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Femicidio de Griselda Blanco: el informe de la comitiva de Periodistas Argentinas de su misión a Curuzú Cuatiá
La primera delegación de Periodistas Argentinas que viajó a Curuzú Cuatiá entrevistó a los jefes de la Policía Federal y Provincial a cargo de las investigaciones y a la fiscal, y se encontró con los hijos de la víctima. El resultado de la información que chequearon con varias fuentes pone en duda las declaraciones que hizo ante la prensa la fiscal de la causa, que estigmatizan a la víctima y exponen a su familia. ¿Por en una causa con secreto de sumario, y a una semana del crimen, no puede la funcionaria a cargo de investigar afirmar hechos que todavía no están probados? Los tres giros que en cinco días tomó la causa, y las tres pruebas que justificaron la detención e incomunicación del periodista que más conocía las amenazas que recibía Griselda. El rol de la prensa en un crimen que se informa con más respuestas que preguntas.
El pasado viernes 26 de mayo, una delegación de Periodistas Argentinas compuesta por las periodistas Claudia Acuña y Nancy Pazos lleg a Curuzú Cuatiá, Corrientes, a las 10 de la mañana, tal como había acordado con la fiscal de la causa, María José Barrero Sahagún. Se encontraron entonces que a esa misma hora la funcionaria había convocado a los hijos de la víctima a una audiencia en la cual liberó a Armando Jara, al que había detenido e incomunicado cinco días antes bajo la acusación de femicidio, y a informar la detención de Darío Alfredo Holzweissig, un empresario dueño de boliches bailables de Curuzú Cuatiá.
Luego de esa audiencia y esa noticia la fiscal recibió a la comitiva de PA en una reunión formal, en la que además estuvieron presentes las máximas autoridades de la Policía Federal a cargo de la investigación y el comisario y subcomisario de la Comisaría n.º 1 de Curuzú Cuatiá. La primera pregunta la hizo la periodista Nancy Pazos: “¿Qué hace acá la policía provincial, cuando tenemos entendido que está apartada del caso?”. Sentado estaba Nicolás Romero, el comisario denunciado por Griselda como presunto autor de abusos sexuales.
Justamente la policía provincial, a pedido del Sindicato de Periodistas de Corrientes, había sido separada de la investigación ya que la víctima había denunciado que estaba siendo amenazada para revelar sus fuentes, y que había recibido la misma mañana del crimen una carta documento del comisario Romero.
La respuesta a la pregunta de Pazos llegó de parte del jefe departamental: explicó que le habían pedido ayuda para los rastrillajes que se habían realizado a la mañana, “ya que conocían la zona”; y que además estaban siguiendo una pista que ya no involucraba a la policía.
Pazos repreguntó: “¿Y si en el rastrillaje encontraban una prueba que los comprometiera?”
El comisario de la Federal respondió: “Estuvieron todo el tiempo bajo mi supervisión”.
La fiscal aclaró además que ella había dirigido al operativo.
Acuña preguntó por qué consideraban que la nueva línea de investigación no estaba relacionada con el trabajo periodístico de Griselda, ya que la periodista había dedicado varios programas a denunciar la connivencia de la policía local con los boliches bailables de los que el nuevo detenido era propietario. Fue entonces cuando la fiscal aseguró que por el contenido de las conversaciones de Whatsapp reveladas del teléfono de la víctima, existía un “vínculo personal” con el empresario detenido. Vínculo que calificó como una “relación tóxica”.
Sin embargo, dos días después, cuando formuló la imputación contra Darío Alfredo Holzweissig pidió procesar al sospechoso por homicidio simple “ya que no se había probado el vínculo personal”. Tampoco lo calificó como agravado, ya que consideró que no había “alevosía”. Griselda tenía tres vueltas de cinta en la garganta y dos cuchilladas con Tramontina en el cuello; un diente roto y la cara notablemente golpeada.
Consultada por qué no calificó como “femicidio” el crimen de Griselda en esta nueva imputación, la fiscal respondió que “no tenía evidencia de violencia de género”.
No son éstas las únicas contradicciones que asoman en las declaraciones públicas de la fiscal.
La principal: la forma intaxativa en que habla de extorsión. Tres fuentes de la investigación aseguraron que en las conversaciones encontradas en el chat, la víctima y el ahora acusado “hablan de plata y él le propone relaciones sexuales, pero no hay una sola conversación en la que se diga taxativamente: si no me das plata, te escracho”.
Según confirmó la comitiva de PA, Griselda Blanco hace años que tenía como auspiciante al empresario, quien hacía tiempo que no abonaba la pauta, por lo cual hay que investigar si esa conversación sobre dinero no estaba relacionada con el vínculo comercial que tenía la víctima. Es decir: todavía resta mucho de la investigación como para que la fiscal descalifique a la víctima como “amante y extorsionadora”.
Otro punto conflictivo de la actuación fiscal es en relación a la detención del periodista Jara. Consultada sobre en qué pruebas basó su detención, incomunicación e imputación por cargos de “femicidio”, la fiscal respondió:
1) Que se habían encontrado pertenencias de él en la casa de Griselda; cuándo se le preguntó que pertenencias, respondió: “Una campera”;
2) que había una relación preexistente;
3) que el perito forense indicó que el asesino tenía un vínculo con la víctima por el tipo de violencia hallada en el cuerpo.
Jara no quedó desvinculado de la investigación ya que la fiscal espera el resultado del ADN; consideró que iban a estar listos “entre miércoles y jueves” de esta semana.
Así, este caso tuvo en menos de cinco días su tercer giro en la investigación fiscal: comenzó considerándolo un suicidio, siguió caratulándolo como “femicidio” – deteniendo arbitariamente a un periodista- y ahora lo califica de “homicidio simple” queriendo por dar cerrada la causa.
Ni las amenazas, ni las presiones que Griselda dejó grabadas en su audio fueron nunca una línea a investigar para la fiscal.
Ese es justamente el reclamo de todas las organizaciones de periodistas a las que la Comitiva de Periodistas Argentinas envió un informe detallado.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)
Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.
Darío Santillán.
Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva
83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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