese mismo fue entregado a Presidencia junto al petitorio. Un señor de traje preguntó por qué se ponía en la bandera ‘Estado femicida’. “Quiero interiorizarme”, dijo. Se llevó, como otrxs, las hojas que bajo el título “Nuestras historias, nuestras hijas” resume en qué estado están las causas.

El texto cierra diciendo: “Llamamos, entonces, Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.

Compartimos acá las historias para que sean replicadas:

Lucía Pérez, 16 años. El sábado 8 de octubre de 2016 Marta, mamá de Lucía, volvió a su casa después del trabajo y se encontró con la notebook abierta y encendida y el mate, pero no a su hija. Le mandó un mensaje de wassap para saber dónde estaba y vio que su última conexión había sido a las 10.30 de la mañana. Horas después le avisaron que Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, habían llevado a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Le dijeron que la causa fue una sobredosis. Lucía estaba vestida y su cuerpo había sido bañado. El domingo 9 apresaron a Farías y Offidani en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado por ayudar al lavado del cuerpo muerto (encubrimiento agravado). Meses después, en el juicio oral todos quedaron exculpados del femicidio, ya que los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida.

Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, un delito menor y Maciel sobreseído. Todas las partes apelaron el fallo y tras la persistencia de los padres de Lucía -que viajaron todos los meses para realizar una sentada frente al tribunal de Casación de La Plata- fijaron fecha de la audiencia de apelación: será el próximo 26 de diciembre a las 11 horas.

En tanto, con el apoyo de legisladores de todos los bloques, la familia impulsó el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía. Hace dos semana se designó el jurado que tendrá a cargo esa tarea, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que el tercero presentó un pedido de jubilación anticipado y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal se lo aceptó.

Jueves 26 de diciembre, 12 horas: Audiencia de apelación. Cámara de Casación Penal de La Plata, calle 55 entre 5 y 6. Los jueces escucharán argumentos de las partes. Luego decidirán si dejan libre a los detenidos o se realiza un nuevo juicio. El fiscal pidió cambio de fecha de la audiencia. Hasta el momento no llegó la notificación de que se haya otorgado ese cambio.

Araceli Funes, 22 años. El 1 de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que ponga la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la comisaría 5 de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. “En lugar de investigar, los protegieron. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado”, sintetiza Mónica.

El cuerpo de Araceli fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel.

Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos “Popy” Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho. Acostumbrada a revisar las cámaras de seguridad durante los 27 días en que desapareció su hija, se dirigió al Centro de Monitoreo municipal a relevar las cámaras de la cuadra de la vecina amenazada. Ahí estaba registrada la amenaza de Cazals. Presentó esa prueba en el juzgado y fue detenido, ya que tenía otras condenas pendientes por otros delitos. Cazals quedó libre el pasado setiembre.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente.

El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020.

Melina Romero, 18 años. Su femicidio ocurrido en 2014 es resumido así por Ana, su mamá: “Mi hija salió a festejar su cumpleaños y me la entregaron un mes después en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona.” Melody, amiga de Melina, fue testigo de lo que le pasó y declaró ante la justicia que un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) se turnaron para violarla y golpearla. La fiscal no acusó a ninguno de los implicados alegando falta de pruebas, pero Melody fue acusada por falso testimonio. Finalmente, en el juicio fue absuelta. Allí declaró ante los jueces que esa noche ella también había sido violada y no la escucharon: nunca se abrió una causa que investigue ese delito.

Ana logró que el juez acepté llevar a juicio a un único implicado -Joel Fernández- que fue condenado en noviembre de 2017 a 13 años de prisión. La sentencia fue apelada por ambas partes. Hasta la fecha la Cámara de Casación de La Plata no produjo ningún movimiento en la causa.

Carla Soggiu, 28 años, dos hijos y una ex pareja violenta: Sergio Fuentes, que el 26 de diciembre de 2018 la secuestró, ató, violó, golpeó y puso en riesgo su vida: Carla tenía hidrocefalia y una válvula que la golpiza destrozó. Veinte días después -el 15 de enero- y bajo los efectos de una desorientación, tocó tres veces el botón antipánico en un lapso de 90 minutos. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Según le dijeron a sus padres aquel día el GPS del botón antipánico estaba inoperante y solo había triangulación: al tocar el botón se comunicaba con el centro de asistencia y este llamaba al patrullero. El 31 de diciembre vencía el contrato de una empresa y el 1 de enero tomaba el servicio otra y en ese cambio algo pasó ya que el 6 de enero fue el último día que el GPS reportó con exactitud la localización de las víctimas. todo el sistema de protección a víctimas de violencia en CABA estaba caído por una demora en la renovación del contrato con la empresa que presta ese servicio.

Los dos hijos de Carla quedaron a cargo de los abuelos maternos. Nunca recibieron ni ayuda económica ni asistencia social de ningún tipo. A pesar de haberse sancionado una ley que debería otorgarles un subsidio, la reglamentación de esa norma hace imposible su práctica ya que ordena que hasta que no haya sentencia firme no se materialice, lo cual implica demorar décadas la efectivización de este derecho.

La familia recibió a principios de este año un llamado aterrador: solicitaban urgente hablar con su hija. La que hablaba era una empleada judicial del tribunal a cargo de acusar a quien la había secuestrado, violado y golpeado, y producido las secuelas que terminaron desencadenado su muerte. Esa oficina judicial no estaba al tanto de ese desenlace y llamaba para informale a Carla la fecha del juicio oral que juzgaría esos delitos. La familia también se enteró así que ya había vencido el plazo para que cumpla el rol de querellante.

Al juicio, entonces, la familia de Carla asistió como oyente. Consistió en dos audiencias. El fiscal pidió una pena mínima: 6 años. El próximo 20 de diciembre será el falló. Si Sergio Fuente queda impune los hijos de Carla estarán en manos de quien secuestró, violó, golpeó y mató a su madre.

Viernes 20 de diciembre, 10 horas: Darán a conocer el fallo de la causa por violación. Talcahuano 550 6° piso.

Agustina Fredes, 19 años fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria.
El jefe policial que está encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador.