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¿Quién tira la piedra en Chubut? Detenidos sin pruebas, sospechas de escena armada y el miedo como forma de control social
En Lago Puelo, el lugar donde la comitiva de Alberto Fernández fue apedreada, lavaca habló con un docente, un abogado de una de las acusadas y una defensora de derechos humanos que analizan qué pasó, qué se sabe y qué no. Quiénes y cómo son los docentes detenidos por el supuesto ataque presidencial. Los apuntados que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos. Las sospechas de una escena armada en la cual no hubo seguridad pero sí la huida del auto de una brigada policial local. El choque entre el gobierno provincial y nacional que abona esta hipótesis, confirmada a lavaca por el viceintendente de Lago Puelo. El modo en el que tanto la justicia provincial como el gobierno nacional aprovechan el caso para deslegitimar la organización social contra los proyectos megamineros, en medio de una Comarca Andina que continúa ardiendo.
Por Francisco Pandolfi desde Lago Puelo. Fotos de Nacho Yuchark
Mientras el gobierno nacional y el de la provincia de Chubut juegan al Gran Bonete, endilgándose responsabilidades sobre la turbulenta venida del presidente Alberto Fernández a Lago Puelo; mientras diversas cámaras y flashes mediáticos se suben a ese juego de distracción, la Comarca Andina continúa ardiendo.
Siguen los incendios, sigue habiendo cada vez más afectados (por el fuego y por sus consecuencias), sigue aumentando el número de casas relevadas arrasadas –el número oficial es de 350, pero organizaciones autoconvocadas apuntan a más de 500 por la falta de registro de viviendas–. Sigue habiendo sectores sin luz, sin agua, sin acceso a internet.
Pese a este escenario que permanece desolador, se va apagando de los medios la catástrofe ambiental, minimizando el desguace del Estado provincial, en medio del show de las detenciones. Pero, ¿qué hay detrás de los allanamientos y su puesta en escena? ¿Qué esconden las detenciones violentas y mediáticas, sin ninguna prueba concreta contra las y los acusados? ¿Quién piensa en esas personas y en el temor que hoy las atraviesa?
Piedras y perejiles: en el lugar del hecho
El lunes por la mañana, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, expuso en conferencia de prensa a los presuntos involucrados en la apedreada que recibió la comitiva presidencial el sábado 13 de marzo. Nombres y apellidos, direcciones de sus hogares, ocupaciones, salarios y una parva de datos personales fueron difundidos para justificar los ocho allanamientos y las seis detenciones que se produjeron, incluida una menor de edad. Les secuestraron sus celulares en la fiscalía comandada por Carlos María Díaz Mayer, socializaron sus datos privados y, en un lapso de sólo tres horas, los liberaron.
“Las detenciones tienen un patrón común: son todos perejiles. Yo conozco al menos dos casos que no estuvieron en el lugar. Ana Ruiz, a quien represento en su defensa, y Trinidad Muñoz, a quien no la allanaron todavía pero está en la orden del juez que pidió el fiscal. ¿Se entiende? ¡Ni estaban en el lugar del hecho! Entonces te das cuenta de que se trata de una pelea entre los distintos gobiernos, que nos trasciende. Acá, agarraron al voleo y ese fue el criterio”, afirma a lavaca el abogado Edgardo Manosalva.
Ana es vecina del paraje Entre Ríos y auxiliar en una escuela. Según afirma su defensor, el día anterior había viajado a Trevelin y aparece en las cámaras de salida y entrada a Esquel con su vehículo. “Al regresar, ni siquiera pasó cerca de lugar de conflicto; no sé por qué la agarraron”, y completa: “Es muy admirable la performance del fiscal… hay que tener mucha puntería para acertar contra gente que no tiene nada que ver. Me atrevería a decir que le erró en los ocho casos que estaban en la orden de allanamiento”.
Cómo fue el montaje: sin seguridad y con la brigada
El pueblo sigue viviendo con el carbón en la cara, en las manos, en la respiración. El proceso de reconstrucción se palpa en cada pedazo de tierra vapuleada, mientras varios focos permanecen encendidos en distintos puntos de la Comarca andina. Cuando se llama para reclamar por falta de luz, desde las cuadrillas contestan que no tienen recursos. Sin embargo, eso ya no parece ser noticia: desde el sábado pasado se mira a Chubut por la disputa entre Nación y Provincia tras el ineficiente operativo de seguridad. “Hubo una comitiva casi sin vigilancia, entonces, no es difícil de imaginar que todo fue armado. Como resultado, ahora hay más información de la apedreada que de lo que le pasa a nuestra comunidad y a la desidia del Estado”, dice a lavaca N., profesor de Geografía de Lago Puelo y compañero de trabajo de Alejandro Orda, otro de los detenidos.
Alejandro Marqués, viceintendente de Lago Puelo, también analiza los hechos a la luz de un montaje: “Me llamó mucho la atención lo que pasó el sábado, no vimos un operativo de seguridad de la provincia. Había 150 personas que se manifestaban contra la minería; y luego aparecieron 50 de la UOCRA de Esquel. De las asambleas contra la mina me pidieron que intervenga por las provocaciones del sindicato. No tengo evidencias, pero el análisis es simple: vinieron todos los ministros de la provincia menos uno: el de Seguridad. Eso ya era un indicio de algo, ¿no?».
En relación a las detenciones, manifestó: “Me llaman la atención porque aunque tengan una posición contraria al gobierno provincial, los docentes son contundentes en sus reclamos, pero no agresivos. No entiendo por qué a ellos. Se ve que tenían la necesidad de presentarlos como violentos”. Y agregó: “Dos personas tiraron piedras; es extraño que con las áreas de Inteligencia que tienen, esas personas no hayan sido identificadas”.
Hay versiones de testigos que indican que las piedras fueron arrojadas desde un vehículo que pertenece a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut.
Patricia Dambielle tiene 61 años y es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste de Chubut. Es veterinaria y docente de la escuela 788 de arte. Es maestra de la menor que fue llevada a la comisaría y conoce a su padre, otro de los detenidos. “Yo pude identificar que ese auto estaba radicado en Rawson y luego se conoció que pertenecía a la Brigada policial. A esta altura nada me sorprende de Mariano Arcioni, el gobernador. Siento angustia, indignación, bronca, se me estruja el corazón; está todo muy complicado acá”. Edgardo, también abogado, complementa: “No me sorprende cómo actuaron, ni la aparición de ese vehículo policial ni el show montado con las detenciones: de un gobierno burdo, con mentalidad burda, solo pueden salir acciones y consecuencias burdas. La capacidad de sorpresa en Chubut está ‘a niveles diablo’, diría mi hijo”.
La doctrina del miedo
El lunes por la mañana, Alejandro Orda estaba durmiendo cuando lo despertó una veintena de policías de Infantería golpeando la puerta y la ventana de su casa. Su hijita estaba mirando la televisión y fue quién más se asustó. Se fue corriendo a meterse en su cama, sin querer ver ni escuchar nada más. Esteban, docente de Lago Puelo y compañero de Alejandro, lo describe: “Él es muy tranquilo, sensible, laburante; en la escuela está todo el tiempo resolviendo cosas. Él acompaña en el rol técnico y da capacitaciones sobre grooming. Habla mucho con los pibes, que suelen contarle sus problemas. No es una persona que se fuera a meter en ninguna situación confrontativa”.
El profesor profundiza sobre el estado de su amigo: “No quiere salir de su casa, tiene miedo de perder el laburo, de quedar marcado; su compañera me llamó desesperada luego de ser detenido de una manera hiper violenta. Llegaron con armas largas, escudos y cascos. Imaginen cómo se puso la nena. Se lo llevaron, le sacaron fotos, lo filmaron y publicaron hasta dónde vive”.
Agrega un dato significativo en el armado de la causa: “Casi al mismo tiempo que sucedían las detenciones, medios masivos de Buenos Aires ya sabían lo que estaba pasando. Fue muy rara la movida. En la comisaría sólo les avisaron que los estaban notificando de la acusación. O sea, fue todo un circo exteriorizado por Massoni, que escrachó a gente que no tiene nada que ver”.
Con una población estimada de 15 mil personas, entre el 10% y el 15% de Lago Puelo fue afectado directa o indirectamente por el incendio. En este contexto se agravó la crisis habitacional preexistente: las familias que perdieron todo buscan alquilar a través de un grupo público de Facebook, porque en la zona hay entre dos mil y tres mil viviendas para el turismo, pero prácticamente nada para el pueblo. “Las detenciones tienen la intención de seguir tapando todo lo que realmente pasa en Chubut. Yo vivo hace 8 años en la provincia y, sin exagerar, ya viví más de 80 incendios, algunos más chicos, algunos más grandes. ¿Cuál es el fin? Si te saco todas las posibilidades para el uso del suelo, para existir, y te dejo solo lo que me interesa como Estado, ¿qué te quedas, a qué te dedicás? Sin animales, sin producción en el campo, sin pasto. Esto fue una catástrofe medioambiental, en medio del deseo gubernamental de aprobar la minería”, cuenta el docente de Geografía, que por seguridad personal y de su familia prefiere no revelar su identidad: otro signo de cómo están las cosas en la provincia.
El procedimiento que las Fuerzas de Seguridad provinciales llevaron a cabo anteayer no fueron una excepción. De hecho, hace sólo dos semanas la APDH le envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un extenso informe sobre las violaciones de derechos que se producen en Chubut: “Nos cansamos de mandar informes a cuanto espacio del gobierno nacional se les ocurra. Sin ninguna respuesta y habiendo agotado todas las instancias, lo elevamos a la Corte Interamericana solicitando que este organismo internacional le pida a Nación investigar lo que pasa en Chubut”, comenta Patricia Dambielle, de la APDH, que sentencia: “Hay violaciones por violencia institucional, intensificadas en pandemia; al derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación; todos los empleados estatales hace más de tres años sufrimos la falta de pago de sueldos en tiempo y forma. Existe una violación directa del gobierno provincial, pero hay una violación por omisión del gobierno nacional”.
Esa matriz de violencia institucional histórica queda en evidencia ante las nuevas detenciones: “Fue una tragedia lo que pasó; una violación supina de los derechos humanos, además de constituir crímenes, como por ejemplo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público penados por el código penal argentino, al haber expuesto con fotos a los acusados. El otro crimen es la calumnia. Los están acusando con nombre y apellido de un crimen que, sabemos, no es cualquier crimen”, analiza el defensor Edgardo Manosalva y cierra con un tema que en Chubut parece nunca acabar: “Todos los detenidos quedaron desmoronados emocionalmente. Y lo que más expresaron es la crueldad en el escrache, el sadismo institucional que les implicó una exposición de esa naturaleza y con un cargo de ese peso. Acá no está el Estado asistiéndolos: sino que los está acusando sin ninguna prueba”.
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El verdadero riesgo país: las leyes para seguir poniendo a Argentina de remate
Cinco leyes todavía en debate están proyectadas para hipotecar el presente y el futuro del país y su sociedad. Una que permite la venta irrestricta de tierras a manos extranjeras. Otra que congela por 30 años esa entrega con arbitraje fuera de la justicia argentina. Una tercera que permite a quienes compren operar sin que se sepa quién es el dueño real. La cuarta, que oculta los agoritmos que usan nuestra información. Y la quinta, que limita a la sociedad civil en su derecho a reclamar. Distintas organizaciones plantean debates y preguntas para entender con claridad el verdadero riesgo país de estos días. La semana próxima volverá a ser clave en el Congreso, y en la calle.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir entre otras, están coordinando acciones de difusión frente al tratamiento de proyectos de ley como el de Inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como Ley de Tierras y el llamado Súper RIGI. Lavaca tuvo acceso a tramos del documento que se está preparando, hasta ahora titulado: Senado de la Nación, lo que se pone en juego con los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.
Allí se plantea. “El 6 de agosto el Senado de la Nación tiene previsto tratar en el recinto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Expte. PE-13/2026, Mensaje 22/26). El día anterior, las comisiones del propio Senado abren el tratamiento del Súper RIGI. No son dos agendas separadas: son piezas de una misma operación legislativa”.
“Aunque se presentan como iniciativas independientes, ambas reformas modifican de forma complementaria el régimen jurídico aplicable a la tierra y las grandes inversiones. Mientras uno desintegra los límites existentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, la otra otorga una serie de privilegios extraordinarios para blindar esas inversiones. En su conjunto, estas iniciativas reconfiguran la capacidad regulatoria del Estado Nacional y las provincias en materia de bienes comunes estratégicos como la tierra, el agua, la energía y los minerales”.
El segundo apartado del documento tiene un enorme poder descriptivo, que se sintetizó además con las placas con las que acompañamos este texto. El título de ese segmento que reproducimos por su valor informativo y didáctico: Un paquete de entrega: cómo encajan las piezas.
“Los diferentes proyectos (o anteproyectos) de Ley que impulsa el Gobierno de Javier Milei deben ser leídos en su conjunto. Esa unidad revela una mecánica que ninguna ley, por separado, deja ver ni puede garantizar. Leído desde los territorios, el combo propone en secuencia soluciones a los cuatro problemas que el capital extranjero enfrenta para apropiarse de tierras estratégicas en la Argentina.
1. La Inviolabilidad saca el techo: habilita quién puede comprar. Conviene tener presente qué protege hoy la Ley de Tierras Rurales (26.737), porque es exactamente lo que el paquete desarma: un tope del 15% a la titularidad extranjera del territorio —nacional, provincial y local—, un límite del 30% por nacionalidad, un máximo de superficie por titular, la prohibición de adquirir tierras con lagos y ríos, y el Registro Nacional de Tierras Rurales, que hace pública esa información. Sin el límite del 15%, sin el tope por nacionalidad, sin el máximo por titular y sin la prohibición sobre lagos y ríos, un mismo actor extranjero puede adquirir tierra sin límite, incluidas las que contienen agua dulce, glaciares y nacientes.
2. La Ley de Sociedades borra el rastro: establece cómo se compra sin que se sepa quién es el dueño. Y este eslabón no es hipotético: ya ocurrió. En 2016, un decreto flexibilizó la extranjerización de tierra realizada a través de transferencias de acciones societarias, reemplazando el permiso previo por una simple comunicación sin sanción. La vía societaria tiene precedente empírico. La reforma de la Ley de Sociedades reabre y profundiza esa puerta: una corporación radicada en Delaware o en otro paraíso fiscal puede quedarse con territorio estratégico sin que el Estado sepa quién es el titular real.
3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: construye las bases y garantiza qué pasa después de comprar. Estabilidad normativa por 30 años, beneficios cambiarios, impositivos y aduaneros extraordinarios, arbitraje internacional excluyente fuera de la jurisdicción argentina y desactivación del poder de policía estatal sobre el territorio adquirido. Quien adhiera obtiene un «derecho adquirido asimilable al de propiedad» (art. 24) que ninguna ley posterior puede alterar.
4. Se apaga la información: el Estado y la ciudadanía dejan de ver. La Ley de Tierras creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, la primera foto nacional de quién posee la tierra. Derogarla apaga ese registro y con él el acceso público a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización. En paralelo, el anteproyecto de reforma de la Ley de Datos Personales que el Ejecutivo ya puso a consideración de organizaciones: le prohíbe al propio Estado inspeccionar los algoritmos que operen sobre la información de la población, y declara el entrenamiento de inteligencia artificial «interés legítimo», habilitando el uso masivo de datos personales como insumo. El Súper RIGI, por su parte, no prevé mecanismo alguno de transparencia sobre los proyectos adheridos, y la regulación del lobby baja la voz de quienes podrían oponerse.
La imagen es precisa: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las tres instancias que deberían vigilar: el registro de tierras, el control de los algoritmos y la transparencia sobre las inversiones. No es un conjunto de reformas independientes que coinciden en el tiempo: es una arquitectura.
Por qué la Patagonia es el destino previsible: agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío ideal para enfriar servidores hacen de la región el emplazamiento óptimo para la infraestructura de data centers e inteligencia artificial que el Súper RIGI viene a incentivar. Tierra sin límite (Inviolabilidad) + titularidad opaca (Sociedades) + blindaje de 30 años (Súper RIGI) + apagón informativo (fin del Registro + reforma de datos) es, exactamente, el traje a medida de un enclave”.
Otro capítulo se titula Lo que se pone en juego-El costo político, y abre la visión sobre los alcances de esta intentona oficialista. Allí se describe:
«La aprobación del paquete —Inviolabilidad y Súper RIGI leídos en conjunto— implica, en términos concretos riesgos sobre los siguientes ejes:
Soberanía jurisdiccional: el arbitraje internacional excluyente del Súper RIGI desarticula la división de poderes. El mayor ejemplo de quiénes se benefician de esta sinergia de iniciativas legislativas son las mega corporaciones extractivistas extranjeras expuestas en el presente documento.
Soberanía territorial: pérdida de control sobre quién accede a la tierra y a los bienes naturales estratégicos, con riesgo de concentración a gran escala y de apropiación de fuentes de agua y energía.
Información pública: apagón del Registro Nacional de Tierras Rurales y pérdida del acceso a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización.
Federalismo: la reforma se articula con el Súper RIGI para neutralizar la capacidad regulatoria y el poder de policía de las provincias y municipios sobre su propio territorio. Buscan también condicionar las ordenanzas que establezcan límites. Se reemplaza el ejercicio del federalismo de concertación por un unitarismo autoritario avalado por el Congreso de la Nación. Reforma Constitucional, inconstitucional.
Derechos: según el CELS, aceleración de desalojos sin garantías, mayor exposición de comunidades indígenas y familias campesinas —agravada por la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena— y regresión en el derecho a la vivienda, en tensión con los compromisos del PIDESC.
Ambiente: debilitamiento de la protección sobre tierras incendiadas, cuerpos de agua y humedales, en contradicción con la función social y ambiental de la propiedad y con el principio de progresividad y no regresión.
Cambio climático y resiliencia territorial: debilitar la capacidad estatal para ordenar el territorio limita la posibilidad de diseñar políticas públicas frente a la crisis climática. Sin el control del territorio, se dificulta gravemente la conservación de los sumideros naturales de carbono (bosques, humedales, etc), la protección de cuencas hídricas y la prevención y restauración de ecosistemas estratégicos degradados.
Caja fiscal y previsional: las provincias que adhieran al Súper RIGI resignan Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y regalías por 30 años, y el sistema previsional absorbe la reducción de aportes patronales sin compensación».
El documento también incluye como tema Lo que se le exige al Senado. Allí se explica:
“En su carácter de cámara de origen de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de cámara revisora del Súper RIGI y de representante de las provincias, las organizaciones abajo firmantes instan al Senado de la Nación a:
Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y no convalidar por vía legislativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales que la Justicia ya declaró inconstitucional.
Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Súper RIGI que le llegó con media sanción de la Cámara de Diputados, y no convalidar la doble delegación —de las provincias y del Congreso al Poder Ejecutivo— que el régimen consolida.
Ambos rechazos son una sola defensa: la de la soberanía sobre la tierra, el agua, la energía y los datos de la Argentina, frente a un paquete que abre los recursos y, en simultáneo, blinda a quienes los explotan contra todo control futuro. Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza del reclamo está en rechazar los dos”.
Las organizaciones que plantearon estos temas además en una Carta Abierta al Senado referida al Súper RIGI, el 28 de julio, son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, Centro de Estudios para la Ciudad, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Biodiversidad Argentina, Génerasj, Asuntos del Sur, LAIA (Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial), Greenpeace Argentina, Taller Ecologista, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir y The Common Initiative.
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