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¿Quién tira la piedra en Chubut? Detenidos sin pruebas, sospechas de escena armada y el miedo como forma de control social

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En Lago Puelo, el lugar donde la comitiva de Alberto Fernández fue apedreada, lavaca habló con un docente, un abogado de una de las acusadas y una defensora de derechos humanos que analizan qué pasó, qué se sabe y qué no. Quiénes y cómo son los docentes detenidos por el supuesto ataque presidencial. Los apuntados que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos. Las sospechas de una escena armada en la cual no hubo seguridad pero sí la huida del auto de una brigada policial local. El choque entre el gobierno provincial y nacional que abona esta hipótesis, confirmada a lavaca por el viceintendente de Lago Puelo. El modo en el que tanto la justicia provincial como el gobierno nacional aprovechan el caso para deslegitimar la organización social contra los proyectos megamineros, en medio de una Comarca Andina que continúa ardiendo.

Vidrios del auto donde se trasladaba Fernández,en las calles de Lago Puelo. Foto: Nacho Yuchark

Por Francisco Pandolfi desde Lago Puelo. Fotos de Nacho Yuchark

Mientras el gobierno nacional y el de la provincia de Chubut juegan al Gran Bonete, endilgándose responsabilidades sobre la turbulenta venida del presidente Alberto Fernández a Lago Puelo; mientras diversas cámaras y flashes mediáticos se suben a ese juego de distracción, la Comarca Andina continúa ardiendo.

Siguen los incendios, sigue habiendo cada vez más afectados (por el fuego y por sus consecuencias), sigue aumentando el número de casas relevadas arrasadas –el número oficial es de 350, pero organizaciones autoconvocadas apuntan a más de 500 por la falta de registro de viviendas–. Sigue habiendo sectores sin luz, sin agua, sin acceso a internet.

Pese a este escenario que permanece desolador, se va apagando de los medios la catástrofe ambiental, minimizando el desguace del Estado provincial, en medio del show de las detenciones. Pero, ¿qué hay detrás de los allanamientos y su puesta en escena? ¿Qué esconden las detenciones violentas y mediáticas, sin ninguna prueba concreta contra las y los acusados? ¿Quién piensa en esas personas y en el temor que hoy las atraviesa? 

Piedras y perejiles: en el lugar del hecho

El lunes por la mañana, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, expuso en conferencia de prensa a los presuntos involucrados en la apedreada que recibió la comitiva presidencial el sábado 13 de marzo. Nombres y apellidos, direcciones de sus hogares, ocupaciones, salarios y una parva de datos personales fueron difundidos para justificar los ocho allanamientos y las seis detenciones que se produjeron, incluida una menor de edad. Les secuestraron sus celulares en la fiscalía comandada por Carlos María Díaz Mayer, socializaron sus datos privados y, en un lapso de sólo tres horas, los liberaron.

“Las detenciones tienen un patrón común: son todos perejiles. Yo conozco al menos dos casos que no estuvieron en el lugar. Ana Ruiz, a quien represento en su defensa, y Trinidad Muñoz, a quien no la allanaron todavía pero está en la orden del juez que pidió el fiscal. ¿Se entiende? ¡Ni estaban en el lugar del hecho! Entonces te das cuenta de que se trata de una pelea entre los distintos gobiernos, que nos trasciende. Acá, agarraron al voleo y ese fue el criterio”, afirma a lavaca el abogado Edgardo Manosalva.

Ana es vecina del paraje Entre Ríos y auxiliar en una escuela. Según afirma su defensor, el día anterior había viajado a Trevelin y aparece en las cámaras de salida y entrada a Esquel con su vehículo. “Al regresar, ni siquiera pasó cerca de lugar de conflicto; no sé por qué la agarraron”, y completa: “Es muy admirable la performance del fiscal… hay que tener mucha puntería para acertar contra gente que no tiene nada que ver. Me atrevería a decir que le erró en los ocho casos que estaban en la orden de allanamiento”.  

Edgardo Manosalva, representante legal de Ana Ruiz, docente señalada por el ataque a la comitiva presidencial que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Foto: Nacho Yuchark

Cómo fue el montaje: sin seguridad y con la brigada

El pueblo sigue viviendo con el carbón en la cara, en las manos, en la respiración. El proceso de reconstrucción se palpa en cada pedazo de tierra vapuleada, mientras varios focos permanecen encendidos en distintos puntos de la Comarca andina. Cuando se llama para reclamar por falta de luz, desde las cuadrillas contestan que no tienen recursos. Sin embargo, eso ya no parece ser noticia: desde el sábado pasado se mira a Chubut por la disputa entre Nación y Provincia tras el ineficiente operativo de seguridad. “Hubo una comitiva casi sin vigilancia, entonces, no es difícil de imaginar que todo fue armado. Como resultado, ahora hay más información de la apedreada que de lo que le pasa a nuestra comunidad y a la desidia del Estado”, dice a lavaca N., profesor de Geografía de Lago Puelo y compañero de trabajo de Alejandro Orda, otro de los detenidos.

Alejandro Marqués, viceintendente de Lago Puelo, también analiza los hechos a la luz de un montaje: “Me llamó mucho la atención lo que pasó el sábado, no vimos un operativo de seguridad de la provincia. Había 150 personas que se manifestaban contra la minería; y luego aparecieron 50 de la UOCRA de Esquel. De las asambleas contra la mina me pidieron que intervenga por las provocaciones del sindicato. No tengo evidencias, pero el análisis es simple: vinieron todos los ministros de la provincia menos uno: el de Seguridad. Eso ya era un indicio de algo, ¿no?».

En relación a las detenciones, manifestó: “Me llaman la atención porque aunque tengan una posición contraria al gobierno provincial, los docentes son contundentes en sus reclamos, pero no agresivos. No entiendo por qué a ellos. Se ve que tenían la necesidad de presentarlos como violentos”. Y agregó: “Dos personas tiraron piedras; es extraño que con las áreas de Inteligencia que tienen, esas personas no hayan sido identificadas”. 

Hay versiones de testigos que indican que las piedras fueron arrojadas desde un vehículo que pertenece a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut.

Patricia Dambielle tiene 61 años y es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste de Chubut. Es veterinaria y docente de la escuela 788 de arte. Es maestra de la menor que fue llevada a la comisaría y conoce a su padre, otro de los detenidos. “Yo pude identificar que ese auto estaba radicado en Rawson y luego se conoció que pertenecía a la Brigada policial. A esta altura nada me sorprende de Mariano Arcioni, el gobernador. Siento angustia, indignación, bronca, se me estruja el corazón; está todo muy complicado acá”. Edgardo, también abogado, complementa: “No me sorprende cómo actuaron, ni la aparición de ese vehículo policial ni el show montado con las detenciones: de un gobierno burdo, con mentalidad burda, solo pueden salir acciones y consecuencias burdas. La capacidad de sorpresa en Chubut está ‘a niveles diablo’, diría mi hijo”. 

Alejandro Marqués, viceintendente de Lago Puelo, siembra dudas sobre el operativo provincial durante la visita presidencial al lugar. Foto: Nacho Yuchark

La doctrina del miedo

El lunes por la mañana, Alejandro Orda estaba durmiendo cuando lo despertó una veintena de policías de Infantería golpeando la puerta y la ventana de su casa. Su hijita estaba mirando la televisión y fue quién más se asustó. Se fue corriendo a meterse en su cama, sin querer ver ni escuchar nada más. Esteban, docente de Lago Puelo y compañero de Alejandro, lo describe: “Él es muy tranquilo, sensible, laburante; en la escuela está todo el tiempo resolviendo cosas. Él acompaña en el rol técnico y da capacitaciones sobre grooming. Habla mucho con los pibes, que suelen contarle sus problemas. No es una persona que se fuera a meter en ninguna situación confrontativa”.

El profesor profundiza sobre el estado de su amigo: “No quiere salir de su casa, tiene miedo de perder el laburo, de quedar marcado; su compañera me llamó desesperada luego de ser detenido de una manera hiper violenta. Llegaron con armas largas, escudos y cascos. Imaginen cómo se puso la nena. Se lo llevaron, le sacaron fotos, lo filmaron y publicaron hasta dónde vive”.

Agrega un dato significativo en el armado de la causa: “Casi al mismo tiempo que sucedían las detenciones, medios masivos de Buenos Aires ya sabían lo que estaba pasando. Fue muy rara la movida. En la comisaría sólo les avisaron que los estaban notificando de la acusación. O sea, fue todo un circo exteriorizado por Massoni, que escrachó a gente que no tiene nada que ver”.

Con una población estimada de 15 mil personas, entre el 10% y el 15% de Lago Puelo fue afectado directa o indirectamente por el incendio. En este contexto se agravó la crisis habitacional preexistente: las familias que perdieron todo buscan alquilar a través de un grupo público de Facebook, porque en la zona hay entre dos mil y tres mil viviendas para el turismo, pero prácticamente nada para el pueblo. “Las detenciones tienen la intención de seguir tapando todo lo que realmente pasa en Chubut. Yo vivo hace 8 años en la provincia y, sin exagerar, ya viví más de 80 incendios, algunos más chicos, algunos más grandes. ¿Cuál es el fin? Si te saco todas las posibilidades para el uso del suelo, para existir, y te dejo solo lo que me interesa como Estado, ¿qué te quedas, a qué te dedicás? Sin animales, sin producción en el campo, sin pasto. Esto fue una catástrofe medioambiental, en medio del deseo gubernamental de aprobar la minería”, cuenta el docente de Geografía, que por seguridad personal y de su familia prefiere no revelar su identidad: otro signo de cómo están las cosas en la provincia.   

El procedimiento que las Fuerzas de Seguridad provinciales llevaron a cabo anteayer no fueron una excepción. De hecho, hace sólo dos semanas la APDH le envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un extenso informe sobre las violaciones de derechos que se producen en Chubut: “Nos cansamos de mandar informes a cuanto espacio del gobierno nacional se les ocurra. Sin ninguna respuesta y habiendo agotado todas las instancias, lo elevamos a la Corte Interamericana solicitando que este organismo internacional le pida a Nación investigar lo que pasa en Chubut”, comenta Patricia Dambielle, de la APDH, que sentencia: “Hay violaciones por violencia institucional, intensificadas en pandemia; al derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación; todos los empleados estatales hace más de tres años sufrimos la falta de pago de sueldos en tiempo y forma. Existe una violación directa del gobierno provincial, pero hay una violación por omisión del gobierno nacional”. 

Patricia Dambielle, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste de Chubut, aporta la mirada histórica de violencia institucional que enmarcan los hechos recientes. Foto: Nacho Yuchark

Esa matriz de violencia institucional histórica queda en evidencia ante las nuevas detenciones: “Fue una tragedia lo que pasó; una violación supina de los derechos humanos, además de constituir crímenes, como por ejemplo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público penados por el código penal argentino, al haber expuesto con fotos a los acusados. El otro crimen es la calumnia. Los están acusando con nombre y apellido de un crimen que, sabemos, no es cualquier crimen”, analiza el defensor Edgardo Manosalva y cierra con un tema que en Chubut parece nunca acabar: “Todos los detenidos quedaron desmoronados emocionalmente. Y lo que más expresaron es la crueldad en el escrache, el sadismo institucional que les implicó una exposición de esa naturaleza y con un cargo de ese peso. Acá no está el Estado asistiéndolos: sino que los está acusando sin ninguna prueba”. 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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