Sigamos en contacto

Nota

«Ésto no fue un accidente»

Publicada

el

Una camioneta de la Policía Bonaerense estaba estacionada con las balizas apagadas en el preciso momento que Luciano Arruga fue atropellado por un automovilista en la General Paz. Este dato es uno de los elementos clave que la familia del joven, con la denuncia focalizada en el accionar de la Bonaerense, comunicó en la conferencia de prensa que se realizó el jueves en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en compañía con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH).

Vanesa Orieta. Foto: Télam

Vanesa Orieta. Foto: Télam


Fotos con la cara de Luciano y dos carteles sobre la mesa recibieron a periodistas y militantes. Uno era contundente: “La policía lo mató”. El otro no dejaba margen de dudas: “El Estado lo desapareció”. Así, en medio de una calurosa jornada, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, reveló ese detalle que hasta ese momento no había salido a luz. A su derecha estaba Horacio Verbitsky, presidente del CELS. A su izquierda, Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del organismo. En la mesa también estaban Pablo Pimentel, titular de la APDH-La Matanza, y los abogados Maximiliano Medina y María Dinard.
La principal hipótesis sigue la pista policial.
“Esto no fue un accidente”, denuncian familiares y amigos de Luciano.

Datos, elementos y pruebas

De lo declarado por Vanesa y puntualizado por Verbitsky en base a los testimonios que los testigos aportaron al juzgado Federal de Morón N°1, a cargo de Juan Pablo Salas, se desprenden algunos elementos clave:

  • Luciano Arruga fue atropellado a las 3.21 de la madrugada en el cruce de General Paz y Emilio Castro. Había sido visto por última vez la noche del 31 de enero de 2009. Falleció el 1 de febrero de 2009 a las 8 de a mañana en el Hospital Santojani. Fue trasladado por el SAME. Allí lo catalogaron como NN y ese fue su destino en la Morgue Judicial y en el Cementerio de la Chacarita.
  • Luciano intentó cruzar la General Paz por un lugar imposible. Hay que ir al lugar para saber de qué se está hablando en particular, pero la imagen no dista mucho de cualquier avenida “alta”. Hay un terraplén de césped que sólo trepando se puede acceder a la vía rápida de la General Paz. A metros del punto exacto donde Luciano fue atropellado, luego de trepar ese terraplén, hay un paso a nivel. Todas las personas cruzan la General Paz por ese lugar.
  • El conductor que atropelló a Luciano declaró que el joven “cruzó como desesperado”. Aclaró que “no estaba trotando ni caminando sino corriendo”. Y el punto que más llamó la atención de los funcionarios y actores judiciales que intervienen hoy en la causa: “Por lógica parecía que estaba escapando”.
  • El testimonio anterior es clave porque fue la persona que atropelló a Luciano. Sin embargo, declararon otros testigos. Entre trabajadores de Autopistas del Sol que brindaron testimonio al juez Salas, hubo un motociclista que presenció e intervino en el hecho. Verbitsky remarcó este testigo como “altamente calificado”. Esta persona se detuvo en plena avenida e intentó proteger el cuerpo para que no fuera arrollado por otros vehículos. Fue el primero que llegó. Para evitar otro impacto, el hombre dio vuelta su moto para alertar con su luz a los automovilistas que venían de frente. Fue en ese momento que divisó una camioneta doble cabina de la Bonaerense estacionada con las balizas apagadas en la colectora de la General Paz, a la altura del atropello, del lado de la provincia de Buenos Aires. Otros testigos certificaron este dato. Verbitsky subrayó que los testigos son relevantes porque no tienen ningún tipo de relación ni de vinculo con la familia de Luciano Arruga, la APDH-La Matanza o el CELS, por lo que “refuerzan la hipótesis de la participación de la Bonaerense en el hecho, que nunca hizo ninguna manifestación pública”, precisó el periodista.
  • La reconstrucción realizada por el juez Salas sobre la autopista corroboraron los hechos.
  • Otro elemento sustancial: al momento del impacto Luciano Arruga llevaba puesta ropa que no era la de él. Así se desprende de testimonios y otras pruebas recolectadas en la causa. Además, según se precisó en la conferencia a partir de lo que consta en el acta que la Policía Federal realizó esa madrugada, el joven llevaba una mochila. Detalle: hasta el día de hoy aún no fue localizada la totalidad de la ropa ni las pertenencias que había en esa mochila. “Estos elementos de prueba no fueron resguardados por la fiscalía y el juzgado de instrucción que tuvieron a cargo la investigación de los hechos que produjeron la muerte de Luciano”, apuntó Verbitsky. Específicamente, son la jueza Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez. Ambas sobreseyeron al conductor y cerraron la causa sin interesarse quién podía ser aquella persona enterrada como NN.
  • En esa causa consta que Luciano Arruga llevaba zapatillas. Tampoco se sabe hoy dónde está el calzado. “Esto hubiera ayudado a determinar con mayor precisión por dónde Luciano accedió a la vía rápida de la General Paz”, expresaron.

Irregularidades y antecedentes

Luciano fue visto con vida y por última vez a las 12 de la noche del 31 de enero. Su familia comenzó a buscarlo. La denuncia originó una causa que quedó a cargo del juez Gustavo Banco y así, formalmente se estableció quiénes eran los responsables de encontrarlo. La actuación de dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) y el juez convirtieron a esa investigación en un monumento a la impunidad judicial. Durante un año y cuatro meses la fiscal Cejas pidió 15 veces intervenciones a los teléfonos de la familia Arruga, que el juez Banco autorizó. La misma familia que había denunciado a a la policía por corrupta y responsable por la desaparición de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas.
Además, desde marzo de 2010 el juzgado y la fiscalía ya contaban con los mismos datos que permitieron encontrar a Luciano a partir de la aceptación del habeas corpus. Nunca los activaron.
Los tres funcionarios están al borde de la destitución. Un jury de enjuiciamiento pesa sobre ellos.
La desidia judicial se combinó con la policial y ambas contribuyeron a la desaparición de un joven de 16 años durante casi seis años. La falta de registros en el exdestacamento y la circulación de patrulleros fuera de sus cuadrículas “no son simples irregularidades administrativas”, destacaron. En la investigación también se determinó la adulteración y las enormes irregularidades que constaban en los libros de guardia de la dependencia policial. “Libros desarmados, escrituras enmendadas y correcciones hechas con tinta blanca, faltantes de hojas, tachaduras y renglones salteados. Incluso la caligrafía de un renglón difiere con la de su hoja espejo porque la encuadernación fue desplegada e invertida”, detalló Verbitsky.
Pero el hostigamiento policial sobre Luciano tenía su historia. Durante la conferencia se detalló que a comienzos de 2008 un adulto que “solía relacionarse con los jóvenes del barrio” le ofreció a Luciano ser parte de una banda que asaltara supermercados. El mismo sujeto le dijo que no iban a tener problemas porque contaban “con el apoyo de la Policía”. Luciano se negó. Los hostigamientos comenzaron.
El joven fue detenido por primera vez el 22 de julio de 2008 por la Bonaerense por “averiguación de antecedentes”. Fue llevado a la Comisaría de Don Bosco. Allí fue golpeado. Los efectivos de esa misma dependencia “alentaron una pelea entre dos grupos de jóvenes”. Detuvieron a chicos del barrio 12 de octubre -uno de ellos fue Luciano, ese era su barrio- y permitió que “fuera agredidos con piedras por el otro grupo”. Uno de los jóvenes terminó con heridas graves en la cara.
También informaron que un policía que custodiaba una panadería de Lomas del Mirador quería que Luciano no anduviera por la zona. Lo golpeó y lo echó.
Otro día Luciano y sus amigos fueron parados en la calle. Los pusieron contra una pared. Policías de la misma comisaría los golpearon en las piernas con escopetas. A Luciano le pusieron un arma en el pecho. “No contestes que si no te vuelo el pecho”, le dijeron.
Según declararon los jóvenes del barrio, desde los patrulleros a Luciano le gritaban “negro de mierda”.
En ese contexto Luciano fue detenido nuevamente por “averiguación de antecedentes” el 22 de septiembre de 2008. El escenario ya era el exdestacamento de Lomas del Mirador. El adolescente permaneció allí 9 horas detenido, con el detalle de que ese lugar no estaba habilitado para alojar detenidos. Allí fue torturado. Por ese hecho será juzgado el oficial Diego Julio Torales. El juicio comenzará en marzo de 2015 y podría significar la primer condena del caso de Luciano.

De cómplices y cobardes

“El caso de Luciano lo vemos como un mejoramiento diabólico de las metodologías que algunos miembros de la policía aplican para con una porción importante de la ciudadanía pobre de la provincia de Buenos Aires. Esto no podría llevarse a cabo sin complicidad de una parte del poder judicial y parte del poder político”, sentenció Pimentel. “Esto no es un caso aislado. Desgraciadamente es sistémico. Y hay responsabilidades de un sistema que no funciona, porque si hubiera funcionado, al menos de Capital, como el SAME o el Santojani, mucho antes la familia Arruga se hubiera ahorrado tanto dolor, tanto de lo que la Argentina vivió durante tantos años. Y sin embargo no sirvieron 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. No sirvieron estos 31 años de democracia para entender que todos somos iguales. Y esto es lo que la APDH denuncia. Esto que le pasó a Luciano sigue pasando. Queremos que este sea honestamente el último caso, que dé vuelta la página de la historia, en un país que habla de respeto por los derechos humanos pero que evidentemente existe un divorcio y distancia entre el discurso teórico y la puesta en práctica. Los derechos humanos se defienden o se violan. No hay términos medios. Y acá en el caso de Luciano y de tantísimos, se siguen violando”.
Por su parte, sin hacer análisis político sino, tal como ella aclaró, hablando desde el rol de familiar, Vanesa Orieta se refirió al silencio oficial sobre la desaparición de Luciano. “Duele mucho que la presidenta o presidente de la Nación, sea cual sea, el que pasó o el que venga, no hable de esta problemática, porque son los mismos que hablan de los compañeros y compañeras de la última dictadura”, sostuvo. “Estamos esperando una respuesta. Queremos que la Presidenta hable de lo que está pasando con nuestros jóvenes en los barrios humildes. Y de quiénes son los que realmente generan la inseguridad, y empezar a hablar de la Bonaerense, de la Federal, y de otras fuerzas de seguridad, como los personajes que manejan y controlan los grandes delitos que ocurren en nuestro país”.
Y concluyó: “El tiempo lo pondrá todo en su lugar, así como lo hará con aquellos que defendiendo un partido político no hablan de que esta situacion la está padeciendo hoy un sector de la sociedad. Quizá lo hacen de forma inconsciente, pero la historia tambien los ubicara en u lugar. Y va a ser muy doloroso para ellos darse cuenta que el lugar donde estaban ubicados era ese lugar de cómplices. O de cobardes.

Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

Publicada

el

Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

Seguir leyendo

Nota

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

Nota

Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

Publicada

el

En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.