Nota

La peste soja: viaje al corazón del MOCASE

Publicada

hace 15 años

17/05/2008

Santiago del Estero se ha puesto bíblica. La conexión entre el best seller de todos los tiempos y esa provincia donde los campesinos rechazan al “campo” mientras denuncian al gobierno, es verde y negra, tiene cabeza marciana, mandíbulas sinfónicas, voracidad inoxidable, y una capacidad de destrucción de Apocalipsis, capítulo donde los poetas bíblicos la describen con belleza de pesadilla:
La peste soja: viaje al corazón del MOCASE “Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres” (Apocalipsis 9:7).
Las mujeres y los hombres del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) no verían exageración alguna en esa descripción. Para ellos la plaga de langosta tiene cara de personas concretas: “Esto es por culpa de los sojeros, que quemaron todos los montes. La langosta no tiene donde ir” asegura Leticia, de una de las comunidades campesinas de Quimilí, mientras busca unas cabras bajo unos quebrachos blancos esqueléticos. Como hay sequía desde hace cuatro meses, lo único que llueve es alguna que otra langosta sobre nuestras cabezas, antes de caer al piso digiriendo la última hojita del quebracho. Cuando los árboles están plagados, se escucha un rumor crepitante de langostas mascando las hojas.
Leticia encuentra a la manada. Los animales corren, frenan, saltan, balan, se acercan a curiosear la cámara de fotos, vuelven a correr. Uno de los más recientes integrantes del Mocase, Oscar Donneli –ex fabricante de ropa para chicos en San Fernando (Buenos Aires), arrepentido feligrés de Mariano Grondona y Bernardo Neustadt- confirma una sospecha: de esos saltos y corridas nació la frase “más loca que una cabra”.
Oscar y Leticia son parte del Lote 38, a 20 kilómetros de Quimilí, una de las comunidades campesinas que consideran que lo que los medios y el gobierno llaman “el campo” es otra cosa: “Son empresarios sojeros. Nada de pequeños productores: esos somos nosotros”. Explican además que el responsable de la plaga sojera es el gobierno.
Ya de noche, mientras preparaba para Mu una inolvidable tortilla de parrilla y mate dulce, junto al rancho de piso de tierra y paredes de barro iluminado apenas por un mechero (para no tener que usar la energía del panel solar) Leticia agregó otra sorpresa: “Estamos haciendo la reforma agraria, en la práctica”.
El paro al revés
La protesta rural contra las retenciones, los piquetes en las rutas, los cacerolazos urbanos, el modo en que todo eso se exhibió periodísticamente, y las reacciones del gobierno, dejaron a las comunidades del Mocase perplejas.
Para observar el problema ni siquiera tuvieron que moverse de la Central de Quimilí (una de las siete que forman la red de centrales del movimiento en toda la provincia), ya que a 50 metros, en la Rotonda Sur de ese pueblo de 18.000 habitantes, se realizaba uno de los cortes. “Los que organizaron el piquete fueron los empresarios sojeros, pero ellos ni iban. Llevaban a algunos peones en la ruta y a la noche les llevaban la carne para el asado. Y en los campos seguían trabajando y fumigando” cuenta Paulo Aranda, con serenidad santiagueña. “Los sojeros son los que nos revientan. Hacen monocultivo, desmontan y queman el bosque, contaminan todo, nos envenenan lo que producimos, eliminan cualquier otra producción porque todo es para la soja, empujan a la gente a irse del campo, y a los que nos quedamos nos mandan a los matones y a la policía para tirarnos las casas y sacarnos de nuestra tierra”. El cúmulo de derechos violados en esa frase son apenas un atisbo de lo que ocurre en Santiago.
Ante tal panorama, la reacción de los campesinos al escuchar hablar del “paro del campo”, derivó en un documento del Mocase. Algunos puntos:

“Este modelo neoliberal, de saqueo y contaminación, reproduce nuevas formas de colonización y genocidio. ¿Qué hicieron estas entidades (las ruralistas) cuando en la etapa menemista del neoliberalismo más salvaje desaparecían más de 200.000 unidades familiares de producción agraria?”
“¿Qué han hecho y hacen esas entidades agropecuarias ante los asesinatos, cárceles, persecuciones, tortura y enfrentamiento con paramilitares y topadoras que sufren hoy miles y miles de familias de pueblos originarios y campesinos?”

Como el Mocase no es precisamente un movimiento quejoso ni pasivo, exige crear mecanismos de participación directa para la redistribución de la riqueza, y concretar un programa que comparte con los movimientos que conforman la red global Vía Campesina y que empieza a vislumbrar cualquiera que se acerque a una verdulería o una carnicería: “La Agricultura Familiar Sostenible puede alimentar al mundo. Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas. La biodiversidad es una riqueza de los pueblos”.
En plan simplista, el documento pudo ser interpretado como apoyo al gobierno porque criticaba a las entidades ruralistas, pero apenas se llega al campo, y se conversa, se aprende que estas mujeres y estos hombres tienen una dimensión de pensamiento diferente, práctica y profunda a la vez, que poco tiene que ver con las etiquetas y polarizaciones mediáticas y políticas que suelen evacuarse sobre la sociedad. Deolinda Carrizo, Deo para todos en el Mocase, abre sus grandes ojos: “El gobierno negocia con los sojeros, y apunta a la expansión de los moncultivos. A ningún gobierno de este tipo, capitalista, le interesa apoyar a organizaciones como la nuestra, que quiere hacer su propia historia”. Se queda como hipnotizada frente a un árbol, y muestra cómo las langostas que llegan a medir unos 8 o 10 centímetros, en determinado momento se instalan en la corteza y comienzan una mutación que casi duplica su tamaño. Se desprenden de la coraza negra y verde, se ponen grises y con alas. “Parecen pájaros” dice Deo.
¿Qué es el Mocase?
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero nació el 4 de agosto de 1990 mezclando militancias setentistas y cercanas a la Teología de la Liberación, varias herencias previas de organización, luchas agrarias y resistencia a los sucesivos feudos santiagueños, y cosmovisiones indígenas que –según el ex sacerdote Ángel Strappazzon- tuvieron hasta alguna influencia anarquista portada por los trabajadores ferroviarios de La Fraternidad.
En septiembre de 2001 el Mocase se dividió porque esto que hoy se conoce como Mocase Vía Campesina rechazó seguir organizándose verticalmente (con presidente, consejo directivo y pretensiones de obediencia a la cúpula). Las comunidades decidieron mantener un estilo de organización en red, horizontal y autónomo con respecto al Estado y los partidos políticos. Deo: “En Santiago existió siempre la cultura de que somos negros ignorantes, campesinos que no sabemos nada, que tenemos que pedir permiso y obedecer. Quisimos dar ese salto, y lo dimos”.
Quico y Aldo, del Lote 5 (a unos 25 kilómetros de Quimilí) lo explican así: “Acá no hay caciques, somos todos indios”. Claudia, la compañera de Aldo, lava la ropa incansable y usa como fuente un pedazo de goma de tractor. Oscar ceba el mate tomando una pava renegrida por el fuego. Los chicos andan divertidos, jugando al fútbol con una pelota armada con medias viejas. Los ranchos suelen ser de paredes de barro, algunos pocos con ladrillo, piso de tierra, levantados a mano. Casi un clásico: hay pobreza –conmovedora-, pero no hay miseria. Tampoco hay resignación: el Mocase gestionó y obtuvo paneles solares, para que muchos de los ranchos cuenten con una forma de energía eléctrica austera pero limpia, en esos lugares donde el Estado nunca quiso llegar.
Leticia tiene la gentileza de agacharse –pese a que anda mal de la espalda- y con el dedo dibuja al Mocase sobre la tierra seca: “En cada zona viven familias (dibuja puntitos). Varias familias o campesinos forman una comunidad de base (hace un círculo que reúne a los puntitos): nosotros somos la comunidad del Lote 38, están los del lote 4 en Pozo del Toba, o Lote 5 en Colorado, y varios más. Esas comunidades formamos una central (el círculo se amplía), como Quimilí. En la provincia hay casi 300 comunidades agrupadas en siete centrales. Y todas estas centrales (Leticia las engloba) somos el Mocase”. Cada comunidad se reúne cada dos semanas, y elige delegados para las reuniones de cada central, que son también quincenales. El número oficial oscila en las 9.000 familias, aunque parece que hay un crecimiento en la zona norte de campesinos que se integran al Mocase en defensa propia, frente a la peste sojera que opera con violencia parapolicial.
“Por eso somos fuertes: estamos organizados” dice Leticia. Pero a esa organización la hacen moverse. Crearon secretarías de producción y comercialización, de tierra, ambiente y derechos humanos, de comunicaciones, de formación y educación, de salud y de género, para garantizar la participación de la mujer y los jóvenes. Realizan permanentes encuentros de formación y capacitación, sus integrantes suelen viajar a Brasil para encontrarse y debatir con los Sin Tierra. A nivel argentino han hecho amistad y asociación con movimientos de Córdoba, Mendoza, San juan, Jujuy, misiones, y mendoza, y Buenos Aires, creando juntos el Movimiento Nacional Campesino Indígena. A nivel internacional tienen proyectos con diversas ONG para el desarrollo, como Ingeniería sin Fronteras. Las trenzas rasta de Deo vienen de Mozambique, donde participó en un encuentro de Vía Campesina. A diferencia de muchas otras organizaciones, el Mocase no está embalsamado.
La otra fuerza parece ser esa tendencia a que no haya caciques. Casi todas las personas con las que uno habla podrían ser “dirigentes”, según las viejas lógicas. En realidad, todas lo son. Han optado por una extraña alquimia: dirigir sus vidas, sus trabajos y sus sueños, y hacerlo comunitariamente. El dilema, sin romanticismo: ¿eso será posible?
Para gourmets y paramilitares
En la central de Quimilí hay una carnicería y almacén que vende lo producido por las comunidades de la zona (vacunos, cerdos, cabritos, pollos, huevos) y dulces y mermeladas de sandía, zapallo y hasta dulce de leche de cabra sin conservantes ni colorantes bajo un concepto: “Productos para la soberanía alimentaria” (aclaración gourmet: todo es de una calidad adictiva). Para funcionar se creó la cooperativa Ashca Cayku (Somos muchos, en quichua), que es la que además le permite al Mocase tener una forma institucional productiva. Hay también una carpintería que trabaja para el movimiento, una herrería, una escuela agroecológica, una oficina de comunicación del Mocase, y la radio FM Del Monte con programas de noticias como Sintonía Americana (que conduce Deo), Un gomerazo a tu memoria (con Ángel Strapazzon, uno de los fundadores del Mocase) o de música, como el de cumbia que lleva adelante Margarita, 17 años, llamado Carumanta Amunt (De lejos vengo a hablar, en quichua). “Los jóvenes me escuchan mucho” se enorgullece Margarita, que confirma que aquí también Agrupación Marilyn sigue siendo lo más pedido. Esto provoca la carcajada de Filtro, emblemático, desdentado y entrañable personaje de Quimilí, ex sin techo que despierta el afecto de cada uno que anda cerca, y acompaña todo lo que se hace en el Mocase. Ya nadie recuerda su nombre, ni él puede decirlo, ni a nadie le preocupa. ¿Será que el nombre es una de las corazas de las que la persona puede desprenderse? Gabriel Sequeira lo bautizó Filtro, por el límite hasta donde disfruta los cigarrillos que consigue.
Filtro me pasa la mano sobre el hombro. La cordialidad es sorprendente. El saludo típico aquí es como en España: un beso en cada mejilla. Han preparado un puré de zapallos (antigua hortaliza americana que los argentinos solían consumir) con carne y nos invitan a almorzar. Deo está nerviosa porque se repitió un clásico santiagueño: “Los sojeros tienen matones que quieren asustar a la gente, disparan al aire, le roban o le matan a los animales. El jueves pasado le robaron 16 chanchos a don Miguel Rodríguez, que venía denunciando a Claudio Trono por esas agresiones, y a su encargado Daniel Quin. Los hijos de don Miguel rastrearon y encontraron los animales en lo de un familiar de Quin. Don Miguel tuvo que esperar hasta las 8 de la noche para poder ir a Pinto, a hacer la denuncia, porque no tenía vehículo para salir del campo. Cuando llegó a la comisaría lo tuvieron esperando cuatro horas. Y cuando al final le tomaron declaración, lo metieron preso a él. Hace cinco días que está preso”.
Paulo agrega: “Los paramilitares ya le habían volado… ¿cuántos eran? ¿dos o tres dedos del pie?” Nadie recuerda. Paulo: “No les importa nada. El otro día andaban los matones de uno de los terratenientes tomando un café en el hotel Parodi, y dejaban las armas arriba de la mesa. No les importa nada porque la impunidad es total”. Filtro mira la pared moteada de langostas. No ríe.
Sitio web encapuchado
Comiendo puré de zapallo en Quimilí se puede entender el ADN de las violaciones a los derechos humanos en tiempo presente (invisibles para muchos organismos que parecen fijados en el pasado). El anecdotario incluye el célebre intento de desalojo en La Simona, en 1998, con topadoras para voltear ranchos enviadas por el terrateniente Guillermo Masoni, apoyado por el juarismo. Cuatro mujeres se pararon delante de las máquinas e impidieron la demolición, dando tiempo a la llegada de un grupo, y otro, y otro, y otro. Otra historia: un custodio –en plan amedrentamiento- mató en una de las comunidades a un chiquito de siete años, Mario Ezequiel Gerez, de un disparo en la nuca cuando iba en bicicleta con su tío. El caso fue tomado por el Defensor del Pueblo Eduardo Mondino. Adolfo Farías, del otro lado de la mesa, memora cuando él mismo fue secuestrado. “Yo iba a lo de un familiar, un tipo me ofreció llevarme, cuando cruzamos con otra camioneta me apuntaron a la cabeza y me vendaron, me llevaron para el lado de Pinto, creo, querían saber si era de La Simona. Me pegaron, decían que me iban a tirar al río, y me cortaban la espalda con un alambre”. Se para se levanta la remera, se da vuelta y me muestra las cicatrices. Le duran desde 2001. Llegó la policía y le comunicaron a Adolfo el contenido de su declaración: se confesaba culpable de haber robado animales y garrafas a Masoni, el terrateniente que había querido echar a la gente de La Simona. Dice algo que sería gracioso si no fuera estremecedor: “Ahí empecé a calentarme. Dije que no había robado nada”. Los representantes de la ley le pusieron una bolsa en la cabeza. “Ahí sí que me cagaron a palos, de noche sobre todo. Y me obligaban a que me arrodille”. Una monja que lo conocía de chico lo descubrió, y fue el pasaporte a que hoy esté vivo para contarlo. Los mecanismos de intimidación y expulsión incluyen la matanza o el robo de animales, o las amenazas directas que en casos como el de Strapazón y su familia ya son imposibles de enumerar. Los desalojos los hacen los parapoliciales y agencias de seguridad como La Estrella, contratados por los sojeros, con el entusiasta apoyo de la policía local y del inconcebible GETOAR (Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo) creado un año después de la fundación del Mocase. En la página www.policiadesantiago.gov.ar se lo define textualmente: “El GETOAR tiene un personal altamente capacitado y entrenado a través de cursos y estudios específicos realizados, algunos de ellos, en la Policía Federal Argentina. Se trata de policías con un entrenamiento físico y táctico muy riesgoso. Nada debe quedar librado a la improvisación o al azar. Todo, hasta el más mínimo movimiento, debe ser realizado con profesionalismo”.
Cursos y estudios y profesionalismo y capacitación. Tal vez por eso andan siempre encapuchados cuando se los ve en las fotos y películas amenazando a mujeres y niños campesinos en los desalojos de los ranchos. La página web policial ostenta un eslogan maravilloso: “Orden, Paz y Seguridad para el pueblo santiagueño”.
Otro caso, más cercano (noviembre de 2007) incluyó el riesgoso intento de desalojo de don Domingo Leguizamón, hemipléjico de 69 años, y sus hijos José y Sandra, epilépticos. Los profesionales del GETOAR tiraron al piso a José apuntándole con fusil, hasta provocarle un ataque de epilepsia. A Sandra le bañaron el catre en gasoil amenazando quemarla. Leguizamón venía denunciando amenazas y muerte de animales por parte de los paramilitares de la empresa La Estrella, propiedad de Jorge Salomón, primo del juez del mismo nombre que, casualmente, ordenó la detención de Leguizamón.
La sobremesa se hace larga, llega Antonio Callafell, pasante español de Ingeniería sin Fronteras. Las langostas buscan el sol. Deo dice: “Bueno, y nosotros también nos defendemos”.
Cómo defenderse, cómo atacar
Los campesinos santiagueños entre los eternos gobiernos del juarismo (por Carlos Juárez) y la pelea cotidiana por la subsistencia y defensa de la tierra, describen a la gobernador radical-kirchnerista Gerardo Zamora con cuatro palabras: “lo mismo de siempre”. ¿Y cómo se defienden de los ataques? Se miran. Sonríen. Algunas de las ideas:
“Como ellos tienen las armas, nosotros usamos la inteligencia más que la fuerza”.
“Si nos quieren sacar a nosotros, nosotros pensamos que hay que sacarlos a ellos. Y si alguno cae, caerá. Si hubo un desalojo el movimiento va rodeando el lugar. Una vez quedaban dos matones. Un compañero fue y les dijo: si tienen orden de tirar, tiren. Y si no váyanse. Se fueron”, cuenta Gabriel.
“Conocemos el monte, sabemos cómo acercarnos en distintos grupos y darles unos buenos sustos. De noche, de día, todo el tiempo. Que crean que tenemos algo aunque no tengamos nada. Pero también los fotografiamos sin que se den cuenta, para hacer actas y denuncias”.
“Alguna vez las mujeres usan la sensualidad, el milico se entusiasma y la sigue al monte, le caen todas y le dan fuerte. Ésta por mi hijo que le pegaste, ésta por las cabras que me mataste, ésta por la huerta que me quemaste”.
“A veces tiramos cohetes en el monte, y los milicos salen corriendo por si acaso”.
“Hay que saber esperar cuál es el mejor momento para volver y agarrarlos desprevenidos”.
Strapazzón agrega: “Los compañeros están ejerciendo una legítima defensa. Algún paramilitar apareció por televisión diciendo ‘los del Mocase me pegaron’. En realidad fue un solo compañero, jefe de familia. Cuerpo a cuerpo, y a mano limpia”.
En el Lote 4 está la casa de Juan Yedro, que fue tumbada por la policía y el Getoar y ya fue reconstruida. Aquella vez, Juan estaba en el campo y la policía redujo a Chiqui, su mujer, y a su hijo de 15 años, tirándolos al piso y apuntándoles con fusiles. Les rompieron sus pocos muebles y hasta le robaron al chico unos pesos ganados en una changa. Con un tractor cincharon para derrumbar el rancho. “Había una mujer que decía que era oficial de justicia, pero nunca mostraron ninguna orden de desalojo ni de allanamiento” explica Juan. El grupo desalojó también a Quico Aranda amenazando profesionalmente a su mujer y sus cuatro hijos, y le volteó medio rancho y a su hermano Aldo, aunque a esa altura ya había llegado un micro con gente del Mocase y pudieron parar el desastre. “Aquí la justicia es la injusticia. Y uno sabe que siempre se puede volver a producir” dice Quico. Pudieron recuperar sus lugares (también a fuerza del ingenio, aunque prefieren omitir detalles). Juan, Chiqui y sus hijos vivieron en una carpa mientras la comunidad ayudó a levantar la casa. Producen juntos ganado y cada uno tiene lo suyo. Aldo enumera esa riqueza: “20 chanchas, 60 lechones, 2 pavos, 30 patos, 20 gallinas que me dan una docena de huevos por lo menos, 100 chivos que tenemos entre todos”.
Hay un orgullo, que Gabriel durante la visita al Lote 4, describe así: “Siempre se pudo recuperar todo”. Hablan de todo esto con cierta resignación. “Lo único que queremos es que nos dejen vivir y trabajar” dice Paulo. Los métodos de expulsión tienen otras ofertas: “Te dan una plata, suponte 5.000 pesos o algo más para que te vayas. Esa plata es agua en la mano” agrega. Pocho González: “Te dicen que te dan una casita, te mandan al basural de Quimilí o al Colorado, a villas. Y al rato los que llegan tienen que buscar a políticos para que les den una cajita de comida. ¿Por qué tenemos que terminar en eso si somos sanos y queremos trabajar?”
Adolfo: “Le dicen a la gente ‘vas a tener luz y televisión’. Los que aceptan irse del campo terminan haciendo changas, las mujeres trabajando como domésticas, y hasta les pasa que si les dieron alguna casita, después se las sacan de nuevo. ¿A quién van a reclamarle si no tienen ni un papel?”
La defensa de la tierra y el trabajo, la organización, la capacitación, todo da la imagen de una lucha concreta por el poder. Deo: “Pero lo que queremos es hacer un modelo que no esté subordinado al imperio. Entonces nuestra discusión es: ¿dónde se hace esa transformación? ¿En el lugar de gobierno, o aquí, desde abajo? Nosotros creemos que desde abajo, tanto en el campo como en la ciudad, uno debe forzar esos cambios sin estar allá, sin buscar un cargo. Encarar y gestionar microemprendimientos, gestionar trabajo, generar igualdad para hombres y mujeres. Que te animes vos mismo sin que te estén diciendo lo que tenés que hacer. Eso es el poder”. Para estos campesinos el poder es una capacidad de acción, un verbo. Y no un sillón.
Todo lo que desaparece
El modelo sojero es un modelo de la desaparición. Algunas tendencia.
Desaparecieron unas 300.000 familias, expulsadas del campo por las plantaciones.
Desaparece el trabajo, y la posibilidad de vida digna de esas personas empujadas quién sabe a dónde.
Desaparece el bosque natural, a un promedio equivalente a media Capital Federal por día. “Ni siquiera talan árboles ni rescatan la madera para venderla, para hacer más rápido queman todo y empiezan a sembrar” explican en el Mocase.
Desaparecen los animales: matacos, chancho del monte, pichi, peludo, aguasuncha (una cabra salvaje), charata, perdiz, paloma, oso hormiguero… una fauna completa.
Desaparece la flora de la zona, arrasada por el océano de soja. Ya había desaparecido buena parte del quebracho colorado por La Forestal, el blanco por la soja, y lo que queda se lo come la langosta que se ha quedado sin monte.
Desapareció el algodón, y cultivos como sandía, zapallo, maíz (aunque ya hay uno transgénico), batata, toda clase de verduras, frutas y hortalizas. La palabra monocultivo tiene un significado, que los consumidores verifican por escasez o por precio en los supermercados.
Desaparece la cría de ganado (vacas, cerdos, cabras, yeguarizos) y desaparecen los pastizales donde criarlos.
Desaparecen también las pequeñas huertas, efecto de los agrotóxicos. El glifosfato marca Roundup de Monsanto y el no permitido 2, 4-D matan las malezas y toda otra producción. Los propios campesinos del Mocase han dejado de plantar porque los aviones fumigan esparciendo el veneno en 5 kilómetros a la redonda. Los árboles que quedan, como el algarrobo, se van quemando al revés, de arriba hacia abajo, a medida que les llueve el herbicida.
Desaparece el agua, la poca que hay, que tiende a contaminarse en los pozos abiertos, o filtrada por la tierra. Desaparecen los nutrientes de la tierra por valores que costarían millones de dólares reponer (aunque lo que nadie sabe es: ¿cuál terminará siendo el valor del agua en este extraño planeta?).
Desaparece la diversidad.
Desaparece el equilibrio ecológico y climático.
Desaparecen estilos de vida, valores y modos de producción comunitarios. Desaparecen derechos, y la tendencia incluye la noción de futuro.
Desaparecen los paraísos. No se trata de una metáfora, sino de los paraísos, esos árboles bellos que no mueren de pie, sino que uno ve caídos de a miles, secos por el veneno, en los montes que aún no han sido quemados.
Hecha la enumeración, en el Mocase me dicen: “No hay que ser pesimistas”.
Grondona, Neustadt y la libertad
Oscar Donnoli ya lleva en el alma ese estilo campesino que mezcla una alegría y una serenidad que generan admiración (por no decir envidia). Junto al fuego, noche de frío, se entusiasma cuando oye hablar de cooperativas periodísticas. “¡Formas nuevas de trabajar! ¡Qué hermoso!” Tenía una pequeña empresa de ropa para chicos en San Fernando. “Me agarró la invasión de importación en la época de Menem, en los 90, y me fundí. Yo te confieso que miraba en televisión los programas de (Mariano) Grondona y (Bernardo) Neustadt. Hablaban de las privatizaciones, abrir la economía, el liberalismo, la eficiencia”. Está iluminado por las llamas, frotándose las manos: “Uno es tonto. Cree lo que le dicen. Pensaba que tenían razón. Cuánto mal le hicieron al país. Yo aprendí que no hay que tragarse lo que te dicen. Hay que pensar, y aprender a ser más crítico ¿no?”. Su mujer era santiagueña, y Oscar había visitado Quimilí. Con unos ahorros compró un campito, pero lo estafaron (lo volvieron a estafar). Conoció el Mocase, algo empezó a entusiasmarlo de ese tipo de vida. Ahora vive solo, y a la vez en comunidad. Se ríe: “Mi mujer fue la que se quedó en la ciudad, todo al revés”.
Oscar descubrió algo inesperado: “La única forma que conozco de libertad plena, es siendo campesino. No trabajás para nadie, salvo para vos y la comunidad. No tenés toda esa locura y esa mentira de la vida en la ciudad: los impuestos, los alquileres, qué sé yo… para mi es un alivio. Trabajás mucho, pero es otro tipo de vida, muy hermoso. Y estamos organizados” dice comiendo tortilla de parrilla. “Sí, es la libertad”.
Como está más crítico, cuestiona discursos: “La presidenta dice que hay que distribuir la riqueza. ¿Qué mayor riqueza que la tierra? Lo que pasa es que para nosotros no tiene precio, no es una mercancía. Por eso lo que hay que cambiar el sistema. Para que uno pueda tener su forma de producción, de asistencia técnica, de comercialización. Con Leticia, con la comunidad, decimos que estamos haciendo una reforma agraria. ¿Sabés por qué? Porque podemos trabajar, producir, vivir como queremos. Para mí, qué querés que te diga: es como otra forma de hacer política. ¿Cómo voy a ser pesimista?”.
Strapazzón tampoco cree en los apocalipsis. Mientras cuenta un plan que busca revertir la tendencia a la despoblación del campo, llevando familias del conurbano a las comunidades, dice que apuesta a la historia humana. Como les pasa a los campesinos con los paramilitares, quizás convenga aprender que sembrando ingenio, solidaridad, comunicación, coraje y trabajo, se pueden ahuyentar todas las pestes. Dicen, en el Lote 38, que eso es la libertad.
Publicada en Mu, mayo de 2008

Temas:agronegocios medio ambiente Mocase soja

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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hace 3 días

24/09/2023

Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Nota

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

Publicada

hace 5 días

22/09/2023

Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.

Cumple un mes en Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz y el gobierno crea una comisión investigadora por los abusos en Jujuy

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.

b) Atentados contra la vida y la integridad física.

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;

5–allanamientos sin órdenes judiciales;

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.

Malón de la Paz: reunión con Alberto Fernández, silencio de la clase política y judicial

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.

Y concluye:

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Nota

Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

Publicada

hace 1 semana

19/09/2023

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

Mu 157: la máquina femicida

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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