CABA

Ordenan cumplir el cupo laboral trans en la Ciudad: Cristina Montserrat tenía razón

Publicada

hace 7 años

25/04/2019

El cupo laboral trans del 5% deberá ser reglamentado en 30 días para implementarse en el Poder Judicial porteño, de acuerdo a un fallo tal vez histórico, que ordena al Consejo de la Magistratura cumplir lo dispuesto por la ley y exhorta a que se haga lo mismo en todas las áreas oficiales de la Ciudad. Cristina Montserrat Hendrickse, abogada e impulsora de la demanda, explica a lavaca: “Esto significa que el Consejo tiene que cubrir el 5% de la planta judicial con personas del colectivo trans. Es una opción, para la que no quiere prostituirse, de tener un empleo con obra social, sin automedicarse con hormonas ni inyectarse aceites industriales. El empleo revierte una situación de apartheid”. Los números del Observatorio de violencia trans, el fallo completo, las cifras de la discriminación y las veces en que lo supuestamente inviable termina siendo motor de transformación.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 21 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, produjo esta semana un fallo histórico: hacer lugar a una medida cautelar que ordena al Consejo de la Magistratura porteño a que en un plazo de 30 días dicte la reglamentación para implementar en el Poder Judicial el cupo laboral del 5 por ciento para personas trans, establecido en la Ley 4376 de Política Pública sancionada en 2012 para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.
“Significa que el Consejo tiene que adecuarse a cubrir su planta y la del Poder Judicial con el 5 por ciento de nuestro colectivo”, explica a lavaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, integrante del equipo jurídico de la Defensoría LGTB en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, e impulsora de la demanda.
Otro dato: el fallo exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudady a cada uno de los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans.
Seis años de ley ignorada
En abril del 2017, la abogada presentó un reclamo administrativo al Consejo de la Magistratura para garantizar la integración del cupo del 5 por ciento.
Lo que siguió fue un trayecto judicial que derivó en la sentencia del Juzgado N°21, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, que argumentó que la falta de reglamentación lesiona los derechos de Cristina Montserrat no solo en forma personal, sino también del colectivo trans. El fallo destaca los fundamentos de la Ley 4376 al subrayar que “casi un 39 por ciento del colectivo trans padece discriminación laboral, por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo orden a su identificación sexual”.
Por esa razón, la jueza esgrime:
“Entiendo que la falta de reglamentación de una norma vigente, dictada en el año 2012 que propone la incorporación en una proporción no inferior a un 5% de personas trans en el ámbito del empleo público de la CABA torna procedente la necesidad de un remedio cautelar en tanto se verifica la concurrencia de la verosimilitud del derecho invocada y el transcurso de una razonable pauta temporal (seis años desde el dictado de la ley)”.
Los números de OvisTrans
En 2018, el Observatorio de Violencia Institucional y Social Trans (OvisTrans) presentó un pedido de informes al Consejo, que fue “renuente” a brindar información al alegar que no registra a “sus empleados” por su identidad de género.
El informe elaborado por el OvisTrans, a partir de datos particulares, revela que solo una empleada trans trabaja en el Juzgado de Elena Liberatori, aunque se desconoce si pertenece a planta o a contratos precarios. Tampoco el Poder Legislativo respondió la solicitud: OvisTrans averiguó que allí sólo trabaja una persona trans “con un contrato de locación de servicios, cumpliendo funciones de guía a alumnos de colegios que visitan la Legislatura”.
Luego de un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad, el Observatorio determinó que de las casi 139 mil personas que trabajan en la Administración Central del Poder Ejecutivo, sólo 43 son personas trans. Muy lejos de los casi 7000 puestos de empleo que deberían existir si se cumpliera la ley.
La abogada Montserrat Hendrickse –quien formó parte de la elaboración de ese informe- lo ubica como contexto del fallo de la jueza Larrea: “En esas cifras nos damos cuenta de todo lo que falta”.
Debate con Magistratura

La abogada inició un pedido administrativo dirigido a la presidenta del Consejo, Marcela Basterra. “Luego de ver que en varias jurisdicciones se sancionaban normas de cupo trans, vi que en el Consejo no ocurría, aunque sí lo hacían para discapacidad. En mi presentación, dije que era abogada trans, que quería entrar al Poder Judicial y que se aplicara la ley. Si bien no estaba reglamentada, hay una constitucionalidad por omisión: significa que el Estado tiene el deber de hacer algo. Nunca me respondieron el planteo”.
Cristina presentó un pedido de “pronto despacho”, pero los plazos se seguían agotando. “Después de un tiempo sin responder, ya se puede considerar por denegado. Hice entonces la vía de la hormiga: agotadas las actuaciones administrativas, ya podía acudir a la Justicia”.
A partir de ese momento, se puso en contacto con organizaciones LGTIB para que el escrito tomara un carácter colectivo. Allí comenzó a trabajar en la Defensoría, con atenciones a personas trans, cuestiones procesales, juicios y audiencias. Así surgió la posibilidad de hablar con Basterra para saber si la ley sería reglamentada.
La abogada exigió que el pedido se hiciera por escrito, para dejar constancia de una respuesta oficial. Recién entonces el Consejo de la Magistratura se expidió por primera vez: de esta forma quedó expresamente dicho que para el órgano no había inconstitucionalidad por omisión.
El argumento del Consejo: “Ello por cuanto dicho inciso no establece un cupo obligatorio, sino que ‘… propone la incorporación…’ lo cual consiste en proponer a los órganos competentes la facultad de incorporar en el sector público local personas del colectivo trans”.
Cristina: “Entienden el ‘proponer’ como un sentido facultativo. Como si fuera una sugerencia. Pero acá no se trata de si querés hacerlo o no: es un derecho. Esa norma se completa con que el Estado tiene que garantizar que va a proponer un 5 por ciento de cupo”.
Mineras, volcanes y otras cosas inviables

La jueza Larrea compartió esa interpretación. Por eso, en su fallo queda claro que no se trata de un hecho facultativo: el Poder Judicial debe hacer lugar a la medida cautelar en un plazo de 30 días.
Reflexión de la abogada: “En todos lados me dijeron que lo que yo planteaba era inviable. Que no iba a salir. Me lo dijeron a mí, que vengo del trabajo horizontal de las asambleas en la Patagonia contra empresas multinacionales extractivas, que logramos un plesbiscito en Loncopué que rechazó la instalación de una minera y que fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el lonko mapuche a explicarle a esos técnicos que nuestro volcán Copahue tiene sentimientos. ¿Y sabés qué? Nos dieron la razón. Bueno: acá también”.
El trabajo o los crímenes
La abogada también hace referencia a un detalle que la jueza considera en su fallo: la supuesta cuestión de privilegio que tendría el colectivo trans respecto a esta medida. “Hay muchos medios o periodistas de derecha, que plantean que tenemos que entrar por capacidades y no por cupo, como si muchos empleos públicos estuvieran cubiertos por capacidad. A la mayoría de las compañeras no las dejan inscribirse, las que no tienen empleo no pueden acceder, y la cualificación laboral de nuestro colectivo es escasa o nula. Pero eso no quita que el Estado también tenga empleo no calificado: pueden atender la mesa de entrada, o sacar fotocopias, como hace tanta gente cis género que trabaja en el Estado”.
Otro aspecto es la cuestión económica: “Piensan que hay que crear puestos de trabajo para las travestis, pero no: cuando se produce una vacante, y hasta cubrir el cinco por ciento, tienen prioridad las personas pertenecientes al colectivo. La cuestión económica se trasluce cuando vos no atendés a esa población. Por ejemplo, en la cuestión de salud: nuestra expectativa de vida es de 35 o 40 años. Las chicas, desde muy temprano, la pasan muy mal: mucha exclusión, episodios de depresión que pueden desembocar en adicciones. Muchas compañeras con HIV, la exposición riesgosa del trabajo sexual, no regulado, aunque sí gestionado ilegalmente por el Estado. En Camino Negro (Lomas de Zamora), por ejemplo, tenemos chicas muertas todos los meses por conflictos con la recaudación”.
Cristina Montserrat Hendrickse pone el ejemplo de la sala 8 del Hospital Muñiz, donde un equipo trans se encarga de atender a otras personas del colectivo que llegan con mal estado de salud.
“Muchas llegan con intentos de suicidio, o suicidios fallidos, que son muy costosos, porque te llevan casi un mes de terapia limpiando el organismo. Y en esa sala morimos como moscas. No hay familiares. Solo un grupo, que se llama Trans-Vivir, que se encarga de garantizar ciertas condiciones, pero no deja de ser parte de una sociedad de apartheid donde la expectativa de vida general es de 80 años, y para nosotras de 35 o 40”.
Quebrar el apartheid
¿Qué significa, entonces, que este logro se haya conseguido en el Consejo de la Magistratura?
“Ese es el primer lugar en el que se deberían reconocer las leyes, pero también es el primero que ha tenido una respuesta administrativa con una interpretación que desconoce este derecho. Y no les interesa. Hay un Observatorio de Género, con buenos dictámenes, pero a nosotras no nos sirve si no se concreta en la realidad con hechos palpables. El cupo trans se necesita hoy, para que la que no quiere ir a prostituirse tenga una opción, un empleo con obra social, para que no tenga que automedicarse con hormonas, inyectarse aceites industriales. El empleo es importantísimo para revertir esta situación de apartheid”.
Cristina subraya que en la reforma constitucional de 1994 se incluyeron las políticas activas (artículo 75, inciso 23), o lo que se llama “discriminación positiva”. Explica: “Es cuando la ley crea una desigualdad para compensar una desigualdad real. Y acá hay una desigualdad. Supongamos que fuéramos el 5 por ciento del país: no veo ese 5 por ciento atendiendo farmacias, bancos, comercios. Algo está pasando. Obvio que hay niveles de desocupación generales, pero el índice de desempleo no es el mismo para nosotras. Estamos literalmente afuera”.
¿Y en el Consejo de la Magistratura? “Mucho menos posibilidad todavía. Es un conservadurismo de privilegios de grupos que son cerrados para el resto de la sociedad. No se puede formar una clase social así, tan distanciada de la realidad, y mucho menos con un discurso progre, con publicaciones sobre el acceso a la justicia de personas trans, cuando lo que vimos con OvisTrans es que, salvo una chica en el juzgado de Liberatori, no hay nadie. Yo soy abogada, y tengo interés de participar en las funciones públicas de mi país. Este fallo no hace más que reconocer el derecho que me reconocen todos los tratados internacionales”.

El fallo completo de la justicia sobre el cupo trans en CABA

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Vaca Muerta: absolvieron a la comunidad mapuche

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 3 semanas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 3 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.