Nota
¿Quién tira la piedra en Chubut? Detenidos sin pruebas, sospechas de escena armada y el miedo como forma de control social
En Lago Puelo, el lugar donde la comitiva de Alberto Fernández fue apedreada, lavaca habló con un docente, un abogado de una de las acusadas y una defensora de derechos humanos que analizan qué pasó, qué se sabe y qué no. Quiénes y cómo son los docentes detenidos por el supuesto ataque presidencial. Los apuntados que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos. Las sospechas de una escena armada en la cual no hubo seguridad pero sí la huida del auto de una brigada policial local. El choque entre el gobierno provincial y nacional que abona esta hipótesis, confirmada a lavaca por el viceintendente de Lago Puelo. El modo en el que tanto la justicia provincial como el gobierno nacional aprovechan el caso para deslegitimar la organización social contra los proyectos megamineros, en medio de una Comarca Andina que continúa ardiendo.

Por Francisco Pandolfi desde Lago Puelo. Fotos de Nacho Yuchark
Mientras el gobierno nacional y el de la provincia de Chubut juegan al Gran Bonete, endilgándose responsabilidades sobre la turbulenta venida del presidente Alberto Fernández a Lago Puelo; mientras diversas cámaras y flashes mediáticos se suben a ese juego de distracción, la Comarca Andina continúa ardiendo.
Siguen los incendios, sigue habiendo cada vez más afectados (por el fuego y por sus consecuencias), sigue aumentando el número de casas relevadas arrasadas –el número oficial es de 350, pero organizaciones autoconvocadas apuntan a más de 500 por la falta de registro de viviendas–. Sigue habiendo sectores sin luz, sin agua, sin acceso a internet.
Pese a este escenario que permanece desolador, se va apagando de los medios la catástrofe ambiental, minimizando el desguace del Estado provincial, en medio del show de las detenciones. Pero, ¿qué hay detrás de los allanamientos y su puesta en escena? ¿Qué esconden las detenciones violentas y mediáticas, sin ninguna prueba concreta contra las y los acusados? ¿Quién piensa en esas personas y en el temor que hoy las atraviesa?

Piedras y perejiles: en el lugar del hecho
El lunes por la mañana, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, expuso en conferencia de prensa a los presuntos involucrados en la apedreada que recibió la comitiva presidencial el sábado 13 de marzo. Nombres y apellidos, direcciones de sus hogares, ocupaciones, salarios y una parva de datos personales fueron difundidos para justificar los ocho allanamientos y las seis detenciones que se produjeron, incluida una menor de edad. Les secuestraron sus celulares en la fiscalía comandada por Carlos María Díaz Mayer, socializaron sus datos privados y, en un lapso de sólo tres horas, los liberaron.
“Las detenciones tienen un patrón común: son todos perejiles. Yo conozco al menos dos casos que no estuvieron en el lugar. Ana Ruiz, a quien represento en su defensa, y Trinidad Muñoz, a quien no la allanaron todavía pero está en la orden del juez que pidió el fiscal. ¿Se entiende? ¡Ni estaban en el lugar del hecho! Entonces te das cuenta de que se trata de una pelea entre los distintos gobiernos, que nos trasciende. Acá, agarraron al voleo y ese fue el criterio”, afirma a lavaca el abogado Edgardo Manosalva.
Ana es vecina del paraje Entre Ríos y auxiliar en una escuela. Según afirma su defensor, el día anterior había viajado a Trevelin y aparece en las cámaras de salida y entrada a Esquel con su vehículo. “Al regresar, ni siquiera pasó cerca de lugar de conflicto; no sé por qué la agarraron”, y completa: “Es muy admirable la performance del fiscal… hay que tener mucha puntería para acertar contra gente que no tiene nada que ver. Me atrevería a decir que le erró en los ocho casos que estaban en la orden de allanamiento”.

Cómo fue el montaje: sin seguridad y con la brigada
El pueblo sigue viviendo con el carbón en la cara, en las manos, en la respiración. El proceso de reconstrucción se palpa en cada pedazo de tierra vapuleada, mientras varios focos permanecen encendidos en distintos puntos de la Comarca andina. Cuando se llama para reclamar por falta de luz, desde las cuadrillas contestan que no tienen recursos. Sin embargo, eso ya no parece ser noticia: desde el sábado pasado se mira a Chubut por la disputa entre Nación y Provincia tras el ineficiente operativo de seguridad. “Hubo una comitiva casi sin vigilancia, entonces, no es difícil de imaginar que todo fue armado. Como resultado, ahora hay más información de la apedreada que de lo que le pasa a nuestra comunidad y a la desidia del Estado”, dice a lavaca N., profesor de Geografía de Lago Puelo y compañero de trabajo de Alejandro Orda, otro de los detenidos.
Alejandro Marqués, viceintendente de Lago Puelo, también analiza los hechos a la luz de un montaje: “Me llamó mucho la atención lo que pasó el sábado, no vimos un operativo de seguridad de la provincia. Había 150 personas que se manifestaban contra la minería; y luego aparecieron 50 de la UOCRA de Esquel. De las asambleas contra la mina me pidieron que intervenga por las provocaciones del sindicato. No tengo evidencias, pero el análisis es simple: vinieron todos los ministros de la provincia menos uno: el de Seguridad. Eso ya era un indicio de algo, ¿no?».
En relación a las detenciones, manifestó: “Me llaman la atención porque aunque tengan una posición contraria al gobierno provincial, los docentes son contundentes en sus reclamos, pero no agresivos. No entiendo por qué a ellos. Se ve que tenían la necesidad de presentarlos como violentos”. Y agregó: “Dos personas tiraron piedras; es extraño que con las áreas de Inteligencia que tienen, esas personas no hayan sido identificadas”.
Hay versiones de testigos que indican que las piedras fueron arrojadas desde un vehículo que pertenece a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut.
Patricia Dambielle tiene 61 años y es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste de Chubut. Es veterinaria y docente de la escuela 788 de arte. Es maestra de la menor que fue llevada a la comisaría y conoce a su padre, otro de los detenidos. “Yo pude identificar que ese auto estaba radicado en Rawson y luego se conoció que pertenecía a la Brigada policial. A esta altura nada me sorprende de Mariano Arcioni, el gobernador. Siento angustia, indignación, bronca, se me estruja el corazón; está todo muy complicado acá”. Edgardo, también abogado, complementa: “No me sorprende cómo actuaron, ni la aparición de ese vehículo policial ni el show montado con las detenciones: de un gobierno burdo, con mentalidad burda, solo pueden salir acciones y consecuencias burdas. La capacidad de sorpresa en Chubut está ‘a niveles diablo’, diría mi hijo”.

La doctrina del miedo
El lunes por la mañana, Alejandro Orda estaba durmiendo cuando lo despertó una veintena de policías de Infantería golpeando la puerta y la ventana de su casa. Su hijita estaba mirando la televisión y fue quién más se asustó. Se fue corriendo a meterse en su cama, sin querer ver ni escuchar nada más. Esteban, docente de Lago Puelo y compañero de Alejandro, lo describe: “Él es muy tranquilo, sensible, laburante; en la escuela está todo el tiempo resolviendo cosas. Él acompaña en el rol técnico y da capacitaciones sobre grooming. Habla mucho con los pibes, que suelen contarle sus problemas. No es una persona que se fuera a meter en ninguna situación confrontativa”.
El profesor profundiza sobre el estado de su amigo: “No quiere salir de su casa, tiene miedo de perder el laburo, de quedar marcado; su compañera me llamó desesperada luego de ser detenido de una manera hiper violenta. Llegaron con armas largas, escudos y cascos. Imaginen cómo se puso la nena. Se lo llevaron, le sacaron fotos, lo filmaron y publicaron hasta dónde vive”.
Agrega un dato significativo en el armado de la causa: “Casi al mismo tiempo que sucedían las detenciones, medios masivos de Buenos Aires ya sabían lo que estaba pasando. Fue muy rara la movida. En la comisaría sólo les avisaron que los estaban notificando de la acusación. O sea, fue todo un circo exteriorizado por Massoni, que escrachó a gente que no tiene nada que ver”.
Con una población estimada de 15 mil personas, entre el 10% y el 15% de Lago Puelo fue afectado directa o indirectamente por el incendio. En este contexto se agravó la crisis habitacional preexistente: las familias que perdieron todo buscan alquilar a través de un grupo público de Facebook, porque en la zona hay entre dos mil y tres mil viviendas para el turismo, pero prácticamente nada para el pueblo. “Las detenciones tienen la intención de seguir tapando todo lo que realmente pasa en Chubut. Yo vivo hace 8 años en la provincia y, sin exagerar, ya viví más de 80 incendios, algunos más chicos, algunos más grandes. ¿Cuál es el fin? Si te saco todas las posibilidades para el uso del suelo, para existir, y te dejo solo lo que me interesa como Estado, ¿qué te quedas, a qué te dedicás? Sin animales, sin producción en el campo, sin pasto. Esto fue una catástrofe medioambiental, en medio del deseo gubernamental de aprobar la minería”, cuenta el docente de Geografía, que por seguridad personal y de su familia prefiere no revelar su identidad: otro signo de cómo están las cosas en la provincia.
El procedimiento que las Fuerzas de Seguridad provinciales llevaron a cabo anteayer no fueron una excepción. De hecho, hace sólo dos semanas la APDH le envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un extenso informe sobre las violaciones de derechos que se producen en Chubut: “Nos cansamos de mandar informes a cuanto espacio del gobierno nacional se les ocurra. Sin ninguna respuesta y habiendo agotado todas las instancias, lo elevamos a la Corte Interamericana solicitando que este organismo internacional le pida a Nación investigar lo que pasa en Chubut”, comenta Patricia Dambielle, de la APDH, que sentencia: “Hay violaciones por violencia institucional, intensificadas en pandemia; al derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación; todos los empleados estatales hace más de tres años sufrimos la falta de pago de sueldos en tiempo y forma. Existe una violación directa del gobierno provincial, pero hay una violación por omisión del gobierno nacional”.

Esa matriz de violencia institucional histórica queda en evidencia ante las nuevas detenciones: “Fue una tragedia lo que pasó; una violación supina de los derechos humanos, además de constituir crímenes, como por ejemplo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público penados por el código penal argentino, al haber expuesto con fotos a los acusados. El otro crimen es la calumnia. Los están acusando con nombre y apellido de un crimen que, sabemos, no es cualquier crimen”, analiza el defensor Edgardo Manosalva y cierra con un tema que en Chubut parece nunca acabar: “Todos los detenidos quedaron desmoronados emocionalmente. Y lo que más expresaron es la crueldad en el escrache, el sadismo institucional que les implicó una exposición de esa naturaleza y con un cargo de ese peso. Acá no está el Estado asistiéndolos: sino que los está acusando sin ninguna prueba”.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

-
NotaHace 4 días
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía
-
#NiUnaMásHace 3 semanas
El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo
-
MU180Hace 1 semana
El juicio del Nunca Más: Qué se juega en el fallo por el femicidio de Lucía Pérez
-
NotaHace 3 días
Mía: Cuando el arte abraza
-
NotaHace 2 semanas
Quién es Garello, el jefe de los fiscales de Mar del Plata, juzgado por crímenes de lesa humanidad
-
MU180Hace 1 semana
La salida autogestiva: Ley de Recuperación de Unidades Productivas
-
NotaHace 2 semanas
8M: la acción de Familias Víctimas de Femicidios frente al Congreso
-
MU180Hace 1 semana
La exaltación presidencial: Agrotóxicos en Exaltación de la Cruz