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Lipovetzky, presidente de la Comisión cabecera de la ley de aborto: “Las mujeres que reclaman aborto legal también están a favor de la vida”

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Por primera el diputado del PRO responsable del ritmo del trámite legislativo de la ley que despenaliza el aborto define claramente su posición, explica cómo son las posiciones en el partido de gobierno sobre este tema y sintetiza: “Si logramos instalar el debate en el Congreso ya es un triunfo, luego si logramos que se avance con la ley será otro”.
El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo comienza su carrera legislativa para convertirse en ley. Los fundamentos que respaldan la presentación del proyecto sirven para trazar un panorama alarmante: entre 370 y 522 mil abortos por año reconocidos en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación. El aborto clandestino es la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes, se calcula que al menos una mujer por día muere por falta de un sistema de salud que la proteja.  En 2010 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) difundió que en Argentina la principal violación a los derechos humanos de las mujeres hoy es la penalización del aborto.
En la calle, desde los pies y con todo el cuerpo se empuja para que el Estado se haga cargo.
El diputado nacional por Unión PRO, Daniel Lipovetzky, preside la Comisión de Legislación General, la primera a la que tuvo giro el proyecto de despenalización del aborto. lavaca lo entrevistó en exclusiva en el marco del seguimiento del trámite legislativo.
La pregunta no se demora: ¿Cuál es su posición? “Desde el punto de vista político en nuestro bloque la decisión sobre este tema, que es muy importante, es que haya libertad de conciencia. Cada uno de nuestro bloque tiene plena libertad para tener posición sobre el tema individualmente, y así fue que en la presentación del proyecto participamos varios miembros de Cambiemos. Hay otros miembros que no están de acuerdo y ninguna de las dos partes representa la posición política de nuestro espacio. Si hay conciencia en general del a mayoría, no de todos pero sí de muchos, de que es necesario un debate sobre el tema. Lo más interesante del proyecto, más allá de que en mi caso yo estoy de acuerdo y acompañé, es justamente empezar a generar un debate sobre el tema. Hay que hacerlo en el lugar que debe hacerse que es el Congreso de la Nación porque es una cuestión legislativa. Yo estoy a favor de que se trate el tema, creo que es una cuestión de libertad y que cada mujer tenga derecho a decidir lo que quiera con su cuerpo: quien considera válida o necesaria la interrupción del embarazo tiene derecho a hacerlo y el que no, no lo hace. La ley no va a obligar a hacerse un aborto. Uno siempre piensa que si puede mantenerse el embarazo, bienvenido sea, pero hay muchas veces que existen un montón de circunstancias que hacen que la mujer pueda considerar que es necesario interrumpir ese embarazo, y en ese punto cada mujer tiene la libertad y el derecho a hacerlo y me parece que no puede ser sancionada penalmente por eso”.
diputado aborto sentado
Libertad para Belén: un fallo “contaminado”
El 12 de agosto las organizaciones preparan una movilización para reclamar #LibertadParaBelén, la joven tucumana que condenada a ocho años de prisión por un aborto. Lipovetzky opina: “Sin dudas es una decisión repudiable desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico no puedo opinar porque no he visto la resolución del juez, pero creo que es equivocada, no sé cuáles han sido sus fundamentos si fue un aborto espontáneo. Seguramente la decisión está “contaminada” porque hoy el aborto en Argentina no está legalizado y se pueden generar estas “confusiones” para que un juez pueda poner presa a una chica. Hasta ahora ningún Congreso ni ningún gobierno anterior estuvo a la altura de las circunstancias”.
 
El presidente Mauricio Macri recientemente en una entrevista frente a la pregunta por la legalización y despenalización del aborto dijo estar a favor de la vida. Lipovetzky se alinea: “Yo también estoy a favor de la vida, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo están a favor de la vida. No es que Mauricio tiene una posición tan clara sobre el tema. Aunque supongamos que no tiene una posición favorable al tema, sí es consciente de que es una posición muy personal de cada uno y por lo tanto hay libertad de conciencia en cuanto a que podamos dar el debate. Después veremos quién tiene más votos”.
Luego de la Comisión de Legislación General, el recorrido seguirá en Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Acción Social y Salud Pública, aunque todavía no hay un cronograma parlamentario establecido. Otra pregunta clave: ¿Cuándo se va a tratar el proyecto? “Ahora que empieza la actividad más fuerte del Congreso en el segundo semestre seguramente trataremos de hacer una agenda de trabajo. Es un tema que no se puede llevarlo a la fuerza, hay que hacerlo con tranquilidad y no entrar en especulaciones electorales o partidarias. Si logramos instalar el debate en el Congreso ya es un triunfo, luego si logramos que se avance con la ley será otro triunfo”.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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