Nota
La protesta social como libertad de expresión: la mirada de un experto
En el marco del seminario Protesta social y libertad de expresión, organizado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich, habló con lavaca y destacó la importancia de entender a la protesta social como ejercicio de la libertad de expresión: «Siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social».
Desde hace años lavaca propugna este enfoque frente al que priorizan Estado, justicia y medios comerciales y cuyas graves consecuencias se castigan con largos procesos penales. Hablamos de la «criminalización de la protesta» y sus efectos sociales. Alerta Abramovich:»Cambiar este enfoque implica otorgar una protección fuerte porque el principio de libertad de expresión es uno de los derechos con mayor protección dentro de la órbita del sistema. La consecuencia directa es que sus limitaciones van a implicar siempre restricciones a un derecho fuerte y estarán bajo un examen de razonabilidad estricta».
Según por qué se proteste
En el marco del seminario, Abramovich centró su exposición en los aspectos técnico-legales que moldean a las protestas y definen sus alcances. Luego tomó la palabra Bernard Duhaime, investigador visitante de Harvard y profesor de Derecho en la Universidad de Québec. El canadiense expuso el caso de la represión a quienes se manifestaban en contra de la globalización a puertas de una reunión del G-20, en Toronto, en junio de 2010. Luego habló el periodista venezolano Andrés Canizalez, quien destacó un crecimiento sostenido en las protestas en ese país: la democracia venezolana, mal que bien, se discute en la calle.
Abramovich repasó algunos principios que dan marco al debate nacional sobre las protestas sociales, tanto legislativo como a nivel de la administración pública y judicial:
«Las restricciones no deben estar vinculadas al contenido de la protesta» sintetizó. Al ser consultado por lavaca, Abramovich reconoció que en la práctica no se respeta este principio sugerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que formó parte: «Muchas veces el Estado baja una serie de políticas fuertes para limitar las protestas sociales, pero otras veces esas restricciones actúan por impulso de sectores del Poder Judicial. En general, son los sectores más conservadores los que avanzan contra este derecho. Los casos de protesta social se tipifican como delitos de ´entorpecimiento de la vía pública´ o ´privación ilegítima de la libertad´ si están bloqueando algún edificio, pero en realidad estas caracterizaciones penales están atadas al contenido de la manifestación».
El Sistema Interamericano no tiene todavía estándares claros sobre cómo actuar en estos casos. Sí ha planteado una serie de recomendaciones que permiten guiar la interpretación de la aplicación de figuras penales. La primera: que cualquier penalización implica una restricción a la libertad de expresión y por eso debe estar ajustada a esos estándares básicos que resguarden ese derecho. Amplía Abramovich: «Hay cuestiones concretas que tienen que ver con que las figuras penales no deben aplicarse sobre delitos de peligro abstracto, sino que tiene que haber elementos de suficiente gravedad como para justificar la acción del Estado».
Según quién proteste
En noviembre del 2003 fue el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien proclamó que la protesta social se iba a limitar «con el Código Penal en la mano». Dice Abramovich: «¿Cuáles son las figuras de esos delitos? Entorpecimiento de la vía pública, rebelión, privación de la libertad, incluso delitos de asociación ilícita. Es decir, figuras penales interpretadas de manera amplia y que permiten mantener a dirigentes bajo procesos judiciales». Y si bien son pocos los casos en que la condena finalmente prospera, es el propio proceso judicial el que representa en sí mismo una penalización y se utiliza para amedrentar o disuadir determinadas luchas sociales. Abramovich se pregunta entonces: «¿Hay grupos o colectivos que están en desventaja en el ejercicio de estos derechos?»
Así inauguró otro de los puntos sobresalientes en su exposición: la relación entre libertad de expresión e igualdad. Su tesis: «En el sistema hay una transformación de esa noción de igualdad formal a otra de igualdad estructural. Ciertos grupos o colectivos, que están en desventaja en el ejercicio de ciertos derechos, demandan al Estado un trato diferenciado que de cuenta de esa desigualdad de poder, que es estructural. No quieren un trato neutral como los otros. El rol del Estado no debe ser tolerar, sino el de jugar un rol que asegure la expresión, la participación, el acceso a esa esfera pública-política. La manera de canalizar estos reclamos por las vías del Estado tiene que ser facilitada, y no imponer sanciones o restringir formas de protesta».
El caso de Iatama contra Nicargua se viste de ejemplo en este sentido: hace algunos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó la necesidad de que el Estado adecuara su sistema electoral para permitir formas de participación política de los pueblos originarios, limitados por su tradición cultural. Remata Abramovich: «Este es un precedente para repensar el hecho de protesta y manifestación».
La verdadera seguridad ciudadana
El marco que Abramovich traza no es de ningún modo utópico: así lo establecen las normas internacionales en documentos, cartas, recomendaciones y sanciones. Incluso los Estados nacionales y sus estándares legales sobre las manifestaciones contradicen lo que en la práctica termina sucediendo: descontrol de la protesta, represión, detenciones, uso de municiones no autorizadas, procesos judiciales. En dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de 2006 y otro reciente sobre Seguridad Ciudadana, se enumeran una serie de lineamientos para las agencias de control operativas del orden público. Abramovich cita estos seis:
- Prohibición del uso de la fuerza letal en los operativos de control de orden público. Explica Abramovich: «Esto abre una discusión de límites. Si deben también llevar palos o escopetas de balas de goma, gases, o si quedan a merced de la violencia de los manifestantes. Hubo un ministro argentino que decía que la policía reaccionaba-funcionaba según instintos binarios: que actuaba o esperaba, pero no podía graduar su actuar. Estas medidas intentan eso: capacidad de graduar el uso de la fuerza, marca los límites y la protección de derechos».
- Sistema de registro y control de las municiones que se utilizan. «Los casos de violencia en 2010, donde la Policía Federal argumenta que un policía se ´confundió´ munición de plomo con goma se evitarían con este tipo de registros. Es algo que se vio el 20 de diciembre, en el caso de Puente Pueyrredón. Este procedimiento se utiliza en varios países del mundo: quien usa arma debe llevar una constancia de qué tipo de municiones se le entrega».
- Registro de comunicaciones, órdenes operativas y sus responsables ejecutores. «El registro de órdenes radiales fue un tema central en la ejecución de Mariano Ferreyra, por ejemplo: cuando el fiscal va a pedir copia de las comunicaciones telefónicas, un sector de la policía les da todas, menos precisamente las que correspondían al momento del disparo de la UOCRA, que venía persiguiendo a Ferreyra. El registro sirve, entonces, para identificar las órdenes operativas y poder dilucidar a los responsables políticos. Todo el debate sobre autoría, sobre quién dio las órdenes, tiene siempre que ver con la dificultad de identificar las órdenes. Claro, las comunicaciones se pueden borrar, pero si la policía entrega un informe completo y falta justo el del momento del disparo, bueno, eso genera una presunción en contra del actuar policial».
- Identificación de personal policial. «El personal designado debe estar identificado, para evitar personal de civil. También para identificar responsabilidades ulteriores de lo que se hace en el marco del operativo».
- Creación de espacios de comunicación y de diálogo entre los manifestantes y los funcionarios a cargo del control de los operativos, y la designación de enlaces políticos. «Tiene que haber funcionarios con celulares abiertos durante la protesta, y que incluso antes pudieran hablar, negociar, gestionar el conflicto».
- Controles posteriores y sanciones administrativas. «Los procedimientos de sanciones disciplinarias deben ser abiertos, con participación de las víctimas, que deriven en la separación de funcionaros sospechados de otras protestas sociales, tener un sistema de seguimiento de quienes actúan violentamente para evitar la reproducción de la violencia».
Este marco ideal, asegura Abramovich, debe trabajarse ya para comenzar a lograr efectos a largo plazo, adecuando las legislaciones y, en especial, el Código Contravencional a estos lineamientos. Y las prácticas. La gran deuda pendiente, según su opinión, es la graduación entre un sistema y el otro. «Sé que no puede pedírsele a la policía una protección materna de las protestas. A los policías uno los prende o los apaga, pero no los puede graduar». Al decir de este especialista, su capacidad de intervención debe estar regida tanto por la limitación (siempre controlada y adaptada), pero también por la protección de los manifestantes y su protesta. Otra propuesta para garantizar este derecho: que se cuide el acceso a la información, a la actividad de los periodistas, que se difunda el dispositivo de seguridad que va a implementarse, así como sus responsables operativos y políticos. Todos estos son principios recomendados por la ONU, la CIDH y otras organizaciones no gubernamentales para moldear un protocolo de actuación policial, hasta ahora orientado a la criminalización de la protesta.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
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