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Fin de año sin Santiago: el Estado es responsable

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El 1 de enero se cumplen cinco meses desde que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras huía de una violenta represión de Gendarmería en un operativo ilegal en la Pu Lof de Cushamen. Esa sigue siendo hoy una de las principales certezas que tiene la causa. Qué dice la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, sobre la autopsia. Por qué el gobierno mintió. Qué está haciendo la justicia. Los intentos por cerrar el caso. Por qué su desaparición y muerte es parte de una violencia sistémica.
A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de un irrupción ilegal a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Esa es la principal certeza que tiene la causa que tramita como desaparición forzada bajo la órbita del juez federal de Rawson, Guillermo Lleral, a cinco meses de los hechos, y luego que el 17 de octubre el cuerpo del joven de 28 años fuera encontrado sin vida en el Río Chubut, en el mismo lugar en el que los efectivos afirmaran en diversas actuaciones administrativas que llegaron persiguiendo a manifestantes.
“Santiago no murió porque estaba de turista: estaba en una represión de Gendarmería”, dijo Sergio Maldonado, su hermano, a la salida de la Morgue Judicial el día en que 55 peritos determinaron que el joven murió por “asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia”. Sergio dijo entonces, una vez más, que su hermano no sabía nadar, que nunca hubiera podido llegar hasta ese lugar sino escapando de una represión. Tuvo que aclararlo un día antes de poder velarlo en 25 de Mayo, el mismo momento en que desde Bariloche llegaba la noticia de una nueva muerte en contexto de protesta social: el fusilamiento de Rafael Nahuel, de un balazo por la espalda de Prefectura, en la Lof Lafke Winkul Mapu de Villa Mascardi.
El 1 de diciembre se cumplen cinco meses de los hechos que conmovieron a la sociedad argentina hasta movilizarla en multitudinarias marchas con el rostro de Santiago multiplicado en miles. Por eso, hoy Sergio Maldonado dice:
«Ahora buscamos verdad y justicia”.

Pruebas, testigos, y justicia falsa

La familia Maldonado y hasta la propia fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, cuestionaron al juez Gustavo Lleral por la declaración testimonial de Lucas Pilquimán, quien mediáticamente trascendió como “testigo E”, una de las últimas personas que vio con vida a Santiago. Pilquiman relató la represión, cómo los gendarmes tiraron con balas de goma y “9 milímetros”. Y declaró que la última vez que vio a Santiago estaba “agachado escondido entre los sauces” y que los gendarmes estaban barranca arriba. En la declaración casi no hay preguntas y, obviamente, no cuenta con ninguna intervención de las partes: ninguna estaba.
La fiscal Ávila también pidió formalmente el cambio de carátula a “muerte dudosa” ya que “las pruebas recolectadas no son suficientes para sostener la figura penal de desaparición forzada”. El juez Lleral la rechazó: “No es relevante para el trámite de la investigación”.
A punto de comenzar la feria judicial, Lavaca dialogó con la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.
-¿Qué puede decirse a cinco meses de los hechos?
-Hay que decir que aún pedimos que se inicie una investigación efectiva, pronta, exhaustiva, imparcial e independiente. Hasta ahora no fue independiente porque continuaron trabajando las mismas personas que actuaron en la causa, como mínimo, desde el 5 de agosto, todas dependientes de la misma estructura: el Ministerio de Seguridad. Estamos planteando que Santiago desapareció el 1 de agosto y fue encontrado el 17 de octubre: no solo hay que determinar los hechos que pasaron el 1 de agosto sino qué paso hasta el 17 de octubre. Esto es: cómo no fue encontrado el cuerpo en los otros rastrillajes, cómo aparece, dónde. Los resultados de la autopsia son parciales: como principio general cualquier autopsia debe contar con la mayor cantidad de datos posibles, y cuando se analizan los resultados que arroja el cuerpo aquí no se tuvieron en cuenta ni el lugar del rio, ni las temperaturas, ni los testimonios de la comunidad. Que la causa de muerte establezca “asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia” necesita explicar cómo ha jugado cada uno de esos factores, con qué tiempo jugó cada uno. Eso no tiene una explicación, y para tenerlo hace faltan todos estos testimonios.
-En las últimas semanas han declarado varios testigos: desde Fernando Jones Huala hasta mujeres gendarmes que, si bien niegan la represión, ubican a Noceti en el lugar de los hechos. La que más trascendió fue la declaración de Lucas Pilquimán, a la que algunos medios comerciales presentaron como la declaración que cerraba el caso. ¿Qué opina?
Fue una canallada del juez haber tomado esa testimonial a Lucas, que fue quien recibió y explicó el 3 de agosto a Sergio Maldonado lo que había pasado con Santiago. Ese testimonio no lo vamos a valorar: ni lo que dijo ni lo que no dijo. Es nulo, es un acto irreproducible y el agravio que generó a la familia es irreparable. Así se confirmó la sospecha que la familia tiene de todo el sistema judicial. Hasta la fiscal federal, Silvina Ávila, pidió la nulidad: la notificación se proveyó después de las 9 de la noche para una testimonial que era a las 9 de la mañana del día siguiente, en un lugar a 150 km del juzgado. Una grosería jurídica. Esto confirma que, así como el Poder Ejecutivo puede decir lo que quiera –que Santiago no estaba allí, que se había sacrificado, que lo mató un puestero-, el Poder Judicial puede hacer también cualquier cosa. ¿Cómo podemos valorar ese testimonio? No podemos confrontar lo que se dijo o no.
-¿Qué certezas hay?
-Las certezas son las que debimos probar nosotros a partir de los propios aportes de la familia y la querella contra la fiscal, contra el juez Otranto en su momento y contra todas las estructuras del Estado: debimos probar que Santiago existía, que había estado en la zona, que había estado en el lugar, que había estado el 31 de julio en la Pu Lof, que lo habían visto, que tenía esa ropa, que tenía esa mochila… Todo lo probamos nosotros. ¿Y qué pasó? De repente, cuando se encuentra el cuerpo el 17 de octubre, las mismas personas que decían que Santiago estaba por cualquier parte del mundo dijeron: “Ya está, se ahogó: el caso se cierra”. Es una versión armada del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Nosotros probamos que Santiago estaba ahí, que fue víctima de la represión y del ingreso ilegal de un operativo con más de 130 gendarmes, que corrió hacia el río y que los gendarmes lo vieron en el río. Hasta ese punto hay coincidencia en los relatos, tanto de la comunidad como de los gendarmes. Ahora: la mecánica de lo que pasó aún no la sabemos, porque faltan testimonios. Hay que seguir valorando el testimonio de Matías Santana: no hay ningún testimonio de la comunidad contradictorio en la causa. En ese sentido, tampoco hoy es posible hacer la llamada “reconstrucción histórica” en el lugar. Lo que sabemos es que varios vieron a Santiago corriendo de Gendarmería hacia el lado del río. Luego, hay que darle explicación.
Las irregularidades
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas de la investigación, subrayó que ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo.
A saber:

  • Ingresar al territorio mapuche sin orden judicial. Gendarmería despejó la ruta a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo por la liberación del lonko Facundo Jones Huala (a la que Santiago había ido para apoyar, previo a volverse a 25 de Mayo a visitar a su familia) y los gendarmes los reprimieron “con suma violencia”, como sostiene el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en el prólogo del Informe Anual 2017 del organismo
  • Arrojar piedras a los manifestantes.
  • Hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

La fuerza también ocultó fotografías y videos. Luego, se pudo determinar que los efectivos portaban escopetas, bastones, hachas, piedras y que cuatro camionetas y un camión ingresaron a la comunidad. El organismo denuncia que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo respondió de tres maneras:

  1. Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
  2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
  3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.
Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo.
El relato del Gobierno se explicitó en la columna que el asesor de imagen Jaime Durán Barba publicó en Perfil, que demostraba la preocupación de los funcionarios argentinos por controlar la información y en construir una versión de los hechos que distorsiona lo ya probada. Lavaca desmintió alguna de esas construcciones en esta nota:

Las cinco mentiras de Durán Barba


A pesar de que aún faltan testimonios que apunten a reconstruir la mecánica de qué sucedió el 1 de agosto en la Pu Lof, el accionar de una fuerza federal dependiente del Ejecutivo y la actitud de los funcionarios responsables en negar, ocultar y falsear los hechos subrayan el carácter sistémico que tiene esta violencia y que se sintetizó en una frase contundente en las movilizaciones que exigen justicia por Santiago Maldonado:

  • “El Estado es responsable”.

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Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

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Más allá de tu vereda.

Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse. 

No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.

El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.

El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto. 

En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.

Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.

Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”. 

Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.

Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”. 

Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.

Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.

Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.

Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.

Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.

«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».

Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración. 

Hay orgullo.

Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera. 

Jorgelina: “Hagamos más radios”.

Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.

Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:

“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.

Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental: 

“Más allá de tu vereda,

hay otra realidad,

atrás de tu puerta”.

Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva: 

“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle, 

allí seguiremos estando”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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