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Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios

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Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios
Foto: Lina Etchesuri.

Madres y padres de víctimas de femicidios se unieron para tejer una voz colectiva de cara a todos los actores sociales que puedan y deban trabajar para terminar con la violencia femicida. Su primera acción pública fue en Plaza de Mayo y entregaron un petitorio de cinco puntos con exigencias al Estado. A partir de febrero los encuentros se repetirán cada segundo miércoles de cada mes. El estado de las causas. La falta de apoyo estatal. Y el rol de la justicia. Apuntes para identificar, debatir y erradicar las prácticas que construyen la impunidad.

Son las once de la mañana bajo el sol implacable de Plaza de Mayo. En ronda, sentadxs en bancos rojos, bajo paraguas, están la madre y padre de Lucía Pérez, de Carla Soggiu y de Melina Romero y las madres de Araceli Fulles y Agustina Fredes.

Entre ellxs y la Casa Rosada, una bandera negra de letras blancas dice:

  • «Estado femicida nunca más».

Llegaron desde distintos puntos de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, se encontraron para dar así inicio al colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, uniendo sus voces para que sean escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, una familia.

Lo saben, y por eso el encuentro es también una forma de abrazarse. Saberse juntxs es impulsar que sus historias se hagan visibles y sean escuchadas. Por eso este acto fundacional consta de un solo ritual: la conversación.

Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios
Ana María Martínez y Marta Montero, mamás de Melina Romero y Lucía Pérez. Foto: Lina Etchesuri.

Durante dos horas compartirán sus experiencias y la historia de sus hijas. Habrá lágrimas que se contagian de una a una. La palabra irá rotando entre todxs, sin excepción, acompañada de una respetuosa escucha, y formará una clara radiografía de cómo no funciona la justicia.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Ahora estamos esperando la sentencia: va a ser el día 20 de diciembre, por la causa de abuso sexual agravado por acceso carnal. El fiscal pidió 6 años solamente. Estamos preocupados porque sabemos cómo se maneja la justicia. La verdad es que tenemos un miedo terrible. Sueño con el juez diciendo: ´Inocente´. Tenemos que seguir peleando para que se escuche que esto sigue ocurriendo. Todos los días vemos una chica nueva. Tiene que haber políticas de Estado verdaderas. Nos tienen q escuchar”.

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Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu. Foto: Lina Etchesuri.

Rubén, papá de Melina Romero: “En el caso de mi hija, la condena de la única persona detenida no está firme. Cuando ocurre un femicidio los primeros investigados somos la familia. Hay una falta total de apoyo del Estado”.

Guillermo, papá de Lucía Pérez: “Estamos hablando de una justicia obsoleta. Hay que trabajar en una reforma judicial. Nosotros como sobrevivientes de femicidios: tenemos que poder estar en paz”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Si hoy tengo que salir por todas las chicas, salgo. Hay gente que no se da cuenta el dolor y sacrificio que hacemos. El Estado estuvo ausente siempre. Yo busqué a mi hija 27 días, ¿por qué no ponen gente especializada?. Pido justicia para mi hija y para todas las chicas: no puedo vivir con este dolor. Si sigo de pie es por ella”.

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Blanca, mamá de Agustina Fredes. Foto: Lina Etchesuri.

Blanca, mamá de Agustina Fredes: “Mi hija sufrió tortura, violaciones, fue muy lastimada. Cuando dejó al novio y decidió hablar, a los dos meses la tuve ir que internar y dos días después falleció. Estaba embarazada del violador de dos meses y medio. Tenía 19 años. La justicia dice que falleció de un embarazo ectópico. La investigación hasta julio de este año la dirigía un familiar del violador, la verdadera investigación la hice yo”.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: “Es así, nosotros nos volvemos detectives. Tengo fecha de juicio, empieza el 26 de mayo”.

Ana María, mamá de Melina Romero: “En la causa de Melina no había ADN de nadie. La Fiscalía le echaba la culpa a la morgue y el laboratorio a la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo con la investigación”.

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Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero. Foto: Lina Etchesuri.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “Son horrores recurrentes. A todos nos pasa lo mismo”.

Rosana, mamá de Carla Soggiu: “Acá estamos todos en la misma. Te dicen que tenes derecho a todo el expediente, a todo, pero no te dan nada. Necesitamos cambiar el enfoque de la justicia, parece que la condenada es nuestra hija”.

Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Es importante organizarnos para acompañarnos. Acá me siento con pares. Sabemos de lo que hablamos”.

Mónica, mamá de Araceli: “Tenes que bancar la casa, la familia. Duele. Por lo menos lo puedo hablar con ustedes, en mi casa no puedo llorar. Soy la fuerte: si me ven llorar se ponen mal. Vas perdiendo todo. Es muy doloroso”.

Marta, mamá de Lucía Pérez: “La familia nunca vuelve a ser la misma. Esa indiferencia que hubo del Estado la tenemos que cambiar”.

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Mónica Ferreyra, mamá de Aracelli Fulles. Foto: Lina Etchesuri.

La ronda termina con la lectura de los cinco puntos acordados con exigencias hacia el Estado. El mismo petitorio fue entregado luego en mesa de entrada de presidencia, probablemente el primero recibido por esta gestión:

  1. Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
  2. Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yohurt hasta la psicóloga.
  3. Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
  4. La capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales deben ser dados por los familiares que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
  5. El Estado debe identificar a las familias como víctimas y su consecuente tratamiento.

Antes de los abrazos, se acuerda el próximo encuentro: 12 de febrero a las 11, en Plaza de Mayo. Desde ahí se repetirá cada segundo miércoles de cada mes, a la misma hora, en el mismo lugar.

Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios
Foto: Lina Etchesuri.

Las historias

Las familias prepararon un texto para compartir a quienes se acercaban a preguntar qué sucedía. Ese mismo fue entregado a Presidencia junto al petitorio. Un señor de traje preguntó por qué se ponía en la bandera ‘Estado femicida’. “Quiero interiorizarme”, dijo. Se llevó, como otrxs, las hojas que bajo el título “Nuestras historias, nuestras hijas” resume en qué estado están las causas.

El texto cierra diciendo: “Llamamos, entonces, Femicidios de Estado a aquellos crímenes contra mujeres y personas trans cuyas condiciones para que se produzcan, concreten y queden impunes forman parte del escenario previo y garantizado por las políticas de Estado, tanto las que se llevan adelante como las que se dejan de hacer. Por eso mismo el Estado es responsable de estos crímenes femicidas por acción, aquiesencia u omisión”.

Compartimos acá las historias para que sean replicadas:

Lucía Pérez, 16 años. El sábado 8 de octubre de 2016 Marta, mamá de Lucía, volvió a su casa después del trabajo y se encontró con la notebook abierta y encendida y el mate, pero no a su hija. Le mandó un mensaje de wassap para saber dónde estaba y vio que su última conexión había sido a las 10.30 de la mañana. Horas después le avisaron que Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41, habían llevado a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Le dijeron que la causa fue una sobredosis. Lucía estaba vestida y su cuerpo había sido bañado. El domingo 9 apresaron a Farías y Offidani en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual: la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, 61 años, acusado por ayudar al lavado del cuerpo muerto (encubrimiento agravado). Meses después, en el juicio oral todos quedaron exculpados del femicidio, ya que los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que a Lucía no la mataron -se murió- y no la violaron: conjeturaron que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida.

Farías y Offidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta, un delito menor y Maciel sobreseído. Todas las partes apelaron el fallo y tras la persistencia de los padres de Lucía -que viajaron todos los meses para realizar una sentada frente al tribunal de Casación de La Plata- fijaron fecha de la audiencia de apelación: será el próximo 26 de diciembre a las 11 horas.

En tanto, con el apoyo de legisladores de todos los bloques, la familia impulsó el juicio político a los jueces que dejaron impune el crimen de Lucía. Hace dos semana se designó el jurado que tendrá a cargo esa tarea, aunque ante el juicio político comparecerán solos dos jueces, ya que el tercero presentó un pedido de jubilación anticipado y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal se lo aceptó.

Jueves 26 de diciembre, 12 horas: Audiencia de apelación. Cámara de Casación Penal de La Plata, calle 55 entre 5 y 6. Los jueces escucharán argumentos de las partes. Luego decidirán si dejan libre a los detenidos o se realiza un nuevo juicio. El fiscal pidió cambio de fecha de la audiencia. Hasta el momento no llegó la notificación de que se haya otorgado ese cambio.

Araceli Funes, 22 años. El 1 de abril de 2017 a las 7 de la mañana le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa y que ponga la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la comisaría 5 de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición. “En lugar de investigar, los protegieron. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado”, sintetiza Mónica.

El cuerpo de Araceli fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando, en abril de 2019, lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals, y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaracco también formaba parte de su plantel.

Mónica, mamá de Araceli, fue quien logró que se detenga a Carlos “Popy” Cazals, pero por otro delito relacionado con el femicidio: había amenazado a una testigo que conocía su participación en el hecho. Acostumbrada a revisar las cámaras de seguridad durante los 27 días en que desapareció su hija, se dirigió al Centro de Monitoreo municipal a relevar las cámaras de la cuadra de la vecina amenazada. Ahí estaba registrada la amenaza de Cazals. Presentó esa prueba en el juzgado y fue detenido, ya que tenía otras condenas pendientes por otros delitos. Cazals quedó libre el pasado setiembre.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente.

El juicio oral ya tiene fecha: mediados de mayo de 2020.

Melina Romero, 18 años. Su femicidio ocurrido en 2014 es resumido así por Ana, su mamá: “Mi hija salió a festejar su cumpleaños y me la entregaron un mes después en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona.” Melody, amiga de Melina, fue testigo de lo que le pasó y declaró ante la justicia que un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) se turnaron para violarla y golpearla. La fiscal no acusó a ninguno de los implicados alegando falta de pruebas, pero Melody fue acusada por falso testimonio. Finalmente, en el juicio fue absuelta. Allí declaró ante los jueces que esa noche ella también había sido violada y no la escucharon: nunca se abrió una causa que investigue ese delito.

Ana logró que el juez acepté llevar a juicio a un único implicado -Joel Fernández- que fue condenado en noviembre de 2017 a 13 años de prisión. La sentencia fue apelada por ambas partes. Hasta la fecha la Cámara de Casación de La Plata no produjo ningún movimiento en la causa.

Carla Soggiu, 28 años, dos hijos y una ex pareja violenta: Sergio Fuentes, que el 26 de diciembre de 2018 la secuestró, ató, violó, golpeó y puso en riesgo su vida: Carla tenía hidrocefalia y una válvula que la golpiza destrozó. Veinte días después -el 15 de enero- y bajo los efectos de una desorientación, tocó tres veces el botón antipánico en un lapso de 90 minutos. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Según le dijeron a sus padres aquel día el GPS del botón antipánico estaba inoperante y solo había triangulación: al tocar el botón se comunicaba con el centro de asistencia y este llamaba al patrullero. El 31 de diciembre vencía el contrato de una empresa y el 1 de enero tomaba el servicio otra y en ese cambio algo pasó ya que el 6 de enero fue el último día que el GPS reportó con exactitud la localización de las víctimas. todo el sistema de protección a víctimas de violencia en CABA estaba caído por una demora en la renovación del contrato con la empresa que presta ese servicio.

Los dos hijos de Carla quedaron a cargo de los abuelos maternos. Nunca recibieron ni ayuda económica ni asistencia social de ningún tipo. A pesar de haberse sancionado una ley que debería otorgarles un subsidio, la reglamentación de esa norma hace imposible su práctica ya que ordena que hasta que no haya sentencia firme no se materialice, lo cual implica demorar décadas la efectivización de este derecho.

La familia recibió a principios de este año un llamado aterrador: solicitaban urgente hablar con su hija. La que hablaba era una empleada judicial del tribunal a cargo de acusar a quien la había secuestrado, violado y golpeado, y producido las secuelas que terminaron desencadenado su muerte. Esa oficina judicial no estaba al tanto de ese desenlace y llamaba para informale a Carla la fecha del juicio oral que juzgaría esos delitos. La familia también se enteró así que ya había vencido el plazo para que cumpla el rol de querellante.

Al juicio, entonces, la familia de Carla asistió como oyente. Consistió en dos audiencias. El fiscal pidió una pena mínima: 6 años. El próximo 20 de diciembre será el falló. Si Sergio Fuente queda impune los hijos de Carla estarán en manos de quien secuestró, violó, golpeó y mató a su madre.

Viernes 20 de diciembre, 10 horas: Darán a conocer el fallo de la causa por violación. Talcahuano 550 6° piso.

Agustina Fredes, 19 años fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de2017 su familia toma conocimiento de que está embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23 de abril del 2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017 la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria.
El jefe policial que está encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador.

Estado femicida nunca más: primera acción pública de Familiares Sobrevivientes de Femicidios
Foto: Lina Etchesuri.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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