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“No militamos la Ley para continuar lamentando muertes por abortos inseguros”

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La Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto denunció que una mujer de ese distrito bonaerense murió como consecuencia de un aborto clandestino. “No militamos la Ley para continuar lamentando muertes por abortos clandestinos e inseguros”, alertaron. Una integrante de la Mesa habló con lavaca y describió la falta de recursos en hospitales y salitas, la desinformación, las trabas municipales, y qué pasa cuando el Estado no llega, a casi ocho meses de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina.

“Una mujer de nuestra ciudad ha muerto a causa de un aborto clandestino e inseguro”.

Las palabras llegan desde Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros del Congreso de la Nación donde el 30 de diciembre del 2020 se aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo.

“Sabemos que pasó hace diez días aproximadamente, que fue por un aborto que se había provocado ella misma, que había llegado a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas de Merlo y que había fallecido”, relata Natalia, de la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto.

De la mujer tienen un solo dato, el lugar en el que vivía: detrás del barrio La Capilla, una zona que aún no tiene nombre. “Es una zona que está en la periferia de Marcos Paz, no hay salita, no hay absolutamente nada ahí. No nos sorprende que una persona que viva en las afueras no sepa que en la ciudad se puede acceder a un aborto en el hospital”.

La Capilla –explica Natalia- está a 30 cuadras aproximadamente del Hospital Municipal donde funciona un equipo de acceso a abortos legales. “Debe ser una de las pocas cosas que funciona bien en el hospital”, dice sobre el servicio que costó muchas gestiones y esfuerzo materializar. Pero la mujer que murió a causa de un aborto inseguro no fue al Hospital de Marcos Paz, sino a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas en Merlo. “El Hospital Municipal tiene muchísimas situaciones irregulares, la guardia no es amigable y hay muchas personas que optan por ir hasta Merlo que está a 1 hora en colectivo”, describe.

El comunicado que se difundió desde la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto dice: “Esta muerte podría haberse evitado con une agente de salud entregando folletos y dando información sobre cómo acceder a una IVE en Marcos Paz”.

Natalia amplía: “La única información que se distribuye en los barrios lo hacemos nosotras. Estamos llevando adelante un proyecto de rondas de charlas en los barrios y notamos que no se tiene idea que se puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en Marcos Paz, además de muchísimas otras cosas, por ejemplo no hay idea de cómo acceder a los métodos anticonceptivos, de cosas muy básicas. Ese laburo lo tiene que hacer la Municipalidad, desde el área de Salud, pero no hay preservativos en la salita, ni hablar de pastillas. Hay una falla comunicativa muy grande desde la Municipalidad, no está llegando la información donde tiene que llegar”.

¿Se comunicaron con la Municipalidad luego de conocer la muerte por aborto inseguro?

-Le enviamos el comunicado a la Secretaría de Salud y no nos contestó. Vamos a ir cara a cara a pedir que nos dé una reunión. Acá nos conocemos entre todos, es una ciudad que sigue siendo medianamente un pueblo, todos nos cruzamos todo el tiempo.

El acceso legal al aborto es ley, ¿qué falta?

-Compromiso real. Cada vez que se conquista una nueva ley que avanza en derechos la realidad es que el cuello de botella son los municipios. Cuando llegás al nivel municipal ahí dependés del recurso que tenés, que muchas veces es paupérrimo. Acá lo que está faltando es compromiso desde la Secretaría de Salud. Los municipios, con tal de que le pongan la banderita verde, van a decir ‘sí cumplimos’, pero después hacia adentro los hospitales municipales ponen trabas tremendas, por ejemplo con las semanas de gestación. La estructura municipal lo toma como una propaganda y no como una política real. Y después tenes dentro de los hospitales toda la estructura del sistema medico hegemónico que tenes que derribar. Todo el tiempo es derribar estructuras. La ley sola no garantiza nada. Se necesitan recursos, se necesitan capacitaciones comprometidas, que no queden en un zoom o un power point, y se necesita que se informe de verdad. Tener un equipo armado para el casco urbano sirve muchísimo, lo evidenciamos estos meses, pero para las zonas que están más alejadas, en el medio del campo o en barrios súper humildes, realmente no le cambia que haya un equipo en el hospital municipal porque ni siquiera tienen una salita que les pueda dar esa información.

-¿Por qué el Estado no llega?

-El Estado llega donde quiere si es que lo quiere hacer. En Marcos Paz hay una estructura de promotoras de salud en la Secretaría y desde que arrancó la pandemia las promotoras no salen a los barrios, es contradictorio porque es cuando más se necesita. Nosotras venimos haciendo las charlas y lo que más notamos es que se ha retrocedido muchísimo, son las mujeres las que se encuentran cada vez más encerradas en las casas. Si las personas no salen es el Estado el que tiene que estar en la puerta de la casa acercándoles los derechos.

El comunicado completo

Marcos Paz, 26 de agosto de 2021

Desde la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto no quisiéramos estar escribiendo esto, pero cuando las cuestiones que afectan directamente la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar no son tomadas como prioridad y en su conjunto, quienes ven perjudicadas sus vidas son siempre las mismas. Una mujer de nuestra ciudad ha muerto a causa de un aborto clandestino e inseguro, falleciendo en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, hace poco más de 10 días atrás.

Sabemos muy bien -porque venimos articulando en el acceso seguro a la IVE con diversas áreas municipales- que el equipo interdisciplinario que garantiza las Interrupciones Voluntarias de Embarazos en el Hospital Municipal trabaja excelente y que las capacitaciones en Unidades Sanitarias y UMIs (Unidades Municipales Integradas) para la conformación de consejerías en Salud Sexual están en proceso. Pero si bien celebramos estos avances, la falta de material informativo, preservativos y métodos anticonceptivos en los barrios y zonas rurales de Marcos Paz es recurrente y hasta constante en muchos lugares. Es responsabilidad de la Secretaría de Salud imprimir, difundir y proveer estos recursos. No alcanza con un par de carteles y volantes. Es necesaria la inversión en comunicación en salud sexual e insumos de prevención y más aún en este contexto. La pandemia no es excusa, la pandemia es la causa de que se recrudezca el encierro de las mujeres y la desinformación cuando el Estado no toca la puerta. Esta muerte podría haberse evitado con une agente de salud entregando folletos y dando información sobre cómo acceder a una IVE en Marcos Paz.

Valoramos el trabajo de articulación que se viene dando entre nuestra Mesa y las áreas municipales correspondientes. Sin embargo, como organización de la sociedad civil por la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos corresponde manifestarnos y exigir políticas públicas completas. Mientras no se tome como prioridad y se aborde de manera integral la salud sexual de las mujeres y personas con capacidad de gestar y esa desatención genere una muerte, el Estado seguirá siendo responsable. No militamos la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni redactamos y presentamos la Ordenanza local 011/2021 de Creación de Consejerías en Salud Sexual y acceso a la IVE/ILE para continuar lamentando muertes por abortos clandestinos e inseguros. Es urgente que desde la Secretaría de Salud del Municipio de Marcos Paz se lleve adelante una campaña comunicativa barrial y rural sobre salud sexual integral y que se garanticen preservativos y métodos anticonceptivos en las Unidades Sanitarias y UMIs.

Educación Sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir

Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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