Nota

La muerte de 14 obreros en Santa Cruz: lo menos turbio es el río

Publicada

hace 15 años

17/06/2008

Al cumplirse cuatro años de la muerte de 14 obreros en la mina de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, la justicia decidió procesar a tres ex directivos de la empresa. Sin embargo, no avanza en las responsabilidades políticas que sembraron el terreno para que esta ¿tragedia? sea posible: los organismos del estado y la gestión privada del empresario Sergio Taselli, calificado como “otro Yabrán” por Hebe de Bonafini. Un testimonio del momento de aquel Cromañón minero.

La causa que investiga el crimen de 14 obreros dentro del yacimiento de carbón de Río Turbio parece por fin apuntar hacia parte de los responsables verdaderos. El juez federal Gerardo Caamaño dictó el procesamiento de los ex directivos de la empresa, Fermín Lauro Garnica, Eduardo Schabner y Esteban Loncaric, por el delito de homicidio culposo y sobreseyó a los trabajadores Ramón Pazos, Gregorio Tolosa y Tomás Rodríguez, quien habían sido inculpados del “accidente”.
Éxito empresarial
A pesar del rumbo que tomó el caso, el trabajador Raúl Wanzo quien además es dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierte que todavía hace falta determinar las responsabilidades políticas, señalar a los que pasaron por alto los controles. Dice que la mina en 2004 trabajaba a sabiendas de que había sido destruida por la gestión privada de Sergio Taselli, una especie de “vaciador serial” que entre sus victimas incluye a las firmas Parmalat, Metropolitano y Matarte.
Raúl recuerda que “cuando el empresario se hizo cargo del yacimiento generó mucho miedo en el sector de supervisores y jefes, se rodeó de obsecuentes que pusieron en marcha su estrategia: funcionar, pero con menos gente y menos gastos”.
Socios
Desde noviembre del 94 hasta mediados de 2002 cuando se le rescinde el contrato a Taselli y vuelve al Estado, los organismos de control documentaron todas las falencias en materia de seguridad del yacimiento de Río Turbio. Inclusive el Ministerio de Trabajo de la Nación realizó un informe de más de ciento cincuenta páginas detallando cada falla, cada violación a la seguridad laboral. Sin embargo, algunos funcionarios miraron para otro lado mientras los trabajadores y la comunidad intuían que un “accidente” podía ocurrir en cualquier momento.
El lunes 14 de junio de 2004 a las 22.30 un chispazo en uno de los rodillos de la cinta transportadora que saca el carbón de la mina a la superficie inició un incendio. Enseguida una mezcla de gases tóxicos que se desprenden de las paredes de los yacimientos de carbón hizo un muro que sepulto a 14 obreros a 600 metros de profundidad. Raúl recuerda que esa noche trabajó y que fue uno de los que llegó al lugar. Vio como salieron los 43 sobrevivientes. “Yo tengo esa imagen que me vuelve cada tanto, de los compañeros que salían de una pared de humo con la boca llena de espuma y, a la vez, sentía la angustia de contar los minutos y saber que era imposible que otros pudieran sobrevivir”.
Poco de accidente tiene el episodio, la gestión privada exigió extirpar puestos de trabajo y uno de ellos fue el del empleado que se encargaba de controlar el funcionamiento correcto de la cinta trasportadora. Raúl denuncia que “la subsecretaria de trabajo de la provincia fue habilitando y consintiendo que se trabaje de todas maneras, siempre la desidia, o el arreglo político para que todo funcione igual”.
A callar
El dirigente de ATE actualmente es el único querellante en la causa por el vaciamiento del yacimiento de carbón de Río Turbio contra Taselli. Opina que el gobierno provincial puso plata para calmar la bronca de la comunidad. Cuenta que “les fueron dando trabajo a los familiares de las víctimas, a algunos le pintaron la casa, les dieron ladrillos”. Dice que en un pueblo chiquito como ese se ven todos los movimientos y que el reclamo de justicia en parte de la sociedad se fue acallando.
Para Raúl la muerte de los 14 obreros de la mina en Santa Cruz, Cromañon y el incendio del avión de LAPA, muestran coincidencias: corrupción, desidia y la precariedad como situación generalizada. El Estado y el mercado, cuando trabajan armoniosamente bajo la ley de la impunidad.
“Otro Yabrán”
Hace dos años la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de mayo, hasta Hebe de Bonafini, más allá de su reconocida solidaridad con el gobierno, denunció a Sergio Taselli y sus vínculos con el gobierno de Nëstor Kirchner. Dijo textualmente Bonafini sobre Taselli, el 2 de febrero en Plaza de Mayo:
“No quiero pensar que sea amigo de alguno de los que están en la Casa de Gobierno. Espero que no, porque si es amigo de alguno de ellos tenemos que empezar a escupirlo. Y nosotras siempre dijimos que los amigos de nuestros enemigos también son nuestros enemigos. Si Taselli tiene algún amigo en la Casa de Gobierno ése pasará a ser enemigo de los trabajadores de Gándara, de los trabajadores de las minas –que también él las negoció- y también pasará a ser enemigo de las Madres. Porque Taselli es un atorrante; es peor que Yabrán, es peor que Moneta y que todos estos atorrantes juntos. Ojalá que ninguno sea amigo. Y si lo es ya empezaremos a decir lo que tenemos que decir, que lo decimos ahora: los amigos de nuestros enemigos son también nuestros enemigos. Las Madres no queremos tener amigos que tengan amigos ladrones, chorros, coimeros, que se hacen ricos a partir del trabajo de los hombres y mujeres que trabajan en sus fábricas”.
Luego dijo a lavaca “Yo sé de lo que hablo. Este tipo fue el que hizo todo el quilombo de las minas donde murió la gente. Y ahora compra por un peso las empresas, y después no le paga a la gente durante meses, la mata de hambre. Compra por nada, remata por nada, echa a la gente”. (Aclaración: Taselli compró las empresas como Gándara por un valor simbólico, y supuestamente se hace cargo de las deudas, muchas veces las liquida, aunque todas estas maniobras podrían definirse, por así decir, como un verdadero río turbio).
-¿Por qué lo llamó otro Yabrán? (Alfredo Yabrán, empresario telepostal cercano a la dictadura y luego al menemismo, inesperadamente suicidado en mayo de 1998).
-Porque ¿qué hizo Yabrán con el Correo, o el otro, Moneta (Raúl Moneta, conocido como uno de los tantos “banqueros de Menem”, y actual accionista en diversos medios de difusión)? Son tipos chorros, mafiosos, como que nadie los puede tocar. Y este Taselli es igual o peor, pero fijate que nadie publicó nada de lo que dije
-Lo de Taselli y su relación con el gobierno, ¿es una sospecha o una certeza?
-Es seguro que hay alguien o algunos dentro del gobierno que son amigos de él. Y se va a descubrir. Siempre se descubre. Alguien le hace la palanca. Estos tipos siempre tienen una palanca, un juez, un ministro, o el gobernador, y eso es lo que no hay que permitir. Es un tipo del duhaldismo, pero supuestamente Duhalde ya no tiene más poder. Entonces, ¿cómo sigue haciendo lo que hace? Algún lazo tiene que haber con gente del gobierno, y si no, que salgan a decir que no.
Las batallas de Silverio
Un testimonio conmovedor, publicado por lavaca es esta carta del abogado Dino Zaffrani, donde traza un perfil de Silverio Méndez, uno de los mineros fallecidos en los túneles de Río Turbio. Fue escrito cuando la suerte de Silverio aún era incierta, bajo los escombros, el 15 de junio de 2004. La carta además es un repaso en el momento de lo que venía ocurriendo y del perfil de Méndez, descripto como un referente «que ha estado en todas: como militante, como delegado, dirigente combativo y como simple trabajador.»
Este es el texto completo de la carta de Zaffrani:
«Río Gallegos, 15 de junio de 2004
Entre los 14 compañeros mineros atrapados dentro del Yacimiento de Río Turbio a la altura del marchante 22 donde se produjo el derrumbe, se encuentra Silverio Méndez. El es jujeño y al decir de otros como él, «…he nacido entre las piedras, doctor», se enorgullecía del mojón inicial de su origen humilde, qué digo …..humilde. Silverio fue el Secretario Adjunto de la Seccional ATE Río Turbio desde 1999 al 2003, disidente del ATE Degenarista. Ha estado en todas, como militante, como delegado, dirigente combativo y hasta hoy 15 de Junio como simple trabajador en uno de los turnos que ingresaron a la mina. El último turno de Silverio y sus 13 compañeros. Las peleó todas, encabezando asambleas, juntando firmas, marchando a Río Gallegos para reclamar ante casa de Gobierno por cada reivindicación y cada promesa incumplida. Oponiéndose a la entrega menemista del Yacimiento al concesionario Sergio Taselli en 1994, en la toma de la mina aquel año y en las posteriores para que se fuera, exigiendo el cumplimiento del pliego de bases y condiciones que jamás cumplió ante la cómplice mirada del gobierno provincial de Néstor Kirchner, que nunca lo controló como era su obligación. Silverio no hablaba al bulto, lo hacía uno por uno convenciendo a cada compañero y a fuerza de perseverancia se había ganado el respeto entrañable de todos. Deja compañera e hijos como el resto de los trabajadores que han quedado atrapados. Ellos no han muerto por accidente, ni por autocombustión de los gases dentro de la mina. Han dejado sus vidas de laburantes desconocidos por la desidia y complicidad de los gobernantes que antes eran menemistas y hoy se dicen progresistas. Porque durante la década pasada no hubo control a la voracidad de Taseli, el concesionario asociado de la burocracia de Fatlyf (Federación de Luz y Fuerza), hoy trenes Metropolitanos y Zapla, que no invirtió un miserable mango en seguridad. Porque la mina como antes del 2002 y hasta hoy, no tenía seguridad, igual que en las épocas de Taselli. Porque el Estado se ocupaba simplemente del pago de sueldos. En ese sentido el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio se convierte en una sentencia firme contra todas las políticas privatizadoras y de entrega del país, que no han sido revertidas por el actual gobierno. A esos mineros los mataron por trabajar. Porque los hacían trabajar a la qué me importa. En una asamblea reciente Silverio trató al entonces interventor de la mina Eduardo Arnold de «negrero», reclamándole con pasión por estas cosas pequeñas como la seguridad y la falta de inversión y el peligro de trabajar en una mina que estaba literalmente parada, en riesgo permanente. «Chiquito» Arnold, un tipo de honor, prefirió en vez de ocuparse de estas cosas de laburantes, en ir a contratar a un abogado para querellar a Silverio por calumnias e injurias. Y como si esto fuera poco -como dicen en los colectivos los vendedores ambulantes- le reclamó $ 50.000 de indemnización por daño moral. A un trabajador reclamarle $ 50.000, ……….vaya honor.
Me tocó defender a Silverio como letrado. Finalmente Arnold desistió de la querella, tal vez en conocimiento de que en Santa Cruz le devuelven el dinero de tasa de justicia al desistirla, como ocurrió con el entonces Gobernador -hoy Presidente- cuando me reclamara $ 1.000.000 por acusarlo de complicidad con Carlos Menem y Taselli al permitirle que vaciara la empresa que hoy se llevó puesto a mi amigo Silverio. Arnold y otros, antes menemistas, después duhaldistas, hoy «progres», es actualmente el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ha venido a Turbio a derramar lágrimas de cocodrilo. Los compañeros y mi amigo Silverio no ocupan ninguna banca ni juran por nada, sólo el polvo, el monóxido implacable y la bronca le hacen compañía en el fondo de la tierra y las piedras, de donde vino. La historia de Silverio no figura hoy en la tele que se ocupa de la liberación de Cristian y del superclásico Ríver-Boca. Taselli sigue al frente de Trenes Metropolitanos que cobró subsidios estatales del Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, quien no le rescinde el contrato no obstante lo desastroso de la gestión ferroviaria privada en Buenos Aires que también se cobró muchas vidas. Pero la muerte de Silverio es un grito de vida y un dedo acusador a estos cachivaches que simulan estar haciendo historia y a la hora de los bifes rajarán en polvorosa».
Dino Zaffrani *
*Ex abogado de la Seccional ATE Río Turbio, amigo de Silverio Méndez y dirigente del Movimiento Antiimperialista y por la Paz Mundial (MAP)

Radiografía de un modelo violento: La republiqueta sojera

Otra gramática sobre el conflicto: del agronegocio a las retenciones

Nota

Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

Publicada

hace 15 horas

01/04/2023

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Amigos de Blas Correa y la madre del joven Correa el día de la lectura de la sentencia — Amigos de Blas y Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, el día de la sentencia. Credito: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Marcha en conmemoración de un año del asesinato de Valentino Blas Correa, asesinado en Córdoba por la policía de Córdoba cuando transitaba con tres personas mas en las calles de la Ciudad. Foto: Sebastián Salguero / Amnistía Internacional.

Las condenas:

Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.

Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.

La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

Seguir leyendo

Nota

Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Publicada

hace 4 días

29/03/2023

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

El cuerpo del delito

Seguir leyendo

Nota

Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Publicada

hace 1 semana

25/03/2023

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Mu 83: Podemos

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

Sí: sí a la vida.
Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.