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Fábricas y empresas sin patrón: y siguen las firmas

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Dos hombres y una mujer, tan acalorados como agitados, esperan sentados en la antesala del estudio que el abogado Luis Caro tiene en Avellaneda. La puerta se entreabre, el letrado asoma, y los tres se apresuran a ponerse de pie. Uno de ellos estira la diestra para saludar y se presenta: «Somos la próxima empresa recuperada», dice Roberto Villalba. Su cara se ilumina con una sonrisa que podría auspiciarKolinos y sin dar tiempo a nada descerraja su historia: el hombre era jefe de planta en Ancla, una fábrica de cadenas con 97 años de vida. «Soy la quinta generación de mi familia que trabaja en la firma y desde que nací vivo en la planta», dice con orgullo. Desde el 27 de noviembre comparte su residencia con 45compañeros que decidieron tomar las instalaciones después de que advirtieran un intento de vaciamiento por parte de las noveles generaciones de patrones.

La revolución permanente

El proceso de recuperación de fábricas que emergió tras la crisis de 2001 tal vez haya perdido su imagen más violenta, aquella que mostraba en las pantallas televisivas a los trabajadores resistiendo desalojos, enfrentados cuerpo a cuerpo con la policía. Pero sin embargo, la reapertura por parte de los obreros de empresas quebradas o vaciadas por sus dueños no se detuvo, como lo ejemplifica la esperanzadora presentación de Villalba. También podría mencionarse los casos de la lanera El Mirador, cuyos 36 trabajadores están acampando frente a la puerta de la fábrica o el ex lavadero hospitalario Lanape, reabierto hace menos de un mes por sus otrora empleados, devenidos ahora en socios de la recién nacida Cooperativa 24 de Febrero.

«Dicen que el país cambió, que todo esta mejor, pero los trabajadores tienen que seguir recuperando fábricas», sentencia Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), uno de los varios agrupamientos que conformaron las casi dos centenas de firmas autogestionadas El movimiento de Caro, que aglutina a unas 80 empresas, es uno de los desgranamientos de aquel viejo Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que originalmente reunió a las cooperativas de trabajadores que rescataron empresas en medio de la crisis del 2001.

En diciembre de 2006 nació otro de los agrupamientos, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que nombró como presidente a José Abelli, referente santafesino de la recuperación de empresas, y como vicepresidente a Fabio Resino, del hotel Bauen de Buenos Aires. FACTA, que nuclea a unas 30 cooperativas, aspira -según declaran sus propios dirigentes- a convertirse en el ala más progresista del movimiento cooperativo tradicional. Para eso comenzó un acercamiento con Cooperar, una de las dos grandes confederaciones de cooperativas de la Argentina. La nueva federación también inició contactos para avanzar en trabajos conjuntos con la Federación de Cooperativas de Trabajadores (FECOOTRA), que agrupa a las antiguas cooperativas de trabajo y a un puñado de las recientes empresas recuperadas. «Cuando nuestro movimiento surgió, allá por el 2002, podías ir de guapo a todos lados por el contexto de crisis terminal que vivía el país. Hoy necesitás hablar con todos: sentarse a conversar no implica bajarse los lienzos. Además, la economía social nos excede a las empresas recuperadas; hay que tender a un armado más amplio que nos permita disputar con el poder económico que domina el mercado», argumenta Federico Tonarelli, uno de los voceros de FACTA, que también vislumbra un acercamiento con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionadas (ANTA), organización que reúne a las recuperadas aglutinadas por la Central de Trabajadores Argentinos.

El sur también existe

En la zona sur bonaerense, 13 empresas -metalúrgicas, plásticas, químicas, constructoras y apicultoras- se agruparon en torno a la seccional UOM de Quilmes, uno de los pocos gremios que apoyó los procesos de recuperación autogestiva junto a la Federación Gráfica y a la seccional Rosario de la Asociación de Empleados de Comercio. Ahora que resultó electo intendente de Quilmes el referente de la UOM, Francisco Barba Gutiérrez, estas empresas sureñas comenzaron a diseñar dos nuevas instancias de organización: una se denomina Consorcio Productivo del Sur, destinado a desarrollar trabajos en conjunto para mejorar la capacitación y los canales de comercialización de las empresas; y la otra es una nueva federación de empresas recuperadas de la zona con la intención de convertirla en una herramienta potente para discutir la expropiación definitiva de sus fábricas.

Las 13 fábricas nucleadas en la UOM, como casi todas las recuperadas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, fueron expropiadas transitoriamente. La mayoría de las leyes de expropiación cedieron las maquinarias a los trabajadores en carácter de donación. Pero para los inmuebles la mecánica fue distinta: el Estado se comprometía a indemnizar en un lapso -generalmente de dos años- a los acreedores de las quiebras. Los trabajadores debían reintegrarle al erario público ese dinero en créditos que rondaban los 20 años. Pero el Estado no cumplió su parte. «La legislación hizo lo que tenía que hacer, lo que falta es la acción ejecutiva: homologar leyes y que los Estados depositen el dinero», señala Osvaldo Pérez, miembro de la recuperada Metal Varela y presidente del Consorcio Productivo del Sur.

Como excepción apenas podrían mencionarse un puñado de casos, como los de UTRASA (ex Gatic) de Corrientes, donde el gobierno provincial desembolsó los 250.000 pesos que se había comprometido; o el incipiente acuerdo firmado para Renacer (ex Aurora-Gründig), en Ushuaia. Cansado de las zozobras que genera el incumplimiento del Estado, algunas cooperativas -como la Unión Papelera Platense, la metalúrgica MVH, la termoplástica Vinilplast, el diario cordobés Comercio y Justicia, la productora de sopletes Nueva Era o la fábrica de pastas rosarina Mil Hojas- decidieron aprovechar su buen momento económico y comprar la quiebra con recursos propios para sacarse el problema de encima. No obstante, la gran mayoría de las empresas autogestionadas aún vive en la incertidumbre legal. «Hasta el momento, ningún juez se animó a sacar a los trabajadores. En todos los casos logramos la extensión de los plazos. También ya hay algunos ex dueños, como en el caso de Lavalán, que iniciaron juicios al Estado para que les pague. Saben que es más fácil sacarle plata a los gobiernos que echar a los obreros», tranquiliza Caro.

El limbo jurídico

Aunque difieren en los caminos, todas las agrupaciones de empresas recuperadas colocan al frente de sus demandas una solución definitiva para las expropiaciones de las fábricas: «Si ya tuviéramos el título de propiedad, podríamos acceder a algunos créditos blandos para poder desarrollarnos», señala Pérez. «Necesitamos reinvertir para vender. En el Bauen, por ejemplo, nos vendría muy bien arreglar la pileta. Pero si reinvertirmos y después nos desalojan… Nadie quiere dar crédito en este limbo jurídico», agrega Tonarelli.

La situación del Bauen es, tal vez, una de las más delicadas. Aunque el hotel fue reabierto y reacondicionado por sus trabajadores, no fue beneficiado con una ley de expropiación y ya recibió varias órdenes de desalojo. Hace tres años, la Legislatura porteña aprobó la expropiación definitiva de 13 empresas y el hotel se quedó afuera de ese grupo. Después, hubo otra media docena de expropiaciones transitorias, entre las que se encuentran la editorial Cefomar, la elaboradora de tapas de empanada La Mocita, la transportadora Ravione y la fábrica de globos Global. Pero entre ellas tampoco fue incluido el Bauen, situado en el corazón porteño y en el medio de una disputa legal entre ex dueños y testaferros que dificulta aún más una resolución favorable para los trabajadores. Recién pocos días antes de las pasadas elecciones presidenciales, lograron ser recibidos por el ministro de Interior Alberto Fernández para conocer, cara a cara, sus necesidades.

A pesar de las leyes de expropiación definitiva que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas porteñas tampoco respiran tranquilidad. Con excepción de la fábrica para materia primas para helados Ghelco, el gobierno de la Ciudad tampoco depositó el dinero correspondientes a las indemnizaciones. «Ahora no sabemos que pasará cuando asuma Mauricio Macri, que dice que quiere revisar caso por caso. Encima las leyes de expropiación nunca fueron reglamentadas», señala Tonarelli. Caro pide que no cunda el pánico: «Los antiguos patrones tendrán que hacerle juicio al Estado para que pague, pero de ninguna manera corren riesgo las cooperativas que cuentan con leyes de expropiación: el gobierno ya hizo presentaciones judiciales para ejecutar las transferencias a favor de los trabajadores, automáticamente quedaron interrumpidas las cláusulas de caducidad que establecían la leyes de expropiación».

Ante este limbo legal, las cooperativas agrupadas en FACTA exigen una Ley Nacional de Expropiación que permita regularizar la situación de todas las fábricas recuperadas, tanto las que cuentan con leyes de expropiación como aquellas que no las tienen, como el hotel Bauen o Cerámicas Zanón, de Neuquén.

Le ley que falta

El movimiento que responde a Caro, a su vez, exige una reforma a la ley de Quiebras. El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados pero venció el plazo para que lo apruebe el Senado, por lo tanto -como en el juego de la Oca- el trámite volvió al punto de partida. El proyecto de la nueva ley busca que los jueces que tengan a su cargo una quiebra puedan ceder, de manera automática y sin necesidad de leyes de expropiación, los bienes de las empresas fallidas a los trabajadores, a quienes se les reconocerían los créditos laborales como forma de compensar los pagos.

FACTA, a su vez, también reclama una nueva ley de cooperativas de trabajo que reconozca un estatus especial al trabajador autogestionado, para que -entre otras cosas- los obreros de las fábricas recuperadas puedan contar con las obras sociales gremiales. «Es un disparate que los miembros de las empresas recuperadas tengan que pagar monotributo», opina Tonarelli que, además, exige que cambie la ley de riesgo de trabajo que no contempla a las cooperativas. «Nuestros trabajadores no pueden asegurarse en las ART, tenemos que sacar una poliza, que termina siendo mucho más caro».

Otro grupo de empresa, autodenominado la Red Gráfica, que reúne a media docena de imprentas recuperadas se aglutinó para solucionar problemas como estos. «Coordinando

juntos podremos abaratar seguros, comprar mejor el papel, presentarnos en forma conjunta a grandes licitaciones», explica Gustavo Ojeda de la Cooperativa Gráfica Patricios.

La integración económica entre las cooperativas comenzó a ser, lentamente, una estrategia para compensar las desigualdades que viven en medio de un mercado despiadado. El Bauen, por ejemplo, concretó acuerdos con otras cooperativas del interior para que sus socios se alojen en sus habitaciones cuando tienen que viajar a Buenos Aires. La cooperativa Evaquil fabrica evaporadores para las heladeras que producen los trabajadores de la ex Coventry. El hospital israelita contrata los servicios de la recientemente recuperada lavandería 24 de Febrero. Y el mismo hospital, además, firmó convenios con una decena de fábricas recuperadas para brindarle asistencia médica a los trabajadores que las integran. La cooperativa «tractorera» Zanello reparó un micro de la Cooperativa de Transporte de San Salvador de Jujuy y ésta, a su vez, asesoró a una par correntina para que pueda adquirir el combustible con tarifa subsidiada.

«Ahora que se reglamentó la Ley de Cajas de Crédito Cooperativas estamos analizando la posibilidad de crear nuestro propio sistema de crédito a tasas simbólicas, que permitan mantener el capital», explica Tonarelli.

Si bien la realidad económica de cada fábrica recuperada es distinta, en líneas generales puede decirse que cuentan con economías esperanzadoras. Sus socios retiran -en promedio- 1.500 pesos y hay casos donde la suma se duplica. Algunas cooperativas lograron exportar su producción al extranjero, como Ghelco, Vinilplast, el frigorífico Yaguané o la metalúrgica Los Constituyentes. Otras fábrica, como Mil Hojas, logró un éxito inconmensurable para estos tiempos: en los programas televisivos de gastronomía rosarinos se anuncia que los platos que allí se preparan se cocinan con pastas producidas por la cooperativa.

La deuda social

Aquellas fábricas que lograron salir de la economía de subsistencia tomaron como conducta reinvertir una porción de sus ingresos, que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento de sus excedentes. Así, la textil San Remo compró dos nuevas máquinas, el ex Astillero Zanin reparó su pantógrafo y adquirió soldadoras automáticas o la fábrica de sopletes Nueva Era (ex Cane) compró dos centros de mecanizado.

«Nosotros, como muchas cooperativas, tenemos una crisis de crecimiento, es una buena señal. A veces, la demanda excede nuestra capacidad de producción ante la falta de procesos innovadores y de acceso al crédito», describe Pérez, de Metal Varela y agrega: «También tenemos una deuda pendiente con la sociedad. En los momentos más bravos, cuando acampábamos frente a la puerta o estábamos en medio de la toma, muchos se acercaron a darnos apoyo, a traernos guiso, o pan. Tenemos que devolvérselo con cultura, absorbiendo a trabajadores que están fuera del sistema, capacitando jóvenes».

El sentimiento que confiesa Pérez no exclusivo de Metal Varela. Varias fábricas recuperadas abrieron sus puertas a la sociedad brindándole diversos servicios como forma de agradecimiento pero también como manera aportar a la transformación social. Gráfica Patricios, por ejemplo, levantó una radio, un centro de salud y una escuela media que fue incorporada al programa oficial Deserción Cero. Otra imprenta, Chilavert, y Maderera Córdoba cuentan, a su vez, con bachilleratos populares. El hotel Bauen cede sus instalaciones para que se reúnan los trabajadores del subte, los familiares de las víctimas de Cromañón y diversos movimientos sociales. El supermercado Tigre, de Rosario, habilitó un Centro de Economía Solidaria en el que treinta emprendedores ofrecen sus productos, un Centro editorial que ya ha publicado diez títulos y una sala teatral por donde ya han desfilado los nóbeles José Saramago y Adolfo Pérez Esquivel. Además, abre sus puertas para que se reúnan los Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y los miembros de la Asociación Argentina de Actores. En sus instalaciones también funciona un servicio de Psicología que lleva atendidas más de 5.500 consultas.

Hasta las mascotas

El mayor éxito de las recuperadas -subraya Caro- tal vez sea su mayor obstáculo: «Los trabajadores tienen que convencerse de que pueden hacerlo», dice el abogado y completa: «No es fácil resistirse a la tentación de gerentes, inversores, capitalistas que aparecen y prometen el oro y el moro. Ghelco, por ejemplo, rechazó seis ofertas. Es muy difícil decir que no, más aún cuando los subsidios y ayudas estatales llegan siempre tarde».

Este tipo de decisiones siempre trae aparejados grandes debates hacia el interior de la fábrica y pone a prueba la amalgama social de las cooperativas. La asamblea sigue siendo el órgano máximo de decisión entre los trabajadores de las empresas recuperadas, aunque el grado de participación en cada una de ellas varía. «La asamblea da mucha legitimidad a las decisiones, pero a veces también hace muy lenta la toma de decisiones. Es un delicado equilibrio que cada cooperativa va evaluando en el camino. También es verdad que a veces en las posiciones que se llevan a la asamblea tienen más que ver con cuestiones personales que estratégicas. O, por el contrario, se delega todo en el consejo de administración para evitar las propias responsabilidades», dice Tonarelli. «Si no hay compromiso con la participación, el consejo de administración se separa del resto de los trabajadores y se desvirtúa todo. Por eso es clave la información amplia y pormenorizada para todos socios», completa Caro.

El modelo de las fábricas recuperadas inspiró también a numerosas cooperativas que emergieron en el país en los últimos años. Artesanos, medios sociales de comunicación, agrupaciones culturales y microemprendedores de los más diversos tipo utilizaron el now how de los trabajadores autogestionados. Uno de los casos más recientes y curiosos, tal vez sea el de los veterinarios de la asociación civil MAPA -aquella que hizo famosa Gerardo Sofovich en sus noches de domingo- que se acercaron a FACTA para ver cómo podían organizarse después de que la institución comenzara a desintegrarse tras la muerte de sus fundadores. También para las mascotas -dicen los veterinarios- hay otro mundo posible.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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