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Fábricas y empresas sin patrón: y siguen las firmas

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Dos hombres y una mujer, tan acalorados como agitados, esperan sentados en la antesala del estudio que el abogado Luis Caro tiene en Avellaneda. La puerta se entreabre, el letrado asoma, y los tres se apresuran a ponerse de pie. Uno de ellos estira la diestra para saludar y se presenta: «Somos la próxima empresa recuperada», dice Roberto Villalba. Su cara se ilumina con una sonrisa que podría auspiciarKolinos y sin dar tiempo a nada descerraja su historia: el hombre era jefe de planta en Ancla, una fábrica de cadenas con 97 años de vida. «Soy la quinta generación de mi familia que trabaja en la firma y desde que nací vivo en la planta», dice con orgullo. Desde el 27 de noviembre comparte su residencia con 45compañeros que decidieron tomar las instalaciones después de que advirtieran un intento de vaciamiento por parte de las noveles generaciones de patrones.

La revolución permanente

El proceso de recuperación de fábricas que emergió tras la crisis de 2001 tal vez haya perdido su imagen más violenta, aquella que mostraba en las pantallas televisivas a los trabajadores resistiendo desalojos, enfrentados cuerpo a cuerpo con la policía. Pero sin embargo, la reapertura por parte de los obreros de empresas quebradas o vaciadas por sus dueños no se detuvo, como lo ejemplifica la esperanzadora presentación de Villalba. También podría mencionarse los casos de la lanera El Mirador, cuyos 36 trabajadores están acampando frente a la puerta de la fábrica o el ex lavadero hospitalario Lanape, reabierto hace menos de un mes por sus otrora empleados, devenidos ahora en socios de la recién nacida Cooperativa 24 de Febrero.

«Dicen que el país cambió, que todo esta mejor, pero los trabajadores tienen que seguir recuperando fábricas», sentencia Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), uno de los varios agrupamientos que conformaron las casi dos centenas de firmas autogestionadas El movimiento de Caro, que aglutina a unas 80 empresas, es uno de los desgranamientos de aquel viejo Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que originalmente reunió a las cooperativas de trabajadores que rescataron empresas en medio de la crisis del 2001.

En diciembre de 2006 nació otro de los agrupamientos, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que nombró como presidente a José Abelli, referente santafesino de la recuperación de empresas, y como vicepresidente a Fabio Resino, del hotel Bauen de Buenos Aires. FACTA, que nuclea a unas 30 cooperativas, aspira -según declaran sus propios dirigentes- a convertirse en el ala más progresista del movimiento cooperativo tradicional. Para eso comenzó un acercamiento con Cooperar, una de las dos grandes confederaciones de cooperativas de la Argentina. La nueva federación también inició contactos para avanzar en trabajos conjuntos con la Federación de Cooperativas de Trabajadores (FECOOTRA), que agrupa a las antiguas cooperativas de trabajo y a un puñado de las recientes empresas recuperadas. «Cuando nuestro movimiento surgió, allá por el 2002, podías ir de guapo a todos lados por el contexto de crisis terminal que vivía el país. Hoy necesitás hablar con todos: sentarse a conversar no implica bajarse los lienzos. Además, la economía social nos excede a las empresas recuperadas; hay que tender a un armado más amplio que nos permita disputar con el poder económico que domina el mercado», argumenta Federico Tonarelli, uno de los voceros de FACTA, que también vislumbra un acercamiento con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionadas (ANTA), organización que reúne a las recuperadas aglutinadas por la Central de Trabajadores Argentinos.

El sur también existe

En la zona sur bonaerense, 13 empresas -metalúrgicas, plásticas, químicas, constructoras y apicultoras- se agruparon en torno a la seccional UOM de Quilmes, uno de los pocos gremios que apoyó los procesos de recuperación autogestiva junto a la Federación Gráfica y a la seccional Rosario de la Asociación de Empleados de Comercio. Ahora que resultó electo intendente de Quilmes el referente de la UOM, Francisco Barba Gutiérrez, estas empresas sureñas comenzaron a diseñar dos nuevas instancias de organización: una se denomina Consorcio Productivo del Sur, destinado a desarrollar trabajos en conjunto para mejorar la capacitación y los canales de comercialización de las empresas; y la otra es una nueva federación de empresas recuperadas de la zona con la intención de convertirla en una herramienta potente para discutir la expropiación definitiva de sus fábricas.

Las 13 fábricas nucleadas en la UOM, como casi todas las recuperadas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, fueron expropiadas transitoriamente. La mayoría de las leyes de expropiación cedieron las maquinarias a los trabajadores en carácter de donación. Pero para los inmuebles la mecánica fue distinta: el Estado se comprometía a indemnizar en un lapso -generalmente de dos años- a los acreedores de las quiebras. Los trabajadores debían reintegrarle al erario público ese dinero en créditos que rondaban los 20 años. Pero el Estado no cumplió su parte. «La legislación hizo lo que tenía que hacer, lo que falta es la acción ejecutiva: homologar leyes y que los Estados depositen el dinero», señala Osvaldo Pérez, miembro de la recuperada Metal Varela y presidente del Consorcio Productivo del Sur.

Como excepción apenas podrían mencionarse un puñado de casos, como los de UTRASA (ex Gatic) de Corrientes, donde el gobierno provincial desembolsó los 250.000 pesos que se había comprometido; o el incipiente acuerdo firmado para Renacer (ex Aurora-Gründig), en Ushuaia. Cansado de las zozobras que genera el incumplimiento del Estado, algunas cooperativas -como la Unión Papelera Platense, la metalúrgica MVH, la termoplástica Vinilplast, el diario cordobés Comercio y Justicia, la productora de sopletes Nueva Era o la fábrica de pastas rosarina Mil Hojas- decidieron aprovechar su buen momento económico y comprar la quiebra con recursos propios para sacarse el problema de encima. No obstante, la gran mayoría de las empresas autogestionadas aún vive en la incertidumbre legal. «Hasta el momento, ningún juez se animó a sacar a los trabajadores. En todos los casos logramos la extensión de los plazos. También ya hay algunos ex dueños, como en el caso de Lavalán, que iniciaron juicios al Estado para que les pague. Saben que es más fácil sacarle plata a los gobiernos que echar a los obreros», tranquiliza Caro.

El limbo jurídico

Aunque difieren en los caminos, todas las agrupaciones de empresas recuperadas colocan al frente de sus demandas una solución definitiva para las expropiaciones de las fábricas: «Si ya tuviéramos el título de propiedad, podríamos acceder a algunos créditos blandos para poder desarrollarnos», señala Pérez. «Necesitamos reinvertir para vender. En el Bauen, por ejemplo, nos vendría muy bien arreglar la pileta. Pero si reinvertirmos y después nos desalojan… Nadie quiere dar crédito en este limbo jurídico», agrega Tonarelli.

La situación del Bauen es, tal vez, una de las más delicadas. Aunque el hotel fue reabierto y reacondicionado por sus trabajadores, no fue beneficiado con una ley de expropiación y ya recibió varias órdenes de desalojo. Hace tres años, la Legislatura porteña aprobó la expropiación definitiva de 13 empresas y el hotel se quedó afuera de ese grupo. Después, hubo otra media docena de expropiaciones transitorias, entre las que se encuentran la editorial Cefomar, la elaboradora de tapas de empanada La Mocita, la transportadora Ravione y la fábrica de globos Global. Pero entre ellas tampoco fue incluido el Bauen, situado en el corazón porteño y en el medio de una disputa legal entre ex dueños y testaferros que dificulta aún más una resolución favorable para los trabajadores. Recién pocos días antes de las pasadas elecciones presidenciales, lograron ser recibidos por el ministro de Interior Alberto Fernández para conocer, cara a cara, sus necesidades.

A pesar de las leyes de expropiación definitiva que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas porteñas tampoco respiran tranquilidad. Con excepción de la fábrica para materia primas para helados Ghelco, el gobierno de la Ciudad tampoco depositó el dinero correspondientes a las indemnizaciones. «Ahora no sabemos que pasará cuando asuma Mauricio Macri, que dice que quiere revisar caso por caso. Encima las leyes de expropiación nunca fueron reglamentadas», señala Tonarelli. Caro pide que no cunda el pánico: «Los antiguos patrones tendrán que hacerle juicio al Estado para que pague, pero de ninguna manera corren riesgo las cooperativas que cuentan con leyes de expropiación: el gobierno ya hizo presentaciones judiciales para ejecutar las transferencias a favor de los trabajadores, automáticamente quedaron interrumpidas las cláusulas de caducidad que establecían la leyes de expropiación».

Ante este limbo legal, las cooperativas agrupadas en FACTA exigen una Ley Nacional de Expropiación que permita regularizar la situación de todas las fábricas recuperadas, tanto las que cuentan con leyes de expropiación como aquellas que no las tienen, como el hotel Bauen o Cerámicas Zanón, de Neuquén.

Le ley que falta

El movimiento que responde a Caro, a su vez, exige una reforma a la ley de Quiebras. El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados pero venció el plazo para que lo apruebe el Senado, por lo tanto -como en el juego de la Oca- el trámite volvió al punto de partida. El proyecto de la nueva ley busca que los jueces que tengan a su cargo una quiebra puedan ceder, de manera automática y sin necesidad de leyes de expropiación, los bienes de las empresas fallidas a los trabajadores, a quienes se les reconocerían los créditos laborales como forma de compensar los pagos.

FACTA, a su vez, también reclama una nueva ley de cooperativas de trabajo que reconozca un estatus especial al trabajador autogestionado, para que -entre otras cosas- los obreros de las fábricas recuperadas puedan contar con las obras sociales gremiales. «Es un disparate que los miembros de las empresas recuperadas tengan que pagar monotributo», opina Tonarelli que, además, exige que cambie la ley de riesgo de trabajo que no contempla a las cooperativas. «Nuestros trabajadores no pueden asegurarse en las ART, tenemos que sacar una poliza, que termina siendo mucho más caro».

Otro grupo de empresa, autodenominado la Red Gráfica, que reúne a media docena de imprentas recuperadas se aglutinó para solucionar problemas como estos. «Coordinando

juntos podremos abaratar seguros, comprar mejor el papel, presentarnos en forma conjunta a grandes licitaciones», explica Gustavo Ojeda de la Cooperativa Gráfica Patricios.

La integración económica entre las cooperativas comenzó a ser, lentamente, una estrategia para compensar las desigualdades que viven en medio de un mercado despiadado. El Bauen, por ejemplo, concretó acuerdos con otras cooperativas del interior para que sus socios se alojen en sus habitaciones cuando tienen que viajar a Buenos Aires. La cooperativa Evaquil fabrica evaporadores para las heladeras que producen los trabajadores de la ex Coventry. El hospital israelita contrata los servicios de la recientemente recuperada lavandería 24 de Febrero. Y el mismo hospital, además, firmó convenios con una decena de fábricas recuperadas para brindarle asistencia médica a los trabajadores que las integran. La cooperativa «tractorera» Zanello reparó un micro de la Cooperativa de Transporte de San Salvador de Jujuy y ésta, a su vez, asesoró a una par correntina para que pueda adquirir el combustible con tarifa subsidiada.

«Ahora que se reglamentó la Ley de Cajas de Crédito Cooperativas estamos analizando la posibilidad de crear nuestro propio sistema de crédito a tasas simbólicas, que permitan mantener el capital», explica Tonarelli.

Si bien la realidad económica de cada fábrica recuperada es distinta, en líneas generales puede decirse que cuentan con economías esperanzadoras. Sus socios retiran -en promedio- 1.500 pesos y hay casos donde la suma se duplica. Algunas cooperativas lograron exportar su producción al extranjero, como Ghelco, Vinilplast, el frigorífico Yaguané o la metalúrgica Los Constituyentes. Otras fábrica, como Mil Hojas, logró un éxito inconmensurable para estos tiempos: en los programas televisivos de gastronomía rosarinos se anuncia que los platos que allí se preparan se cocinan con pastas producidas por la cooperativa.

La deuda social

Aquellas fábricas que lograron salir de la economía de subsistencia tomaron como conducta reinvertir una porción de sus ingresos, que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento de sus excedentes. Así, la textil San Remo compró dos nuevas máquinas, el ex Astillero Zanin reparó su pantógrafo y adquirió soldadoras automáticas o la fábrica de sopletes Nueva Era (ex Cane) compró dos centros de mecanizado.

«Nosotros, como muchas cooperativas, tenemos una crisis de crecimiento, es una buena señal. A veces, la demanda excede nuestra capacidad de producción ante la falta de procesos innovadores y de acceso al crédito», describe Pérez, de Metal Varela y agrega: «También tenemos una deuda pendiente con la sociedad. En los momentos más bravos, cuando acampábamos frente a la puerta o estábamos en medio de la toma, muchos se acercaron a darnos apoyo, a traernos guiso, o pan. Tenemos que devolvérselo con cultura, absorbiendo a trabajadores que están fuera del sistema, capacitando jóvenes».

El sentimiento que confiesa Pérez no exclusivo de Metal Varela. Varias fábricas recuperadas abrieron sus puertas a la sociedad brindándole diversos servicios como forma de agradecimiento pero también como manera aportar a la transformación social. Gráfica Patricios, por ejemplo, levantó una radio, un centro de salud y una escuela media que fue incorporada al programa oficial Deserción Cero. Otra imprenta, Chilavert, y Maderera Córdoba cuentan, a su vez, con bachilleratos populares. El hotel Bauen cede sus instalaciones para que se reúnan los trabajadores del subte, los familiares de las víctimas de Cromañón y diversos movimientos sociales. El supermercado Tigre, de Rosario, habilitó un Centro de Economía Solidaria en el que treinta emprendedores ofrecen sus productos, un Centro editorial que ya ha publicado diez títulos y una sala teatral por donde ya han desfilado los nóbeles José Saramago y Adolfo Pérez Esquivel. Además, abre sus puertas para que se reúnan los Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y los miembros de la Asociación Argentina de Actores. En sus instalaciones también funciona un servicio de Psicología que lleva atendidas más de 5.500 consultas.

Hasta las mascotas

El mayor éxito de las recuperadas -subraya Caro- tal vez sea su mayor obstáculo: «Los trabajadores tienen que convencerse de que pueden hacerlo», dice el abogado y completa: «No es fácil resistirse a la tentación de gerentes, inversores, capitalistas que aparecen y prometen el oro y el moro. Ghelco, por ejemplo, rechazó seis ofertas. Es muy difícil decir que no, más aún cuando los subsidios y ayudas estatales llegan siempre tarde».

Este tipo de decisiones siempre trae aparejados grandes debates hacia el interior de la fábrica y pone a prueba la amalgama social de las cooperativas. La asamblea sigue siendo el órgano máximo de decisión entre los trabajadores de las empresas recuperadas, aunque el grado de participación en cada una de ellas varía. «La asamblea da mucha legitimidad a las decisiones, pero a veces también hace muy lenta la toma de decisiones. Es un delicado equilibrio que cada cooperativa va evaluando en el camino. También es verdad que a veces en las posiciones que se llevan a la asamblea tienen más que ver con cuestiones personales que estratégicas. O, por el contrario, se delega todo en el consejo de administración para evitar las propias responsabilidades», dice Tonarelli. «Si no hay compromiso con la participación, el consejo de administración se separa del resto de los trabajadores y se desvirtúa todo. Por eso es clave la información amplia y pormenorizada para todos socios», completa Caro.

El modelo de las fábricas recuperadas inspiró también a numerosas cooperativas que emergieron en el país en los últimos años. Artesanos, medios sociales de comunicación, agrupaciones culturales y microemprendedores de los más diversos tipo utilizaron el now how de los trabajadores autogestionados. Uno de los casos más recientes y curiosos, tal vez sea el de los veterinarios de la asociación civil MAPA -aquella que hizo famosa Gerardo Sofovich en sus noches de domingo- que se acercaron a FACTA para ver cómo podían organizarse después de que la institución comenzara a desintegrarse tras la muerte de sus fundadores. También para las mascotas -dicen los veterinarios- hay otro mundo posible.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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