¿Qué tienen en común el DNU. la ley Ómnibus, Federico Sturzenegger y Santiago Caputo? Los errores formales y los informales, la confusión y el permanente cambio de interlocutores oficiales en temas centrales para la opinión pública. Cómo sigue el trámite parlamentario en medio del humo.

Texto: Sergio Ciancaglini.

Durante tres jornadas de las últimas semanas se presentaron en Diputados 211 organizaciones de la sociedad civil –de todo tipo y de todo el país– planteando  por abrumadora mayoría sus reparos y desesperaciones frente al proyecto de Ley Ómnibus “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Pero técnicamente todo eso fue un show, nulo desde el punto de vista legal, por un detalle: en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, el gobierno no había incluido el tratamiento de esa ley.

Traducción: los diputados no estaban habilitados para discutir nada de eso y las 211 organizaciones que intentaron apretar en 7 minutos sus respectivos argumentos hicieron un esfuerzo destinado a la nada misma. Cualquier cosa que se hubiese votado (si se hubiese votado) era nula, siendo que se trata de una ley que puede derrumbar hacia zonas entre inciertas y dramáticas la vida de millones de personas. El parche al problema apareció mucho después, cuando el gobierno se vio obligado a ampliar el llamado a extraordinarias, y no le quedó otra opción, allí sí, de incluir esa Ley cuyo destino se está negociando en estas horas de manera igualmente confusa.  

Es solo un ejemplo de cosas que parecen ser de un modo y son de otro.

Pueden sumarse la invalidez del DNU 70/23 (que está vigente, pese a que no pasó por ninguna de las exigencias de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549); la inexistencia de Federico Sturzenegger en el gobierno, aunque coordinó la elaboración de la Ley Ómnibus y participó en la cadena nacional de anuncio del DNU; la inexistencia formal también del “asesor” Santiago Caputo, que fue el principal vocero oficial en las negociaciones de la Ley Ómnibus con la oposición; la inexistencia de la Comisión Bicameral que debería tratar el DNU.

A eso se agregan la hiperactividad y banalidades presidenciales en las redes en medio de una crisis inédita; los insultos a periodistas (mujeres sobre todo); los datos imaginarios sobre inflación, historia, economía y tantos otros temas; las polémicas con actores muertos; los debates e imágenes sobre el supuesto tamaño de los pies presidenciales; el discurso de Davos; los saludos a la nada desde el balcón de la Rosada; la mutación de personajes “terroristas tirabombas en jardines de infantes” en ministras de Seguridad, o de los que “se fumaron 45.000 millones de dólares” en ministros de Economía; y lo que cada quien quisiera enlazar a un hilo de datos que tiende al lema Buzz Lightyear: al infinito y más allá.

Esto genera un estado de confusión que hace dudar tanto a quienes suponen que se trata de errores o excesos, como a quienes calculan que es un plan sistemático, armas de distracción masiva, o una estrategia destinada a que nadie sepa qué es lo que ocurre y qué es lo que no.

La periodista Claudia Acuña ha planteado que todo esto podría definirse, a tono con estos tiempos, como una política cosplayer. Define Wikipedia: “El cosplay –contracción  de costume play («interpretar disfrazado»),- es una actividad representativa, en la cual los participantes –también llamados cosplayers– usan accesorios y trajes que representan un personaje específico». La política también es una actividad representativa. Lilia Lemoine, cosplayer e integrante de las comisiones que discuten la Ley Ómnibus, en algún momento declaró: “Estoy disfrazada de diputada”.

Lilia Lemoine, diputada cosplayer.

Otro caso es el de Fátima Flores, que se disfraza e imita muy bien a Cristina Kirchner, y ahora ocupa el rol de novia del Presidente. El enigma queda abierto: ¿cuántos y cuáles de estos disfraces y estas confusiones están signando la actualidad en términos políticos?

Uno de los mentores libertarios, Gastón Alberdi (descendiente del prócer Juan Bautista) declaró esta semana al periodista Rolando Graña: “La que gobierna es Karina. Milei no tiene voluntad, es un instrumento de Karina Milei, Y Karina Milei es una empleada de los grupos de poder, los contratistas del Estado”. Insinuó como parte de esos grupos Eduardo Eurnekian sin mencionarlo, pero nombró a Eduardo Elsztain, a Gerardo Werthein y agregó: “Milei es un actor. Acordate del Maipo (donde actuaba). No es un político. Él interpreta y lleva a cabo las políticas que le dicen los grupos de poder”. El actual presidente se presentaba además disfrazado como el Capitán Ancap (anarco capitalista) junto a Lemoine, como puede verse en la foto de portada.

Sobre el rol de su hermana el propio Milei, además de llamarla El Jefe, la ha comparado con Moisés. “Un gran líder. Esa es la realidad: Kari es Moisés y yo soy Aarón, un divulgador”.

Javier y Karina Milei.

La ley y las trampas

La Ley Ómnibus obliga a las comisiones de diputados a una discusión en la que se mezclan salud pública, pesca, educación, retenciones, cine, justicia, jubilaciones, privatizaciones indiscriminadas, seguridad, ciencia, teatro, discriminación, exportaciones e importaciones, bibliotecas populares, economías regionales, alquileres, música, despachos de aduana, blanqueos y cientos de cuestiones más a discutir en bloque. Punto central: el reclamo del Poder Ejecutivo de contar con facultades legislativas por dos años, que el propio gobierno podría prorrogar por todo el mandato. El Congreso, de aprobar esto, convalidaría quedar disfrazado de potus.

El gobierno se vio obligado a negociar con los mismos diputados dialoguistas a los que el Presidente venia calificando como “corruptos”, “coimeros”, “idiotas útiles” y, en las últimas horas, como defensores de “tongos”. Las negociaciones con el radicalismo, el PRO y los otros bloques llevaron a que el oficialismo empiece el toma y daca definido en un borrador el viernes pasado de este modo: “bajar/adaptar más de 100 artículos”. ¿Cuántos más, cuáles serían?

Se sabe que la oposición dialoguista cuestiona centralmente el tema de la motosierra aplicada a las jubilaciones y no a la casta, y las retenciones a las exportaciones de las economías regionales que provocó la rebelión de varios gobernadores, empezando por los de Córdoba y Santa Fe.  

Baja Menem, sube Espert

Pero todo esto se cambió. Se suponía que las negociaciones eran conducidas por Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados y creador de Gentech, empresa de suplementos comestibles energéticos que factura 116 millones de dólares, según la revista Forbes). El jueves pasado entró en escena Santiago Caputo (siempre sin cargo) llevando la voz oficial junto al ministro del Interior enmudecido Guillermo Francos. Este lunes el propio Milei destronó a Menem como interlocutor ante los dialoguistas, dándole ese rol al diputado y panelista televisivo José Luis Espert. Milei, aparentemente, habría sido presa de un brote antimenemista Jr. A Espert, un  libertario bis –que no está en La Libertad Avanza sino en Avanza Libertad– le tocó el rol de policía malo en comparación con su colega puntano Gabriel Bonoromi, en las sesiones de debate de comisiones de la Ley Ómnibus. 

No se sabe todavía qué cambiará con Espert, pero se calcula que Cristian Ritondo y Diego Santilli empiezan a activar los whatsapps con Mauricio Macri, pensando en relevar a Menem en la presidencia de Diputados mientras las negociaciones por la Ley van rebotando sin lógica entre los bloques.

La oposición dialoguista había logrado que el gobierno aceptase bajar la delegación de facultades legislativas de 2 a 1 año, renovable por el propio Congreso. También había moderado la cantidad de temas en los que Milei podría ejercer esos superpoderes, tratando de acotarlos a lo estrictamente económico.

Allí aparece otra clave: con todo lo que se sabe que Milei ha anunciado, hecho y deshecho en un mes, ¿qué suponen los dialoguistas que pasará al delegarle facultades absolutas durante un año entero? Mientras tanto, temas como las privatizaciones de YPF, Banco Nación y 39 empresas más, y el destino de las jubilaciones, siguen en modo cosplay hasta que el gobierno, los legisladores o la realidad demuestren lo contrario.

Queda también por verse si el modo cosplay impregnará a partidos de derecha, izquierda, centro, a la casta empresaria y al ámbito sindical.

La posible corrupción del DNU

Mientras se discute la Ley Ómnibus está vigente –salvo en su tramo laboral, sujeto a amparos judiciales– el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El Poder Judicial debería definir o no su inconstitucionalidad por borrar la división de poderes domesticando al Congreso y por falta de necesidad y urgencia en la mayoría de sus planteos, entre otras cosas. Pero al margen de ello habría que considerar que se trata de un decreto posiblemente nulo.

¿Por qué?  Ante un pedido de información pública a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, conducida por Karina Milei, la respuesta oficial fue que no se hizo dictamen ni informe alguno por parte de los ministerios involucrados en los temas, para avalar la publicación del decreto. La abogada Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica durante la gestión de Alberto Fernández) informó por X:

 “En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes que expliquen el interés público comprometido, ni hicieron dictámenes jurídicos. ¿Quiénes los redactaron? La respuesta es central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo. Los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del PEN. Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad”.

“En ese caso, habría que investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción. ¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de funcionarios”. 

“Cuando el PEN reconoce, ante un pedido de información de  @AbogadxsDe que el DNU 70/23 se dictó sin informes técnicos ni dictámenes jurídicos de los ministerios ni de la SLYT, está admitiendo que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art.7)”.

“No son meras formalidades. Son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad”.

“Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU”.

Vuelven las preguntas: ¿quién lo hizo? ¿Cuáles son esos estudios jurídicos que lo redactaron? ¿Qué ocurrirá cuando se sepa?

Todo se acelera en un verano que climática y políticamente todavía no llegó a las temperaturas más caldeadas.