Nota
Las cinco mentiras de Durán Barba
El diario Perfil publicó este domingo un artículo de dos páginas en el cual el asesor de imagen del gobierno, Jaime Durán Barba, desarrolló su relato sobre “el caso Maldonado”. Demostró así que la preocupación del gobierno por controlar la información sigue vigente y apeló a construir una versión de los hechos que distorsiona lo que ya está probado. Lo hizo, además, anticipando una semana clave para la investigación judicial: mañana será noticia el consenso pericial sobre la autopsia. Cuáles son los datos que manipuló.
1. La mentira: “El juez Otranto ordenó despejar la ruta con la orden judicial 972/2017 que disponía despejar la ruta y “detener a quienes lo impidieran”. Además, la Ley 27.272 dice que quienes sean sorprendidos in fraganti cometiendo un delito, pueden ser perseguidos y detenidos por las fuerzas de seguridad. Cortar una ruta y lanzar piedras con hondas sobre la Gendarmería es un delito. Los violentos que no eran más de diez, de los cuales al menos el 30% no eran mapuches: un maestro, agitador del FpV, Santiago Maldonado, y un chileno de nombre Nicasio Luna. En los videos se ve cómo los gendarmes disuelven el piquete. Algunos de ellos entran en Pu Lof en persecución de enmascarados que los habían herido”.
La verdad: Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida mientras huía de la represión de Gendarmería, en el marco de un operativo ilegal.
Santiago Maldonado llegó el 31 de julio a sumarse al corte de ruta de la comunidad en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala. Gendarmería Nacional despejó la ruta a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron “con suma violencia”, como sostiene el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en el prólogo del Informe Anual 2017 del organismo: “Apartándose de los protocolos de actuación, los gendarmes portaban hachas, dispararon balas de goma y arrojaron piedras. Cuando los manifestantes se replegaron en el territorio donde vive la comunidad, los agentes los persiguieron e ingresaron al predio sin autorización judicial. La justificación posterior fue que, como los manifestantes les arrojaban piedras, era necesario hacer cesar esa acción y, por lo tanto, detener a quienes la estaban cometiendo”.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, había dicho en diversas entrevistas que utilizarían la figura de “flagrancia” para detener a los miembros de la comunidad, tal como había coordinado personalmente con fuerzas federales de Río Negro y Chubut. El CELS subraya: “Con esa excusa, más de cincuenta gendarmes permanecieron cinco horas dentro del territorio en cuestión. Persiguieron a los jóvenes que habían cortado la ruta, allanaron las viviendas, quemaron pertenencias de las familias y secuestraron teléfonos, herramientas de trabajo y libros. Las fotografías de estos elementos de trabajo fueron presentadas a la prensa como si se tratara de armamento propio de un movimiento insurgente. Todo esto sin orden judicial”.
2. La mentira: “El 5 de agosto un perro de la Unidad Canina de Trevelin ubicó dónde estaba el cuerpo de Maldonado. El perro iba y volvía de un sitio junto al río y quería meterse al agua. Su entrenador dijo que en esta circunstancia era necesario ir al otro lado del río para buscar rastros que permitan saber si Maldonado lo había cruzado o estaba allí ahogado. Jones Huala lo impidió, alegando que ésa era tierra sagrada”.
La verdad: Los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Regional Noroeste del Chubut que participaron de ese rastrillaje, Julio Saquero y Mabel Sánchez, desmintieron ese hecho.
El Defensor Federal de Esquel, Fernando Machado puntualizó las características del río: poca profundidad y una zona llena de ramas y malezas.
Por su parte, si bien cuestionó a la comunidad por “impedir” el rastrillaje, la fiscal federal Silvina Ávila sostuvo a través de un dictamen -fechado el 28 de agosto- que “los buzos de Prefectura Naval Argentina, dadas las características del río, explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido a lo largo del mismo de acuerdo a sus características”.
3. La mentira: “En los siguientes días, buzos de Prefectura rastrearon a lo largo de kilómetros bajo la atenta vigilancia de los enmascarados que les hostigaron, especialmente cuando se acercaron al punto 0 en el que había desaparecido Maldonado y en donde finalmente se encontró su cuerpo. ¿Por qué tanta vigilancia? ¿Qué escondían en ese sitio?»
La verdad: El Prefecto Principal de la Prefectura Naval Argentina, Leandro Antonio Ruata, declaró el 3 de octubre ante el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, que el 18 de septiembre se realizó la “última jornada” de los rastrillajes que había ordenado el juez federal Guido Otranto, luego recusado. Ese operativo incluyó más de 350 efectivos, helicópteros, drones. Fue el día en que no dejaron entrar a la familia Maldonado ni a los organismos querellantes, y mantuvieron precintados a integrantes de la comunidad durante 12 horas (entre ellos al testigo Matías Santana) bajo la presencia de Otranto, la fiscal Ávila y el secretario del Ministerio de Seguridad, Guillermo Cané. La abogada de la familia Maldonado, la doctora Verónica Heredia, calificó esa medida como “brutal” y sostuvo que, si el cuerpo de Maldonado estuvo en el río desde el 1 de agosto, los funcionarios deben informar por qué el rastrillaje del 18 de septiembre, “con semejante despliegue”, haya dado negativo.
4. La mentira: “Las autoridades atendieron a los familiares de Santiago. El 5 de agosto conversaron telefónicamente con su madre, los hermanos reaccionaron mal, especialmente Sergio, que dijo que no quería hablar con el Gobierno, que la Gendarmería había secuestrado a Santiago y exigía que lo devuelvan”.
La verdad: Sergio Maldonado mostró a lavaca una conversación de WhatsApp entre su madre, Stella Peloso, y el secretario de Seguridad Interior del Ministerio, Gerardo Milman, del 6 de agosto. La mujer -en 25 de Mayo- le dice que no lo puede atender y que se comunique con Sergio, que es quien se está encargando de la causa. Respuesta de Milman: “Gracias, pero su hijo está en Bariloche. Bueno, nosotros intentamos reunirnos para buscar y esclarecer. Muchas gracias”. El siguiente mensaje de Milman fue: “Intenté hablar con su hijo pero no me atendió. Igual estamos en la búsqueda”.
La respuesta de Stella: “¿Sabés lo que tienen que hacer vos, Barberis (Daniel, de la Dirección de Violencia Institucional), Macri y Bullich? Encontrar a Santiago. Ese es su trabajo y no tenemos nada que hablar. Ya está todo hablado: hay un desaparecido hace cinco días”.
Respuesta de Milman: “Disculpe. Entonces no lo haremos como usted quiere”.
Más sobre el contacto con los funcionarios:
- Andrea Antico, cuñada de Santiago, dijo a MU: “El lunes 7 de agosto querían que fuéramos a ver a Bullrich. Nos citaban a las 5 de la tarde y había una marcha a las 4. Pensamos: ¿justo querés que vayamos cuando hay una marcha? Dijimos: “Quiere la foto”. Hablamos con nuestra abogada y pensamos que la postura que tuviéramos ese día sería la que tendríamos para siempre. Y dijimos: ´Nuestra postura es que no vamos a sentarnos con nadie del Gobierno, no hasta que nos digan algo, sino hasta que nos traigan a Santiago vivo. Tiene que estar en la misma mesa y, ahí sí, hablamos´”.
- El llamado del Presidente, Mauricio Macri, recién llegó el 20 de octubre, el día que Sergio Maldonado reconoció en la Morgue Judicial que el cuerpo hallado en el Río Chubut era Santiago.
- Ese día, también, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo a los medios que había hablado por teléfono con Sergio, quien lo desmintió.
5. La mentira: “Algunos dijeron que Patricia Bullrich debía declarar en disponibilidad al personal de la Gendarmería que participó en el operativo. Tomaron declaraciones a más de sesenta gendarmes, se hicieron entrevistas a fondo a los diez que participaron directamente en los hechos y se llegó a la conclusión de que no existía ningún indicio que permitiera dudar del relato de los gendarmes. Todo esto fue entregado al juez, y forma parte del expediente”.
La verdad: El protocolo internacional vigente para la desaparición forzada de personas establece que debe mantenerse apartado de la investigación todo agente estatal involucrado en el hecho que se investiga. En este caso, si la hipótesis de la investigación judicial hubiese incluido a la actuación de Ministerio de Seguridad, debería haberse apartado no sólo a Gendarmería, sino a todo el personal dependiente de esa cartera.
El Ministerio de Seguridad, a través del secretario Cané, introdujo el 15 de agosto la falsa hipótesis del puestero dentro del expediente de habeas corpus, promovida al día siguiente por la propia ministra Bullrich en el Senado, incluso cuando el Ministerio ya había encarado las actuaciones administrativas en las que surgían las irregularidades del operativo de Gendarmería.
A través de un duro informe fechado el 6 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago Maldonado y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestiona la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos” así como la tipificación en una eventual desaparición forzada. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra Bullrich:
- El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
- El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
- El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.
Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.
Los expertos también dedicaron un apartado a la filtración de las “actuaciones administrativas” del Ministerio de Seguridad y se declara “sorprendido” de la filtración de éstas a algunos medios de comunicación, incluso antes de que figuraran en la causas judiciales. A modo de ejemplo, cita cuando el Ministerio aportó las entrevistas relacionadas al incidente en el que un gendarme le habría tirado una piedra a un manifestante a las 00:20 del martes 12 de septiembre. No obstante, según la información proporcionada al Comité, “esa información fue publicada en la versión impresa del diario La Nación del mismo 12 de septiembre, antes de que las partes tuvieran conocimiento de dicha presentación”.
Los expertos del Comité toman en cuenta el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que –como reveló lavaca– definió la investigación del Ministerio (la misma que cita Durán Barba en su nota) como “chapucera”. El Comité tomó nota que las “declaraciones a más de sesenta gendarmes” y las “entrevistas de fondo” que mencionó el asesor de imagen del Gobierno no fueron más que actuaciones que incurrieron en la “falta de certeza” en el origen de las medidas, y plantearon sus dudas sobre la supuesta funcionalidad o no del área que encaró las entrevistas a los gendarmes, además de la “informalidad” de esos contenidos que no contaron con “ningún tipo de resguardo legal” para los entrevistados.
Nota
Lucía Pérez: dos responsables del femicidio y una perpetua

El segundo juicio por el caso de Lucía Pérez confirmó que la menor (16 años) fue víctima de un femicidio en octubre de 2016. El fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Roberto Falcone Alexis Semaz, y Gustavo Fissore, leído por este último lo decribe así: “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio” por lo que dictaminó la perpetua para Matías Farías.
La sentencia llegó 44 días después de iniciado este nuevo proceso. Los padres de Lucía, al salir, plantearon que seguirán impulsando la perpetua para Juan Pablo Offidani. En su caso, estos 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo” le significan 15 años de prisión.
Marta Montero, la madre de Lucía, dijo en la calle, rodeada de mujeres: “Yo les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos todo cambió”. Sus referencia a los narcos, las fake news y lo que llamó “perversión” en sectores académicos y mediáticos.

(Desde Mar del Plata)
Miles de mujeres en la calle miraban con ansiedad en sus celulares el streaming de la sentencia, y escucharon en silencio cuando el juez Gustavo Fissori leyó: “Se resuelve condenar a Matías Gabriel Farías por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexcual con acceso carnal agravado, con el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con femicidio (…) ocurrido el 8 de octubre del 2016 en la ciudad de Mar del Plata, del que resultó víctima Lucía Pérez Montero, e imponerle la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso”. La calle fue una ovación, un desahogo hecho de lágrimas y abrazos, y la confirmación de la legitimidad de un recamo de justicia.
Un día antes del 24 de marzo empezó a escucharse la consigna que armoniza también con las luchas de las mujeres: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
La sentencia consideró luego a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del mismo delito, por lo cual se le impusieron 8 años de prisión. El juez Fissori aclaró que por lo tanto se impone a Offidani la pena de 15 años, al unificarse la presente condena con la del juicio anterior (2018) en el que junto con Farías había sido condenado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”.
Pocos minutos después, al culminar la lectura del fallo, bajó de la sala Guillermo Pérez, el padre de Lucía y dijo en medio de la multitud: “Es injusta la pena de Offidani. Vamos a apelar para que tenga perpetua, lo que le corresponde. Pueden comprar voluntades donde quieran, pero a nosotros no nos va a comprar nadie: van a tener que pagar lo que tengan que pagar. Son cul-pa-bles. Y no pueden tener ningún privilegio. Ahora vamos por Offidani”.

La voz de Marta
Cuando llegó Marta desde la sala las lágrimas y los abrazos se multiplicaron al infinito.
Dijo Marta:
“Yo no les puedo decir lo que les agradezco a todos por habernos acompañado, aguantado, bajo el agua, el viento, lo que miércoles fuese. Pero estábamos juntos. A veces menos, a veces más, pero es importante estar unidos y seguir una lucha. Si estamos solos, separados, como cuando nos dicen muchas veces ‘no hagan eso, no hagan lo otro’…. No. Decimos que hay que hacer estrategias como lo hemos hecho. Porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos hoy Lucía no tendría justicia”.
“Y les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías hoy todo cambió. Porque hasta ayer no sabíamos si hoy se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar”.
Luego, conmovida, agregó:
“Pero ¿Por qué cambió para nosotros? Porque ahora ningún narco, ningún dealer, le va a romper el culo a ninguna piba más como se lo hicieron a Lucía”.
“A Lucía la destrozaron, a Lucía la destruyeron internamente, la violaron hasta 15 minutos antes de su muerte. La violaron hasta que su cuerpo terminó muriéndose. ¿Por qué lo decimos? Hay internamente nódulos, células que se rompen y hematomas que quedan ahí. Pero tenías que escuchar una defensa que decía “todas las mujeres somos violadas”. Yo estoy casada, estuve siempre con el mismo hombre, nadie me violó ni fui lastimada”.
“¿De donde sale esa perversión, que nos quiere hacer creer también un grupo de gente que se creen que porque le pagan a unas antropólogas y vienen a hablar pelotudeces, y sacan en una revista Fem disparates? ¿Nosotros tenemos que creer esos disparates?

Las fake news del caso Lucía
Marta continuó profundizando su mirada sobre estos días.
“Mujeres: estuve todos los días del juicio, el que lo pudo ver sabe de qué hablamos, qué es lo que le hicieron a Lucía. Ahora esta gente, estas feministas, estas antropólogas que dicen ser, académicas… Claro, nosotras somos las brutas, las de la calle. Por intuición vamos viendo lo que hicieron y lo que no hicieron, y también vamos deduciendo. Pero no somos ningunas ignorantes, ni van a venir a vendernos pescado podrido como esta gente quiso hacerlo”.
“Vieron las fake news que están tan de moda? Algunos no sabemos ni qué diablos es eso. Yo ni sabía ni me importaba cuando escuchaba esa palabra. Pero esa palabra es eso: armar un discurso, venderlo, que la gente compre ese discurso, y que la gente crea que a Lucía no le pasó nada”.
“Y que fue Lucía con su consentimiento y les dijo ‘cójanme hasta matarme’. Eso nos quisieron hacer creer esas dos mujeres, perversas como si las hay, eso es una perversión. Lucía era una criatura de 16 años, jamás hubiese dado un consentimiento. Un menor, con lo que significa un adulto, ¿hasta donde tiene el dominio ese adulto de ese menor? Y todo el fin de semana se ocuparon de mandar a los medios que Lucía había consentido su propia muerte. A Lucía no la mató nadie. Cuando escuchábamos eso, cuando leíamos eso, no podíamos creer que mujeres llamada feministas actúen de esa manera. Todas tenemos que decir y saber quiénes son. Porque si no parece que una está loca y habla cualquier pelotudez que se le ocurre”.
“Y lo que le pasó a Lucía es lo que hacen con todas las pibas. Estos jueces gracias a Dios tuvieron esa certeza de poder leer todo, ver todo lo que le hicieron a Lucía, lo que tanto la querella como el fiscal mostraron, la cantidad de pruebas… Que hayan podido ver eso, y darse cuenta de la realidad que quisieron ocultar en el juicio anterior: que esto era un femicidio”.

Un día de justicia
Dijo también Marta: “Cuando hablamos de Farías, hablamos de Offidani. La diferencia es que uno tiene el poder. Los dos son culpables. Offidani no tiene derecho a tener esa condena. Lo vamos a apelar y vamos a llevarlo a la perpetua que tiene que ir”.
A la salida habló también Eduardo Carnicero, que siguió el juicio en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires: “Por un lado entendemos que es un antes y un después. Está bueno que se aplica la figura que solicitó la acusación. No pudimos ver los fundamentos todavía, pero sí tenemos la confirmación del delito. Sabemos que hay una pequeña disidencia entre los jueces en cuanto a la calificación, pero de hecho la pena es la misma. La condena se hace por mayoría por las dos figuras, eso es bueno”.
“Con respecto a Offidani se da esta situación de que el fiscal (Arévalo) pide la pena de 20 años porque es una participación secundaria. La querella se apartó de eso. Los jueces receptan lo que pide la fiscalía aplicando en la escala una pena inferior, para saber el por qué hay que ver los fundamentos”.
Entre los familares de otras víctimas se encontraba Gerardo Mellman, el papá de Natalia: “Es una lucha por la familia y por el movimiento feminista. En este nuevo juicio se ha mostrado la verdad. Lo importante: han tomado esta sentencia como una sentencia de femicidio. Está creando un precedente para miles de casos, sin ninguna duda”.
Cristina, la mamá de Eliana Gómez analizó así lo ocurrido: “Fue muy importante haber conseguido una perpetua. Deberíamos haber conseguido las dos, pero habrá que seguir luchando. Sin embargo, repito, lo de hoy fue muy importante, un alivio para la familia, por haber luchado tanto. También es una puerta para el jury también. El fallo sirve para lo que viene, todo lo que hacemos sirve, sea poquito o mucho lo que se logre, todo sirve. Juntarnos, marchar, acompañar a las familias. Y vamos a seguir por todas las familias que aún no tienen justicia”. Tal cual lo que dice Cristina, aun está pendiente el jury o juicio político a los jueces que llevaron adelante el primer proceso por este femicidio, con un fallo que tuvo que ser anulado por la Cámara de Casación por su parcialidad, prejuicio y misoginia, lo cual dio lugar a este segundo proceso.
Daniel, el papá de Cecilia Basaldúa: “Estamos luchando por lo mismo: que se castigue a los culpables y que no se tape nada. Que la justicia se dé cuenta que no estamos solos y que vamos a luchar siempre. La gente no está sola”.
Susana, la madre de Cecilia Basaldúa fue otra muestra de cómo sintieron el fallo las familias de otras víctimas: «Todos los casos de la muertes de nuestras hijas son de la misma manera. Están la policía, la fiscalía, los jueces. Nos alegra mucho ver en el caso de Lucía Pérez que hay dos jueces en el banquillo. Y además, con esta perpetua que se obtuvo, ahora vamos a seguir por Offidani. Sabemos que todos juntos somos la fuerza y vamos a seguir acompañando, como también nos acompañan con el caso de nuestra hija. Muchos años pasaron, parece eterno esto. Nos ponemos al lado de Marta y Guillermo y es una cruz bastante pesada la que tuvieron que cargar todos estos años. Queremos festejar con ellos este fallo. Y con esto, queremos que vayan saliendo todas las perpetuas, que el poder judicial vea que estamos todos unidos y que vamos a luchar siempre. Y que no le tenemos miedo».
Alfredo, papá de Carla Soggiu: “Primero es importante para que Lucia pueda descansar en paz, y para que los padres sientan fuerza para seguir porque todavía falta. Y a nosotros nos marca un precedente para que la justicia no pueda defender más a los narcos, a los que tienen poder, a la misma justicia, a la policía, a los políticos… es importantísimo. Aparte Marta y Guillermo son un faro para nosotros. Marta tiene la fuerza de todos los mares juntos, nos la transmite a todos los demás. Nuestras hijas merecen justicia y descansar en paz”.
Marisa, la mamá de Luna Ortiz, sumó su sensación este jueves: “Hoy se pudo marcar un precedente, hoy es un día de felicidad para nosotros porque para estos femicidios en los que está entrelazado el narcotrafico nunca podíamos llegar a hacer justicia”.
En pocas palabras Marisa expresó lo que la calle estaba sintiendo: “Hoy llegó el día compañeras. Hoy llegó el día de justicia para Lucia”.


Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
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