Nota
#NiñasNoMadres: denuncia contra Manzur y otras autoridades políticas y sanitarias por tortura
El Encuentro de Profesionales contra la Tortura denunció ante la Asociación Médica Mundial al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de esa provincia y de Jujuy, por impedir el acceso al aborto legal a niñas y “someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La abogada Verónica Heredia, integrante de la organización, precisó a lavaca los alcances de la demanda. Además, compartimos el reportaje completo sobre la trama antiderechos en Tucumán que cobró visibilidad tras la obstaculización al aborto a una niña de 11 años.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, fueron denunciados ante la Asociación Médica Mundial, por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La demanda fue realizada por el Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
Tal como contó MU en su edición de marzo (investigación que compartimos al final de esta nota), en Tucumán se desplegó una red antiderechos que obstaculizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. El objetivo de esa red fue dilatar la gestación bajo la premisa de “salvemos las dos vidas”. El resultado fue la tortura a una niña y la muerte de una beba de 600 gramos.
“Los profesionales aquí denunciados no solo no han cumplido con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo sino que han obstaculizado el acceso de las menores al mismo, y sometiéndolas a una violencia institucional y mediática pocas veces vista violando su juramento médico, y avasallando sus derechos como menor”, puntualiza la denuncia, que también involucra a dos médicos jujeños por la obstaculización de la ILE a otra niña de 12 años violada. El EPCT (una organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otros) subraya que más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres en Argentina, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Por su parte, en Tucumán, y según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), 137 niñas menores de 14 años fueron madres en 2018.
“Denunciamos al gobernador, en su calidad de médico, ya que dio la orden de que se continúen los procedimientos necesarios en procura de ‘salvar las dos vidas’”, precisa a lavaca la doctora Verónica Heredia, secretaria del EPCT: “Esta es la perversidad de utilizar la ley, los fallos y las observaciones de los organismos internacionales para decir lo que quiera de forma deliberada, porque es falsear el fallo FAL de la Corte Suprema, que en ningún momento habla de salvar las dos vidas. Entendemos que los hechos configuran tortura. El embarazo forzoso está previsto en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Pero el hecho en sí es el mismo: es obligar a llevar adelante un embarazo, en especial si son niñas, y sobre todo en Argentina, porque todo esto se hizo contrariando expresamente la ley y la jurisprudencia”.
A quiénes denuncian
La doctora Verónica Heredia, del Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
La denuncia del EPCT por “falta ética grave en ejercicio de la profesión” alcanza a:
- Juan Manzur, gobernador de Tucumán.
- Gustavo Vigliocco, viceministro de Salud y responsable directo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Vigliocco fue uno de los principales responsables de la obstaculización de la ILE a la niña de 11 años. Tal como reveló MU, la abogada de la organización ANDHES, Florencia Vallino, contó que el funcionario le prometió a la familia de la niña construirles una casa si continuaban con el embarazo. Y sumó: “Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar”. Vigliocco también dijo en una entrevista radial que Lucía podía continuar la gestación porque “es grande de contextura física”.
- Roxana Chahla, ministra de Salud.
- Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este Eva Perón, donde estuvo internada la niña.
La demanda involucra además a dos médicos de Jujuy, que obstaculizaron en enero la ILE a una niña de 12 años violada y con 23 semanas de gestación. Ellos son:
- Gustavo Briones, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, de San Salvador de Jujuy.
- Marcelo Villa, director del Hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro.
La denuncia cita jurisprudencia internacional respecto a materia de aborto y menciona el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012) que establece que las personas tienen derecho a la ILE si el embarazo proviene de una violación o si representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. Señala además que el Ministerio de Salud publicó en 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE. Sin embargo, Tucumán es una de las provincias que no adhirió, y hasta se declaró “Provida” a seis días del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.
De todas formas, la denuncia precisa los lineamientos para acceder a la ILE:
- No se necesita autorización judicial.
- No se necesita denuncia policial o judicial.
- Las víctimas deben recibir “en forma inmediata y expeditiva” asistencia adecuada.
- Tienen el derecho a recibir información.
- Tienen derecho a la privacidad y la confidencialidad.
Nada de eso ocurrió en Tucumán ni en Jujuy.
Por ese motivo, Heredia explica la causa de esta demanda: “La Asociación Médica Mundial es una organización internacional que representa a los médicos en el mundo, fundada en 1947, que tiene como misión asegurar la independencia de los médicos para servir según la conducta ética en todas sus intervenciones. Apuntamos directamente a quienes buscaron impedir el acceso a la ILE a las niñas, hechos que configuraron tortura al haberlas obligado a ser niñas madres. Ahora, la Asociación Médica Argentina tendrá que dar explicaciones a nivel internacional sobre el accionar de estos médicos”.
A continuación, compartimos el reportaje sobre Tucumán en la edición 133 de MU.
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Donde no es cuento: la pesadilla tucumana
Cómo es la trama antiderechos de una provincia que se declaró “Provida” durante el debate en el Congreso y tiene a su gobernador como el principal defensor. Los datos que asustan. Pactos de silencios, funcionarios coimeros, médicos que no se callan y las adolescentes que fijan la agenda política que viene: “Ya no nos callamos más”. ▶ LUCAS PEDULLA
Hay una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en un pueblo al borde de la frontera con Santiago del Estero que suplica: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Es decir que reclama la Interrupción Legal del Embarazo.
Hay un viceministro de Salud que le ofrece una casa si no se hace el aborto.
Hay una fiscal de homicidios que quiere un defensor oficial para el feto.
Hay una provincia que se declaró “Provida” a seis días del debate en el Senado, que en 2018 tuvo 137 niñas madres menores de 14 años, e intentó votar una ley para prohibir el aborto en casos de violación, pero no pudo.
Hay un gobernador, Juan Manzur, que encabezó las marchas antiderechos.
Hay médicos que tienen miedo de hablar por persecuciones laborales y políticas.
Hay agentes fiscales en los hospitales de madrugada.
Hay un arzobispo, Carlos Sánchez, que nombró uno por uno a los legisladores nacionales en un sermón para advertirles que voten en contra de la IVE, el mismo que difundió a través de un audio de WhatsApp el nombre verdadero de la niña de 11 años.
Hay dos profesionales de la salud que realizaron una microcesárea, cuando un hospital entero se declaró objetor de conciencia en el momento.
Hay una beba de 660 gramos que nació producto de ese embarazo forzado y murió.
Hay abogados antiderechos que denuncian a los médicos por homicidio.
El cuento de la criada tuvo una versión argentina este febrero.
No la escribió Margaret Atwood, sino 38 senadores que votaron por el aborto clandestino.
Tampoco es ficción ni la República de Gilead.
Es Tucumán.
Y arde.
Romper el silencio
El 31 de enero, la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal se enteró de que una niña de 11 años con un embarazo en curso producto de una violación había ingresado al Hospital Eva Perón, en San Miguel de Tucumán. Este tejido se creó en el NOA para brindar herramientas y -sobre todo- apoyo a las médicas y médicos en casos de ILE, en provincias en las que la trama antiderechos pisa fuerte a nivel político. MU habló con integrantes en la provincia, que pidieron reserva de identidad para evitar persecuciones, pero que ayudan a entender cómo funcionan los hilos de una trama perversa.
Los profesionales que trataron con la familia en un primer momento habían pensado que dadas las características del caso se iban a comunicar con ellos para iniciar el protocolo ILE. Sin embargo, lo que comunicaron las autoridades del hospital fue que los servicios de Salud Mental y Servicio Social no iban a intervenir. Lucía (así fue dada a conocer en los medios para proteger su identidad) había llegado a la Clínica de Atención Primaria de Salud (CAPS) de su pueblo, en la localidad de 7 de Abril, con 16 semanas de gestación. Los médicos de la red confirmaron a MU que en la capital le constataron un embarazo de 20,4 semanas. Pero la ministra de Salud Rossana Chalha, en conferencia de prensa, dijo 22,7. La red responde: “Es muy fácil de desmentir. Está en la historia clínica”.
La situación se presentaba extraña. “Nos preguntábamos quién era el que estaba decidiendo acá. ¿La niña? ¿La madre? ¿O el Estado?”. Los primeros en romper el pacto de silencio fueron los profesionales de Salud Mental. “Denunciaron que el director de Salud Mental de la provincia, Walter Sigler, un funcionario que no tiene especialidad de psiquiatría en niños, estaba haciendo entrevistas a la niña, mientras no dejaban intervenir a los equipos del hospital. Estábamos convencidos de que había un plan de dilación para llegar hasta donde se pudiera con el embarazo”.
Sigler fue el funcionario que en conferencia dijo que la niña había tenido “ideaciones” suicidas. Los médicos responden: “La ideación es cuando decís que a veces pensás en morirte. La nena había llegado con autolesiones. Y todos los médicos del hospital decían que lloraba todos los días”.
-¿Cómo es el diálogo interno entre médicos cuando pasa algo así?
-Nadie habla. Nadie quiere enterarse de nada. Hay mucho silencio. Mucha angustia. Y un aroma de que en cualquier momento puede explotar todo. Entre los que sabemos quiénes somos, tratamos de contactarnos. Te vas enterando de a puchos quién es un compañero, mientras hay jefes o ginecólogos que atienden con pañuelos celestes atados en la mano. Así todos los días.
La tortura estatal
Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) se presentaron como amicus curiae para garantizar el derecho al aborto no punible de la niña. La abogada de ANDHES, Florencia Vallino, fue una de las profesionales que más cerca estuvo de la familia. En diálogo con MU sintetiza cuatro hechos fundamentales:
- Desde que Lucía ingresó al sistema de salud y se le practicó una microcesárea, pasaron cuatro semanas, cuando había manifestado en reiteradas oportunidades (incluso en Cámara Gesell durante el proceso judicial) el deseo de interrumpir el embarazo.
- Nunca se informó adecuadamente a la familia su derecho a acceder a la ILE.
- Nunca intervino el equipo interdisciplinario para acompañar y contener a la niña.
- Cuando la madre firmó el consentimiento de la ILE, le exigieron la aprobación del otro progenitor. Vallino: “Esto no es una exigencia legal”. Tampoco se le informó dónde lo tenía que presentar. Así estuvo dos semanas. Recién el 26 de febrero, luego de presentar una nota en la mesa de entradas del hospital exigiendo su derecho, la recibieron.
Vallino: “Manifestamos con total claridad que forzar a una niña a maternar constituye tortura. No es necesario que la justicia ordene al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) estas prácticas. Y los funcionarios siempre le transmitieron mucho miedo a la familia. Por ejemplo, le decían que podía perder el útero y que nunca más iba a poder maternar”.
-¿Quién fue?
–La familia señala en particular a una autoridad provincial: el viceministro Gustavo Vigliocco, responsable del Siprosa. Hay detalles: Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar. Todo a una niña de 11 años.
Vigliocco fue el funcionario que dijo en una entrevista en Radio Con Vos: “La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero es grande de contextura: tiene más de 50 kilos”.
Vallino: “No imaginábamos estos niveles de perversidad ni la noción de una niña como incubadora”.
-¿Hubo algún ofrecimiento directo desde el Estado para evitar la ILE?
-La familia nos manifestó que Vigliocco, de manera directa, les propuso construirles una casa si decidían continuar el embarazo. Él tenía un contacto directo, y esto lo remarco a propósito: esto no pasa. Él es una autoridad del sistema público de salud. No sucede que las autoridades visiten a una niña víctima alojada en un hospital, que tiene su médico de cabecera. Pero Vigliocco iba. Y cuando finalmente la madre firmó el consentimiento, esas promesas se desvanecieron. Y él, de un día para otro, desapareció.
Ni Chalha ni Vigliocco quisieron hablar para este artículo. Ambos fueron denunciados (junto a la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, y la jefa del servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedementoe) por organizaciones feministas y de derechos humanos por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La fiscal Giannoni tampoco aceptó ser entrevistada.
Los hilos
MU dialogó en exclusiva con el director de la Obra Social de Prensa de Tucumán, José Gijena, y su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, los dos profesionales que realizaron la microcesárea a Lucía. La entrevista completa puede leerse en lavaca.org (Cómo el estado tucumano torturó a una niña de 11 años), en la que cuentan el procedimiento al que los sometieron, las amenazas, y la censura a sus hijos en la escuela, hasta el punto de negarle la vacante a uno de ellos. Ambos, además, fueron denunciados por abogados antiderechos por homicidio.
¿Cómo se activan los mecanismos en una provincia que opera con esa violencia estatal? Los médicos de la Red dicen a MU: “Hay algo muy crudo: es una ruleta rusa. Es depende de a quién le toque primero saber que hay una niña o adolescente embarazada y de si esa persona es garante de derecho o no. Eso incrementa la vulnerabilidad de nuestra comunidad, porque así la ruleta se simplifica en ricos y pobres. Mucho más si, como Lucía, son niñas del interior sin acceso a nada. Es muy perverso. Estamos viendo los hilos de los que deciden quién es madre y quién no”.
Lo antiderecho es político
Soledad Deza es integrante de Católicas por el Derecho al Decidir, docente, investigadora y miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), además de profesora de la Universidad de San Pablo (USPT) y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres en Tucumán. También fue abogada de Belén, la joven que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo, condenada por “homicidio agravado por el vínculo”. Recién en marzo de 2017, la Corte Suprema de la provincia resolvió por unanimidad dejar sin efecto esa injusta sentencia. Belén tuvo que irse a vivir al Conurbano bonaerense.
Hay un dato construido por Deza que ubica que lo que sucede en Tucumán no es producto del azar, sino de una regularidad específica: desde 1992 a 2012, en la provincia fueron criminalizados 534 abortos. El 97 por ciento de los casos tiene a la propia mujer como imputada. “¿Qué se le imputa? Aborto, aborto provocado, pero de 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas fue aborto natural o espontáneo. Es decir, eventos obstétricos que no son delito, como Belén, que muestra un ánimo de criminalizar por fuera de lo habilitado por el Código Penal”.
Las organizaciones realizaron el 14 de enero un pedido a la Secretaría de Derechos Humanos para actualizar las cifras. “Nos interesa medir qué pasó después del fallo FAL y, sobre todo, cómo incidió el caso Belén. Un ejemplo: en febrero, en el Hospital San Pablo, llegó una chica de 18 años con un aborto en curso e intervino la fiscal Gianonni pidiendo restos de muestra. Eso no se puede hacer”.
-¿Qué eslabones de la máquina antiderechos visualizó el caso de Lucía?
-Evidenció un accionar antiderecho transversal dentro de los poderes del Estado. Lo grave es que vivimos en una provincia donde ese accionar antiderecho fue un accionar político destinado a impedir el acceso a un derecho. Y fue solapado: no tuvimos marchas, pero sí un nivel de incidencia mucho más peligroso destinado a convalidar la violación de los derechos de esta criatura. Es importante preguntarnos qué pasa en nuestra sociedad que los casos de niñas embarazadas se están detectando con la gestación tan avanzada, porque ahí tiene que haber un abandono estatal, una escuela o un sistema de salud que no las vio. O lo que es peor: una sociedad para la que está naturalizado una niña con una panza de 20 semanas. Me pregunto: ¿qué estamos validando?
-¿Qué similitudes encuentra en esa trama respecto a Belén?
-Es la misma maquinaria. Belén estuvo presa porque un equipo de salud, con una cosmovisión moral afín a ciertos dogmas religiosos, decidió que podía violar la ley para castigarla desde su lugar de poder. Luego, el Poder Judicial convalidó ese accionar. Es la misma maquinaria para castigar aquellas decisiones con las cuales no acuerdan moralmente. Y eso impugna o invalida cualquier tipo de democracia, a la vez que profundiza una enorme desigualdad: todas esas mujeres pertenecen a sectores populares. No solo hay falta de empatía, sino un ensañamiento que profundiza la desigualdad y convierte la maternidad en servicio público de mujeres pobres y con escasos recursos simbólicos y materiales, lo cual es doblemente malicioso por parte del Estado.
-¿Qué hipótesis puede trazar a partir de esa regularidad?
–Por un lado, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dice que en 2018, en Tucumán, 137 niñas fueron madres con menos de 14 años: allí solo hay niñas pobres. Por otro, la doble moral: esas niñas son las mismas que no reciben Educación Sexual Integral (ESI) porque van a una escuela pública donde se sigue impartiendo educación religiosa; las mismas que no acceden a la anticoncepción gratuita porque Tucumán no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva; y las que paradójicamente terminan pagando el pacto patriarcal del Gobierno con los sectores fundamentalistas de iglesias católicas y evangélicas.
-¿Qué nos deja Lucía?
–Así como Belén logró sensibilizar y evidenció que podía ser cualquier chica, este caso conmovió aun a sectores que fueron históricamente antagónicos con el derecho al aborto. Es de una crueldad impactante, y me parece que finalmente inscribió que pretender a una niña de 11 años como madre es un deseo perverso. Pero lo que hay que subrayar es que detrás hay un movimiento de mujeres que inscribió estas violencias como imperdonables.
El movimiento
Frente al Sistema Provincial de Salud se paran tres jóvenes con pañuelo verde.
En cuestión de minutos serán 300, con aerosoles, banderas y dos pintadas que lo dicen todo: “ILE no es cesárea”y “Niñas, no madres”.
Camila (22), Carla (22) y Mariana (18) son las primeras en llegar. Dicen que están rabiosas. “Queremos que las autoridades que permitieron esta atrocidad sean removidas. Punto”. Sol y Florencia, ambas de 23, con purpurina en los ojos y en los cachetes, se suman: “Nosotras no nos escondemos. Nos insultan todo el tiempo, nos gritan asesinas, pero lo importante es seguir sumándose y no tener miedo. Es un orgullo llevar el pañuelo, y cuando vemos a otra persona que lo tiene, nos sentimos acompañadas. Es saber que, aun en esta provincia, con alguien podés contar”. Las cinco coinciden en un detalle esperanzador: “Generalmente somos las adolescentes”.
Las escucha María Rosa Castro, trabajadora en un instituto privado, 58 años. Su voz pone contexto y perspectiva: “Soy vecina, no estoy en ninguna organización, pero veo cómo las mujeres que en mi barrio abortaban cuando tenían 15 ó 16 años, hoy son las que llenan las calles antiderechos. Porque sus hijas también abortan. ¿Pero dónde? En sanatorios. Sabemos que las perjudicadas son las pobres que no tienen posibilidad de pagarlos. Y si quedan vivas, van presas. En cambio las otras salen vivas y vuelven tranquilas a sus casas con sus familias. Nosotras no luchamos por ‘las dos vidas’, luchamos por todas. ¿Sabés cuál es mi principal bronca? Que hablan de ‘provida’ mientras la criatura está dentro del vientre, pero cuando esa criatura sale y están en los semáforos violados, drogados o con hambre, los corren y los insultan y les meten un tiro por detrás de la cabeza. Eso es injusticia e hipocresía”.
La calle explota. Se nombra a cada uno de los funcionarios públicos tucumanos. Las jóvenes devuelven con un veredicto: “Torturadores”. ¿Qué significa ese grito en esta provincia? Florencia y Lucía, estudiantes de Teatro y Ciencias de la Comunicación, 24 y 20 años, responden: “Significa que no nos callamos más. Sentimos que frente al movimiento feminista no podemos quedarnos en silencio. Y aunque ahora seamos trescientas o menos de cien, estamos acá, cortando la calle, y que lo vean todos los medios nacionales: estamos poniendo el cuerpo, la voz, el aerosol. Todo”.
Ambas tienen un cartel que ata los cabos y sintetiza este cuento de terror: “El Estado es pedófilo”. No es ficción.
Es Tucumán. Y arde.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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