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Fábricas y empresas sin patrón: y siguen las firmas

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hace 16 años

03/12/2007

Dos hombres y una mujer, tan acalorados como agitados, esperan sentados en la antesala del estudio que el abogado Luis Caro tiene en Avellaneda. La puerta se entreabre, el letrado asoma, y los tres se apresuran a ponerse de pie. Uno de ellos estira la diestra para saludar y se presenta: «Somos la próxima empresa recuperada», dice Roberto Villalba. Su cara se ilumina con una sonrisa que podría auspiciarKolinos y sin dar tiempo a nada descerraja su historia: el hombre era jefe de planta en Ancla, una fábrica de cadenas con 97 años de vida. «Soy la quinta generación de mi familia que trabaja en la firma y desde que nací vivo en la planta», dice con orgullo. Desde el 27 de noviembre comparte su residencia con 45compañeros que decidieron tomar las instalaciones después de que advirtieran un intento de vaciamiento por parte de las noveles generaciones de patrones.

La revolución permanente

El proceso de recuperación de fábricas que emergió tras la crisis de 2001 tal vez haya perdido su imagen más violenta, aquella que mostraba en las pantallas televisivas a los trabajadores resistiendo desalojos, enfrentados cuerpo a cuerpo con la policía. Pero sin embargo, la reapertura por parte de los obreros de empresas quebradas o vaciadas por sus dueños no se detuvo, como lo ejemplifica la esperanzadora presentación de Villalba. También podría mencionarse los casos de la lanera El Mirador, cuyos 36 trabajadores están acampando frente a la puerta de la fábrica o el ex lavadero hospitalario Lanape, reabierto hace menos de un mes por sus otrora empleados, devenidos ahora en socios de la recién nacida Cooperativa 24 de Febrero.

«Dicen que el país cambió, que todo esta mejor, pero los trabajadores tienen que seguir recuperando fábricas», sentencia Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), uno de los varios agrupamientos que conformaron las casi dos centenas de firmas autogestionadas El movimiento de Caro, que aglutina a unas 80 empresas, es uno de los desgranamientos de aquel viejo Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que originalmente reunió a las cooperativas de trabajadores que rescataron empresas en medio de la crisis del 2001.

En diciembre de 2006 nació otro de los agrupamientos, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que nombró como presidente a José Abelli, referente santafesino de la recuperación de empresas, y como vicepresidente a Fabio Resino, del hotel Bauen de Buenos Aires. FACTA, que nuclea a unas 30 cooperativas, aspira -según declaran sus propios dirigentes- a convertirse en el ala más progresista del movimiento cooperativo tradicional. Para eso comenzó un acercamiento con Cooperar, una de las dos grandes confederaciones de cooperativas de la Argentina. La nueva federación también inició contactos para avanzar en trabajos conjuntos con la Federación de Cooperativas de Trabajadores (FECOOTRA), que agrupa a las antiguas cooperativas de trabajo y a un puñado de las recientes empresas recuperadas. «Cuando nuestro movimiento surgió, allá por el 2002, podías ir de guapo a todos lados por el contexto de crisis terminal que vivía el país. Hoy necesitás hablar con todos: sentarse a conversar no implica bajarse los lienzos. Además, la economía social nos excede a las empresas recuperadas; hay que tender a un armado más amplio que nos permita disputar con el poder económico que domina el mercado», argumenta Federico Tonarelli, uno de los voceros de FACTA, que también vislumbra un acercamiento con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionadas (ANTA), organización que reúne a las recuperadas aglutinadas por la Central de Trabajadores Argentinos.

El sur también existe

En la zona sur bonaerense, 13 empresas -metalúrgicas, plásticas, químicas, constructoras y apicultoras- se agruparon en torno a la seccional UOM de Quilmes, uno de los pocos gremios que apoyó los procesos de recuperación autogestiva junto a la Federación Gráfica y a la seccional Rosario de la Asociación de Empleados de Comercio. Ahora que resultó electo intendente de Quilmes el referente de la UOM, Francisco Barba Gutiérrez, estas empresas sureñas comenzaron a diseñar dos nuevas instancias de organización: una se denomina Consorcio Productivo del Sur, destinado a desarrollar trabajos en conjunto para mejorar la capacitación y los canales de comercialización de las empresas; y la otra es una nueva federación de empresas recuperadas de la zona con la intención de convertirla en una herramienta potente para discutir la expropiación definitiva de sus fábricas.

Las 13 fábricas nucleadas en la UOM, como casi todas las recuperadas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, fueron expropiadas transitoriamente. La mayoría de las leyes de expropiación cedieron las maquinarias a los trabajadores en carácter de donación. Pero para los inmuebles la mecánica fue distinta: el Estado se comprometía a indemnizar en un lapso -generalmente de dos años- a los acreedores de las quiebras. Los trabajadores debían reintegrarle al erario público ese dinero en créditos que rondaban los 20 años. Pero el Estado no cumplió su parte. «La legislación hizo lo que tenía que hacer, lo que falta es la acción ejecutiva: homologar leyes y que los Estados depositen el dinero», señala Osvaldo Pérez, miembro de la recuperada Metal Varela y presidente del Consorcio Productivo del Sur.

Como excepción apenas podrían mencionarse un puñado de casos, como los de UTRASA (ex Gatic) de Corrientes, donde el gobierno provincial desembolsó los 250.000 pesos que se había comprometido; o el incipiente acuerdo firmado para Renacer (ex Aurora-Gründig), en Ushuaia. Cansado de las zozobras que genera el incumplimiento del Estado, algunas cooperativas -como la Unión Papelera Platense, la metalúrgica MVH, la termoplástica Vinilplast, el diario cordobés Comercio y Justicia, la productora de sopletes Nueva Era o la fábrica de pastas rosarina Mil Hojas- decidieron aprovechar su buen momento económico y comprar la quiebra con recursos propios para sacarse el problema de encima. No obstante, la gran mayoría de las empresas autogestionadas aún vive en la incertidumbre legal. «Hasta el momento, ningún juez se animó a sacar a los trabajadores. En todos los casos logramos la extensión de los plazos. También ya hay algunos ex dueños, como en el caso de Lavalán, que iniciaron juicios al Estado para que les pague. Saben que es más fácil sacarle plata a los gobiernos que echar a los obreros», tranquiliza Caro.

El limbo jurídico

Aunque difieren en los caminos, todas las agrupaciones de empresas recuperadas colocan al frente de sus demandas una solución definitiva para las expropiaciones de las fábricas: «Si ya tuviéramos el título de propiedad, podríamos acceder a algunos créditos blandos para poder desarrollarnos», señala Pérez. «Necesitamos reinvertir para vender. En el Bauen, por ejemplo, nos vendría muy bien arreglar la pileta. Pero si reinvertirmos y después nos desalojan… Nadie quiere dar crédito en este limbo jurídico», agrega Tonarelli.

La situación del Bauen es, tal vez, una de las más delicadas. Aunque el hotel fue reabierto y reacondicionado por sus trabajadores, no fue beneficiado con una ley de expropiación y ya recibió varias órdenes de desalojo. Hace tres años, la Legislatura porteña aprobó la expropiación definitiva de 13 empresas y el hotel se quedó afuera de ese grupo. Después, hubo otra media docena de expropiaciones transitorias, entre las que se encuentran la editorial Cefomar, la elaboradora de tapas de empanada La Mocita, la transportadora Ravione y la fábrica de globos Global. Pero entre ellas tampoco fue incluido el Bauen, situado en el corazón porteño y en el medio de una disputa legal entre ex dueños y testaferros que dificulta aún más una resolución favorable para los trabajadores. Recién pocos días antes de las pasadas elecciones presidenciales, lograron ser recibidos por el ministro de Interior Alberto Fernández para conocer, cara a cara, sus necesidades.

A pesar de las leyes de expropiación definitiva que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas porteñas tampoco respiran tranquilidad. Con excepción de la fábrica para materia primas para helados Ghelco, el gobierno de la Ciudad tampoco depositó el dinero correspondientes a las indemnizaciones. «Ahora no sabemos que pasará cuando asuma Mauricio Macri, que dice que quiere revisar caso por caso. Encima las leyes de expropiación nunca fueron reglamentadas», señala Tonarelli. Caro pide que no cunda el pánico: «Los antiguos patrones tendrán que hacerle juicio al Estado para que pague, pero de ninguna manera corren riesgo las cooperativas que cuentan con leyes de expropiación: el gobierno ya hizo presentaciones judiciales para ejecutar las transferencias a favor de los trabajadores, automáticamente quedaron interrumpidas las cláusulas de caducidad que establecían la leyes de expropiación».

Ante este limbo legal, las cooperativas agrupadas en FACTA exigen una Ley Nacional de Expropiación que permita regularizar la situación de todas las fábricas recuperadas, tanto las que cuentan con leyes de expropiación como aquellas que no las tienen, como el hotel Bauen o Cerámicas Zanón, de Neuquén.

Le ley que falta

El movimiento que responde a Caro, a su vez, exige una reforma a la ley de Quiebras. El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados pero venció el plazo para que lo apruebe el Senado, por lo tanto -como en el juego de la Oca- el trámite volvió al punto de partida. El proyecto de la nueva ley busca que los jueces que tengan a su cargo una quiebra puedan ceder, de manera automática y sin necesidad de leyes de expropiación, los bienes de las empresas fallidas a los trabajadores, a quienes se les reconocerían los créditos laborales como forma de compensar los pagos.

FACTA, a su vez, también reclama una nueva ley de cooperativas de trabajo que reconozca un estatus especial al trabajador autogestionado, para que -entre otras cosas- los obreros de las fábricas recuperadas puedan contar con las obras sociales gremiales. «Es un disparate que los miembros de las empresas recuperadas tengan que pagar monotributo», opina Tonarelli que, además, exige que cambie la ley de riesgo de trabajo que no contempla a las cooperativas. «Nuestros trabajadores no pueden asegurarse en las ART, tenemos que sacar una poliza, que termina siendo mucho más caro».

Otro grupo de empresa, autodenominado la Red Gráfica, que reúne a media docena de imprentas recuperadas se aglutinó para solucionar problemas como estos. «Coordinando

juntos podremos abaratar seguros, comprar mejor el papel, presentarnos en forma conjunta a grandes licitaciones», explica Gustavo Ojeda de la Cooperativa Gráfica Patricios.

La integración económica entre las cooperativas comenzó a ser, lentamente, una estrategia para compensar las desigualdades que viven en medio de un mercado despiadado. El Bauen, por ejemplo, concretó acuerdos con otras cooperativas del interior para que sus socios se alojen en sus habitaciones cuando tienen que viajar a Buenos Aires. La cooperativa Evaquil fabrica evaporadores para las heladeras que producen los trabajadores de la ex Coventry. El hospital israelita contrata los servicios de la recientemente recuperada lavandería 24 de Febrero. Y el mismo hospital, además, firmó convenios con una decena de fábricas recuperadas para brindarle asistencia médica a los trabajadores que las integran. La cooperativa «tractorera» Zanello reparó un micro de la Cooperativa de Transporte de San Salvador de Jujuy y ésta, a su vez, asesoró a una par correntina para que pueda adquirir el combustible con tarifa subsidiada.

«Ahora que se reglamentó la Ley de Cajas de Crédito Cooperativas estamos analizando la posibilidad de crear nuestro propio sistema de crédito a tasas simbólicas, que permitan mantener el capital», explica Tonarelli.

Si bien la realidad económica de cada fábrica recuperada es distinta, en líneas generales puede decirse que cuentan con economías esperanzadoras. Sus socios retiran -en promedio- 1.500 pesos y hay casos donde la suma se duplica. Algunas cooperativas lograron exportar su producción al extranjero, como Ghelco, Vinilplast, el frigorífico Yaguané o la metalúrgica Los Constituyentes. Otras fábrica, como Mil Hojas, logró un éxito inconmensurable para estos tiempos: en los programas televisivos de gastronomía rosarinos se anuncia que los platos que allí se preparan se cocinan con pastas producidas por la cooperativa.

La deuda social

Aquellas fábricas que lograron salir de la economía de subsistencia tomaron como conducta reinvertir una porción de sus ingresos, que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento de sus excedentes. Así, la textil San Remo compró dos nuevas máquinas, el ex Astillero Zanin reparó su pantógrafo y adquirió soldadoras automáticas o la fábrica de sopletes Nueva Era (ex Cane) compró dos centros de mecanizado.

«Nosotros, como muchas cooperativas, tenemos una crisis de crecimiento, es una buena señal. A veces, la demanda excede nuestra capacidad de producción ante la falta de procesos innovadores y de acceso al crédito», describe Pérez, de Metal Varela y agrega: «También tenemos una deuda pendiente con la sociedad. En los momentos más bravos, cuando acampábamos frente a la puerta o estábamos en medio de la toma, muchos se acercaron a darnos apoyo, a traernos guiso, o pan. Tenemos que devolvérselo con cultura, absorbiendo a trabajadores que están fuera del sistema, capacitando jóvenes».

El sentimiento que confiesa Pérez no exclusivo de Metal Varela. Varias fábricas recuperadas abrieron sus puertas a la sociedad brindándole diversos servicios como forma de agradecimiento pero también como manera aportar a la transformación social. Gráfica Patricios, por ejemplo, levantó una radio, un centro de salud y una escuela media que fue incorporada al programa oficial Deserción Cero. Otra imprenta, Chilavert, y Maderera Córdoba cuentan, a su vez, con bachilleratos populares. El hotel Bauen cede sus instalaciones para que se reúnan los trabajadores del subte, los familiares de las víctimas de Cromañón y diversos movimientos sociales. El supermercado Tigre, de Rosario, habilitó un Centro de Economía Solidaria en el que treinta emprendedores ofrecen sus productos, un Centro editorial que ya ha publicado diez títulos y una sala teatral por donde ya han desfilado los nóbeles José Saramago y Adolfo Pérez Esquivel. Además, abre sus puertas para que se reúnan los Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y los miembros de la Asociación Argentina de Actores. En sus instalaciones también funciona un servicio de Psicología que lleva atendidas más de 5.500 consultas.

Hasta las mascotas

El mayor éxito de las recuperadas -subraya Caro- tal vez sea su mayor obstáculo: «Los trabajadores tienen que convencerse de que pueden hacerlo», dice el abogado y completa: «No es fácil resistirse a la tentación de gerentes, inversores, capitalistas que aparecen y prometen el oro y el moro. Ghelco, por ejemplo, rechazó seis ofertas. Es muy difícil decir que no, más aún cuando los subsidios y ayudas estatales llegan siempre tarde».

Este tipo de decisiones siempre trae aparejados grandes debates hacia el interior de la fábrica y pone a prueba la amalgama social de las cooperativas. La asamblea sigue siendo el órgano máximo de decisión entre los trabajadores de las empresas recuperadas, aunque el grado de participación en cada una de ellas varía. «La asamblea da mucha legitimidad a las decisiones, pero a veces también hace muy lenta la toma de decisiones. Es un delicado equilibrio que cada cooperativa va evaluando en el camino. También es verdad que a veces en las posiciones que se llevan a la asamblea tienen más que ver con cuestiones personales que estratégicas. O, por el contrario, se delega todo en el consejo de administración para evitar las propias responsabilidades», dice Tonarelli. «Si no hay compromiso con la participación, el consejo de administración se separa del resto de los trabajadores y se desvirtúa todo. Por eso es clave la información amplia y pormenorizada para todos socios», completa Caro.

El modelo de las fábricas recuperadas inspiró también a numerosas cooperativas que emergieron en el país en los últimos años. Artesanos, medios sociales de comunicación, agrupaciones culturales y microemprendedores de los más diversos tipo utilizaron el now how de los trabajadores autogestionados. Uno de los casos más recientes y curiosos, tal vez sea el de los veterinarios de la asociación civil MAPA -aquella que hizo famosa Gerardo Sofovich en sus noches de domingo- que se acercaron a FACTA para ver cómo podían organizarse después de que la institución comenzara a desintegrarse tras la muerte de sus fundadores. También para las mascotas -dicen los veterinarios- hay otro mundo posible.

Las monjas, las Madres, la infiltración

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 1 día

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

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hace 2 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 5 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.