En el marco del seminario Protesta social y libertad de expresión, organizado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich, habló con lavaca y destacó la importancia de entender a la protesta social como ejercicio de la libertad de expresión: «Siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social».

Desde hace años lavaca propugna este enfoque frente al que priorizan Estado, justicia y medios comerciales y cuyas graves consecuencias se castigan con largos procesos penales. Hablamos de la «criminalización de la protesta» y sus efectos sociales. Alerta Abramovich:»Cambiar este enfoque implica otorgar una protección fuerte porque el principio de libertad de expresión es uno de los derechos con mayor protección dentro de la órbita del sistema. La consecuencia directa es que sus limitaciones van a implicar siempre restricciones a un derecho fuerte y estarán bajo un examen de razonabilidad estricta».
Según por qué se proteste
En el marco del seminario, Abramovich centró su exposición en los aspectos técnico-legales que moldean a las protestas y definen sus alcances. Luego tomó la palabra Bernard Duhaime, investigador visitante de Harvard y profesor de Derecho en la Universidad de Québec. El canadiense expuso el caso de la represión a quienes se manifestaban en contra de la globalización a puertas de una reunión del G-20, en Toronto, en junio de 2010. Luego habló el periodista venezolano Andrés Canizalez, quien destacó un crecimiento sostenido en las protestas en ese país: la democracia venezolana, mal que bien, se discute en la calle.
Abramovich repasó algunos principios que dan marco al debate nacional sobre las protestas sociales, tanto legislativo como a nivel de la administración pública y judicial:
«Las restricciones no deben estar vinculadas al contenido de la protesta» sintetizó. Al ser consultado por lavaca, Abramovich reconoció que en la práctica no se respeta este principio sugerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que formó parte: «Muchas veces el Estado baja una serie de políticas fuertes para limitar las protestas sociales, pero otras veces esas restricciones actúan por impulso de sectores del Poder Judicial. En general, son los sectores más conservadores los que avanzan contra este derecho. Los casos de protesta social se tipifican como delitos de ´entorpecimiento de la vía pública´ o ´privación ilegítima de la libertad´ si están bloqueando algún edificio, pero en realidad estas caracterizaciones penales están atadas al contenido de la manifestación».
El Sistema Interamericano no tiene todavía estándares claros sobre cómo actuar en estos casos. Sí ha planteado una serie de recomendaciones que permiten guiar la interpretación de la aplicación de figuras penales. La primera: que cualquier penalización implica una restricción a la libertad de expresión y por eso debe estar ajustada a esos estándares básicos que resguarden ese derecho. Amplía Abramovich: «Hay cuestiones concretas que tienen que ver con que las figuras penales no deben aplicarse sobre delitos de peligro abstracto, sino que tiene que haber elementos de suficiente gravedad como para justificar la acción del Estado».
Según quién proteste
En noviembre del 2003 fue el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien proclamó que la protesta social se iba a limitar «con el Código Penal en la mano». Dice Abramovich: «¿Cuáles son las figuras de esos delitos? Entorpecimiento de la vía pública, rebelión, privación de la libertad, incluso delitos de asociación ilícita. Es decir, figuras penales interpretadas de manera amplia y que permiten mantener a dirigentes bajo procesos judiciales». Y si bien son pocos los casos en que la condena finalmente prospera, es el propio proceso judicial el que representa en sí mismo una penalización y se utiliza para amedrentar o disuadir determinadas luchas sociales. Abramovich se pregunta entonces: «¿Hay grupos o colectivos que están en desventaja en el ejercicio de estos derechos?»
Así inauguró otro de los puntos sobresalientes en su exposición: la relación entre libertad de expresión e igualdad. Su tesis: «En el sistema hay una transformación de esa noción de igualdad formal a otra de igualdad estructural. Ciertos grupos o colectivos, que están en desventaja en el ejercicio de ciertos derechos, demandan al Estado un trato diferenciado que de cuenta de esa desigualdad de poder, que es estructural. No quieren un trato neutral como los otros. El rol del Estado no debe ser tolerar, sino el de jugar un rol que asegure la expresión, la participación, el acceso a esa esfera pública-política. La manera de canalizar estos reclamos por las vías del Estado tiene que ser facilitada, y no imponer sanciones o restringir formas de protesta».
El caso de Iatama contra Nicargua se viste de ejemplo en este sentido: hace algunos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó la necesidad de que el Estado adecuara su sistema electoral para permitir formas de participación política de los pueblos originarios, limitados por su tradición cultural. Remata Abramovich: «Este es un precedente para repensar el hecho de protesta y manifestación».
La verdadera seguridad ciudadana
El marco que Abramovich traza no es de ningún modo utópico: así lo establecen las normas internacionales en documentos, cartas, recomendaciones y sanciones. Incluso los Estados nacionales y sus estándares legales sobre las manifestaciones contradicen lo que en la práctica termina sucediendo: descontrol de la protesta, represión, detenciones, uso de municiones no autorizadas, procesos judiciales. En dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de 2006 y otro reciente sobre Seguridad Ciudadana, se enumeran una serie de lineamientos para las agencias de control operativas del orden público. Abramovich cita estos seis:

• Prohibición del uso de la fuerza letal en los operativos de control de orden público. Explica Abramovich: «Esto abre una discusión de límites. Si deben también llevar palos o escopetas de balas de goma, gases, o si quedan a merced de la violencia de los manifestantes. Hubo un ministro argentino que decía que la policía reaccionaba-funcionaba según instintos binarios: que actuaba o esperaba, pero no podía graduar su actuar. Estas medidas intentan eso: capacidad de graduar el uso de la fuerza, marca los límites y la protección de derechos».
• Sistema de registro y control de las municiones que se utilizan. «Los casos de violencia en 2010, donde la Policía Federal argumenta que un policía se ´confundió´ munición de plomo con goma se evitarían con este tipo de registros. Es algo que se vio el 20 de diciembre, en el caso de Puente Pueyrredón. Este procedimiento se utiliza en varios países del mundo: quien usa arma debe llevar una constancia de qué tipo de municiones se le entrega».
• Registro de comunicaciones, órdenes operativas y sus responsables ejecutores. «El registro de órdenes radiales fue un tema central en la ejecución de Mariano Ferreyra, por ejemplo: cuando el fiscal va a pedir copia de las comunicaciones telefónicas, un sector de la policía les da todas, menos precisamente las que correspondían al momento del disparo de la UOCRA, que venía persiguiendo a Ferreyra. El registro sirve, entonces, para identificar las órdenes operativas y poder dilucidar a los responsables políticos. Todo el debate sobre autoría, sobre quién dio las órdenes, tiene siempre que ver con la dificultad de identificar las órdenes. Claro, las comunicaciones se pueden borrar, pero si la policía entrega un informe completo y falta justo el del momento del disparo, bueno, eso genera una presunción en contra del actuar policial».
• Identificación de personal policial. «El personal designado debe estar identificado, para evitar personal de civil. También para identificar responsabilidades ulteriores de lo que se hace en el marco del operativo».
• Creación de espacios de comunicación y de diálogo entre los manifestantes y los funcionarios a cargo del control de los operativos, y la designación de enlaces políticos. «Tiene que haber funcionarios con celulares abiertos durante la protesta, y que incluso antes pudieran hablar, negociar, gestionar el conflicto».
• Controles posteriores y sanciones administrativas. «Los procedimientos de sanciones disciplinarias deben ser abiertos, con participación de las víctimas, que deriven en la separación de funcionaros sospechados de otras protestas sociales, tener un sistema de seguimiento de quienes actúan violentamente para evitar la reproducción de la violencia».

Este marco ideal, asegura Abramovich, debe trabajarse ya para comenzar a lograr efectos a largo plazo, adecuando las legislaciones y, en especial, el Código Contravencional a estos lineamientos. Y las prácticas. La gran deuda pendiente, según su opinión, es la graduación entre un sistema y el otro. «Sé que no puede pedírsele a la policía una protección materna de las protestas. A los policías uno los prende o los apaga, pero no los puede graduar». Al decir de este especialista, su capacidad de intervención debe estar regida tanto por la limitación (siempre controlada y adaptada), pero también por la protección de los manifestantes y su protesta. Otra propuesta para garantizar este derecho: que se cuide el acceso a la información, a la actividad de los periodistas, que se difunda el dispositivo de seguridad que va a implementarse, así como sus responsables operativos y políticos. Todos estos son principios recomendados por la ONU, la CIDH y otras organizaciones no gubernamentales para moldear un protocolo de actuación policial, hasta ahora orientado a la criminalización de la protesta.