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Gracias a las desgracias: Chubut vuelve a movilizarse contra la minería en medio de la descomposición política provincial

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Chubut en la calle este lunes 15 de marzo. Criminalización de las comunidades y el choque entre Nación (a través de Wado de Pedro) y provincia por la visita de Alberto Fernández.

“Gracias a estas desgracias el tema saltó a nivel nacional y se ve claramente la descomposición política y mafiosa que está queriendo imponer la minería” dice Corina Milán, directora de la Escuela 23 de marzo de Esquel. Este lunes la ciudad chubutense volvió a movilizarse al igual que Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Epuyén, Puerto Mardyn, Telsen, Gualjaina, Sarmiento, Gaiman, Trevelin, parte de un total de 48 localidades y municipios que salieron a rechazar el supuesto debate legislativo de la ley de zonificación que habilitaría la megaminería a cielo abierto en la meseta provincial.

En medio del conflicto el ministro del Interior Wado de Pedro responsabilizó por Twitter al gobierno de Mariano Arcioni por los ataques sufridos por la comitiva oficial y reconoció que el gobernador no iba a ser de la comitiva: “Sabíamos que iba a generar malestar y enojo, debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia”. Agregó con respecto a Arcioni: “Hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad”, revelando una interna política como trasfondo de la infiltración policial, las zonas liberadas también por la policía, que permite la intervención de patotas organizadas por la UOCRA que suelen operar en Chubut para disuadir a las comunidades que rechazan la megaminería.   

De Pedro y la responsabilidad de Arcioni

Otra imagen de la movilización de este lunes en Esquel. La corrupción legislativa, los incendios en la Comarca Andina, la criminalización de las comunidades y una cuestión: ¿quién ejerce la violencia?

El debate legislativo estaba previsto para este martes 16, pero por segunda vez será suspendido en vista de la conflictividad provincial frente al tema. “El riesgo es que lo traten sobre tablas, pero si lo hacen no les dan los números para sancionarla” explica Pablo Palicio Lada desde Trelew. “Sobre 27 diputados necesitan 14 votos que, hasta donde se sabe, el gobierno de Mariano Arcioni no logra sumar. Y la tendencia es a que tengan cada vez menos votos debido a la bronca y la indignación que hay en la provincia con este tema y la corrupción que implica”.  

La situación se da en medio del llamado Chubutaguazo, la movilización provincial que busca defender un bien común como el agua frente al modelo extractivo y contaminante de la megaminería. El agua amenazada justamente es un símbolo crucial cuando al problema minero se agregan las miles de hectáreas incendiadas en la zona de la Comarca Andina, el tema que motivó el viaje presidencial. Por eso una de las banderas en las movilizaciones de este lunes planteaba: «Somos el agua que apaga su fuego».

Cuando Corina Milán agradece a las desgracias –parafraseando La Cigarra, la bella canción de María Elena Walsh– se  refiere a la situación general de la provincia y la detención de manifestantes ocurrida con motivo de la complicada visita del presidente Alberto Fernández a Lago Puelo el sábado pasado, que dejó al descubierto una serie de maniobras que facilitaron la violencia y simbolizan una radiografía del modo de actuar del gobierno chubutense. En cualquier caso el problema de Chubut no es solo “chubutense” sino que implica una cuestión ambiental, política, productiva, de justicia y de derechos humanos que la comunidad  viene señalando desde comienzos de este siglo, tema que ya atraviesa a tres generaciones de habitantes de la provincia.

Pablo explica parte de la situación: “La visita terminó mostrando al ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, echándole la culpa a la Presidencia y a la Casa Militar por la violencia y por no haber informado el itinerario de Alberto Fernández, pero a la vez terminó reconociendo que hubo policías entre los manifestantes, algo que en la provincia se sospecha desde siempre”.

El señor Massoni efectivamente dijo que “directamente llevaron al presidente Fernández y al gobernador Arcioni a la boca del lobo, se modificó el itinerario y no nos notificaron”. La búsqueda de deslindar responsabilidades hacia arriba tuvo el efecto inverso a través de los citados textos del ministro De Pedro a través de Twitter, que desmembraron la maniobra de Arcioni. El sábado pasado, de hecho, la comitiva presidencial separó a Arcioni de la visita, sabiendo que la aparición del gobernador sólo puede ser leída en términos de provocación en una provincia devastada en los últimos años.

Un detalle sobre este curioso gobernante: aprovechó la visita de Fernández para visitar por primera vez territorios arrasados por los incendios. Sabiendo lo que genera su figura en la población, intentó utilizar de escudo la comitiva presidencial, mientras su gobierno continúa la táctica de demonización de las comunidades para intentar filtrar la ley pro-minera.

Criminalizar a las comunidades

Las internas políticas, como siempre, son pagadas por la ciudadanía a través de los clásicos mecanismos de criminalización y demonización de un rechazo que en Chubut lleva 19 años, cuando ya en 2002 comenzaron las movilizaciones esquelinas contra la intención de instalar a la minera Meridian Gold. Desde ese momento las comunidades chubutenses pudieron incidir institucionalmente con plebiscitos, como el de la propia Esquel en 2003 y dos Iniciativas Populares. La Iniciativa Popular es un mecanismo constitucional para que la legislatura debate una ley que cuente con el apoyo de al menos el 3% de firmas corroboradas del padrón provincial.

En ambos casos, 2015 y 2020, esos mecanismos constitucionales fueron burlados por los legisladores que ignoraron dichas Iniciativas. Uno de los casos fue célebre: el diputado kirchnerista Gustavo Muñiz participó de la deliberación recibiendo en su celular indicaciones de Gastón Berardi, gerente de la minera Yamana Gold. En la Iniciativa Popular más reciente, se conoció el video realizado al diputado del PRO Sebastián López que sugería el pago de “cien lucas” para solucionar estos temas a favor de las corporaciones mineras. La diputada peronista Leila Lloyd Jones ilustró al respecto a la sociedad a través de un audio filtrado a la prensa en el que sugería que los desocupados tendrían que pedirle “laburo a los legisladores que votan a favor (de la minería) que a ellos les pagaron 10 millones de pesos”, lo cual significaría que las “100 lucas” de las que hablaba su colega del PRO eran en dólares.

En este contexto es válida una pregunta: ¿Quién ejerce la violencia?

Sobre la violencia

Después de las movilizaciones del último 4 de marzo (que obligaron a la primera suspensión del tratamiento de ley pro minera) se formó un nuevo bloque político en la Legislatura, Chubut Unido, formado por oficialistas (incluida Lloyd Jones) que rechazan el tratamiento del proyecto.

La sociedad chubutense sigue movilizándose. La abogada Cris Hendrickse, quien participó en la elaboración de las primeras ordenanzas antimineras en Chubut, por ejemplo en Epuyén, planteó ayer a lavaca su impresión a partir de los hechos del sábado último: “Apedrearon a un presidente. La megaminería es intrínsecamente violenta. Violenta las montañas, las dinamita. Violenta las democracias, las corrompe. Violenta la fauna, la extingue Violenta el agua y el aire, lo contamina. Es prima del patriarcado: aquel cosifica a la mujer, ésta a la naturaleza llamándola ‘recurso natural’. Para los megamineros el otro es un medio, nunca un fin., Por eso es filosóficamente perversa. No sorprende la violencia en quienes defienden la filosofía de la muerte”.   

La movilización en Chubut continuará hasta que el proyecto de “zonificación” se retire definitivamente de la Legislatura provincial, cosa que muchas y muchos legisladores ya están reclamando, en algunos casos por convicción y en otros, tal vez, por tratarse de un año electoral.    

La mirada de las asambleas sobre todo lo que está ocurriendo en Chubut

CHUBUT, 15 de Marzo de 2021

Las asambleas que conformamos la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut) alertamos una vez más a la sociedad en general sobre las graves consecuencias de la avanzada extractivista en nuestros territorios. Hoy cinco vecines de Chubut fueron detenides por manifestarse, sus rostros y sus datos personales fueron expuestos en conferencia de prensa por el ministro de seguridad de la provincia violando sus derechos y garantías constitucionales. Denunciamos este montaje mediático y judicial que busca la demonización del colectivo docente y de quienes nos oponemos a la megaminería para desviar el foco de la responsabilidad estatal en la catástrofe socioambiental que atraviesa la cordillera en estos días. A pocos días del triunfo popular que volvió a impedir el tratamiento del proyecto de zonificación minera del gobierno de Arcioni y Sastre en la legislatura provincial, nuestra amada Comarca Andina sufre un nuevo incendio forestal en zona de interfase, que ya se cobró dos vidas humanas y dejó a más de 300 personas sin techo. Miles de hectáreas de bosque nativo han sido arrasadas por el fuego, y la devastación terricida no puede pasar indiferente para nadie.
Por ello, convocamos a todo el pueblo de Chubut y a los pueblos del mundo que se solidarizan con la lucha por el agua, la vida y el territorio, a movilizar este Lunes 15 de Marzo bajo el lema «SOMOS EL AGUA QUE APAGA SUS FUEGOS», y declaramos:

  1. El bosque destruido por los incendios de todo este verano en la zona es el mismo bosque que el Estado Argentino pretendió eliminar a principios del siglo XX por ser un obstáculo para el supuesto “progreso y desarrollo de la Nación”. Ese proceso implicó el desalojo de los pueblos originarios que resistieron el genocidio llevado adelante por el Estado Argentino.
  2. El bosque nativo como pueblo verde que custodia la circularidad de la vida, y el pueblo mapuche tehuelche como pueblo libre, recuperando y habitando los territorios, siguen siendo enormes obstáculos para el aún promocionado progreso. Es por ello que persiguen, encarcelan y asesinan a nuestras hermanas y hermanos mapuche. Y es por la misma razón que el bosque arde: su subsuelo contiene enormes riquezas minerales que son el desvelo de empresas mineras propietarias de sus yacimientos.
  3. Denunciamos la vil mentira de sectores político-económicos y mediáticos que intentaron culpar de los incendios al pueblo mapuche en resistencia. Sostenemos que estamos bajo un ataque, pero los autores son justamente el lobby extractivista que se ha apropiado de las estructuras de gobierno en nuestra provincia y que le escriben el libreto al presidente Alberto Fernández. Rechazamos por falsas y racistas las acusaciones que vinculan a nuestrxs hermnxs con prácticas contrarias a la cosmovisión del pueblo nación mapuche, que vela por el equilibrio de todas las formas de vida en los territorios.
  4. Repudiamos los sucesos del pasado sábado 13 de marzo, cuando en el contexto de la visita presidencial a la zona afectada por los incendios, vecines autoconvocades fueron atacades por una patota del sindicato de la construcción (UOCRA). Denunciamos públicamente al gobierno nacional y al gobierno provincial por acudir a prácticas de tercerización de la represión. El sábado, en la localidad de Lago Puelo, las autoridades se dieron a la fuga y la policía liberó la zona para que la patota de la UOCRA actuara una vez más su triste papel. La historia reciente de Chubut suma varios episodios de este tipo. El más reciente cuando una patota de camioneros quiso romper el corte de la ruta nacional 3 en Trelew hace poco más de un semana. Las represiones en las rutas del sur de la provincia ante el reclamo docente manos de patotas conducidas por el secretario general del Sindicato de Petroleros, Loma Ávila, o las golpizas de la UOCRA y petroleros en legislatura, han estado siempre a la orden del día y se han intensificado con Mariano Arcioni en el poder. Pero la responsabilidad del gobierno nacional en este episodio es ineludible y nos trae a la memoria los sucesos del 24 de julio de 2012 en Cerro Negro, Catamarca, cuando un masivo corte de ruta en protesta contra la mina La Alumbrera fue violentamente desalojado por patotas sindicales y les compañeres asambleístas fueron privados ilegalmente de su libertad por varias horas con la complicidad de la policía provincial; o los sucesos de 2013 en el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas; o, más difundido por sus consecuencias funestas, el asesinato de Mariano Ferreyra en el barrio de Barracas, Buenos Aires, en manos de grupos de choque de la Unión Ferroviaria, en octubre de 2010.
  5. En la visita presidencial quedó nuevamente en evidencia la sistemática violación de derechos humanos que padecemos quienes nos manifestamos en defensa del agua y la vida hace más de 18 años en Chubut. Además de tercerizar la represión, el Estado infiltra personas en nuestras marchas y pretende amedrentarnos y dividirnos con montajes que sólo revelan los intereses que se disputan entre sí las diferentes facciones del poder político y económico. Nos espían, nos sacan fotos, nos filman, nos apalean y nos detienen para judicializar la lucha con causas que no llegan a ningún lado por falta de pruebas e inconsistencias en los testimonios de sus propios perros, como en la causa que le armaron a seis compañeres después de los sucesos del 5 de diciembre de 2019 en la legislatura provincial. Nada de esto nos ha detenido, porque somos mucho más que les vecines que ponemos el cuerpo en cada acción de lucha: somos el agua que apaga sus fuegos.
  6. Esta mañana se llevaron detenidxs a compañerxs de la comarca en un montaje mediático y judicial que pretende acusarlos de atentar contra la integridad del presidente. En conferencia de prensa Massoni reconoció que hubo policía infiltrada, esa misma q salió a cazar a quienes hoy están criminalizando. Exigimos se garantice el principio de inocencia y responsabilizamos al estado de la salud física y psíquica de lxs compañerxs perseguidxs y detenidxs.
  7. Llevamos tres años ininterrumpidos de embate minero que hoy se materializa en el proyecto de zonificación presentado por el gobierno provincial y resistido en las calles y las rutas de toda la provincia desde su presentación por ser inconstitucional, ilegal y clandestino. Cada nueva sesión legislativa trae un clima de zozobra sobre posibles represiones al pueblo movilizado en defensa del agua y el territorio. Las manos en alto de 14 diputados pueden cambiar la vida de nuestras comunidades, en un oscuro escenario con denuncias de corrupción sin investigar. El destino de Chubut no puede quedar en las manos de un grupo de irresponsables que muestran más aprecio por sus cuentas bancarias que por las futuras generaciones. Hay poderes siniestros en la política chubutense y el pueblo está harto de amenazas y extorsiones. De este otro lado, está el pueblo expresándose en las calles, decididos a impulsar otro futuro para la provincia, promocionando una ley que garantice la vida de las próximas generaciones. Exigimos el respeto por las herramientas participativas consagradas en la Constitución Provincial. Demandamos el urgente tratamiento y aprobación sin modificaciones del Proyecto 129/20 presentado por Iniciativa Popular por esta Unión de Asambleas de Comunidades.
  8. Agradecemos a todas las comunidades y territorios el enorme acompañamiento recibido en estos últimos meses de lucha y convocamos estar más atentes que nunca frente al ataque terricida que estamos atravesando hoy y a reforzar la solidaridad con los territorios afectados por los incendios.

BASTA DE SAQUEO Y DESTRUCCIÓN, ¡¡PAREN DE MATARNOS!!
FUERA MINERAS DE LOS TERRITORIOS, ¡¡NI EN CHUBUT NI EN NINGÚN LUGAR!!
RETIRO INMEDIATO DEL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA. ¡¡FUERA ARCIONI!!
TRATAMIENTO Y APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA POPULAR
APARICIÓN CON VIDA DE NARCISO Y RAYMUNDO PINO, DESAPARECIDOS EN LA MESETA CENTRAL DE CHUBUT
¡¡BASTA DE CRIMINALIZAR LAS LUCHAS POR EL TERRITORIO!!
A CIEN AÑOS DE LOS SUCESOS DE LA PATAGONIA REBELDE, REPUDIAMOS LA PRESENCIA DE PATRICIA BULLRICH EN CHUBUT. ¡¡JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL!!
¡NO ES NO! ¡¡NO PASARÁN!!

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

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Nota

Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

Publicada

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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