El Encuentro de Profesionales contra la Tortura denunció ante la Asociación Médica Mundial al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de esa provincia y de Jujuy, por impedir el acceso al aborto legal a niñas y “someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La abogada Verónica Heredia, integrante de la organización, precisó a lavaca los alcances de la demanda. Además, compartimos el reportaje completo sobre la trama antiderechos en Tucumán que cobró visibilidad tras la obstaculización al aborto a una niña de 11 años.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, fueron denunciados ante la Asociación Médica Mundial, por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La demanda fue realizada por el Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
Tal como contó MU en su edición de marzo (investigación que compartimos al final de esta nota), en Tucumán se desplegó una red antiderechos que obstaculizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. El objetivo de esa red fue dilatar la gestación bajo la premisa de “salvemos las dos vidas”. El resultado fue la tortura a una niña y la muerte de una beba de 600 gramos.
“Los profesionales aquí denunciados no solo no han cumplido con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo sino que han obstaculizado el acceso de las menores al mismo, y sometiéndolas a una violencia institucional y mediática pocas veces vista violando su juramento médico, y avasallando sus derechos como menor”, puntualiza la denuncia, que también involucra a dos médicos jujeños por la obstaculización de la ILE a otra niña de 12 años violada. El EPCT (una organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otros) subraya que más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres en Argentina, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Por su parte, en Tucumán, y según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), 137 niñas menores de 14 años fueron madres en 2018.
“Denunciamos al gobernador, en su calidad de médico, ya que dio la orden de que se continúen los procedimientos necesarios en procura de ‘salvar las dos vidas’”, precisa a lavaca la doctora Verónica Heredia, secretaria del EPCT: “Esta es la perversidad de utilizar la ley, los fallos y las observaciones de los organismos internacionales para decir lo que quiera de forma deliberada, porque es falsear el fallo FAL de la Corte Suprema, que en ningún momento habla de salvar las dos vidas. Entendemos que los hechos configuran tortura. El embarazo forzoso está previsto en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Pero el hecho en sí es el mismo: es obligar a llevar adelante un embarazo, en especial si son niñas, y sobre todo en Argentina, porque todo esto se hizo contrariando expresamente la ley y la jurisprudencia”.
A quiénes denuncian
 

La doctora Verónica Heredia, del Encuentro de Profesionales contra la Tortura. 
La denuncia del EPCT por “falta ética grave en ejercicio de la profesión” alcanza a:

• Juan Manzur, gobernador de Tucumán.
• Gustavo Vigliocco, viceministro de Salud y responsable directo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Vigliocco fue uno de los principales responsables de la obstaculización de la ILE a la niña de 11 años. Tal como reveló MU, la abogada de la organización ANDHES, Florencia Vallino, contó que el funcionario le prometió a la familia de la niña construirles una casa si continuaban con el embarazo. Y sumó: “Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar”. Vigliocco también dijo en una entrevista radial que Lucía podía continuar la gestación porque “es grande de contextura física”.
• Roxana Chahla, ministra de Salud.
• Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este Eva Perón, donde estuvo internada la niña.

La demanda involucra además a dos médicos de Jujuy, que obstaculizaron en enero la ILE a una niña de 12 años violada y con 23 semanas de gestación. Ellos son:

• Gustavo Briones, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, de San Salvador de Jujuy.
• Marcelo Villa, director del Hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro.

La denuncia cita jurisprudencia internacional respecto a materia de aborto y menciona el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012) que establece que las personas tienen derecho a la ILE si el embarazo proviene de una violación o si representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. Señala además que el Ministerio de Salud publicó en 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE. Sin embargo, Tucumán es una de las provincias que no adhirió, y hasta se declaró “Provida” a seis días del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.
De todas formas, la denuncia precisa los lineamientos para acceder a la ILE:

• No se necesita autorización judicial.
• No se necesita denuncia policial o judicial.
• Las víctimas deben recibir “en forma inmediata y expeditiva” asistencia adecuada.
• Tienen el derecho a recibir información.
• Tienen derecho a la privacidad y la confidencialidad.

Nada de eso ocurrió en Tucumán ni en Jujuy.
Por ese motivo, Heredia explica la causa de esta demanda: “La Asociación Médica Mundial es una organización internacional que representa a los médicos en el mundo, fundada en 1947, que tiene como misión asegurar la independencia de los médicos para servir según la conducta ética en todas sus intervenciones. Apuntamos directamente a quienes buscaron impedir el acceso a la ILE a las niñas, hechos que configuraron tortura al haberlas obligado a ser niñas madres. Ahora, la Asociación Médica Argentina tendrá que dar explicaciones a nivel internacional sobre el accionar de estos médicos”.
A continuación, compartimos el reportaje sobre Tucumán en la edición 133 de MU.
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Donde no es cuento: la pesadilla tucumana
Cómo es la trama antiderechos de una provincia que se declaró “Provida” durante el debate en el Congreso y tiene a su gobernador como el principal defensor. Los datos que asustan. Pactos de silencios, funcionarios coimeros, médicos que no se callan y las adolescentes que fijan la agenda política que viene: “Ya no nos callamos más”. ▶ LUCAS PEDULLA
Hay una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en un pueblo al borde de la frontera con Santiago del Estero que suplica: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Es decir que reclama la Interrupción Legal del Embarazo.
Hay un viceministro de Salud que le ofrece una casa si no se hace el aborto.
Hay una fiscal de homicidios que quiere un defensor oficial para el feto.
Hay una provincia que se declaró “Provida” a seis días del debate en el Senado, que en 2018 tuvo 137 niñas madres menores de 14 años, e intentó votar una ley para prohibir el aborto en casos de violación, pero no pudo.
Hay un gobernador, Juan Manzur, que encabezó las marchas antiderechos.
Hay médicos que tienen miedo de hablar por persecuciones laborales y políticas.
Hay agentes fiscales en los hospitales de madrugada.
Hay un arzobispo, Carlos Sánchez, que nombró uno por uno a los legisladores nacionales en un sermón para advertirles que voten en contra de la IVE, el mismo que difundió a través de un audio de WhatsApp el nombre verdadero de la niña de 11 años.
Hay dos profesionales de la salud que realizaron una microcesárea, cuando un hospital entero se declaró objetor de conciencia en el momento.
Hay una beba de 660 gramos que nació producto de ese embarazo forzado y murió.
Hay abogados antiderechos que denuncian a los médicos por homicidio.
El cuento de la criada tuvo una versión argentina este febrero.
No la escribió Margaret Atwood, sino 38 senadores que votaron por el aborto clandestino.
Tampoco es ficción ni la República de Gilead.
Es Tucumán.
Y arde.
Romper el silencio
El 31 de enero, la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal se enteró de que una niña de 11 años con un embarazo en curso producto de una violación había ingresado al Hospital Eva Perón, en San Miguel de Tucumán. Este tejido se creó en el NOA para brindar herramientas y -sobre todo- apoyo a las médicas y médicos en casos de ILE, en provincias en las que la trama antiderechos pisa fuerte a nivel político. MU habló con integrantes en la provincia, que pidieron reserva de identidad para evitar persecuciones, pero que ayudan a entender cómo funcionan los hilos de una trama perversa.
Los profesionales que trataron con la familia en un primer momento habían pensado que dadas las características del caso se iban a comunicar con ellos para iniciar el protocolo ILE. Sin embargo, lo que comunicaron las autoridades del hospital fue que los servicios de Salud Mental y Servicio Social no iban a intervenir. Lucía (así fue dada a conocer en los medios para proteger su identidad) había llegado a la Clínica de Atención Primaria de Salud (CAPS) de su pueblo, en la localidad de 7 de Abril, con 16 semanas de gestación. Los médicos de la red confirmaron a MU que en la capital le constataron un embarazo de 20,4 semanas. Pero la ministra de Salud Rossana Chalha, en conferencia de prensa, dijo 22,7. La red responde: “Es muy fácil de desmentir. Está en la historia clínica”.
La situación se presentaba extraña. “Nos preguntábamos quién era el que estaba decidiendo acá. ¿La niña? ¿La madre? ¿O el Estado?”. Los primeros en romper el pacto de silencio fueron los profesionales de Salud Mental. “Denunciaron que el director de Salud Mental de la provincia, Walter Sigler, un funcionario que no tiene especialidad de psiquiatría en niños, estaba haciendo entrevistas a la niña, mientras no dejaban intervenir a los equipos del hospital. Estábamos convencidos de que había un plan de dilación para llegar hasta donde se pudiera con el embarazo”.
Sigler fue el funcionario que en conferencia dijo que la niña había tenido “ideaciones” suicidas. Los médicos responden: “La ideación es cuando decís que a veces pensás en morirte. La nena había llegado con autolesiones. Y todos los médicos del hospital decían que lloraba todos los días”.
-¿Cómo es el diálogo interno entre médicos cuando pasa algo así?
-Nadie habla. Nadie quiere enterarse de nada. Hay mucho silencio. Mucha angustia. Y un aroma de que en cualquier momento puede explotar todo. Entre los que sabemos quiénes somos, tratamos de contactarnos. Te vas enterando de a puchos quién es un compañero, mientras hay jefes o ginecólogos que atienden con pañuelos celestes atados en la mano. Así todos los días.
La tortura estatal
Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) se presentaron como amicus curiae para garantizar el derecho al aborto no punible de la niña. La abogada de ANDHES, Florencia Vallino, fue una de las profesionales que más cerca estuvo de la familia. En diálogo con MU sintetiza cuatro hechos fundamentales:

• Desde que Lucía ingresó al sistema de salud y se le practicó una microcesárea, pasaron cuatro semanas, cuando había manifestado en reiteradas oportunidades (incluso en Cámara Gesell durante el proceso judicial) el deseo de interrumpir el embarazo.
• Nunca se informó adecuadamente a la familia su derecho a acceder a la ILE.
• Nunca intervino el equipo interdisciplinario para acompañar y contener a la niña.
• Cuando la madre firmó el consentimiento de la ILE, le exigieron la aprobación del otro progenitor. Vallino: “Esto no es una exigencia legal”. Tampoco se le informó dónde lo tenía que presentar. Así estuvo dos semanas. Recién el 26 de febrero, luego de presentar una nota en la mesa de entradas del hospital exigiendo su derecho, la recibieron.

Vallino: “Manifestamos con total claridad que forzar a una niña a maternar constituye tortura. No es necesario que la justicia ordene al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) estas prácticas. Y los funcionarios siempre le transmitieron mucho miedo a la familia. Por ejemplo, le decían que podía perder el útero y que nunca más iba a poder maternar”.
-¿Quién fue?
–La familia señala en particular a una autoridad provincial: el viceministro Gustavo Vigliocco, responsable del Siprosa. Hay detalles: Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar. Todo a una niña de 11 años.
Vigliocco fue el funcionario que dijo en una entrevista en Radio Con Vos: “La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero es grande de contextura: tiene más de 50 kilos”.
Vallino: “No imaginábamos estos niveles de perversidad ni la noción de una niña como incubadora”.
-¿Hubo algún ofrecimiento directo desde el Estado para evitar la ILE?
-La familia nos manifestó que Vigliocco, de manera directa, les propuso construirles una casa si decidían continuar el embarazo. Él tenía un contacto directo, y esto lo remarco a propósito: esto no pasa. Él es una autoridad del sistema público de salud. No sucede que las autoridades visiten a una niña víctima alojada en un hospital, que tiene su médico de cabecera. Pero Vigliocco iba. Y cuando finalmente la madre firmó el consentimiento, esas promesas se desvanecieron. Y él, de un día para otro, desapareció.
Ni Chalha ni Vigliocco quisieron hablar para este artículo. Ambos fueron denunciados (junto a la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, y la jefa del servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedementoe) por organizaciones feministas y de derechos humanos por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La fiscal Giannoni tampoco aceptó ser entrevistada.
Los hilos
MU dialogó en exclusiva con el director de la Obra Social de Prensa de Tucumán, José Gijena, y su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, los dos profesionales que realizaron la microcesárea a Lucía. La entrevista completa puede leerse en lavaca.org (Cómo el estado tucumano torturó a una niña de 11 años), en la que cuentan el procedimiento al que los sometieron, las amenazas, y la censura a sus hijos en la escuela, hasta el punto de negarle la vacante a uno de ellos. Ambos, además, fueron denunciados por abogados antiderechos por homicidio.
¿Cómo se activan los mecanismos en una provincia que opera con esa violencia estatal? Los médicos de la Red dicen a MU: “Hay algo muy crudo: es una ruleta rusa. Es depende de a quién le toque primero saber que hay una niña o adolescente embarazada y de si esa persona es garante de derecho o no. Eso incrementa la vulnerabilidad de nuestra comunidad, porque así la ruleta se simplifica en ricos y pobres. Mucho más si, como Lucía, son niñas del interior sin acceso a nada. Es muy perverso. Estamos viendo los hilos de los que deciden quién es madre y quién no”.
Lo antiderecho es político
Soledad Deza es integrante de Católicas por el Derecho al Decidir, docente, investigadora y miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), además de profesora de la Universidad de San Pablo (USPT) y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres en Tucumán. También fue abogada de Belén, la joven que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo, condenada por “homicidio agravado por el vínculo”. Recién en marzo de 2017, la Corte Suprema de la provincia resolvió por unanimidad dejar sin efecto esa injusta sentencia. Belén tuvo que irse a vivir al Conurbano bonaerense.
Hay un dato construido por Deza que ubica que lo que sucede en Tucumán no es producto del azar, sino de una regularidad específica: desde 1992 a 2012, en la provincia fueron criminalizados 534 abortos. El 97 por ciento de los casos tiene a la propia mujer como imputada. “¿Qué se le imputa? Aborto, aborto provocado, pero de 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas fue aborto natural o espontáneo. Es decir, eventos obstétricos que no son delito, como Belén, que muestra un ánimo de criminalizar por fuera de lo habilitado por el Código Penal”.
Las organizaciones realizaron el 14 de enero un pedido a la Secretaría de Derechos Humanos para actualizar las cifras. “Nos interesa medir qué pasó después del fallo FAL y, sobre todo, cómo incidió el caso Belén. Un ejemplo: en febrero, en el Hospital San Pablo, llegó una chica de 18 años con un aborto en curso e intervino la fiscal Gianonni pidiendo restos de muestra. Eso no se puede hacer”.
-¿Qué eslabones de la máquina antiderechos visualizó el caso de Lucía?
-Evidenció un accionar antiderecho transversal dentro de los poderes del Estado. Lo grave es que vivimos en una provincia donde ese accionar antiderecho fue un accionar político destinado a impedir el acceso a un derecho. Y fue solapado: no tuvimos marchas, pero sí un nivel de incidencia mucho más peligroso destinado a convalidar la violación de los derechos de esta criatura. Es importante preguntarnos qué pasa en nuestra sociedad que los casos de niñas embarazadas se están detectando con la gestación tan avanzada, porque ahí tiene que haber un abandono estatal, una escuela o un sistema de salud que no las vio. O lo que es peor: una sociedad para la que está naturalizado una niña con una panza de 20 semanas. Me pregunto: ¿qué estamos validando?
-¿Qué similitudes encuentra en esa trama respecto a Belén?
-Es la misma maquinaria. Belén estuvo presa porque un equipo de salud, con una cosmovisión moral afín a ciertos dogmas religiosos, decidió que podía violar la ley para castigarla desde su lugar de poder. Luego, el Poder Judicial convalidó ese accionar. Es la misma maquinaria para castigar aquellas decisiones con las cuales no acuerdan moralmente. Y eso impugna o invalida cualquier tipo de democracia, a la vez que profundiza una enorme desigualdad: todas esas mujeres pertenecen a sectores populares. No solo hay falta de empatía, sino un ensañamiento que profundiza la desigualdad y convierte la maternidad en servicio público de mujeres pobres y con escasos recursos simbólicos y materiales, lo cual es doblemente malicioso por parte del Estado.
-¿Qué hipótesis puede trazar a partir de esa regularidad?
–Por un lado, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dice que en 2018, en Tucumán, 137 niñas fueron madres con menos de 14 años: allí solo hay niñas pobres. Por otro, la doble moral: esas niñas son las mismas que no reciben Educación Sexual Integral (ESI) porque van a una escuela pública donde se sigue impartiendo educación religiosa; las mismas que no acceden a la anticoncepción gratuita porque Tucumán no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva; y las que paradójicamente terminan pagando el pacto patriarcal del Gobierno con los sectores fundamentalistas de iglesias católicas y evangélicas.
-¿Qué nos deja Lucía?
–Así como Belén logró sensibilizar y evidenció que podía ser cualquier chica, este caso conmovió aun a sectores que fueron históricamente antagónicos con el derecho al aborto. Es de una crueldad impactante, y me parece que finalmente inscribió que pretender a una niña de 11 años como madre es un deseo perverso. Pero lo que hay que subrayar es que detrás hay un movimiento de mujeres que inscribió estas violencias como imperdonables.
El movimiento
Frente al Sistema Provincial de Salud se paran tres jóvenes con pañuelo verde.
En cuestión de minutos serán 300, con aerosoles, banderas y dos pintadas que lo dicen todo: “ILE no es cesárea”y “Niñas, no madres”.
Camila (22), Carla (22) y Mariana (18) son las primeras en llegar. Dicen que están rabiosas. “Queremos que las autoridades que permitieron esta atrocidad sean removidas. Punto”. Sol y Florencia, ambas de 23, con purpurina en los ojos y en los cachetes, se suman: “Nosotras no nos escondemos. Nos insultan todo el tiempo, nos gritan asesinas, pero lo importante es seguir sumándose y no tener miedo. Es un orgullo llevar el pañuelo, y cuando vemos a otra persona que lo tiene, nos sentimos acompañadas. Es saber que, aun en esta provincia, con alguien podés contar”. Las cinco coinciden en un detalle esperanzador: “Generalmente somos las adolescentes”.
Las escucha María Rosa Castro, trabajadora en un instituto privado, 58 años. Su voz pone contexto y perspectiva: “Soy vecina, no estoy en ninguna organización, pero veo cómo las mujeres que en mi barrio abortaban cuando tenían 15 ó 16 años, hoy son las que llenan las calles antiderechos. Porque sus hijas también abortan. ¿Pero dónde? En sanatorios. Sabemos que las perjudicadas son las pobres que no tienen posibilidad de pagarlos. Y si quedan vivas, van presas. En cambio las otras salen vivas y vuelven tranquilas a sus casas con sus familias. Nosotras no luchamos por ‘las dos vidas’, luchamos por todas. ¿Sabés cuál es mi principal bronca? Que hablan de ‘provida’ mientras la criatura está dentro del vientre, pero cuando esa criatura sale y están en los semáforos violados, drogados o con hambre, los corren y los insultan y les meten un tiro por detrás de la cabeza. Eso es injusticia e hipocresía”.
La calle explota. Se nombra a cada uno de los funcionarios públicos tucumanos. Las jóvenes devuelven con un veredicto: “Torturadores”. ¿Qué significa ese grito en esta provincia? Florencia y Lucía, estudiantes de Teatro y Ciencias de la Comunicación, 24 y 20 años, responden: “Significa que no nos callamos más. Sentimos que frente al movimiento feminista no podemos quedarnos en silencio. Y aunque ahora seamos trescientas o menos de cien, estamos acá, cortando la calle, y que lo vean todos los medios nacionales: estamos poniendo el cuerpo, la voz, el aerosol. Todo”.
Ambas tienen un cartel que ata los cabos y sintetiza este cuento de terror: “El Estado es pedófilo”. No es ficción.
Es Tucumán. Y arde.