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Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios

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Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios
Foto: Lina Etchesuri.

Madres y padres de víctimas de femicidios se unieron para tejer una voz colectiva de cara a todos los actores sociales que puedan y deban trabajar para terminar con la violencia femicida. Su primera acción pública fue en Plaza de Mayo y entregaron un petitorio de cinco puntos con exigencias al Estado. A partir de febrero los encuentros se repetirán cada segundo miércoles de cada mes. El estado de las causas. La falta de apoyo estatal. Y el rol de la justicia. Apuntes para identificar, debatir y erradicar las prácticas que construyen la impunidad.

Son las once de la mañana bajo el sol implacable de Plaza de Mayo. En ronda, sentadxs en bancos rojos, bajo paraguas, están la madre y padre de Lucía Pérez, de Carla Soggiu y de Melina Romero y las madres de Araceli Fulles y Agustina Fredes.

Entre ellxs y la Casa Rosada, una bandera negra de letras blancas dice:

  • «Estado femicida nunca más».

Llegaron desde distintos puntos de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, se encontraron para dar así inicio al colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, uniendo sus voces para que sean escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, una familia.

Lo saben, y por eso el encuentro es también una forma de abrazarse. Saberse juntxs es impulsar que sus historias se hagan visibles y sean escuchadas. Por eso este acto fundacional consta de un solo ritual: la conversación.

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Ana María Martínez y Marta Montero, mamás de Melina Romero y Lucía Pérez. Foto: Lina Etchesuri.

Durante dos horas compartirán sus experiencias y la historia de sus hijas. Habrá lágrimas que se contagian de una a una. La palabra irá rotando entre todxs, sin excepción, acompañada de una respetuosa escucha, y formará una clara radiografía de cómo no funciona la justicia.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Ahora estamos esperando la sentencia: va a ser el día 20 de diciembre, por la causa de abuso sexual agravado por acceso carnal. El fiscal pidió 6 años solamente. Estamos preocupados porque sabemos cómo se maneja la justicia. La verdad es que tenemos un miedo terrible. Sueño con el juez diciendo: ´Inocente´. Tenemos que seguir peleando para que se escuche que esto sigue ocurriendo. Todos los días vemos una chica nueva. Tiene que haber políticas de Estado verdaderas. Nos tienen q escuchar”.

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Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu. Foto: Lina Etchesuri.

Rubén, papá de Melina Romero: “En el caso de mi hija, la condena de la única persona detenida no está firme. Cuando ocurre un femicidio los primeros investigados somos la familia. Hay una falta total de apoyo del Estado”.

Guillermo, papá de Lucía Pérez: “Estamos hablando de una justicia obsoleta. Hay que trabajar en una reforma judicial. Nosotros como sobrevivientes de femicidios: tenemos que poder estar en paz”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Si hoy tengo que salir por todas las chicas, salgo. Hay gente que no se da cuenta el dolor y sacrificio que hacemos. El Estado estuvo ausente siempre. Yo busqué a mi hija 27 días, ¿por qué no ponen gente especializada?. Pido justicia para mi hija y para todas las chicas: no puedo vivir con este dolor. Si sigo de pie es por ella”.

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Blanca, mamá de Agustina Fredes. Foto: Lina Etchesuri.

Blanca, mamá de Agustina Fredes: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve ir que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 19 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador, la verdadera investigación la hice yo”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Es así, nosotros nos volvemos detectives. Tengo fecha de juicio, empieza el 26 de mayo”.

Ana María, mamá de Melina Romero: “En la causa de Melina no había ADN de nadie. La Fiscalía le echaba la culpa a la morgue y el laboratorio a la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con la investigación”.

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Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero. Foto: Lina Etchesuri.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “Son horrores recurrentes. A todos nos pasa lo mismo”.

Rosana, mamá de Carla Soggiu: “Acá estamos todos en la misma. Te dicen que tenes derecho a todo el expediente, a todo, pero no te dan nada. Necesitamos cambiar el enfoque de la justicia, parece que la condenada es nuestra hija”.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Es importante organizarnos para acompañarnos. Acá me siento con pares. Sabemos de lo que hablamos”.

Mónica, mamá de Araceli: “Tenes que bancar la casa, la familia. Duele. Por lo menos lo puedo hablar con ustedes, en mi casa no puedo llorar. Soy la fuerte: si me ven llorar se ponen mal. Vas perdiendo todo. Es muy doloroso”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “La familia nunca vuelve a ser la misma. Esa indiferencia que hubo del Estado la tenemos que cambiar”.

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Mónica Ferreyra, mamá de Aracelli Fulles. Foto: Lina Etchesuri.

La ronda termina con la lectura de los cinco puntos acordados con exigencias hacia el Estado. El mismo petitorio fue entregado luego en mesa de entrada de presidencia, probablemente el primero recibido por esta gestión:

  1. Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
  2. Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yohurt hasta la psicóloga.
  3. Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
  4. La capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales deben ser dados por los familiares que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
  5. El Estado debe identificar a las familias como víctimas y su consecuente tratamiento.

Antes de los abrazos, se acuerda el próximo encuentro: 12 de febrero a las 11, en Plaza de Mayo. Desde ahí se repetirá cada segundo miércoles de cada mes, a la misma hora, en el mismo lugar.

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Foto: Lina Etchesuri.

Las historias

Las familias prepararon un texto para compartir a quienes se acercaban a preguntar qué sucedía. Ese mismo fue entregado a Presidencia junto al petitorio. Un señor de traje preguntó por qué se ponía en la bandera ‘Estado femicida’. “Quiero interiorizarme”, dijo. Se llevó, como otrxs, las hojas que bajo el título “Nuestras historias, nuestras hijas” resume en qué estado están las causas.

El texto cierra diciendo: “Llamamos, entonces, Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.

Compartimos acá las historias para que sean replicadas:

Lucía Pérez, 16 años. El sábado 8 de octubre de 2016 Marta, mamá de Lucía, volvió a su casa después del trabajo y se encontró con la notebook abierta y encendida y el mate, pero no a su hija. Le mandó un mensaje de wassap para saber dónde estaba y vio que su última conexión había sido a las 10.30 de la mañana. Horas después le avisaron que Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, habían llevado a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Le dijeron que la causa fue una sobredosis. Lucía estaba vestida y su cuerpo había sido bañado. El domingo 9 apresaron a Farías y Offidani en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado por ayudar al lavado del cuerpo muerto (encubrimiento agravado). Meses después, en el juicio oral todos quedaron exculpados del femicidio, ya que los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida.

Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, un delito menor y Maciel sobreseído. Todas las partes apelaron el fallo y tras la persistencia de los padres de Lucía -que viajaron todos los meses para realizar una sentada frente al tribunal de Casación de La Plata- fijaron fecha de la audiencia de apelación: será el próximo 26 de diciembre a las 11 horas.

En tanto, con el apoyo de legisladores de todos los bloques, la familia impulsó el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía. Hace dos semana se designó el jurado que tendrá a cargo esa tarea, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que el tercero presentó un pedido de jubilación anticipado y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal se lo aceptó.

Jueves 26 de diciembre, 12 horas: Audiencia de apelación. Cámara de Casación Penal de La Plata, calle 55 entre 5 y 6. Los jueces escucharán argumentos de las partes. Luego decidirán si dejan libre a los detenidos o se realiza un nuevo juicio. El fiscal pidió cambio de fecha de la audiencia. Hasta el momento no llegó la notificación de que se haya otorgado ese cambio.

Araceli Funes, 22 años. El 1 de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que ponga la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la comisaría 5 de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. “En lugar de investigar, los protegieron. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado”, sintetiza Mónica.

El cuerpo de Araceli fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel.

Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos “Popy” Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho. Acostumbrada a revisar las cámaras de seguridad durante los 27 días en que desapareció su hija, se dirigió al Centro de Monitoreo municipal a relevar las cámaras de la cuadra de la vecina amenazada. Ahí estaba registrada la amenaza de Cazals. Presentó esa prueba en el juzgado y fue detenido, ya que tenía otras condenas pendientes por otros delitos. Cazals quedó libre el pasado setiembre.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente.

El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020.

Melina Romero, 18 años. Su femicidio ocurrido en 2014 es resumido así por Ana, su mamá: “Mi hija salió a festejar su cumpleaños y me la entregaron un mes después en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona.” Melody, amiga de Melina, fue testigo de lo que le pasó y declaró ante la justicia que un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) se turnaron para violarla y golpearla. La fiscal no acusó a ninguno de los implicados alegando falta de pruebas, pero Melody fue acusada por falso testimonio. Finalmente, en el juicio fue absuelta. Allí declaró ante los jueces que esa noche ella también había sido violada y no la escucharon: nunca se abrió una causa que investigue ese delito.

Ana logró que el juez acepté llevar a juicio a un único implicado -Joel Fernández- que fue condenado en noviembre de 2017 a 13 años de prisión. La sentencia fue apelada por ambas partes. Hasta la fecha la Cámara de Casación de La Plata no produjo ningún movimiento en la causa.

Carla Soggiu, 28 años, dos hijos y una ex pareja violenta: Sergio Fuentes, que el 26 de diciembre de 2018 la secuestró, ató, violó, golpeó y puso en riesgo su vida: Carla tenía hidrocefalia y una válvula que la golpiza destrozó. Veinte días después -el 15 de enero- y bajo los efectos de una desorientación, tocó tres veces el botón antipánico en un lapso de 90 minutos. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Según le dijeron a sus padres aquel día el GPS del botón antipánico estaba inoperante y solo había triangulación: al tocar el botón se comunicaba con el centro de asistencia y este llamaba al patrullero. El 31 de diciembre vencía el contrato de una empresa y el 1 de enero tomaba el servicio otra y en ese cambio algo pasó ya que el 6 de enero fue el último día que el GPS reportó con exactitud la localización de las víctimas. todo el sistema de protección a víctimas de violencia en CABA estaba caído por una demora en la renovación del contrato con la empresa que presta ese servicio.

Los dos hijos de Carla quedaron a cargo de los abuelos maternos. Nunca recibieron ni ayuda económica ni asistencia social de ningún tipo. A pesar de haberse sancionado una ley que debería otorgarles un subsidio, la reglamentación de esa norma hace imposible su práctica ya que ordena que hasta que no haya sentencia firme no se materialice, lo cual implica demorar décadas la efectivización de este derecho.

La familia recibió a principios de este año un llamado aterrador: solicitaban urgente hablar con su hija. La que hablaba era una empleada judicial del tribunal a cargo de acusar a quien la había secuestrado, violado y golpeado, y producido las secuelas que terminaron desencadenado su muerte. Esa oficina judicial no estaba al tanto de ese desenlace y llamaba para informale a Carla la fecha del juicio oral que juzgaría esos delitos. La familia también se enteró así que ya había vencido el plazo para que cumpla el rol de querellante.

Al juicio, entonces, la familia de Carla asistió como oyente. Consistió en dos audiencias. El fiscal pidió una pena mínima: 6 años. El próximo 20 de diciembre será el falló. Si Sergio Fuente queda impune los hijos de Carla estarán en manos de quien secuestró, violó, golpeó y mató a su madre.

Viernes 20 de diciembre, 10 horas: Darán a conocer el fallo de la causa por violación. Talcahuano 550 6° piso.

Agustina Fredes, 19 años fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria.
El jefe policial que está encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador.

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Foto: Lina Etchesuri.

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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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