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Un nuevo no-encuentro con el Presidente tras 15 pedidos, y una carta escrita a mano con el corazón

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Como cada segundo miércoles de cada mes, el colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo para entregarle al presidente Alberto Fernández una carta solicitándole una reunión. Se fueron sin ser escuchadas porque era feriado. Hace 15 cartas que las familias –con causas archivadas, sin abogados, sin justicia– no son recibidas. Hoy decidieron, además, escribirle a Fernández a mano. Qué redactaron y expresaron. Y qué aportes quieren hacer para otras familias: “Queremos ser escuchados por la máxima autoridad de este país”.

«Hola: soy Susana Reyes, a esta altura del tiempo ya nada me asombra, pero la falta de humanidad no la tolero, más que nada en un personaje tan importante que nos representa como país».

Susana Reyes es la mamá de Cecilia Basaldúa y escribe estas palabras a mano sentada en una confitería frente a Plaza de Mayo. El cuerpo de su hija apareció el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba, luego de 20 días de rastrillajes por la zona, con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Susana escribe a mano a partir de una idea de Analía Romero, sentada a su lado, que propuso que la decimoquinta carta del colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios al presidente Alberto Fernández tenga algo más: “A ver si les llegamos acá”, dice, tocándose el pecho.

Susana, la madre de Cecilia Basaldúa.

Analía es la mamá de Camila Flores y la mujer que desde el 11 de diciembre del 2020 lucha para demostrar que su hija, de 20 años, no se suicidó, sino que fue víctima de femicidio en el pueblo santafecino de San Guillermo. Mientras Susana escribe, Analía cuenta que el sábado se cumplirá un año, que lo recordarán con un Banco Rojo en la plaza de San Fernando, municipio bonaerense del que son oriundas, y revela un detalle que desnuda la soledad que atraviesan estas familias: “No tenemos abogados”.

Analía, y el reclamo por su hija, Camila Flores.

Enfrente de ellas está Alfredo Soggiou, papá de Carla, asesinada el 26 de diciembre de 2018: su cuerpo apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de activar dos veces el botón antipánico. “Tenemos que seguir viniendo”, dice Alfredo, como una forma de dimensionar, además de todo, qué significa que la decimoquinta carta refiera en verdad que hace al menos quince meses que no fueron recibidos. “Lo que habría estado bueno es que hubiésemos tenido respuestas, que el Presidente hubiese escuchado todo lo que tenemos para contarle. Es ese deseo. Estamos pidiendo cosas concretas, de prevención, para los casos de nuestras hijas, pero es para todos. Para que ocurra menos, y lamentablemente, para los casos que van a venir: que esas familias tengan el camino más allanado, que no tengan que caminar a ciegas y en círculos sin saber dónde recurrir, y que puedan tener el acompañamiento de un ministerio, que para eso es su esencia”.

Alfredo, el papá de Carla Soggiou.

En círculos y a ciegas, repite Alfredo, mientras Susana sigue escribiendo:

«Ud., Señor Presidente, tiene hijos, madre, esposa, amigos, amigas, ¿no piensa en algún momento de su vida qué haría si les llegara a pasar lo que nos pasó y nos sigue pasando a nosotros? ¿Padres y madres, tíos, hermanos, primos, amigos… etc? Tenga por seguro que como seres humanos que somos, y atravesados por tanto dolor, también estaríamos a su lado, solamente porque somos humanos. Esperemos algún día que Ud. reflexione y haya un cambio positivo para que dejen de matarnos y se cambie y cumplan las leyes, como corresponde. Nadie tiene derecho a cortarle la vida a nadie».

Susana le pasa la hoja y la lapicera a Analía, que empieza a escribir, también a mano.

Dice Susana: “Me gustaría saber si el presidente lee las cartas. Si no, sería una falta de empatía hacia nosotros, hacia nuestro país: ¿cómo quedamos ante el mundo con todo esto? La reunión sería un aporte muy importante para todos. El dolor de todo esto es que siguen pasando las cosas, pero siguen haciendo oídos sordos: es muy vergonzoso que una persona tan importante no se haga cargo. Igual vamos a seguir luchando. Soy una persona de fe y esto tiene que cambiar: no hay que abandonar”.

Mientras tanto, Analía escribe:

«Señor Presidente: le escribimos estas pequeñas cartas para pedirle que por favor nos atienda para tener una reunión, para hablar sobre los femicidios de nuestras hijas que todavía están esperando justicia. En el caso particular de mi hija Camila Flores quieren dejar su muerte en suicidio, nosotros su familia sabemos que no fue así. Cami esa noche me contactó para preguntar cómo hacer para sacar el permiso para viajar a Buenos Aires con su familia, esa noche fue la primera vez que Cami me decía que no podía salir, que se quería ir de esa casa, que la estaba pasando horrible, y en menos de dos horas ya la habían matado. La cuñada de mi hija es policía y con ayuda de otros policías armaron todo, no le hicieron en su momento la autopsia, nos negaron ese derecho. Luego de nuestro reclamo con una marcha vinieron a exhumar el cuerpo y al día de la fecha ya en unos días se cumple 1 año, no sabemos ni el resultado de la autopsia, ni de ninguna pericia, ni mostraron las cámaras. Por favor le pido, le ruego nos ayude a lograr justicia por Camila Flores y por todas nuestras víctimas».

Analía le pasa la hoja y la lapicera a Alfredo.

Se seca los ojos: “Siendo familias que pasamos por semejante dolor no hay necesidad de esperar tanto por una simple reunión para ver en qué nos pueden ayudar y dar un poquito de luz. No les interesa el dolor, la vida de las chicas. En el pueblo donde mataron a Cami hay seis muertes antes que la de ella que quedaron en la nada: no quiero que la de Cami quede así. Al menos ayudarnos a que haya justicia, que los asesinos paguen y que ellas puedan dormir en paz”.

Mientras tanto, Alfredo escribe:

«Hola Señor Presidente. Le escribimos esta carta para que después de 15 pedidos nos reciba y escuche, por favor. Necesitamos ser escuchados por usted, como familiares de víctimas tenemos la tristísima experiencia, conocemos y sabemos muchas formas para ayudar a combatir este terrible flagelo. Queremos aportar, queremos ser escuchados por la máxima autoridad de este país».

Alfredo deja la carta y la lapicera en el centro de la mesa.

-¿Qué es lo que las familias pueden aportar?

Susana: Necesitamos peritos. Pero elegidos por nosotros, porque las causas de nuestras hijas están muy escondidas

Alfredo: Nuestro aporte puede ser muy grande. Lamentablemente tenemos experiencia, conocemos cómo se maneja todo, cómo están los familiares y las víctimas en este momento. Cómo se tienen que mover, a quién tienen que acudir. Sabemos que tienen que conseguir representación, preservar la escena del hecho. Para que se acorten los tiempos en esto no puede haber burocracia, tiene que haber inmediatez. Los funcionarios no tienen capacitación, tampoco perspectiva de género. Úrsula (Bahíllo, la joven asesinada en Rojas) hizo 18 denuncias, no le hicieron caso, y hoy ya no está. Con esto está demostrado que no se motorizan ni articulan leyes. Ni qué hablar de todas las niñeces que quedan huérfanas en este país. Es terrible.

Las familias se abrazan –una vez más, levantan las fotos de sus hijas ante la cámara una vez másy cruzan una Plaza de Mayo que está siendo montada con caños y escenarios para el acto del 10 de diciembre por el Día de la Democracia.

Al llegar a la reja de la Casa Rosada, las recibe un oficial:

-Disculpen, pero hoy por el feriado no hay nadie que las pueda recibir.

Las familias dicen que no importa, que volverán al día siguiente.

Mientras se montan los escenarios, las familias se van de la Plaza sin ser escuchadas.

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Es maltrato laboral: por la reglamentación de la Ley de Equidad en Medios

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Con las denuncias públicas hacia Antonio Laje, conductor de Buenos días América, se volvió a poner sobre la mesa el maltrato y la violencia laboral que se vive en los medios de comunicación tanto públicos como privados de todo el país. No hay redacción, radio o canal de televisión en donde el maltrato no exista. Por eso, la colectiva Periodistas Argentinas exigió en un comunicado el fin de la violencia laboral y que se reglamente la Ley de Equidad en Medios: «Exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral».

“Nosotras, Periodistas Argentinas, exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente en forma urgente la Ley de Equidad en Medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas”, dice el comienzo del comunicado firmado por la Periodistas Argentinas, colectiva integrada por periodistas de todo el país.

“En estos días -continúa el comunicado- se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados. Considerar que estas conductas, explícitamente sancionadas por la ley vigente, buscan la ‘exigencia profesional’ en pos de una excelencia informativa es la peor injusticia que estamos denunciando: sin dignidad no hay calidad”, dijo la Colectiva, en respuesta al descargo que Antonio Laje hizo en su programa de televisión luego de las denuncias que algunas profesionales que trabajaron con él lo dijeran en sus redes y en otros medios de comunicación.

Periodistas Argentinas viene alertando que la violencia se reproduce en todos los medios desde hace años y de manera sistemática: no es sólo un canal, es un sistema. El maltrato es cotidiano y forma parte de la manera de trabajar. Pero desde julio de 2021 rige en Argentina la Ley de Equidad en Medios (todavía falta su implementación) para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente para eliminar la violencia laboral del ámbito de la producción de comunicación. “En el proceso de aprobación de estas leyes han escuchado testimonios, analizado los datos que aportamos y valorado la situación legisladores y legisladoras de todo el arco político: la sanción de la Ley de Equidad en el Senado fue unánime”, expresa el comunicado.

190 contra la violencia

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer la semana pasada l la Guía Sindical “Cómo prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”. Elaborada por las investigadoras Daniela Angelone, Julia Campos, Mariana Campos y Jimena Krankel, y editada por Juliana Ortiz, es una herramienta imprescindible para saber cómo actuar en casos de violencia laboral. “La guía es una herramienta útil para la detección y abordaje de los hechos de violencia desde la acción colectiva. Permite problematizar y actuar frente a las condiciones de trabajo, pero también sobre los estereotipos de género, clase, raza, etc”, dijeron a lavaca las redactoras de este instrumento.

El Convenio 190 de la OIT entiende que la violencia en el mundo del trabajo puede darse entre jefes y empleados o entre pares y comprende tanto el trabajo en relación de dependencia como el informal. Además de considerar que un solo hecho de violencia es válido para denunciar no importa si se repite o no en el tiempo. Las amenazas, las sobrecargas laborales, los cambios repentinos de horarios o de tareas también son considerados como hechos violentos y pueden ser denunciados.

En ese sentido, los protocolos redactados por las organizaciones gremiales de los medios de comunicación resultan indispensables a la hora de denunciar para que quien lo hace no esté sola y tenga un acompañamiento y una línea de acción.

Ley de equidad para una comunicación democrática

El 8 de julio, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación pero todavía falta su reglamentación para que las letras de la legislación se transformen en acciones cotidianas contra la violencia. La ley prevé la selección de los y las trabajadoras según principios de equidad, salas de lactancia en los lugares de trabajo, así como un lugar adecuado para cuidados infantiles y el reconocimiento de los protocolos para erradicar y prevenir las violencias. También establece capacitaciones con perspectiva de géneros para los y las trabajadoras y el fomento de políticas de igualdad en los cargos de decisión.

“En estos días, cuando las denuncias desbordan las redes sociales y por pantallas y micrófonos se maquillan situaciones insostenibles, lo que estamos presenciando es la consecuencia de la conducta de los responsables de los medios que desoyen e ignoran la nueva realidad: llegó la hora de terminar con la violencia laboral YA”, finaliza el comunicado de Periodistas Argentinas.

Compartimos el comunicado completo

Nosotras, Periodistas Argentinas, exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente en forma urgente la Ley de Equidad en Medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas.

En estos días se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados. Considerar que estas conductas, explícitamente sancionadas por la ley vigente, buscan la “exigencia profesional” en pos de una excelencia informativa es la peor injusticia que estamos denunciando: sin dignidad no hay calidad.

Desde julio de 2021 rige en nuestro país la ley que consagra “el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”. Determina, además, que tales comportamientos “pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos”.

Ese mismo mes se sancionó la Ley de Equidad en Medios para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente para eliminar la violencia laboral del ámbito de la producción de comunicación. El Poder Ejecutivo adeuda su reglamentación. Todo este nuevo marco legal habla claramente de la urgencia, la necesidad y la legitimidad de nuestros reclamos. En el proceso de aprobación de estas leyes han escuchado testimonios, analizado los datos que aportamos y valorado la situación legisladores y legisladoras de todo el arco político: la sanción de la Ley de Equidad en el Senado fue unánime, por ejemplo.

En estos días, cuando las denuncias desbordan las redes sociales y por pantallas y micrófonos se maquillan situaciones insostenibles, lo que estamos presenciando es la consecuencia de la conducta de los responsables de los medios que desoyen e ignoran la nueva realidad: llegó la hora de terminar con la violencia laboral YA.

6 de diciembre de 2021

Periodistas Argentinas

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Tres países, un juicio: comienza a juzgarse a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

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El actor argentino se escapó a Brasil pero no logró evadir un proceso inédito que reunió a tres ministerios públicos de distintos países para comprobar los hechos denunciados por Thelma Fardin. La actriz lo había denunciado por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua, cuando filmaban juntos una tira televisiva y ella era menor. Esta semana Thelma declaró en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Argentina, desde donde fue escuchada de manera virtual por un juez brasilero. Así se dio comienzo a un proceso que, en diálogo con lavaca, el abogado de la víctima considera histórico en dos sentidos: “Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”.  El detalle de cómo se llegó al juicio, cómo sigue y las perspectivas que abriría un fallo condenatorio.

Por Melanie Prokopiec

Thelma Fardin declaró y respondió preguntas durante más de cuatro horas en una de las salas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, por su denuncia contra el actor Juan Darthes por violación agravada. Virtualmente la escuchó el juez brasilero de la sala 7 de la Justicia Federal Criminal de San Pablo, donde se desarrolla el proceso. Fardin relató los hechos que denunció el 4 de diciembre de 2018 en Managua, y que desencadenaron el juicio, y luego la defensa la sometió a un interrogatorio con preguntas que apuntaron a poner en duda la veracidad de sus palabras. 

Con su declaración inició un proceso histórico que une tres países de una manera inédita: Argentina, Brasil y Nicaragua. Y que aguarda por la declaración de al menos once personas, entre quienes están citados quienes estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados; la psicóloga de Thelma que la atendió desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo el peritaje de parte; las actrices Anita Coacci y Calu Rivero; y algunas mujeres que no desean se revele su identidad. 

Cuando terminen dichas declaraciones, llegará el turno de la declaración de Darthés. Luego, los psicólogos propuestos tanto por Darthés como por la fiscalía harán un análisis de lo declarado. 

La sentencia podría conocerse en enero o febrero del próximo año. 

“Se trata de un hecho que marca un hito ya que se trabajó en coordinación y cooperación entre tres países distintos, aplicándose la legislación de cada uno de esos países y un acuerdo de cooperación entre Ministerios Públicos Fiscales, con las intervenciones judiciales de cada caso, para resguardar las formalidades exigidas por los distintos ordenamientos jurídicos” sostiene a lavaca el abogado de Fardin, Martin Arias Duval, remarcando la excepcionalidad de la situación: “No es habitual que en tres países se trabaje con perspectiva de género para impulsar un proceso de estas características: los sistemas de administración de justicia en latinoamérica suelen ser conservadores y patriarcales”. 

Cómo se logró

En abril de 2018 Thelma Fardín acudió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM) para denunciar a Juan Darthés por los hechos ocurridos en Managua. Allí, la fiscal Mariela Labozzeta le dijo que no podían investigar el caso porque no había ocurrido en territorio argentino. 

En casi todos los países existe el principio de territorialidad que establece que la Ley Penal se aplica exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona. Nicaragua era la jurisdicción competente para intervenir, ya que allí fue donde ocurrió el delito. 

Esta fue la primera dificultad que Thelma tuvo que enfrentar.

Entonces, la actriz fue a Nicaragua. Primero la recibieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y luego en la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal. Ante este organismo, el 4 de diciembre de 2018 Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés. 

El día 20 de ese mismo mes, el actor partió a San Pablo, Brasil, país del cual posee nacionalidad. Allí no existe el principio de territorialidad y el Estado no extradita a sus nacionales, sino que asume la competencia para todos los delitos cometidos por ellos. «Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua», aseguraba Thelma en su cuenta de Instagram en ese momento. Otra complicación que aparecía en el proceso de denuncia. 

La fiscalía de Nicaragua requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua, ciudad capital de ese país, la apertura de un proceso penal contra el actor el 2 de agosto de 2019. Las pericias, tanto oficiales como de parte, dieron cuenta de que Thelma presentaba estrés postraumático compatible con abuso sexual. Y el 17 de octubre, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, acusó por violación agravada a Darthes y giró una orden de detención y captura internacional contra el actor. Esto fue para que el acusado fuera buscado en todos los países miembros de Interpol.

El juez de Nicaragua, Celso Urbina, le negó al abogado defensor de Juan Darthés varias peticiones, entre ellas, revocar la orden de captura internacional en contra del actor e incluir en la acusación por violación agravada, pruebas que están relacionadas con la vida de la víctima. 

El organismo internacional ordenó la captura internacional de Juan Darthes el 14 de noviembre. Se emitió un alerta roja con la finalidad de localizar y detener a Darthés en Brasil y concretar su extradición a Nicaragua. El abogado de la víctima reveló: “La Fiscalía de Nicaragua promovió ante la Corte Suprema de aquél país el pedido de extradición de Darthés, por lo que a través de las vías diplomáticas, Nicaragua pidió a Brasil la extradición del nombrado. Esto lo hizo, aun sabiendo que Brasil no lo entregaría porque si no demuestra voluntad de avanzar, se cae la circular roja de Interpol”.

Era necesario agotar el procedimiento para poder trasladar el juicio iniciado en Nicaragua, a la justicia brasileña porque no debería dar por sentado que no existiría extradición. La solicitud de extradición fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó a Brasil la extradición de Darthés. Ese paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.

“Lo que sucedió después fue que el Ministerio Público de Brasil, al tomar conocimiento del caso, inició una investigación en aquél país. Si bien Brasil no extradita brasileros, sí puede juzgarlos en territorio de Brasil, y aplicando ley brasileña, por delitos cometidos en el exterior”, manifestó Duval. El organismo decidió investigar de oficio luego de que Nicaragua presentara el pedido formal de extradición. El MPF pidió a Nicaragua las pruebas que tenía y la colaboración de la justicia argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad. Así se pusieron a disposición las evidencias que había recolectado la UFEM. 

Luego, la causa tuvo el siguiente avance los primeros días de abril de 2021, cuando Juan Darthés fue acusado formalmente por «estupro agravado» por el MPF. El delito tiene penas de 8 a 12 años en el código penal del país vecino. Así el Fiscal de Brasil procedió a hacer la denuncia ante el juez de Brasil.

A pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró un informe que fue remitido al juez de San Pablo sobre la tercera vez que la actriz fue sometida a peritajes. En Nicaragua fueron de varios tipos: psicológico, psiquiátrico y físico. Y después en Argentina Thelma hizo los peritajes con una psicóloga y un psiquiatra que ella contrató. 

El 10 de junio, tras la difusión de unas pericias psiquiátricas a Darthés, Fardin declaró en Twitter: “A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales, me hicieron incluso una pericia física, sí: así de re-victimizante es el sistema”. Además, aclaró que la pericia que se hizo pública era de parte y que hasta ese momento a Darthés no le habían hecho ninguna oficial. El perito es de oficio cuando la designación ha sido hecha por la autoridad judicial y de parte cuando ha sido elegido libremente por cualquiera de las partes.

El Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo, Pablo Ali Mazloum, consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio y fijó la fecha. 

Así Darthes llegó al banquillo de los acusados. 

“Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”, reflexiona Duval. “Y por supuesto que si se llega a un veredicto condenatorio en este caso, podría servir para que las mujeres víctimas de abusos,se atrevan a hablar: el sistema de administración de justicia podría mostrar que los agresores no quedan impunes”.

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Otra denuncia por violencia contra el jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez

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Como funcionaria del Ministerio Público, María Eugenia Río viene denunciando distintos episodios de violencia machista por parte del jefe de los fiscales, Sergio Lello Sánchez, desde 2017. En este reportaje que pretende visibilizar la situación fuera de la provincia, la denunciante cuenta los detalles del maltrato, la impunidad con la que goza Lello Sánchez dentro y fuera del Ministerio, y asegura que su caso no es el único. El antecedente persecutorio y las otras denuncias que acorralan al jefe de los fiscales de Jujuy, a quien distintos sectores reclaman se le haga un juicio político.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

“Mi nombre es María Eugenia Río, soy funcionaria del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, con el cargo de prosecretaria de Juzgado. Ingresé en septiembre de 2016 y a la fecha me encuentro con el mismo cargo y con carpeta psiquiátrica”, comienza sus palabras María, de 37 años, quien denuncia viene sufriendo acoso y violencia de género por parte del fiscal general de la provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, desde 2017.

El 11 de noviembre de este año María Eugenia presentó una denuncia contra Sánchez por “violencia de género, persecución y amenazas desde febrero de 2017”. Desde Jujuy, cuenta a lavaca: “En mis 5 años de trabajo sufrí 10 cambios de destino dentro del MPA, sin explicación alguna, pero eso no era lo peor, sino que tuve que sufrir todo tipo de hostigamientos, amenazas, violencia de género; a tal punto que me llegó a decir que si no hacía lo que él me decía, al día siguiente mis hijos y yo quedábamos en la calle».

¿Y por qué creés que no lo sacan?

Porque es tanto el poder que se le dio, que hoy no sé quién pueda o se atreva a sacarlo. Una vez, en forma de castigo, me quiso mandar a trabajar a un sótano con una mesa, una silla y un teléfono, donde hay ratas, humedad y de vez en cuando se inunda. Gracias a la intervención de una persona, me mandaron a otro lado. Pero su comentario fue: «Bueno, entonces ponela en la mesa de entradas», como si fuera un mueble.

O sea: él se siente intocable

A este señor le dieron un poder tan grande que ya no sólo ahí dentro le tienen miedo… sino también fuera. Adentro del MPA no soy la única que sufre este tipo de violencia. Todos los colegas saben lo que se vive ahí adentro, pero nos callamos porque tenemos familias, porque juega con el miedo. Yo era el sostén de mi familia y tardé en procesar esto 5 años. Pero mi detonante fue que en julio de este año perdí un embarazo, le pedí que me reconozca las vacaciones porque no estaba preparada ni psicológicamente ni físicamente para volver a trabajar y no me contestó nunca: todavía sigo esperando. Volví a trabajar y mi primer ataque de pánico lo tuve en mi oficina. De ahí no volví nunca más y me encuentro actualmente con carpeta psiquiátrica, con ataques de pánico, de ansiedad, de nervios.

Y aun estando con carpeta psiquiátrica se me siguió hostigando, se me llamó para que vaya a dar explicaciones de por qué publicaba ciertas cosas en mis redes sociales. Esa fue la gota que rebalsó el vaso porque yo estaba medicada, con una dosis alta, inclusive la vez que fui a dar explicaciones me tuvieron que acompañar porque no podía caminar.

“Y que sigan violentándome de esta manera sin una razón fue insostenible, porque durante estos 5 años siempre trabaje, más de lo que tenía que trabajar, más horas de las que tenía que hacer, durante toda la pandemia aun teniendo a mi hijo que es de riesgo, siempre pedí que me reconozcan y me den el cargo que me correspondía, porque seguían entrando personas y les daban los cargos que me correspondían a mí”, cuenta María desde Jujuy.

La Multisectorial de mujeres y diversidades de Jujuy llevó adelante una movilización para que se termine con la violencia y la impunidad: «No podemos tolerar que en un organismo del Estado de la Provincia de Jujuy haya tamaño nivel de machismo y misoginia contra las mujeres como el que ejerció Sergio Lello Sánchez contra mi defendida», dice Mariana Vargas, abogada patrocinante de María Ríos.

Mujeres de la Multisectorial se movilizan frente al Ministerio Público de la Acusación en Jujuy.

Otras denuncias

En 2018, la diputada Débora Juárez (Frente de Todos) pidió el juicio político para Lello Sánchez, luego de denunciar en la Legislatura la violación de su inmunidad parlamentaria por un allanamiento en su domicilio. Acusó al fiscal general de haber iniciado una “persecución” en su contra. La presentación se encuentra en la Comisión de Asuntos Institucionales, a la espera de una resolución.

En julio de 2019, la abogada Agustina Aramayo, secretaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo pública su denuncia por “violencia de género y mobbing laboral” en contra de Lello Sánchez ante el Superior Tribunal de Justicia.

En septiembre de 2019 se realizó un pedido de intervención al Poder Judicial mediante un proyecto presentado al Congreso de la Nación, tras el ingreso de un pedido de Juicio político en contra del Fiscal General del STJ, Alejandro Ficoseco. En ese marco Jujuy recibió la visita del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
En septiembre de 2019 el fiscal fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por distintas irregularidades dentro del MPA. Por caso, lo acusaron de intimidar -mediante sus fiscales- al programa “Jujuy Investiga” a presentar la nómina de los trabajadores de aquel ciclo televisivo en el término de 24 horas. Y es que el programa jujeño expuso la realidad de funcionarios que aún hoy padecen la violencia, arbitrariedad e impunidad con la que se maneja el Fiscal General dentro del Ministerio Público de la Acusación.

En enero de 2020, Lello Sánchez designa a su esposa, Celina Florencia de Tezanos Pintos, como Secretaria Relatora del Ministerio Público de la Acusación.

También en enero se crea el Observatorio de Políticas Públicas con perspectivas de Géneros que recibe a las víctimas de Lello Sánchez, por denuncias de acoso, violencia de género y mobbing laboral. En dicho Observatorio se dispone la remisión de los expedientes radicados en el Superior Tribunal de Justicia.

En febrero de 2020, el jefe de los fiscales es denunciado penalmente por los diputados Emanuel Martín Palmieri, Débora Juárez Orieta, Alejandra Cejas, Fátima Tissera, Leila Chaher y Mariela Ferreyra, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la Función Pública.

En junio de 2020, la abogada Ivone Haquim, defensora general del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal, denuncia a Lello Sánchez por la posible comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas, por graves irregularidades en expediente de Abuso Sexual.

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