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Planes sociales en debate, entre la miseria y la cooptación: la opinión del piquetero más procesado del país

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En el seno del sistema político arde el debate hasta ahora relegado sobre los planes sociales. La vicepresidenta Cristina Fernández planteó el tema en una intervención, empezaron las respuestas, alineamientos y lapsus que no se sabe si son poderosos ni profundos, aunque la realidad es que todos los funcionarios, políticos y gobiernos de los últimos años, macrismo incluido, reforzaron el mecanismo del plan social como respuesta al empobrecimiento de amplios sectores en estado de decadencia y vulnerabilidad, con un ojo puesto en evitar posibles estallidos sociales.

Hay planes y no trabajo, y la propia dinámica del presente refuerza esa especie de destino para un creciente número de personas. El debate incluye el rol de los movimientos sociales, enfrentados con sectores opuestos del mismo oficialismo en un juego de fuerzas en el que, más allá de los argumentos, parecen predominar intereses económicos y alineamientos electorales y partidistas frente a 2023.  

La revista MU realizó un viaje a Salta para conocer la situación de las comunidades wichis (muerte de cientos de niños y niñas por desnutrición y enfermedades relacionadas). De paso, pudimos entrevistar a uno de los piqueteros históricos del país: José Pepino Fernández, fundador de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de General Mosconi. Dicha organización en Mosconi (y junto a Cutral Có), protagonizó los primeros piquetes del país tras la privatización de YPF por parte del menemismo, con el saldo masivo de desocupación que significó.

Pepino se ganó un récord que visto hoy es un blasón: ser el hombre más procesado de la Argentina (unas 350 veces) por piquetes y reclamos que buscaron siempre recuperar y generar trabajo, defender derechos, e incluso intentar proteger el medio ambiente.

Las reflexiones de Fernández sobre el rol de los planes sociales como respuesta a las necesidades, y a la vez como mecanismo de desmovilización y cooptación social. La falta de interés real en desarrollar, y el exceso de interés en reprimir los reclamos. El rol de los funcionarios, la clase política y los propios movimientos sociales. El problema de lo narco en provincias como Salta. Ideas sobre la unión y la desunión.

“Es muy difícil construir un país distinto con tantos planes, porque la única solución de fondo que tenemos como nación es mandar a laburar a la gente. Con voluntad y decisión política, en un día ya empezás a recuperar la matriz productiva. Pero no, por miedo deciden mantener y ampliar los planes”.

Aquí, la nota completa publicada en MU como aporte a un debate embotado por panelistas televisivos y radiales (y urbanos) y por especulaciones frente al año próximo.

Debate en el que voces de referentes como este ex petrolero –por su propia experiencia de vida– pueden resultar opinables (de eso se trata) pero a la vez relevantes y descriptivas para comprender los tiempos actuales.  

La nota completa, del último número de MU.

Otros planes

José Pepino Fernández es un histórico de la organización social y la autogestión en Salta y en el país. Despedido por YPF durante el menemismo, fundó la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, protagonizó los primeros piquetes y un récord nacional: 350 procesamientos. Aquí, sus inquietudes actuales: cómo generar empleo dignao, cuidar el ambiente, combatir la inflación y no perder autonomía frente a gobiernos y corporaciones.  Por Francisco Pandolfi. Fotos: Nacho Yuchark

El chofer grita en un micro despoblado la llegada a General Mosconi, noreste de la provincia de Salta. El reloj marca las cuatro de la tarde de un martes. Y el termómetro parece que va a explotar. El calor seco penetra por arriba, por abajo, de frente, de costado. Un horno, que no es tal para quienes viven en esta localidad de 16 mil habitantes en el Departamento General San Martín. “Hace calorcito, poco más de 30 grados, pero hoy día no es nada. Cuando hace calor, hace calor”, dice Sandra, de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). “Acá estamos acostumbrados a los 49 grados o más. Hace un tiempo íbamos por la ruta y se nos reventó una goma de la temperatura que hacía”.

Mosconi no sólo es sinónimo de aire caliente, por momentos irrespirable. Es sinónimo de lucha, de unión, de trabajadores y de desocupados. Es sinónimo de la UTD, organización que nació en abril de 1996 tras el terreno arrasado que dejó la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en una zona desarrollada principalmente por la explotación petrolera. Hace 25 años, precisamente el 7 de mayo de 1997, se produjo en esta tierra ardiente una pueblada de resistencia hacia las políticas neoliberales, que junto a los levantamientos en Cutral Có fueron referencia a nivel nacional por la innovadora manera de protesta social: corte de ruta y piquete. Un cuarto de siglo después, en Mosconi, en su ladera Tartagal y en el país en general, hay semejanzas que conmocionan y perturban.

José Pepino Fernández tiene 66 años y es referente de la UTD. La integra desde aquellas primeras jornadas de rebelión popular. Trabajó en YPF desde 1975 hasta el 5 de septiembre de 1991, cuando fue despedido junto a cientos de compañeros (de más de 23 mil empleados que YPF tenía en el 91, se pasó a 5.690 en 1995). Recibe a MU en el tinglado principal del movimiento. Allí mismo tiene una piecita donde vive desde el 97. “En Mosconi hay dos estaciones: el verano y la de los ferrocarriles”, arranca rompiendo el hielo que se derrite al instante.

Lleva ese apodo de chiquito, cuando su familia distinguió en una película italiana el parecido con un actor al que llamaban así. Tiene la piel trigueña, el poco pelo color ceniza y parece recién afeitado. Camina a paso lento. Sus ojos verdes hace cuatro años que no ven. Quedó ciego en 2018, cuando salió mal una operación de cataratas. No hubo mala praxis: el desencadenante fue la diabetes que lo atormenta hace décadas, tras haber estado en contacto con fluidos contaminantes cuando trabajaba en YPF. La misma que derivó en que le cortaran el dedo mayor de la mano derecha y un dedo del pie. “Esos líquidos afectan al corazón, al riñón, a la vista. Muchos compañeros han muerto porque trabajábamos sin ninguna medida de seguridad, porque lo único que importaba era seguir produciendo” . 

Ni su enfermedad, ni el paso del tiempo, ni una lucha que lejos de mermar se recrudece, le han borrado su sonrisa. Ni siquiera cuando en lo que dice, no hay nada para celebrar: “Muchas cosas siguen igual que en el 97 en relación al tejido social, como la desocupación, la pobreza, pero la gran diferencia es que ahora hay más droga. Y con funcionarios y fuerzas de seguridad que la venden”. Pone en cifras al flagelo: “Más del 50 por ciento del Departamento de San Martín vive del narcotráfico desde la gestión de Juan Carlos Romero como gobernador de Salta (1995-2007) ¿Vos creés que se va a acabar la droga?”, pregunta de manera retórica. Y vuelve a sonreír, para no llorar.

¿Por qué, después de tanta resistencia popular, muchas cosas siguen hoy igual o peor que ayer?

Porque los funcionarios desarticularon todo. Ellos son los grandes culpables. Bajaron las necesidades con los planes sociales y así lograron dominar a la gente. La solución es que haya trabajo, no planes sociales. De esta manera sólo ganan los empresarios y los políticos, no la gente. Entonces, hasta que no se erradique a este tipo de funcionario, va a ser muy difícil un cambio de raíz. Tenemos un país para hacer lo que queramos, pero se adueñaron de todo, hasta de la tierra. Acá en Salta todos los gobiernos provinciales siempre nos quisieron hacer mierda. Presentamos un montón de proyectos y nunca aceptaron nada. No quieren desarrollar, pero sí te mandan Gendarmería cuando te manifestás. El gobierno actual de Gustavo Sáenz sigue esa línea como representante de la aristocracia salteña.

Imágenes en la sede de la UTD Mosconi. Trabajo y ambiente. El reciclado de botellas plásticas.

Petroleros + comerciantes

La pueblada norteña en Mosconi y Tartagal, que se extendió hasta el 13 de mayo de 1997, tuvo como desenlace el nacimiento de los planes sociales, cual curita para tapar la hemorragia. Una curita que se extendió en el tiempo. Una curita que nunca fue una cura. “Cuando se fue YPF se vino abajo el pueblo. Y en el 97 ya no aguantamos más. Fuimos los petroleros en Mosconi y los comerciantes de Tartagal que estábamos pasando hambre y dijimos basta. Ahí se unió el resto. Había miedo pero la gente tomó conciencia. Y ante la represión nos hicimos más valientes. Así logramos los primeros planes sociales y bolsones”, recuerda Fernández.  

¿Qué opinás sobre el uso actual de los planes sociales, 25 años después de aquella conquista?

Es muy difícil construir un país distinto con tantos planes, porque la única solución de fondo que tenemos como nación es mandar a laburar a la gente. Con voluntad y decisión política, en un día ya empezás a recuperar la matriz productiva. Pero no, por miedo deciden mantener y ampliar los planes. En otro aspecto, es fundamental que la gente que los recibe entienda su origen, que tengan bien claro que no existen porque sí, sino que vienen de una lucha de muchos años.

En la recorrida por los múltiples emprendimientos de la UTD, varios en tinglados que eran de YPF previo a la privatización y el vaciamiento, una mujer quiere hablar. María lleva la historia del movimiento en su cara, con arrugas de sacrificio, con bifurcaciones de esfuerzo, con un entusiasmo jovial que contagia. Tiene 83 años: “Estoy desde el inicio y voy a estar hasta que ya no tenga más fuerzas. Sigo para incentivarme y contagiar a los más jóvenes la cultura del trabajo”. Agrega: “Y sigo, también, porque en estos años Mosconi en vez de progresar ha retrocedido. Vivimos sin agua y con cortes de luz permanentes. No podemos abandonar lo que con tanto esfuerzo construimos”.

La UTD nuclea a 552 personas que llevan adelante distintas labores: carpintería, costurería, limpieza, desmalezamiento, construcción de ladrillos, edificación de casas y de núcleos húmedos (baño y cocina), compactación de plásticos, huertas. “Antes del macrismo éramos más de 3.600, pero lo que hicieron fue manejar los planes según sus intereses, desde arriba, beneficiando a quienes más les respondían y sin pedirle a la gente que trabaje como contrapartida del recurso. Así, mucha gente se ha ido. No sólo buscaron desarticularnos, de fondo lo que generan es que no se estimule la cultura del trabajo”. ¿Cómo se sigue manteniendo la UTD?  “A base de laburo. Acá en Mosconi reemplazamos a los sindicatos como defensores del trabajo y la naturaleza. Y hasta creamos una ley de jubilación por trabajo insalubre”, se jacta Pepino, quien lleva puesta una remera gris con tres consignas universales, imprescindibles y esquivas: “Paz, Pan y Trabajo”.

¿Qué análisis hacés, José, de los movimientos sociales en la actualidad?

El error más grande de las organizaciones es separarse. Y la clave está en volverse a unir. Mi esperanza para el futuro está en que nos juntemos todos los movimientos, no que se acomoden y busquen cargos políticos.

¿A qué le atribuís esa separación?

A dos motivos. Por un lado, es la misma política la que fractura a los movimientos. Los distintos gobiernos aprovechan y a las organizaciones cercanas les dan una mayor tajada, que genera conflicto. Debemos entender que no se puede seguir peleando por una tajada. En segundo lugar, creo que todos quieren mandar, ser jefes, y eso también divide a las organizaciones. Hay mucha ambición de poder, de ganar plata, por eso los terratenientes te hacen mierda.

Ustedes iniciaron la protesta bajo la figura del piquete. ¿Qué opinás de las metodologías que se llevan adelante hoy en los distintos reclamos?

Opino que hay que cortar la ruta. ¿Qué olla? ¿Qué carpa? ¿Qué marcha? Es importante no olvidar que Mosconi también fue el epicentro del comienzo del derrumbe de Fernando de la Rúa y eso no lo logramos solamente haciendo una marcha, sino mediante la acción directa. Cada vez que fuimos a protestar ante alguna empresa nos llevamos puestos de trabajo, porque al privado no le gusta perder plata; le conviene más inventarte un empleo. Entonces me pregunto: ¿vale la pena el corte o no? Es lo más efectivo, porque enseguida vienen a negociar. Si no, te dan vueltas. Te miente uno, te miente el otro, parece que juegan al truco.

Los vehículos con los que logran generar empleo en medio del derrumbe que generan, explica Pepino, la mezcla de droga con modelo extractivo.

Teoría sobre las neuronas

Pepino está sentado en una silla hecha con neumáticos. También hay sillones hechos con neumáticos. Macetas hechas con neumáticos. Mesas hechas con neumáticos. En la UTD se respira la búsqueda permanente por vivir con dignidad. No es gratis: derechito al Récord Guinnes, José Fernández tiene acumuladas más de 350 causas judiciales en su contra. La primera fue en 1998. Las últimas dos, en enero pasado, cuando salieron a cortar la ruta en defensa del agua y el cuidado del ambiente. “¿Cómo puede ser que nos falte el agua dulce cuando tenés tres ríos importantes, como el Pilcomayo, el Bermejo y el Tarija, que atraviesan la provincia? No tener agua es el problema más grande que tenemos en Salta. Lo mismo pasa con la madera: se la llevan toda, sufrimos el desmonte hace años y ni siquiera se esfuerzan por plantar pensando en el futuro”, dice y ya no sonríe, mientras detrás suyo le cuida la espalda un cartel que avisa: “UTD, en defensa de los recursos naturales”.

¿Cuál es la causa de la falta de agua?

La falta de inversión. Ni la mínima e indispensable, existe. No se necesita mucha porque hay enormes cantidades superficiales de agua dulce; agua hay, sólo hay que guiarla. Pero no hacen nada los funcionarios ni las empresas tránsfugas. No respetan nuestra salud, el ambiente, sólo les interesa la guita. No podemos estar pidiendo tener agua, que es la vida del ser humano. No lo podemos aceptar. Y esto no pasa sólo en Salta, sino en la mayoría de las provincias.

Anteriormente hablaste de la acción directa. ¿Por ejemplo?

Luchar contra las grandes empresas, es la única manera de lograr un cambio. Hay que atacar donde más les duele, en la producción. A ellos lo que les interesa es ganar plata. Hay que cortarle a la empresa que produce la leche, cortarle a los barcos para que no salgan por el Paraná, donde se va cualquier cantidad de guita, miles de millones que se escapan por ese río. 

¿Así se gana la guerra contra la inflación?

Claro, parando los barcos, los camiones. Ir a los negocios y hacerles bajar los precios. O parar a los grandes agricultores y hacerles nosotros mismos las retenciones. Atacar con medidas fuertes. 

Pepino esboza esa idea y vuelve a reír. Como si se imaginara la situación. “Muchas veces hacés marchas y no generás nada, porque tenés a los gobiernos que quieren subsistir sin importarle el cómo y no dan respuestas. Hay que ir contra las corporaciones” Y plantea otra solución: “Para pagar la deuda externa y también la interna, alcanzaría con cobrarle a los Menem, a los Romero, la plata que se llevaron por las privatizaciones. Con esa guita solucionamos todos nuestros problemas y volvemos a ponernos de pie”.

Así como Mosconi, Tartagal y Cutral Có fueron referencia y guía para otras luchas populares a fines de los noventa, ¿sentís que alguna marca ese camino hoy? 

La resistencia del pueblo de Chubut a la minería. Esquel es una muestra de la que hay que aprender. Dijeron que no, que no quieren ninguna mina de oro para explotar por 15 años. Quieren agua pura, esquiar en paz por mil años, no por quince. Dejaron claro que aunque los gobiernos sigan haciendo estragos, lo que debe prevalecer en la lucha del pueblo es la continuidad de la vida digna.

¿Cómo seguimos, para dónde vamos?

La gente tiene que volverse a unir. Por eso, acá estamos pensando hacer un movimiento grande para que bajen los precios de la mercadería. Un ejemplo: ¿cómo puede ser que en Mosconi, donde somos productores de combustible, la nafta salga más cara? La respuesta es que de acá se va a Córdoba o a Tucumán para ser procesada y entonces se encarece mucho más. Si la procesáramos acá, sería mucho más barata, pero no hay ningún plan para eso. Y ahí tenemos que estar nosotros, con proyectos e ideas. Ante la desarticulación que existe hoy entre las organizaciones, nosotros proponemos una gran movilización nacional. Porque si se activa algo grande, el pueblo se levanta. Necesitamos la acción directa… y no dejar que se enfríen las neuronas.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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