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La ONU le pide al Estado argentino #AbortoLegal

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Un día después de que la comisión de salud de la Cámara de Diputados discutiera el proyecto que legaliza y despenaliza el aborto, Naciones Unidas le pidió al Estado argentino “acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria de embarazo». Un paso más e importante para que se consagra el derecho que nos falta. Qué dice el informe sobre las políticas públicas en temas clave: glifosato, paridad, explotación sexual, femicidios, educación. Una nota de Florencia Alcaraz para lavaca

El comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) exigió al gobierno argentino:

  • «Acelar la adopción del proyecto de ley» que despenaliza el aborto.
  • Que “inicie procedimientos de rendición de cuentas para asegurar que todas las provincias aprueben protocolos sobre la práctica del aborto no punible, de conformidad con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 y en consonancia con el Protocolo Nacional de Atención integral a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
  • Con la linterna puesta sobre los médicos que aplican la objeción de conciencia y las mujeres criminalizadas por abortar, el organismo internacional insistió en el derecho a decidir de las niñas, adolescentes, mujeres y trans en la Argentina.
  • El comité anunció que hará un seguimiento los próximos dos años a las medidas que se tomen en torno a la legislación de interrupción legal del embarazo y los protocolos de atención de abortos legales. Hoy, sólo 9 provincias respetan el fallo FAL de la Corte, mientras que otras 7 elaboraron protocolos restrictivos. Este es el caso de la provincia más populosa del país, Buenos Aires, que dio marcha atrás a una iniciativa reciente de ajustarse al pedido del máximo tribunal judicial. Hace cuatro años que Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán no elaboran sus protocolos.
  • El organismo internacional pondrá la lupa especialmente sobre dos temas más: por un lado, la aprobación de legislaciones que garanticen paridad en el ámbito político, ejecutivo y judicial; y por el otro, en que el Ministerio de Salud revise y atienda los efectos de pesticidas, fertilizantes y uso agroquímicos en las mujeres indígenas.

Se trata de la respuesta final del Comité de la ONU al informe oficial que había presentado la delegación argentina, encabezada por Fabiana Tuñez- titular del Consejo Nacional de las Mujeres- en Ginebra en noviembre último.

Lxs expertxs también habían recibido los contra-informes de los organismos de derechos humanos: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Amnistía Internacional, entre otros.

“El comité le pide al Estado nacional que, en materia de género, deje de hacer declamaciones y grandes anuncios y que se comprometa en serio. Por ejemplo, en relación al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, le pide que tenga los recursos suficientes para concretar las acciones que promete”, dijo a lavaca, Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del CELS, luego de conocer las observaciones finales.

Un paso adelante, un paso atrás

El escrito comienza con los “aspectos positivos” y el primero que enumera es la aprobación de la Ley N°27.210, en noviembre de 2015, que establece la creación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia machista el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este fue uno de los reclamos de la primera movilización masiva por #NiUnaMenos en junio de ese año. Sin embargo, a un año de su aprobación, el gobierno aún no puso en marcha este mecanismo de acceso a la justicia.

Entre los avances el Comité también señaló el Código Civil y Comercial, que reconoce el valor del trabajo doméstico; la Ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida; la Ley N° 26.844 que estableció el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la Ley de identidad de género, la de Matrimonio igualitario y el fallo F.A.L., entre otros.

La necesidad de un presupuesto acorde

Naciones Unidas se enfocó en el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y habló de “los limitados recursos para promover la igualdad de género, así como para apoyar su función como órgano de coordinación de la Plan de acción para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y asistencia a las víctimas (2017-2019)”. En ese sentido, señaló la falta de una coordinación sistemática e institucionalizada entre el gobierno federal y los provinciales. Y exigió que se asignen recursos presupuestarios adecuados para la aplicación efectiva del Plan anunciado. Propuso aumentar recursos humanos, técnicos y financieros. Y, a su vez, le pidió al Estado que jerarquice al CNM con un rango ministerial.

La violencia machista mata

El Comité destacó el aumento de los casos de femicidios en Argentina y la persistencia de la violencia física, psicológica, sexual y económica tanto en el ámbito privado como esferas públicas.

Reflejó las disparidades provinciales en la prestación de reparación a las víctimas con respecto a los números de refugios, el acceso al asesoramiento psicológico y la asistencia jurídica. También destacó, con preocupación, la falta de información sobre la accesibilidad de refugios para mujeres mayores, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres migrantes y refugiadas y mujeres con discapacidad.

Para lxs especialistas es prioritario mejorar la prevención de los femicidios y asegurar la investigación, el procesamiento y la condena de los autores de estos crímenes.

Travestis y trans

Lxs expertxs de CEDAW recibieron por primera vez en su historia un informe sobre los derechos de las travestis y personas trans en Argentina realizado por una coalición de 22 organizaciones.

En las observaciones finales, el comité recogió esos datos y mostró preocupación por la falta de estadísticas respecto de los crímenes de odio contra personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo informes de hostigamiento por parte de la policía, asesinatos de mujeres transexuales y la muerte de activistas. Exigió al gobierno nacional adoptar programas en los distintos niveles del Estado para promover el acceso al trabajo a esta población.

“Es importante que haya pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires que avance en la implementación del Cupo laboral trans”, dijo a lavaca, Laurana Malacalza, titular de Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Malacalza estuvo en Ginebra y recibió hoy las conclusiones del Comité.

Acceso a la justicia

Sobre el acceso a la Justicia, el comité celebró la legislación de patrocinio jurídico gratuito y la existencia de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), así como también el programa Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, resaltó la discriminación y la mirada estereotipada con la que se encuentran las mujeres cuando se acercan al sistema de administración de justicia. También resaltó con preocupación el uso de la mediación en los casos de violencia machista. Además, cuestionó el acceso limitado a la asistencia jurídica y a intérpretes de lenguas indígenas; y las largas distancias a los tribunales de las zonas rurales.

Lxs expertxs de Naciones Unidas recomendaron capacitación sistemática y obligatoria sobre los derechos de las mujeres y la ley 26.485 para magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, administradores, mediadores y profesionales expertos.

A su vez, propusieron fortalecer el rol de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema. Y vigilar con especial atención la igualdad en la labor del Poder Judicial

El comité también insistió en que los recursos legales estén disponible para las mujeres víctimas, incluso en las lenguas indígenas y en formatos accesible para las mujeres con discapacidad. Una de las alternativas que sugirió a los obstáculos al acceso efectivo al sistema de administración de justicia fue la posibilidad de creación de un sistema de tribunales móviles para facilitar el acceso a la mujeres que viven en zonas rurales y remotas.

Mujeres detenidas

Para el comité, el Estado debe tomar medidas para limitar el uso de la prisión preventiva, prohibir las requisas físicas invasivas que realizan las y los agentes penitenciarios; asignar recursos para expandir la cobertura de los programas de educación y empleo y de los servicios de salud, para que incluyan a las mujeres detenidas con prisión preventiva, entre otras cuestiones.

También debe acelerar la implementación de la Ley 26.472, de ejecución de la pena privativa de la libertad, y el Estado debe ofrecer alternativas al encarcelamiento para las mujeres embarazadas y las madres de niños menores a cinco años.

Explotación sexual: la complicidad

El escrito resaltó el trabajo del Programa Nacional de Rescate en este aspecto. Sin embargo, hizo foco en la necesidad de que se armonicen las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres. También señaló que en términos de explotación sexual, Argentina es un país de tránsito para mujeres de Brasil, Bolivia, República Dominicana República, Paraguay y Perú. Y mostró preocupación por los casos de complicidad de funcionarios públicos en casos de tráfico sexual y la explotación de la prostitución. En ese sentido, recomendó al gobierno mejorar el análisis de información que tiene en la temática, fortalecer las investigaciones judiciales, procurar las condenas de los responsables y generar políticas estructurales que apunten al empoderamiento económico de las víctimas de explotación sexual

La violencia simbólica

Lxs especialistas dedicaron un apartado especial para hablar de la “cultura machista profundamente arraigada” en Argentina. A pesar de las campañas y  las legislaciones específicas que abordan la sensibilización del público respecto de la temática, para el Comité persisten estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, que derivan en formas de discriminación y violencias contra las mujeres que se expresan en abuso sexual y femicidios. Pidieron al Estado que intensifique esfuerzos para disipar estas actitudes sexistas. Y fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil mediante campañas de sensibilización del público, como la “campaña #Ni Una Menos».

Participación de las mujeres en la política y la vida pública

El Comité celebró que el Congreso nacional esté discutiendo una ley de paridad. También destacó que Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires hayan adoptado leyes que exigen la paridad de género en las listas de candidatxs. Sin embargo, el comité señaló preocupación por la subrepresentación de las mujeres en los sindicatos, el Poder Ejecutivo, en los puestos de toma de decisiones, en el sector privado y en las administraciones municipales. Señaló, en ese sentido, “las barreras que enfrentan las mujeres en la vida política y pública, para conciliar tareas de crianza y tareas domésticas”. Lxs expertxs señalaron que “la participación democrática de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en la vida pública es un requisito para la plena aplicación de los derechos humanos de la mujer”.

Educación

Cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente menor de 20 años en Argentina. Y cada tres horas una menor de 14 años se convierte en madre. El 60% de estas jóvenes tiene que abandonar sus estudios. El Comité puso un especial énfasis en el alto número de chicas que abandonan la escuela por un embarazo temprano. Y, en ese línea, llamó la atención sobre la “limitada implementación” del Programa de Educación Sexual en las provincias.

Asimismo, con respecto a la educación señaló la sub-representación de las mujeres y las niñas en campos de estudio, tales como matemáticas, ingeniería y nuevas tecnologías de la información.

Empleo

Si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3 por ciento, para las mujeres es del 10,5. La brecha salarial en Argentina es del 27 %. Naciones Unidas recomendó equiparación salarial entre varones y mujeres. Esto es, igual pago por la misma tarea. El Comité pidió que Argentina adopte medidas estructurales para reducir la pobreza y mejorar la vida económica de las mujeres. También recomendó adoptar medidas específicas, como el microcrédito especial. Hizo hincapié en la necesidad de servicios de guardería adecuados y el fortalecimiento de los incentivos para que los hombres, como por ejemplo, las licencias parentales.

“Es interesante que han avanzado en reconocer los derechos sociales y económicos de las mujeres. La violencia machista no se explica exclusivamente por una cuestión cultural sino que tiene que ver con desigualdades económicas y sociales”, dijo a La Vaca, Laurana Malacalza.

Mujeres rurales

El Comité enfatizó en las situaciones de pobreza de las mujeres rurales y el limitado acceso a la justicia, educación y servicios de salud. También el riesgo en el que viven ante el desalojo forzoso y la violencia sexual.

Mujeres indígenas

El Comité observó con preocupación que las mujeres indígenas se enfrentan a formas específicas de discriminación y puso el foco en los los desalojos forzosos de tierras tradicionales indígenas en regiones como Gran Chaco. También cuestionó el acceso limitado de las mujeres al agua. Y el impacto negativo sobre la salud de las mujeres y niñas indígenas por el uso de pesticidas, fertilizantes y agroquímicos.

Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Al comité le preocupó la ausencia de programas dirigidos a la integración social y económica de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Argentina. Así como también la exclusión de estas mujeres a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad

A pesar de que en la audiencia en Ginebra una de las primeras preguntas fue por la detención arbitraria de Milagro Sala, en este reporte el nombre de la dirigente de la Tupac Amaru presa en Jujuy, no apareció.

La Cedaw es la convención internacional más importante de derechos humanos dirigida específicamente a proteger a las mujeres. Fue aprobada por Naciones Unidas en 1979, ratificada por Argentina en 1985 y tiene jerarquía constitucional desde 1994. En la presentación que hizo el Estado argentino en noviembre, los volantes del paro de mujeres estuvieron presentes. En el informe que se presentó hoy, los reclamos del #NiUnaMenos quedaron materializados en un escrito de Naciones Unidas. La próxima vez que Argentina rinda cuentas ante este organismo será en 2020.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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