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Otra vez la vergüenza de la política: engaños y represión para imponer la megaminería en Chubut

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Llega un mensaje de whatsapp a lavaca desde Rawson: “Nuevo centro de detención en Chubut. Después de la represión tienen detenidas a tres mujeres en la Legislatura y está hospitalizada una fotógrafa, Eve, de la agencia Luan Colectiva”.

Todo había comenzado unas horas antes.

Catorce diputadas y diputados de Chubut decidieron este miércoles en una sesión inesperada, a escondidas y rodeada de policía, burlarse de la comunidad provincial y aprobar la ley de zonificación que abre el camino a las megamineras en la zona de la meseta.

El negocio ha fructificado gracias a la generosidad, hacia la clase política, de empresas como Pan American Silver, que impulsa el proyecto Navidad de oro y plata. El gobierno de Mariano Arcioni, a quien poco le importa su inexistente futuro político, incinerado en una crisis social y económica de años, cumple así con un mandato de las corporaciones, y que le reclamaron gobiernos como el de Mauricio Macri y el actual, bajo la idea de que el extractivismo es el único modo de obtener divisas, sin importar la cuestión ambiental, la destrucción del territorio, la eliminación del agua, ni el rechazo social a la actividad.   

El final de la sesión en la que 11 diputados votaron en contra de ese proyecto de “zonificación” encontró en Rawson a la Legislatura rodeada de manifestantes que fueron premeditada y entusiastamente reprimidos por la policía, para permitir la salida de los legisladores del edificio en medio de esa confusión.

(Llegan audios y fotos a lavaca. Los audios registran el estampido de los disparos policiales contra la gente, además del método del gas pimienta. Alguien grita: “Están reprimiendo a lo bestia”).

Policías en acción en la calle. Foto enviada desde Rawson a lavaca. Dentro de la Legislatura, los diputados se escondían para firmar una ley rechazada por la comunidad provincial.

“Sacaron una sesión ordinaria de la galera, porque hoy no había sesión ordinaria. Armaron una maniobra distractiva con movilizaciones de sindicatos como la UOCRA para mañana, hoy iban a tratar los pliegos de un nuevo Tribunal Superior afín al gobierno. Han hecho todo para convalidar la entrega” explica desde Rawson Pablo Palicio Lada, uno de los integrantes de las asambleas que en toda la provincia habían logrado una Iniciativa Popular para que se tratase una Ley de prohibición de la megaminería a cielo abierto, avalada por 30.000 firmas, que ni siquiera fue tratada por la Legislatura, como era su obligación.

“Quedaban tres sesiones, hoy era una sesión especial para los pliegos del Tribunal Superior de Justicia. Se supone que no pueden tratar otro tema. Entonces inventaron una segunda sesión, no pusieron la zonificación en el orden del día, y después la pusieron. Así de burdo es todo aquí en Chubut”.

Lada explica un antecedente flamante: “Modificaron la Ley de Amparo, que ahora impide presentar un amparo ante un juez de primera instancia. Provocaron un retroceso en el derecho para blindar a las mineras y que la comunidad no pueda defenderse con el juez más cercano frente a cualquier problema ambiental. Los propios jueces salieron a rechazar esta medida. Lo que buscan es que no haya impedimentos para las corporaciones, y la frutilla es el nombramiento de un Tribunal Superior adicto a Arcioni. Todos decían que estaba debilitado, pero justamente no tiene nada que perder ni le interesa lo político, como no le importa nada, quema las naves y mirá lo que es capaz de hacer”.

Foto enviada a lavaca desde Rawson: la policía rodeando a la Legislatura.

La votación fue 14 a 11. Votaron a favor de la megaminería Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau, del bloque oficialista de Chubut al Frente (el partido de Arcioni que a nivel nacional apoyaba Sergio Massa); Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut); y Adriana Casanovas y Monica Saso (Frente de Todos).

Votaron en contra María Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna (Frente de Todos); Rosana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido); Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera (UCR); y Zulema Andén y Miguel Antin (Chubut al Frente).

Antecedentes. La diputada Leila Lloyd Jones, en un audio que se filtrò y se viralizó hace un año, decía: “Me piden en el video que les consiga laburo. No, le dije, vayan a conseguirle laburo a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras. Después se los voy a pasar los teléfonos de los que votan a favor para que les vayan a pedir laburo ustedes”.

Casi al mismo tiempo el macrista Sebastián López (uno de los que ahora votó por la ley pro-minera) fue detectado con una cámara oculta hablando del cobro de 100.000 (muchos creyeron que eran pesos, pero parece que eran dólares, que permitían entender los «10 millones» de los que hablaba Lloyd Jones). Allí López aseguraba estar “en la rosca, lobby, lo que tenga que ver con el progreso y con destrabar cosas”. La cosa a destrabar desde 2003 para este tipo de empresas y de funcionarios, es el rechazo ciudadano a la instalación de los proyectos megamineros. En 2014 otro diputado, Gustavo Muñiz, fue fotografiado mensajeándose con uno de los gerentes de la minera Yamana Gold mientras recibía directivas sobre cómo aprobar la ley que reclamaba la corporación.

El diputado Gustavo Muñiz recibiendo directivas del directivo minero Gastón Berardi, en 2014. Conductas coherentes.

Explica Pablo Lada: “Acá UOCRA, Camioneros y Petroleros estaban organizando movilizaciones a favor de las mineras para mañana”. Patotas (no trabajadores) de la UOCRA, en particular, han sido enviadas a agredir a manifestantes en ocasiones anteriores para crear el clima que permitiese la aprobación de la ley pro minera.

Para el jueves están previstas movilizaciones en distintos puntos de la provincia. “Hay que ver si somos capaces de hacer algo como lo de Mendoza” dice Lada, en referencia a las movilizaciones masivas que a fines de 2019 dieron vuelta una ley similar a la ahora firmada en Chubut, obligando a que los legisladores derogaran la misma ley que habían aprobado una semana antes”.

Cerca de la medianoche ya se realizaban masivas manifestaciones en Rawson y en distintas localidades provinciales.

El ruido de los disparos empezaba a quedar relegado por el sonido de los bocinazos y los aplausos de las personas movilizadas.

Dice Pablo, mientras de fondo se escucha la combinación de los sonidos de la gente, con los de la policía: “Mañana vamos a saber en qué punto estamos como sociedad. Tengo una esperanza, pero déjame que veamos qué pasa mañana”.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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