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México: un estado fallido planificado

El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Ha sido construido para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana. Por Raúl Zibechi.

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El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana. Por Raúl Zibechi desde Puebla (México).

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“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.
Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.
Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.
PEOR QUE EL ESTADO ISLÁMICO
Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).
La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.
Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.
La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al centro izquierda del PRD, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.
Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y re reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.
En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.
CONTROLAR LA SOCIEDAD
Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).
Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.
Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Alvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.
Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.
 
 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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