Nota
Jury a los jueces del caso Lucía Pérez: un paso más cerca

“Negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” son los cargos del juicio político (jury) a los magistrados del primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas. La familia de Lucía recusó al fiscal designado del jury, Marcelo Lapargo (de San Martín) por las denuncias en su contra por su actitud frente a cuestiones tanto de género como de derechos humanos. Por esa razón el Jurado de Enjuiciamiento otorgó tres días a Lapargo para que conteste, y luego seguir adelante con el proceso. Los datos de la jornada en La Plata. El acompañamiento a la familia. El documento que rechaza la idea de «consentimiento» y cuestiona las perspectivas culturales y sociales que justifican las conductas agresoras naturalizando la violencia, protegiendo a quienes la ejercen y culpando a quienes la padecen, sobre todo cuando media la violencia sexual, «uno de los tipos de violencia más lesivos». Quiénes integran el jury, y lo que se viene. Por Anabella Arrascaeta.
(Desde La Plata, lavaca.org) El Jurado de Enjuiciamiento que lleva adelante el pedido de juicio político por mal desempeño de los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, trató hoy el pedido de recusación del fiscal Marcelo Lapargo, quien había sido designado como representante del Ministerio Público y a quien la familia de Lucía Pérez y diversos organismos denuncian por su sesgo respecto a cuestiones de género y derechos humanos. La sesión ocurrió en el Salón Dorado del Senado Bonaerense.

Notificado el fiscal, el Tribunal esperará tres días su respuesta y luego procederá a tomar la decisión sobre la recusación para darle así continuidad al juicio político al que los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mar del Plata llegan acusados de “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” por el fallo misógino del primer juicio de Lucía Pérez, que dejó impune a los dos imputados por su femicidio. Fueron condenados por el narcotráfico destinado a menores en la puerta de la escuela marplatense a la que concurría Lucía, que tenía 16 años. La pena fue de 8 años para cada uno.
Marcelo Lapargo es actualmente Fiscal General del departamento judicial de San Martín. La familia de Lucía Pérez pidió el pasado jueves ante el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, ante el Procurador General Julio Conte Grand, y ante el Jurado de Enjuiciamiento, que Lapargo sea separado de este proceso.
Entre los motivos que fundamentaron el pedido, plantean que San Martín es uno de los pocos departamentos judiciales bonaerenses que no cuenta con una fiscalía especializada en género. ¿Por qué? Cuando la ex gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal lanzó un protocolo de actuación judicial para este tipo de casos el distrito fue uno de los pocos en no adherir. Por aquel entonces se divulgó en los medios de comunicación un mensaje de whatsapp que Lapargo envió a sus fiscales diciendo que “no autorizaba la firma del documento”.

El proceso está siendo presidido por la jueza Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Este martes la familia de Lucía Pérez contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, sindicales y políticas, de funcionarias del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad bonaerense y de Nación, y de Romina del Pla y Araceli Ferreyra dos de las diputadas que impulsaron el proceso.
El proceso
El 22 de mayo de 2019 Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía Perez, convocaron a una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde anunciaron la presentación del pedido de destitución por mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata (Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale). Estuvieron presentes los diputados y diputadas Victoria Donda (quien presidió el encuentro), Leonardo Grosso, Silvia Lospennato, Gabriela Cerruti, Romina del Plá y Facundo Moyano. Estuvieron también Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada en 2001, y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

Para cuando el Senado de la Provincia de Buenos Aires realizó el sorteo que designó a los cinco legisladores titulares y tres suplentes para conformar el jury de enjuiciamiento y dar así curso al pedido de destitución, el juez Carnevale ya había pedido la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por lo que el proceso continuó solamente para los magistrados Urso y Viñas.
El 23 de noviembre de 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad a favor de la suspensión de los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso y del inicio del juicio político por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” a raíz del fallo que en 2018 absolvió por el femicidio de Lucía Pérez a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel. Ese fallo fue cuestionado y apelado por la familia de la víctima hasta que en agosto de 2020 el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio que se llevó a cabo durante el último febrero y espera sentencia el próximo viernes 23 de marzo.
Desde que se votó la suspensión, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueron preventivamente destituidos de sus cargos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces.

El jurado presidido por la doctora Hilda Kogan está integrado por cinco conjueces y cinco legisladores. Las y los conjueces titulares son: Lisandro Benito, de Junín; Carlos Valdez, de La Plata; Diana Fiorini y Guillermo Sagues de San Isidro; y Ramiro Alonso López, de San Martín. Las y los legisladores titulares son: el senador Gustavo Soos, la senadora Gabriela Demaría, la diputada Maite Alvado, la senadora Maria Spadone y el senador Ariel Martinez.
Luego de definirse la recusación del fiscal el Tribunal de Enjuiciamiento deberá fijar la fecha para la audiencia de pruebas y la continuidad del proceso.
Lo que grita la calle
Marta Montero y Guillermo Pérez subieron al escenario luego de que terminara la audiencia en el Senado bonaerense. “Acá estamos, ni un paso atrás”, dijo Marta rodeada de otros familiares de víctimas de femicidios. Y explicó en relación al pedido de recusación: “Si este fiscal tiene ese pensamiento no puede estar en una causa en la que se juzga a jueces que no fallaron con perspectiva de género. Si no, es imposible tener justicia, por eso como familia hemos recusado al fiscal”. Luego de que se resuelva la recusación lo que la familia pide es que “la audiencia de prueba sea cuánto antes”.
Flavia Delmas, subsecretaría de Políticas contra la violencia por razones de género de la provincia de Buenos Aires sostuvo en diálogo con lavaca que “estar acá para nosotras es fundamental. Es de suma importancia”. Las razones: “Por un lado, porque necesitamos que este jury se lleve adelante. Necesitamos que se puedan revisar las actuaciones que tuvieron estos jueces e interpelar con lo que es un juicio sin perspectiva de género, sin perspectiva de derecho. Y también estamos acompañando el segundo juicio que esta familia tiene que pasar. Para nosotras es un antes y un después. Y esperemos que esto tenga realmente un impacto que pueda abarcar a todo el poder judicial”.

Silvia León, Dirigente de la CTAA Nacional y Dirigente Nacional de ATE expresó que desde su organización sindical “no se ha dejado de acompañar en cada lugar, actividad o convocatoria porque es un juicio emblemático. Este jury tiene que realizarse, tiene que cuestionarse esa falta de perspectiva de género y arbitrariedad del primer juicio”. Además compartió que se están organizando para “participar el 23 de la sentencia en Mar del Plata con todas nuestras compañeras exigiendo una vez más que definitivamente, para esta familia y para Lucía Pérez, pero también para todo el movimiento de mujeres en todo el país, se haga justicia”.
Una multiplicidad de organizaciones y familias acompañaron la jornada “exigimos justicia porque los jueces no tuvieron perspectiva de género ni de derechos humanos. En los barrios vemos estos casos un montón, es importante visibilizar”, dijo Nayla del Movimiento Evita. Desde Isadora, Izquierda Socialista, dijeron “acompañamos a la familia de Lucía y a otros familiares porque creemos que es importante la búsqueda de verdad y justicia, por todas”. Alicia González, Secretaria general de la junta interna de ATE diputados en la provincia de Buenos Aires, dijo conmocionada: “El hecho de que los jueces en el primer fallo hayan absuelto a los femicidas fue una cachetada para todas las mujeres, estar acá es una cita de honor, estamos acá pidiendo la destitución de estos jueces”.
A todas las organizaciones y personas presentes Marta Montero les agradeció desde el escenario, “Sigamos luchando, no bajemos los brazos por más dura que sea la lucha. Tenemos que seguir. Lo que hemos hecho lo hemos hecho gracias al acompañamiento de cada uno de ustedes. Solos no podemos con todo este aparato, pero juntos sí podemos lograrlo”.

Durante el acto, familiares de Luna Ortiz y Cecilia Basaldúa, ambas víctimas de femicidios, leyeron un documento apoyado por organizaciones sociales y políticas de la provincia de Buenos Aires sobre los narco femicidios la importancia del jury, la necesidad de una justicia con perspectiva de género y la figura de consentimiento.
El comunicado completo:
Documento en apoyo a la familia de Lucía Pérez en el marco de la apertura e inicio del Jury a los jueces Gómez Urso y Pablo Viñas
A 6 años y 5 meses del femicidio de Lucía Perez, nos encontramos en la ciudad de La Plata, para acompañar a su familia, amigos y amigas en la apertura de la primera audiencia en el marco del proceso de Jury a los jueces Facundo Gomez Urso y Pablo Viña, quienes dictaminaron aquella conocida sentencia que en el año 2018 dejaba absueltos por el delito de femicidio a los imputados.
El femicidio de Lucía impulsó el primer Paro Nacional de Mujeres que se realizó en Argentina con una participación masiva no sólo en diferentes ciudades del país sino también a nivel internacional. La lucha y la organización encabezada por su familia junto al movimiento feminista lograron que se revisara ese fallo, seguido de la instancia de anulación y juicio político a los jueces que los dictaminaron.
El femicidio de Lucía Pérez Montero es sin dudas paradigmático, ya que es el claro ejemplo de por qué es necesaria la perspectiva de género al momento de investigar, juzgar y sancionar delitos conexos a violencias por razones de género, por un lado. Y, por otro lado, por presentarse otro contexto –ya que en nuestro país en su mayoría, los femicidios se producen en contexto de violencia doméstica por parejas o exparejas–. La mamá de Lucía, Marta Montero, lo pone en términos de «narco-femicidio», ya que el modus operandi de la captación de Lucía y de otras estudiantes de la escuela secundaria a la que concurría, se condice con la actuación sistemática y organizada de un grupo delictivo.

El juicio anterior fue considerado nulo por el Tribunal de Casación en 2020, por no tener perspectiva de género, contener «intolerables prejuicios» y «suposiciones basadas en estereotipos de género». Una de esas nociones es la de consentimiento: la defensa refiere al consentimiento, en tanto aceptación y conformidad bajo el supuesto de acceder con plena libertad a la ingesta de cocaína y a las relaciones sexuales.
El Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) se ha expresado sobre el tema en su tercera Recomendación General. Planteó dicho organismo que «la violencia contra las mujeres por razones de género se basa en perspectivas culturales y sociales que pretenden justificar las conductas agresoras«; es decir, se parte de la naturalización de la violencia justificándola, protegiendo a quienes la ejercen y culpando a quienes la padecen, sobre todo cuando media la violencia sexual, «uno de los tipos de violencia más lesivos».
En este sentido, decimos con claridad que es imposible la figura del consentimiento, porque no hay posibilidad de consentir cuando hay una asimetría de poder tan enorme: Lucía era una adolescente de 16 años con dos sujetos mayores de edad que le proporcionaron droga, la abusaron y la mataron. Lucía No consiente su muerte y en ese sentido nos preguntamos y a la vez repudiamos la posición de aquellos jueces y fiscales que sostienen la hipótesis de que la víctima puede ser culpable de su propia muerte.

Actualmente asistimos a un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez que comenzó el pasado 7 de febrero y tendrá su sentencia el próximo 23 de marzo en Mar del Plata gracias a la lucha incansable de la familia y de las organizaciones que integran el movimiento feminista a nivel nacional y provincial. Se juzgan a dos de los tres acusados originales, a Matías Farías por el abuso sexual y el femicidio, y a Juan Pablo Offidani como partícipe necesario. El tercer imputado, Alejandro Maciel, falleció en 2020.
En la Jornada de hoy asistimos a la primera audiencia en el marco del proceso del Jury a los jueces Facundo Gomez Urso y Pablo Viña luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº1, que en 2018 los había absuelto por esos delitos. El fallo, considerado “incompatible” con el derecho internacional de los Derechos Humanos y la falta de “perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales”, permitió que los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueran suspendidos para ser sometidos a un jury, en una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El tercer integrante del tribunal, Aldo Carnevale, se jubiló en 2019 previo a la instancia de enjuiciamiento
¿Quienes integran la comisión?
La comisión encargada de evaluar el caso y tomar una definición al respecto está conformada por integrantes del poder Legislativo y del Poder Judicial, cuyos nombres y pertenencias son:
Conjueces:
Dr. Lisandro Daniel Benito (Junín)
Dr. Carlos Fernando Valdez (La Plata)
Dra. Diana Graciela Fiorini (San Isidro)
Dr. Guillermo Ernesto Sagues (San Isidro)
Dr. Ramiro Ubaldo Alonso López (San Martín)
Dra. María Adela Dobalo SUPLENTE (San Isidro)
Dr. Osvaldo Enrique Pisani SUPLENTE (San Isidro)
Legisladores:
Senador Soos Gustavo (FdT)
Senadora Demaría Gabriela (FdT)
Diputado Alvado Maite (FdT)
Senadora Spadone María Vanesa (FdT)
Senador Martínez Bordaisco (Juntos)
Diputado Connochiari Alberto SUPLENTE (FdT)
Diputada Gonzalez Susana SUPLENTE (FdT)
Diputado Moreno Carlos Julio SUPLENTE (FdT)
Por qué es necesaria una Reforma judicial Feminista
Hemos asistido en este segundo juicio, a un proceso donde no solo no se está respetando la perspectiva de género, sino que tuvimos que ver a la familia ser nuevamente revictimizada y puesto su testimonio una vez más en duda, con una defensa que tiene el descaro de pedir la absolución de los imputados y de señalar como una amenaza el acompañamiento del Estado Nacional y Provincial, a través de los Ministerios de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y la Nación así como también de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Nos queda claro en este sentido lo necesaria que es una reforma judicial feminista que garantice el servicio de justicia con perspectiva de género para todas las víctimas de la violencia narco-patriarcal.
Es importante señalar la responsabilidad que ha tenido en este proceso el Ministerio Público Fiscal, quien tiene a cargo no solo a los y las fiscales, sino también a las defensas que no tienen ni han tenido una perspectiva de género, ni de derechos humanos en el proceso del nuevo juicio. En este sentido, vemos con preocupación que ante el «pedido de disculpas» del fiscal Leandro Arévalo en su alegato por las «falencias» de la fiscal María Isabel Sánchez en el inicio de la investigación por la muerte de Lucía, el fiscal general Fabián Fernández Garello emitió un comunicado para responder y remarcó que Procuración General deberá evaluar sus dichos ante la «posible transgresión». Ninguna transgresión puede ser la posición de un fiscal que dignamente y con un objetivo reparatorio llevó adelante su labor, investigando, probando y argumentando el contexto de violencia de género en el cual a Lucía le quita la vida un grupo delictivo de narcotraficantes en la ciudad de Mar del Plata.
Por todo esto,
Ratificamos el pedido de condena perpetua para ambos acusados del femicidio de Lucía Pérez, es decir para Juan Pablo Offidani y Matías Farias.
Asimismo, exigimos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires celeridad, compromiso y enfoque de género y derechos humanos a la hora de investigar y juzgar la labor de los Jueces Facundo Gomez Urso y Pablo Viña al momento de dictaminar la sentencia que en el año 2018 absolvió por el delito de femicidio a los imputados.
JUSTICIA POR LUCÍA PÉREZ y TODAS LAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIO, TRANSFEMICIDIO Y TRAVESTICIDIO de la provincia de Buenos Aires y el país.
Organizaciones que adhieren:
Corriente Pueblo Unido Ensenada
Las juanas Berisso
Sumak Kawsay La plata
Movimiento Nacional Surge La Plata
Kolina Feminista La Plata
Atenea feminista popular – La Plata
Jóvenes por Buenos Aires La Plata
Más Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Federación Universitaria de La Plata.
Frente Amplio Peronista La Plata
Diputada Lucía Iañez La Plata
Mujeres platenses unidas La plata
Florencia Espinosa Secretaria de Mujeres, diversidades y géneros del PJ La Plata
Fudeso La Plata
Frente de Mujeres Artesanas Latinoamericanas La Plata
Movimiento Patria Grande CTA La plata
Corriente Nuestra Patria -Frente de géneros y diversidad La Plata, Berisso y Ensenada
AMET (asociación magisterio de la enseñanza técnica) La Plata
Agrupacion 25 de mayo La plata
Frente Grande Ensenada
Frente de mujeres artesanas latinoamericanas La plata
La Peronista La Plata
Febo Asoma La plata
Sean Eternos La Plata
Corriente Popular Vallese La plata
La Cámpora La Plata
La Descamisada La Plata
Feminismo y Diversidad para la Victoria La Plata
ATE Verde y Blanca La Plata
Pueblo unido Ensenada
Vecinxs contra el Neoliberalismo La Plata
CTA Autónoma regional La Plata
Frente Natural, conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. naturales y Museo La Plata
Frente Mujeres Evita La Plata
Unidad Popular La Plata
Juntas y a la Izquierda
Las Rojas



Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (87 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 87 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
Nota
Los principales puntos del fallo que critica el operativo policial y ordenó liberar a los 114 detenidos

La jueza Karina Andrade dictó de madrugada la liberación de 114 personas detenidas en la cacería que el Gobierno desató en la protesta contra el recorte a los jubilados en el Congreso. El fallo es preciso no sólo en los términos bajo los que ubica el derecho a la protesta como ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino también en la descripción del accionar de las fuerzas de seguridad. La jueza cuestionó la información “imprecisa” y “deficitaria” respecto del motivo de las detenciones, el momento y lugar en el que se produjeron, y a donde fueron llevados. La magistrada fue clara en marcar dónde está la falla: “Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”. Mientras el Gobierno amenaza a la jueza, el fotógrafo Pablo Grillo sigue peleando por su vida, internado en el Hospital Ramos Mejía por un disparo en la cabeza.
Por Lucas Pedulla
“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
La cita es textual y corresponde al fallo de 12 páginas con el que la jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº15, dictó la liberación de 114 personas detenidas en la cacería desatada en la protesta del Congreso. La decisión causó desconcierto en el Gobierno, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con que “se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.
Pero la jueza es precisa no sólo en los términos sino también en la descripción de una jornada bestial, con múltiples personas heridas de gravedad, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida, internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía.
“Información imprecisa”
La jueza Andrade especifica que a las 17.55 horas les llegó la convalidación de las primeras tres detenciones. A las 18.49, llegaron las de otras siete personas. A las 20.43, de otras cinco. La información es importante porque la magistrada apunta que, pasadas las 22 horas, la Dirección de Privados de Libertad le informó la detención de 89 personas que no habían sido comunicadas ni al tribunal ni a la defensa. Mientras, otra presentación le pedía a la jueza la liberación de las personas porque habían intervenido fuerzas federales y no de la Ciudad.
El caos continuaba. A las 22.30, la jueza recibió el grueso: 93 detenciones. A las 23.23, otras cuatro. Y recién a las 2.16 se informó la identidad de la última persona: en total, 114 detenciones. Por esas horas, la información era difusa respecto de la cantidad y los lugares donde estaban. Así queda claro el porqué y cómo la jueza argumentó su decisión:
- “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”.
- “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”.
- “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
- “En cuanto a la información para control, con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados. Situación similar ocurrió con los detenidos 16) a 108) y 109) a 113) sobre quienes tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento”.
- Sobre los detenidos 109) a 113), no se informó el momento ni el motivo de sus detenciones y, finalmente se aguardó para el dictado de la presente la identificación de la última de las personas detenidas, previamente identificado como “Hombre de 25 años de edad que no aporta datos pero es ciudadano mexicano”.
Sobre las irregularidades en las detenciones, cita un fallo paradigmático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia del joven Iván Torres: “Una ‘demora’, así sea con meros fines de identificación de la persona, constituye una privación a la libertad física de la persona y, por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezca al efecto, siempre y cuando sea compatible con la Convención”.
Por eso, remarca: “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”.
La protesta como libertad de expresión
La jueza ubica que la marcha de jubilados en el Congreso, “como es de público conocimiento”, ocurre todos los miércoles desde hace un año, y sobre esa base fáctica le “resultó imperioso” enmarcar los hechos “dentro de las exigencias constitucionales y convencionales” ya que, advirtió, “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión”.
Por ese motivo, subraya:
- “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se ‘moviliza’) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
- “Así, vale recordar que los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación”.
- “La libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes, así como peticionar a estos últimos”.
- Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): “Cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas … Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectiva a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
- Sigue la jueza: “Entonces, quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades”.
- “En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.
La jueza cita al constitucionalista Roberto Gargarella: “Una democracia representativa, la única alternativa con la que cuentan los ciudadanos para cambiar el rumbo de las cosas es la de protestar y quejarse frente a las autoridades. Si se socava dicha posibilidad, la democracia representativa se convierte en una oligarquía o plutocracia, es decir, la democracia llega a su fin. De allí que una democracia, aún modesta, no sólo no puede darse el lujo de perder ciertas voces críticas sino que más bien, y por el contrario, debe hacer todo lo posible por potenciar a cada una de ellas”.
Déficit de seguridad
Sobre el cierre, la jueza vuelve a cuestionar el operativo:
- “No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’”.
- “Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ’flagrancia’, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”.
- “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”.
- “Y sobre esta cuestión, es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.
Nota
Hinchadas y jubilados versus violencia estatal: La represión, el aguante y los partidos que se vienen

¿Por qué la marcha de ayer fue reprimida? Miles de personas identificadas con distintos clubes se acercaron a bancar la marcha de todos los miércoles de jubiladas y jubilados. Algunas no llegaron ni a acercarse a Congreso que los gases ya habían comenzado. Pero eso no hizo mermar la convocatoria, que fue multitudinaria y regaló, pese a los palos, charlas e imágenes que hablan de una alianza inesperada y transversal a distintas demandas sociales. ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue? Los testimonios de jubilados y jóvenes antes, durante y después del partido que se jugó en la calle, que siguió al ritmo de las cacerolas y promete generar un quiebre en odio y bronca alrededor de dos gritos de época: “Fuera Milei” y “Que se vayan todos”.
La foto que ayer intentó borrar el gobierno con la represión salvaje fue la de miles de clubes unidos alrededor de la marcha habitual de jubilados, y la foto del miércoles que sigue, probablemente con más gente, y la del siguiente, con cada vez más. Está por verse los efectos de este violento amedrentamiento a la protesta, con pruebas plantadas para justificarlo, mientras el fotógrafo Pablo Grillo pelea por su vida. Pero hay algo que ya pasó ayer, más acá de la represión.
Los jubilados y las hinchadas marcharon.
Se tuvieron que aguantar los gases, los tiros y los palos.
Y los aguantaron.
Y siguieron ahí, pese a todo.
Y siguió llegando gente, pese a todo.
Hasta altas horas de la madrugada en distintos barrios porteños, y hasta en Plaza de Mayo.
Pese a todo.

A diferencia de la versión del gobierno nacional y de los medios de comunicación cercanos, en una imagen casi inédita en la historia argentina (sin Mundial) hubo hinchas de montones de clubes del fútbol argentino juntos y hermanados.
“Este gobierno hizo lo que pocas cosas logran, unirnos”, dice uno de Huracán abrazado a otro de San Lorenzo. Una de Morón, con uno de Almirante Brown. Una de Boca, con otra de River. Y uno de Tigre, con una de Ferro, con uno de Midland, con una de Los Andes, y así todos, reunidos con entusiasmo en esta foto producida por lavaca:

La previa
Horas antes, jubiladas y jubilados se reunían en MU (a una cuadra del Congreso) como previa de cada miércoles. Todavía tranquilos, pensaban sobre lo que pasaría más tarde. Son parte del grupo Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubilados y charlan con lavaca sobre eso que ya había pasado: una alianza insólita entre hinchas y jubilados.
Ustedes vienen convocando desde hace más de un año a que se sumen organizaciones, centrales obreras, pero… de repente son las hinchadas. ¿Por qué?
Beatriz: Pero no es desde ahora, ¿ustedes recuerdan la canción de Pappo? “Nadie se atreva a tocar a mi vieja”; bueno, eso significa que todos estos muchachos de la hinchada, quizás cuando iban a la cancha con el abuelo cuando eran chiquitos, los llevó el padre hoy jubilado, es decir: es muy genuina y muy ingenua también la adhesión. Y es tremendamente afectiva.
Víctor: Las organizaciones no movilizan porque la mayoría está dirigida por la burocracia, la burocracia sindical, y como ellos no movilizan, le meten miedo también a los trabajadores para que no se movilicen, ese es uno de los puntos. Hace media hora, un compañero mandó un mensaje que estaba saliendo de La Plata, y comentaba que en el tren de atrás venían hinchas de Gimnasia y Estudiantes, juntos en el mismo tren.

O sea que el espanto logró unir lo imposible.
Beatriz: Claro, el espanto o el amor. Y otra de las cosas más interesantes que yo veo es que subyace una cosa que es la argentinidad. ¿Recuerdan cuando se ganó el campeonato del mundo? La argentinidad: eso subyace y en algún momento sale, sobre todo frente al avasallamiento que hay acerca de la argentinidad en este momento.
Rubén: No se olviden que la hinchada de Boca fue la primera que hizo una movilización en contra del macrismo, y apenas asumió lo sacamos a Milei a las puteadas el día que se votaba presidente en el club. Hacía 6 días que lo habían elegido Presidente y lo sacamos a escupitajos y a puteadas. Eso tiene que ver con esa combinación entre el sentimiento y la pasión, con lo político.
Beatriz: La vez pasada en la cancha de Estudiantes, Sturzenegger se tuvo que ir porque le decían de todo menos bonito: las tribunas son un termómetro social total.
¿Y cómo se hace para que esta alianza siga más allá de hoy?
Rubén (bostero): Hay que plantear que se haga permanente, aquí viene lo que se llama la construcción, y una construcción es día a día. ¿Cómo se hace, quién tiene la receta? Nadie. Lo que pasó el miércoles anterior a lo que pasó este miércoles son cosas distintas: todos los movimientos se van modificando, porque la realidad se va modificando. No podés manejar el tiempo, lo único que podés hacer es leer hacia dónde va la realidad, para poder ir digamos hacia una estrategia más ordenada o más segura para la clase trabajadora. Pero es muy difícil eso si no ves la realidad, si estás con una doctrina o con un dogma encima tuyo, no ves lo que está pasando. Es momento de estar muy abiertos.
¿Así sea de River Plate?
Como trabajador te respeto, pero como hincha… bueno: desde hoy, sí.
Rubén, Beatriz, Víctor y el resto de jubilados salían así la cancha, con los ojos bien abiertos.

El partido
Laura tiene la remera de Boca; Margarita la de River. Y se abrazan. Laura dice: “Es terrible lo que viene pasando todos los miércoles, había que estar acá apoyando”. Su ¿rival? coincide.
Margarita, enfermera jubilada de Aldo Bonzi, lleva la de River: “Soy de una generación que viene luchando por sus derechos desde hace muchos años. El único camino es la calle, y no sólo para luchar por nosotros, los jubilados, sino por la educación, para que no se lleven todas nuestras riquezas. Con esto estamos perdiendo nuestro bienestar, nuestra tranquilidad”.
Otro clásico rival, dentro de la cancha, es Vélez-Chicago. Artemio tiene la del club de Mataderos. Rafael, la del conjunto de Liniers. Artemio dice que vino porque este gobierno es lo peor que pasó en democracia: “Lo que hay que hacer es resistir, y para resistir hay que olvidar cualquier división que no sea patria y antipatria”. Rafael, del cuadro contrario, completa: “Es fascismo puro, hay que sacarlo a la mierda: la democracia tiene que salvarse”.

El Padre “Paco” Olveira, sacerdote de los Curas de Opción por los Pobres, no tiene puesta una sotana, sino una casaca de Boca. Más tarde intentaría evitar una detención y terminaría a punto de quedar detenido él. Antes de eso, dijo a lavaca, como un preludio de aquello: “Antes de empezar la marcha y ya nos gasearon; estamos en una dictadura, esto no es democracia, no hay ningún derecho a la protesta, lo único que saben es cagar a palos a la gente. Lo que buscan es sacarnos de la calle, atemorizarnos, pero están consiguiendo lo contrario: que cada vez seamos más”.
Filomena no tiene puesta ninguna remera. Sí su nieto (de River), que la acompaña. Ella, 84 años, está en silla de ruedas. Dice: «Vine con mi nieto para sumar gente. La cosa está muy mal. Hoy por ejemplo, no tengo leche», dijo mientras la Policía comenzaba ya a reprimir.
Armando tiene 76 años y vino desde Haedo. En su bastón, con el que se afirma ante el terreno movedizo de este presente del país, lleva colgado un papel: “Prefiero morir de pie, que vivir de rodillas”. Tiene los ojos todos gaseados. De pie, denuncia: “Más de 30 años de aporte tengo, y este perro, porque es un perro, me sacó los remedios para la presión”. Muestra: “Mirá, mirá cómo tengo las piernas; y vine igual”. Y repite: “Y vine igual”, mientras muestra las várices que esta vez viajaron desde el conurbano bonaerense.

Después del próximo 23 de marzo, en apenas días, Armando y los trabajadores que no tengan 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación: se estima que 7 de cada 10 accedieron a su jubilación mediante la moratoria vigente. Y en el caso de las mujeres, 9 de cada 10.
Pero los jubilados no luchan sólo por los jubilados. Al contrario. Lo resume Julio, que tiene colgada una bufanda celeste y blanca, y unos ojos dilatados no por el llanto, sino por el gas. “Vengo por mi familia, por los jóvenes, por la gente en situación de calle -dice- por la pobreza que hay, que cada vez es mayor. Nunca vi una cosa igual, este gobierno no tiene sensibilidad, no sé a dónde vamos a parar”. Cierra Julio, de 84 años, con los ojos cada vez más rojos, mientras siguen los gases: “Yo voy a seguir luchando mientras pueda contra este régimen”.
Sobre Avenida de Mayo y sobre Hipólito Yrigoyen, las calles que rodean la Plaza de los dos Congresos, se profundiza el enfrentamiento directo entre hinchadas y distintas fuerzas. Al frente de la represión está la Gendarmería Nacional y motos de la Policía Federal; atrás, agentes con chalecos de esta misma fuerza salen en grupo a cazar manifestantes. De pronto salen no menos de diez sosteniendo a una joven de 22 años, y la llevan hacia unos camiones celulares apostados en la entrada del Senado de la Nación. Allí ocurre esta escena, que mezcla el testimonio de la joven Anabella Pompeo con el del comisario a cargo de su detención:
La cacería siguió.
Horacio Pietragalla, ex secretario de Derechos Humanos, está colgado en una valla frente al Congreso de la Nación y mira desde allí cómo centenas de policías federales tiran balazos de goma a las columnas de varias organizaciones sociales. Dice, desde las alturas: “Empezaron desde muy temprano, no querían que se convoque. A las 16 ya estaban reprimiendo. Esto cada vez va a ser más grande; la gente vino pacíficamente, no hubo agresiones grandes y sin embargo reprimieron de entrada. Es increíble la respuesta que da el Gobierno Nacional”.
Un hombre de 50 años, de zona Norte, viene por primera vez a la marcha de jubilados de los miércoles, también está asombrado con la represión: “Es impresionante. Lo quería ver con mis propios ojos. Es lo más parecido a un gobierno facho».


Silvia, 77 años, jubilada, no habla desde el Congreso: estaba por salir acompañada de Melanie, su amiga, y las balas la frenaron. Dice: “Mi intención era estar en la marcha. Hoy más que nunca había que estar, cansados de ver cómo nos maltratan todos los miércoles. Pensaba ir temprano, con mi sillita porque no puedo estar parada mucho tiempo, hasta que vi lo que empezaba a pasar desde temprano, que me hizo acordar demasiado a la dictadura, no a un gobierno democrático. No hay libertad de expresión ni derecho a la protesta. Fue durísima la represión y consiguió el gobierno que no me animara a ir, simplemente porque no iba a poder correr. Y fue así, fue una cacería. Pero espero que cada vez seamos más los que salgamos, que no nos llenen de miedo”.
Los detenidos por manifestar fueron, según el gobierno, alrededor de 114 y la lista de heridos seguía creciendo al cierre de esta edición, uno de gravedad: Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años, al cual un cartucho de gas lacrimógeno le impacto y rompió el cráneo. Pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
La represión, y la solidaridad: al cierre de esta nota la familia Grillo agradecía que la cantidad de gente que había ido a donar sangre para Pablo desbordaba el Hospital.


El partido que viene
Como todos los miércoles, ya está la convocatoria para el que viene, a la misma hora (17) y en el mismo lugar (el Congreso).
Una jubilada dice: “El próximo fin de semana, y en los que vendrán, en todas las canchas debe haber un grito unánime ‘Fuera Milei’, que sea de reivindicación al trabajo, a la dignidad y a la soberanía. Hoy debe ser el principio del fin de este gobierno, donde el pueblo se une y toma conciencia para que las cosas puedan cambiar”.
Los abrazos y apretones de manos son más efusivos entre clubes de signos opuestos al caer la noche. “Vamos Almirante Brown”, se escucha en la calle, y el cumplido no viene de otro hincha del club de Isidro Casanova, en La Matanza, sino de un veterano con la camiseta de Chicago, eterno clásico. Otra persona se acerca, pero ahora con la casaca de Morón, otro tremendo duelo del far west conurbano: “Vamos, compa, vamos los jubilados”, alentaron a algunos cabizbajos.

Lo que es casi imposible de ver por las calles de esos barrios, los jubilados lo hicieron posible.
Eso es también lo que expresa no ya la bronca, sino la rabia de una multitud que dice “basta” y cantó también un hit de época: “Que se vayan todos”, mientras Avenida de Mayo y sus arterias regalaron imágenes típicas del 2001.
La policía, en un momento desorientada porque la gente no se amilanaba, era atacada con palabras y cantos:
– “Sos un muerto de hambre”.
– “¿No tenés abuela? ¿No tenés abuelo?”.
– “Vergüenza te tiene que dar”.
– “A ustedes les parece que puedo vivir con 259 mil pesos por mes?”.
– “Mira tu carita, ¿no tenés mamá? ¿No tenés papá?”.
– “Están entregando el petróleo, el litio, ¿y defienden a este gobierno pegándonos a nosotros?”.
– “¿Qué te dice tu vieja cuando venís a pegarle a los jubilados? ¿No es una jubilada como yo? No tenés cerebro ni corazón, malnacido”.
– “Andá a Bahía, la puta que te parió, andá a Bahía, la puta que te parió”.

Marcelo tiene 68 años y ligó un balazo de goma en el estómago: mientras se reponía en un bar enfrente del Congreso, contaba a lavaca: “Estaba en la vereda y empezaron a tirar tiros al tuntún” -dice levantándose la remera y mostrando la herida-. “Soy jubilado, soy hincha de Ferro y siento una impotencia porque estamos en manos de este tipo que es un loco, de la hermana que es peor y con un gabinete que es puro derecha y derecha. Tenemos que seguir con estas marchas: es la única forma de que se pueda dar vuelta la cosa”.
Afuera, mientras el viento empuja los gases que hacen arder ojos y gargantas, Carlos, el ya mítico jubilado hincha de Chacarita que logró que viniera su hinchada y luego el resto, sobresale de la línea de efectivos porque está parado sobre las rejas de un cordón que queda sobre Callao.
¿Quiere dar algún mensaje, Carlos?
La juventud nos ha apoyado y el pueblo también. Y el miércoles que viene va a haber más apoyo. Salgan a luchar.

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