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Las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Caso testigo: el Hotel Bauen (ciudad de Buenos Aires)

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Las fábricas recuperadas y auto- gestionadas por sus trabajadores son un ejemplo de la batalla librada por los sectores olvidados por las políticas oficiales. Son más de 200 y han creado 15.000 puestos de trabajo. Pero solo una mínima parte ha logrado resolver su situación legal, librando engorrosos trámites judiciales en los estrados donde se derimen los fraudes que las llevaron a la quiebra.
Estas cooperativas de trabajo exigen, desde hace varios años, una política hacia el sector, siendo su principal reclamo e la sación de una Ley Nacional de Expropiaciones para Fábricas Recuperadas y la reforma de la Ley de Quiebras que, durante la gestión Menem, fue modificada para dar privilegios a los acreedores bancarios, anteponiéndolos a los derechos de los trabajadores. En los hechos, esto significa una incentivo legal para desguasar los activos de las empresas, lo cual hace inviable cualquier opción para mantener en funcionamiento la unidad productiva y, con eso, las fuentes de trabajo.
El caso del Hotel Bauen es una clara muestra de la respuesta obtenida hasta ahora por los trabajadores. Su ubicación es estratégica: sobre la avenida Callao, a metros de Corrientes, es la más visible y céntrica de las cooperativas que integran este movimiento. En un año de funcionamiento, logró pasar de 35 a 140 integrantes que durante las 24 horas mantienen a pleno el funcionamiento del hotel, el auditorio, la cafetería, la librería y los salones para eventos. Obras de tatro, emisiones radiales de gran audiencia, ciclo musicales y exposiciones de arte formaron parte de la programación del año 2005. También fue sede de eventos internacionales, como la exposición de arte Ex Argentina, organizada por el Goethe Institut o la Feria Cultural, organizada por la Embajada de Venezuela. Pero el Hotel Bauen se caracteriza, fundamen- talmente, por brindar solidariamente espacios para organizaciones sociales que se reunen allí para debatir, organizar y dar a conocer sus pácticas y necesidades.
Toda esta tarea, más la propia de un hotel cuatro estrellas, fue sostenida durante el año 2005 al mismo tiempo que libraba una dura batalla por su situación legal. Durante ese año, los trabajadores resistieron tres intentos de clausura. También, redactaron, presentaron y acompañaron el proyecto de Ley Expropiación Transitoria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos, por cual propusieron pagar un cánon mensual a los acreedores de la quiebra. El trámite de este proyecto, que insumió cinco meses de reuniones con las diferentes comisiones legislativas, finalmente llegó al recinto en la última sesión del año 2005.
A las dos y media de la madrugada, con el quorum justo y tan solo 29 votos, la Legislatura porteña aprobó otra ley: desconociendo la comprometida situación legal de los antiguos propietarios, les otorgó derechos sobre la propiedad del Hotel, relegando a la actual cooperativa de trabajadores. Esa madrugada, los pocos trabajadores a los que les permitieron presenciar la sesión fueron desalojados a los palos y con gases lacrimógenos del recinto legislativo. En la calle, la golpiza policial continúo sobre el resto de los trabajadores que desde las tres de la tarde esperaban el resultado del trámite.
Los antecendetes del grupo empresario favorecido por esta ley y que llevó al Hotel Bauen a la quiebra son los siguientes:
– El empresario Marcelo Iurcovich inauguró el Bauen Hotel para el Mundial de 1978 con un crédito del Banade, que terminó en un juicio millonario, del que solo se cobró un pequeño porcentaje.
– En 1997 lo vendió a la empresa chilena Solari SA, que también contrajo deudas por no pagar los impuestos por más de 5 millones.
– El 22 de febrero de 2001 la justicia decretó la quiebra de la empresa Solari S.A., que hasta ese momento administraba el hotel. La causa comenzó a acumular pruebas y reclamos de los acreedores en el Juzgado Comercial número 9, secretaría 18, a cargo del juez Javier Duboise.
– Solari S. A había comenzado a comprar el inmueble de Hotel Bauen y por eso suscribió un boleto de compra/venta frustrado: sólo pagó algunas cuotas a Iurcovich, quien reclamó ante el juez la nulidad del contrato.
– Tras la quiebra, Iurcovich ofreció devolver los cuatro millones recibidos (de los 12 millones que cotizaba el total de la venta ) a cambio de que la justicia le devolviera el inmueble.
– El juez accedió al pedido, pero Iurcovich nunca pagó.
– Así las cosas, legalmente la propiedad no es de nadie: el que la compró no terminó de pagarla y el que la vendió no restituyó nunca lo cobrado al fondo de la quiebra. Semejante situación genera una indefinición legal sobre a quien le pertenece el inmueble.
– Iurcovich es dueño de Poliequipos, una empresa de servicios de salud que fundó hace 40 años y cuyo principal cliente es el gobierno porteño. La firma cobró notoriedad cuando se vio involucrada en la muerte de dos pacientes de la terapia intesiva del Hospital Santojanni, el 30 de junio de 2005. Poliquiepos tiene su sede en Callao 322, a metros del Hotel Bauen.
– Según una nota publicada en el diario Clarín en el momento de la venta del Bauen al grupo Solari, esta es la historia de Iurcovich:
«Fueron sus contactos con el Municipio los que lo pusieron en la pista para ingresar al negocio hotelero, hace 20 años. Buenos Aires era administrada con mano de hierro por Osvaldo Cacciatore, que quería modernizar la infraestructura hotelera para el Campeonato Mundial de Fútbol. La partida de nacimiento del Bauen data de 1976, cuando el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) le otorgó un crédito para financiar el 80% de la construcción del hotel a Iurcovich, su controlada Poliequipos y su socio Gregorio Rubens. La historia de ese crédito derivó en un millonario juicio cruzado, que se inició en 1980: Poliequipos le reclamó al BANADE por haber financiado solo el 40% de la construcción del Bauen. Y el banco estatal, que posteriormente fue absorbido por el Nación, amenazó con ejecutar la hipoteca a la que estaban sujetos el Bauen y otro hotel de Iurcovich, el Libertador, de Misiones. El juicio se resolvió en 1994, cuando el Banco Nación aceptó cobrar 6 millones de dólares a cambio de dar por cancelado un crédito que, 17 años después de otorgado, estaba calculado en 37 millones de dólares».
En diciembre de 2005 la cooperativa de trabajadores inició una campaña para pedir el veto de la ley. Fueron recibidos por Jorge Telerman, por entonces a cargo de la jefatura del gobierno porteño, quien se comprometió a demorar hasta abril de 2006 la sanción definitiva, permitiendo así que la Legislatura trate un nuevo proyecto. La respuesta, por lo tanto, lejos de ser un solución es tan solo una demora que obliga a los trabajadores a permanecer en una indefinición legal que les trae graves consecuencias económicas: el cálculo es que de obtener la expropiación definitiva podrían duplicar la actividad del hotel y, con ello, las fuentes de trabajo.
Hasta ahora, la solidaridad fue una de las principales armas que exhibió el Bauen Hotel para evitar el desalojo. No sólo una gran cantidad de movimientos y agrupaciones locales se acercaron para acompañar a los trabajadores en los momentos cruciales: en un solo día, tanto el presidente Néstor Kirchner como el jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman recibieron 1.118 mails, producto de una campaña internacional de apoyo a la cooperativa.
Contacto
Cooperativa de Trabajo del Hotel Bauen
Presidente: Marcelo Ruarte
prensatrabajadoresdelbauen@yahoo.com.ar

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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