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Mosconi, Salta: últimas noticias a metros de una bomba

Publicada

hace 22 años

29/01/2004

En Plaza de Mayo, Pepino Fernández y Mario Rearte -dos referentes del movimiento piquetero más organizado y combativo- no subieron a ningún escenario ni pronunciaron ningún discurso. Hace dos meses consiguieron que el gobierno reconozca una deuda de 39.000 pesos con 28.500 trabajadores de YPF. Esta semana deberán presentarse a la justicia, acusados por las más poderosas empresas multinacionales. Sin embargo, estuvieron solos, olvidados por las consignas y a metros de la bomba.

Es 20 de diciembre y en Plaza de Mayo diferentes pedazos del movimiento social exhiben lo que de aquella jornada pudieron, en estos dos años, conservar.
Cambian las banderas, las siglas, los dirigentes.
Se repiten las consignas.
La Central Clasista Combativa (CCC) se asoma por Avenida de Mayo.
José Pepino Fernández y Mario Rearte, los dos referentes de la salteña UTD de Mosconi, están a un costado de plaza, esperando.
Están allí desde hacer una semana, desde la 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
Hoy los acompaña Maristella Svampa, la autora de la única y más completa investigación académica sobre el movimiento piquetero argentino.
Ayer, nadie.
En medio de los cantos y la gente, Pepino cuenta que, finalmente, consiguió el dinero para pagar el pasaje que lo lleve de vuelta. Allí lo espera un juez penal, según se enteró hoy mismo.
Pepino supone que el motivo es la última de las 70 causas judiciales que lo han convertido en el dirigente piquetero más procesado. Un honor inesperado por ser, también, la cabeza visible del movimiento de los trabajadores desocupados más duro.
Esto es, más combativo y organizado.
La síntesis de esta causa es también la forma más breve de contar su lucha. En el expediente se asegura que Pepino, en una punta y Rearte, en la otra, bloquearon hace dos meses y durante 15 días la planta de carga y descarga de la empresa Refinor en Campo Durán, a 70 kilómetros de Mosconi. El juez de instrucción Néstor Aramayo ordenó el desalojo, que fue concretado por la policía de Tartagal. Actuó luego de la denuncia presentada por la «firma damnificada que se hallaba en estado de incumplimiento de compromisos de venta, especialmente con Bolivia y Paraguay, donde se habían comenzado a registrar síntomas de desabastecimiento de combustibles en algunas localidades».
Junto con el desalojo, el juez ordenó la detención de Pepino y Rearte, pero solo pudo concretar una: cuando en Mosconi se enteraron de que Pepino había sido nuevamente encarcelado, las sedes operativa y de almacenaje de combustibles de las empresas Tecpetrol y Refinor, radicadas sobre la ruta nacional 34, fueron el blanco de una protesta que logró la liberación de Petete, llevar el conflicto a la tapa de todos los diarios y arrancar al gobierno nacional el compromiso de un acuerdo en respuesta a los reclamos que habían originado ese piquete prolongado. No se trataba de Planes Trabajar ni de sus 150 míseros pesos, sino del pago de las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada. Así fue como el 26 de noviembre de 2003, en una conferencia de prensa, el secretario de la presidencia Oscar Parrilla, anunció:
«El Gobierno decidió pagar 39 mil pesos en bonos a los 28.500 trabajadores de ex empresa estatal YPF, que habían quedado excluidos de los beneficios del Programa de Propiedad Participada (PPP) cuando se privatizó la petrolera. El Gobierno hizo este esfuerzo para brindar esta solución definitiva a esos trabajadores que habían quedado fuera, y llevó la oferta de 23 mil pesos promedio a un 66 por ciento más el pago de esa deuda».
En esa misma conferencia, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, detalló que «el pago será en Boden 2016, que cotizan en un 75 por ciento. Por lo tanto los ex trabajadores cobrarán en mano 30 mil pesos en efectivo cuando los cambien».
Por último, agregó: «no es necesario hacer marchas para pedir alimentos, útiles o trabajo porque hay disposición de los funcionarios a atenderlos y a dialogar».
Ese día, al salir de la Casa Rosada, Pepino declaró: «No le creo mucho a estos funcionarios, pero tienen que entender que si no cumplen con sus palabras va a ver violencia».
Al día siguiente, en Salta, el fiscal penal Oscar Trosser solicitó al juez Aramayo la detención de Pepino, acusándolo de «incitación a la violencia».
Así nació la causa número 70.
Pepino y Rearte llevaron grabadas las voces de los funcionarios y se las hicieron escuchar a todo Mosconi.
Esperaron una semana.
Esperaron dos.
Tres.
Y decidieron viajar a Buenos Aires para preguntar cuando se concretarían.
Así fue como se sentaron en Plaza de Mayo, desde las 9 y hasta las 9, cruzando el cerco de la Casa Rosada para recordar que estaban allí, esperando una reunión con los funcionarios que, les dijeron, nunca estaban.
Así fue, también, como los encontró el 20 de diciembre: parados a un costado del escenario, escuchando a los dirigentes que hablaron por turnos de los mismos muertos, las mismas luchas y los mismos reclamos.
Escuchaban también las novedades que llegaban desde Salta.

La tritlogía del terror
Tres de las empresas que operan en la zona -Tecpetrol, Refinor y Pluspetrol- anunciaron que se retiraban de Mosconi. Pepino sonríe. «No se retiran de Mosconi: los corrimos de Mosconi. Levantan las sedes administrativas, pero los pozos no se los pueden llevar».
Rearte precisa: «Esas empresas lo único que ofrecen son unos pocos puestos de trabajos temporarios, de dos o tres meses, muy menores, como para tareas de desmalezamiento o limpieza».
Pepino vuelve a sonreír y comenta: «Eso es lo que nadie entiende de Mosconi. Lo quieren arreglar con Planes Trabajar, pero no pueden, porque la gente de Mosconi es gente formada, acostumbrada a vivir con 1.500 pesos. No van a presionarlas porque levanten unas oficinas y se lleven 20 puestos de trabajo».
Las propias cifras que aportan las empresas dan una idea de qué está hablando. También, contra qué y quién están luchando.
En la página web de Tecpetrol -del Grupo Techint-(www.tecpetrol.com) puede leerse cuál es la relación entre las ganancias y los puestos de trabajo que genera en los 720 pozos en los que opera:
«La Empresa obtuvo ganancias por más de US$ 55,4 millones (Abril 2001-Marzo 2002) y emplea a 520 personas».
Por su parte, Refinor informa desde su página web (www.refinor.com) lo siguiente:
«Composición accionaria de la empresa: el 50 por ciento le corresponde a Repsol, el 28,5% a Petrobras y el 21,5% a Pluspetrol. Cuenta con un plantel de 386 personas en forma directa y 571 en forma indirecta, ha realizado exportaciones por valor de 390 millones de pesos, mientras que las ventas llegaron a los 900 millones».
Rearte lo resume así:
«Yo hago este análisis. Cuando nosotros estábamos trabajando en YPF el Estado nacional tenía una deuda de 52 mil millones de dólares. En ese entonces, había empresa y trabajo. Después vino toda esa campaña que hizo creer que el déficit del Estado venía por las empresas públicas y que los zánganos éramos los trabajadores que dábamos pérdidas. Hoy nos damos cuenta que tenemos una deuda externa de 175 mil millones, no tenemos empresas y no tenemos trabajo. Ese es el camino al que nos llevaron los dirigentes, los grandes responsables que hoy siguen siendo los mismos que están sentados en los partidos políticos, haciendo lobby, con grandes influencias en los medios para hacernos ver a los que luchamos contra esto como los violentos y responsables de la crisis».
En el escenario, alguien repite «Que se vayan todos» convertido hoy en el grito de un locutor cerrando una declaración consensuada. Ya no está la CCC, sino la Asamblea Nacional de Trabajadores, integrada por el Bloque Piquetero. Hay más de siete dirigentes esperando su turno en el micrófono, mientras en la fuente los chicos se refrescan y tiran agua. Antes de dar paso a los discursos, la voz del micrófono ordena que se bajen las banderas y se cierren las pancartas partidarias, de acuerdo a lo convenido previo al acto, que incluyó un tire y afloje infinito sobre el orden de la lista de oradores, la ubicación de las columnas, las consignas, los detalles.
Rearte sigue reflexionando:
«Como bien dice Pepino, a veces para conseguir materiales para construir, tenemos que tomar medidas. Para conseguir 200 o 300 Planes de 150 pesos, tenemos que tomar medidas. Y esto es porque ni las empresas ni los gobiernos toman las decisiones que se necesitan para dar respuestas a los problemas de fondo. Las empresas tienen que dar trabajo y los gobiernos, garantizar derechos. Como no lo hacen, tenemos que tomar medidas que, lamentablemente, llegan a enfrentamientos muy duros. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene convicciones muy firmes. Busca lo que necesita y sabe que la única manera de sobrevivir es esa: luchando. El Estado quiere arreglarlo dando nada más que Planes y un bolsón alimentario. Entonces la gente reacciona, porque eso no le alcanza, no va alcanzar hasta que no haya trabajo. Por eso está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias para reconquistar nuestras empresas. Porque las que están no van a crear más puestos de trabajo. No les interesa. Para ellas el trabajo es un gasto. Hacen trabajar a la gente doce horas, cuando si cumplieran con la jornada laboral de 8 estarían creando un turno más de trabajo. Sacan millones y pagan monedas. Y lo único que les preocupa es cómo sacar más millones y pagar menos monedas».
Pepino se pierde en la multitud, buscando en la columna que se acerca a alguien que conoce y quiere saludar. Antes, recuerda que allá quedaron todavía 8 detenidos durante la última protesta esperando los cargos. Rearte contínua:
«Hay muchos interesados en que nos enfrentemos pobres contra pobres, porque con eso ganan las empresas y los partidos. Quieren ahora hacernos responsables de los desmanes que se produjeron en Mosconi, pero no tienen pruebas. Lo que hubo, sí, fue una protesta espontánea, cuando la gente se enteró de la detención de Pepino. Pero ninguna de la gente que lo apoya es capaz de romper los lugares en donde juegan sus hijos, por ejemplo, como pasó ese día. Así como están dadas las cosas, así como las empresas están generando presión, creemos que alevosamente están intentando que a algunos referentes comiencen a mirarnos con malos ojos. Pero no creo que les resulte tan fácil, porque nosotros hicimos un trabajo muy profundo. Incluso cuando nos reunimos con el ministro Fernández después de estos episodios, le dijimos que la mejor manera de saber quiénes éramos y por qué exigíamos lo que exigimos, era venir a Mosconi. Y se comprometió a visitarnos. Nos dijo que en la primera quincena de diciembre iba a estar allá. Hoy es 20 y ni miras de viajar».

Lo que vio un ministro
La última visita de un ministro a Mosconi fue en junio del 2001. Fue cuando Juan Pablo Cafiero, por entonces ministro de Desarrollo Social, críticó duramente a Repsol y determinó «que en Mosconi no hay Estado».
La síntesis de lo que vio Cafiero:
«Después de la privatización sin red de YPF la consecuencia es una irritativa y desigual distribución de la riqueza, muy visible en Mosconi, con empresas petroleras que publican balances en los medios de comunicación donde se muestran afanosas de haber ganado miles de millones de dólares y viven junto a poblaciones hiper empobrecidas; con empresas que provocan un daño al medio ambiente impresionante, que tiran sus desechos en arroyos que terminan en las comunidades indígenas».
Los periodistas le recordaron, entonces, que los líderes piqueteros con quienes estuvo reunido tenían orden de captura.
La respuesta de Cafiero:
«No sé si pesan sobre ellos pedidos de captura, entiendo que no porque son personas que me plantearon sus reclamos de manera muy razonable. Evidentemente tienen características de liderazgo popular y mucha comprensión de los temas locales y de los problemas del país. Noté una suerte de liderazgos sin aparatos. Noté que Pepino Fernández era muy respetado por la comunidad».
Rearte recuerda hoy:
«En ese tiempo se lograron muchas cosas. Pero ahora es como si se estuviera dando un giro en revés contra nosotros, porque a través de los medios se hace mucha presión para mostrarnos como los responsables del retiro de las empresas y, por lo tanto, de conseguir con nuestros reclamos más desocupación que trabajo. Pero no es así, porque en definitiva los recursos están ahí, están saliendo de nuestro suelo. Ellos dicen que le quemaron las oficinas, pero por esos daños cobraron un seguro. Y ni siquiera levantaron ellos esas oficinas, porque las heredaron de YPF. Nosotros decimos que si nos dieran las herramientas para explotar esos pozos, podríamos tranquilamente hacerlo porque hay mucha gente preparada técnicamente para ese trabajo que hoy está desocupada, incluso para recuperar algunos pozos que hoy están inactivos. Con una pequeña inversión, podríamos hacerlo. Pero no vemos intención del gobierno en hacerlo. No lo vemos con la intención ni de revertir la situación actual ni de poner límites a las empresas que están prácticamente sin control llevándose todos los recursos naturales de nuestro suelo. Y este es un momento oportuno para hacerlo porque en algunos casos hay renovaciones de contratos que están por vencer y eso da una oportunidad para que las empresas vuelvan a manos del Estado. «
Allá en Mosconi la UTD comenzó a hacer historia cuando en 1996 tomó el Consejo Deliberante durante 23 días para exigir Planes y bolsones de comida. Luego, convirtió los esas planes en proyectos productivos. Después, transformó los piquetes en algo más: una herramienta para arrancarle a las empresas, sin intermediarios, recursos que destinaron a la comunidad. Levantaron así una ladrillera para construir viviendas con las que erradicaron los ranchos. Siguieron con la erradicación de letrinas, luego construyeron escuelas con salas de computación, laboratorios y comedores: también salas de primeros auxilios, viveros, compactadotas de basura y, por último, una universidad. Dice Rearte: «los contratos con las empresas dicen que tienen la obligación de invertir en la zona y en la población donde están explotando y sacando petróleo. Nosotros, entonces, hacemos lo que no hacen los funcionarios: hacer cumplir la ley».
Otra ley los llevó a la cárcel cuando, en el 9 de abril de 2003 los detuvo a la salida del Congreso Nacional, luego de una reunión en el Senado. La acusación: el uso de «una metodología de apartamiento constante de la ley penal, cuando no de una actitud desafiante para con los distintos poderes del Estado». Rearte fue liberado a los 15 días, al no tener antecedentes penales. Pepino, que ya contaba con cincuenta y pico de causas, salió de la cárcel recién el 27 de mayo. Entró al penal de Salta a compartir los días con 800 presos que comían en el piso y salió dejándoles organizado un taller de carpintería y una huerta.
Esta semana los dos tendrán, una vez más, que probar de qué lado está la ley y de cuál la justicia.
En tanto, Rearte se queda solo en la Plaza, esperando que Pepino lo encuentre en esa esquina en donde la multitud aguanta el calor y los discursos.
Son las siete de la tarde.
Enfrente está la Catedral y a unos metros y veinte minutos de distancia, una bomba.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 1 día

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

Publicada

hace 1 semana

09/10/2025

Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza — Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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Nota

9 años sin Lucía Pérez

Publicada

hace 1 semana

09/10/2025

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”