Leyes de expropiación vencidas; el Estado como principal acreedor; salvataje a empresas privadas, pero ningún régimen para cooperativas. Las fábricas recuperadas impulsan una ley que regule su funcionamiento y ratifique el uso en “comodato” de plantas que de otro modo seguirían vaciadas. La contrapartida: generar y sostener trabajo y cultura, y que se reconozca la recuperación de unidades productivas que los empresarios destruyeron o abandonaron. Por Lucas Pedulla.

Había una vez una empresa en la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja, que producía 8.000 pares diarios de calzado con una planta productiva de 430 empleados.

Se llamaba Gatic.

En 2004 sus patrones declararon la quiebra; sus trabajadorxs, la ocuparon; sus pieles soportaron balazos y sus cuerpos, detenciones.

Empezaron a producir de un nuevo modo, desconocido, que les permitía recuperar su puesto de trabajo, bajo una lógica distinta y autogestiva: nacía la Cooperativa de Trabajo Chamical Limitada.

El juez de la quiebra les dio la tenencia de la fábrica en 2006 y en diciembre de ese año la Legislatura provincial sancionó una Ley de Expropiación para que el inmueble quede definitivamente en manos de sus trabajadorxs. Pero hay un tema: para que se concrete, el Estado debe pagar. “Nunca pagó”, dice Ana Corzo, presidenta de la cooperativa. Un segundo tema: las leyes vencían cada dos años, lo que obligaba a lxs trabajadorxs a caminar despachos legislativos para buscar renovarla. Para colmo, explica Ana, un tercer factor: ahora el período es tan sólo de un año. “En diciembre de 2022 salió la renovación que vence en diciembre de 2023 -cuenta Ana-. Trabajar en estas condiciones es inseguro, porque no termina de ser nuestro. Lo sentimos nuestro, pero legalmente no nos pertenece.

Queremos gestionar cambiar el techo porque es imposible trabajar cuando llueve pero para eso necesitamos un respaldo que diga que el edificio es nuestro”.

Quiebra. Balazos. Detenciones.

Ahora, lo jurídico.

Por eso, las cosas que hay que hacer para trabajar implica, también, crear lo que no existe.

Por ejemplo, una ley.

Lo urgente y lo factible

Hay una noticia que dimos en lavaca.org en mayo del 2022 y hoy sigue exactamente igual: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentó una Ley de Recuperación de Unidades Productivas para crear un régimen jurídico que facilite los procesos de recuperación de empresas, para evitar los laberintos como los que debe sortear la Cooperativa Chamical. El día de la presentación puede verse en el tercer capítulo de Las cosas que hay que hacer para trabajar, la serie que produjo lavaca sobre el mundo del trabajo sin patrón. El diputado nacional que presentó el proyecto es Leonardo Grosso: reconoció que el tema interesa “poco” en la cámara, y que sus colegas tienen una “ceguera epistémica” respecto a lo que implica el universo cooperativo. “Estamos acá para decirles que nos comprometemos”, sostuvo la entonces diputada Victoria Tolosa Paz, hoy ministra de Desarrollo Social de la Nación, pero la ley nunca se trató en comisiones.

Por este año estanco, y desde un antecedente incómodo (el proyecto ya perdió estado parlamentario en 2020), este 2023 las empresas convocaron a una jornada debate en la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Llavallol (ex Canale, ver MU 173) para instalar el tema otra vez en agenda. Participaron los diputados Daniel Arroyo y Juan Marino, y la diputada María Rosa Martínez. Arroyo planteó la estrategia de sintetizar las cuatro comisiones en las que está el proyecto (Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Cooperativos, y Presupuesto y Hacienda: ninguno de sus presidentes es firmante) en una sola para agilizar el dictamen en marzo. MU se acercó al diputado Arroyo.

Diputado, ¿por qué no salió la ley?
Primero, no ha habido sesiones hasta acá. En diciembre se plantearon tres sesiones que no tuvieron quórum. Tampoco pudo haber sesión en las extraordinarias que llamó el Presidente. De hecho no salió una ley muy urgente como la Moratoria Previsional. Yo aspiro a que esta ley, la de Recuperación de Unidades Productivas, salga. Para que salga necesitamos, además, participación comunitaria, no es solo un tema de diputados que estemos de acuerdo.
¿Y a nivel de comisiones qué se necesita?
La ley está en cuatro comisiones. Yo estoy en tres (en la página web de Diputados figura en dos). Lo que planteamos es hacer lo que se llama una reunión conjunta de comisiones. Esto es que, en marzo, las cuatro comisiones lo aprueben, vaya al recinto y lo podamos aprobar cuanto antes. Ese es el objetivo.
¿Lo ve factible?
El Congreso es así: nosotros somos el Frente de Todos, tenemos 118 diputados; hay 116 de Juntos por el Cambio; y hay otro conjunto de diputados de los bloques del medio. Muchos de ellos, sobre todo el socialismo, están de acuerdo con esta ley. Yo lo veo factible.

Al diputado lo escucha Jorge “Fito” Páez, 55 años, presidente de la Cooperativa de Trabajo Sidney. Es la primera vez que viaja de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez al conurbano bonaerense para participar de una actividad del movimiento: con otros 14 compañeros recuperaron una empresa procesadora de agua y embotelladora, también, de soda y gaseosas. “En 15 días le tuvimos que explicar al juez de la quiebra la necesidad extrema de seguir trabajando: le pedí que nos dé una oportunidad, y si no funcionaba, nos íbamos a casa”, cuenta. Ya van dos años: “Empezamos a trabajar sin dinero, con deudas, vehículos rotos, pero hoy económica y comercialmente estamos bien”.

La ley le genera ilusión: “El primer acreedor de la quiebra es AFIP, el segundo es EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba). O sea, el Estado. Pero, en el fondo, estamos metidos en el medio de un negocio inmobiliario que molesta mucho. Lo que haría la ley es cobijarnos para evitar el atropello que tenemos permanentemente.

Podríamos dedicar nuestro tiempo al crecimiento en producción, y no a esto que te quita energía. Imaginate: de la cooperativa dependen, además, otras 60 familias entre distribuidores y repartidores de pueblitos de la zona. Por eso pedimos que esta ley salga lo antes posible”.

Propiedad social

El proyecto tiene 15 artículos. El primero plantea:

“Toda unidad productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”.

Prevé la creación de un fondo fiduciario para pagar el monto de la indemnización con partidas previstas en la Ley de Presupuesto, y dispone que el Estado, sus organismos descentralizados y lxs trabajadorxs puedan compensar sus créditos para que ese pago se efectivice. El Estado, por ser uno de los principales acreedores en las estafas patronales. Lxs trabajadorxs, por ser los principales afectadxs en sus créditos laborales. “A mí la empresa me quedó debiendo 160 mil pesos en momentos del 1 a 1, o sea: 160 mil dólares -ejemplifica Gustavo Ojeda, trabajador de Gráfica Patricios, recuperada en 2003-. Una verdadera locura”. Ojeda es sólo uno de los 15 mil trabajadorxs recuperados en todo el país.

Otra es Gisela Bustos, de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, en el partido bonaerense de San Martín, abogada que acompaña muchos de estos laberintos en juzgados aún más laberínticos e intrincados: “No se trata de una expropiación aislada: la ley generaría un régimen especial para las empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores. Muchos dicen que los trabajadores quieren la propiedad privada para hacer con eso lo que sea. No. En general, el Estado es uno de los principales acreedores en una quiebra, y esos créditos nunca los cobra: es un fondo perdido. Lo que decimos es que compense esos créditos para hacerse de la propiedad del inmueble, y cederlo en comodato a la cooperativa, en tanto siga con su objeto social y productivo”.

Qué significa la cesión en comodato: “El derecho a dominio, lo que conocemos coloquialmente como ‘propiedad’. El dominio de ese inmueble no pasaría del empresario a la cooperativa de trabajo, sino que pasa al Estado, que le cede el uso a la cooperativa en tanto continúe con los fines cooperativos de sostenimiento de las fuentes de trabajo. Además, plantea que los espacios que no utiliza para la cuestión productiva tiene que abrirlos para actividades socialmente relevantes: escuelas, bachilleratos, bibliotecas, espacios de cuidado”. Esto ya está sucediendo en muchas: en Gráfica Patricios, por ejemplo, funciona una escuela, una salita de salud y una radio comunitaria. En IMPA, un canal comunitario, una radio, un teatro y un bachillerato popular.

¿Esa cesión podría cortarse por una decisión del gobierno de turno? “Justamente no, porque hay un marco normativo. Hay un articulado. Para incumplirla, tendría que derogarla. Precisamente planteamos avanzar sobre la concepción del derecho: en nuestro país tenemos propiedad privada y propiedad del Estado. Lo que planteamos es un vector en el medio, que es una propiedad social. El espíritu de la ley es ese. Porque si nuestra propuesta fuera pasar del empresario a la cooperativa, quién te dice que la cooperativa cierra, vende el inmueble y se reparte la plata. Acá cambia el concepto”.

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