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Paren de matarnos: cuatro femicidios en un mes, una represión y una marcha multitudinaria en Jujuy para frenar el horror

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Una movilización de diez cuadras recorrió el centro de San Salvador de Jujuy con un grito de rabia: los femicidios de Cesia Reinaga (20), Iara Rueda (16) y Rosana Mazala (31). También exigieron respuestas por la desaparición de Gabriela Abigail Cruz, 23 años: su cuerpo fue encontrado esta madrugada, y su expareja confesó el femicidio. Fue el cuarto en la provincia en solo un mes. El lunes, otra marcha que exigió justicia fue brutalmente reprimida por la policía provincial. Las organizaciones denuncian a las autoridades provinciales, exigen renuncias y claman que los casos se triplicaron durante la cuarentena: “Estamos viviendo con miedo, sin saber qué va a pasar mañana”. Las instituciones que se retiraron del territorio. Las denuncias vigentes. Y la teoría del Estado telefónico.

Paren de matarnos: cuatro femicidios en un mes, una represión y una marcha multitudinaria en Jujuy para frenar el horror

“Creo que a mi hija la habrían encontrado si hubiese actuado bien la policía. Si hubiese rastrillado bien Palpalá, hoy mi hija estaría acá conmigo”. Sabrina, mamá de Iara Rueda marca así claramente lo que en las calles de todo Jujuy se grita: el Estado es responsable.

En San Salvador de Jujuy son más de diez cuadras de movilización dolida y furiosa.

Una bandera resume: “No estamos todas, nos faltan las asesinadas”.

En esa tela hay fotos y nombres.

“Jujuy está pasando por una terrible situación, no puede ser que en un mes tengamos tres femicidios”, dice desde Plaza Belgrano a lavaca María Álvarez, secretaria de géneros de ATE Jujuy.

Y nombra:

  • a Cesia Nicole Reinaga, 20 años, estuvo diez días desaparecida, su cuerpo fue encontrado en un estanque de agua en el terreno de un ex matadero municipal en Abra Pampa;
  • a Iara Rueda, 16 años, su cuerpo apareció el ultimo lunes después de cinco días de desaparecida semienterrado en un descampado donde vecinos ya habían rastrillado, la policía reprimió la marcha multitudinaria en Palpalá en la que pedían justicia;
  • a Rosana Mazala, 31 años y tres hijos, asesinada por su ex pareja que luego se suicidó, ella había marchado el día anterior en Perico pidiendo justicia por Iara.

“Estamos con mucha bronca, con mucho dolor”, resume a lavaca Romina Canchi, Secretaria de Género de CTA Autónoma Jujuy. “Nosotros venimos denunciando que en la pandemia se han triplicado los casos. Por muchos motivos consideramos no solo el hecho de que las mujeres estamos adentro con nuestros agresores, sino que el Estado, con las pocas instituciones que tenía, se retiraron del terreno. Eso fue muy evidente. Los lugares donde había atención se redujeron a online, ya decíamos que era un Estado de mostrador y se había transformado en un Estado telefónico”.

Tanto Ate como la CTA Autónoma exigen la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, y de la presidenta del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez.

Mientras tanto en la provincia, también en Palpalá, continúa desaparecida desde el pasado jueves Gabriela Abigail Cruz, de 23 años, y dos hijos de 7 y 4 años. Su madre, Silvia, dice a los medios de comunicación desesperada: «Sigo buscando a mi hija y necesito encontrarla con vida”.

La madrugada después de la marcha, en las inmediaciones de Palpalá, se encontró el cuerpo de Gabriela Abigail Cruz, de 23 años, y dos hijos de 7 y 4 años, luego de que su ex pareja confesara el femicidio.

Así la provincia suma cuatro femicidios en un mes, tres en una misma semana. Según datos del Observatorio Lucía Pérez, en Jujuy se registran once femicidios.

Paren de matarnos: cuatro femicidios en un mes, una represión y una marcha multitudinaria en Jujuy para frenar el horror

No escuchan, no buscan

Romina Canchi explica que para entender la actualidad hay que mirar para atrás: “Planteamos al gobierno de Gerardo Morales que todos los días se pasaba hablando en la tele, que no estaban aplicando perspectiva de género. No nos escucharon. Al Consejo de la Mujer que invierte muchísimas horas en marketing y propaganda, le dijimos que no era la línea correcta, que no era la forma de abordar. No nos escucharon”.

La no escucha se traduce en políticas públicas ineficientes para frenar la violencia femicida.

“La semana pasada desapareció Iara, de 16 años. Salió con su bicicleta de la localidad de Palpalá, y en menos de 24 horas desapareció Gabriela. Y no las buscan, ninguna institución del Estado, no la buscan. ¿Quiénes la buscamos? la familia, los amigos, los vecinos, nosotros a través de las redes”.

Iara desapareció el miércoles pasado. En la comisaria a su familia le dijeron que seguramente se había ido con un noviecito. La comunidad se organizó para buscarla. Cinco días después, el lunes, sin recibir respuestas cortaron la Ruta 66 exigiendo que hagan algo. Mientras cortaban la ruta se encontró el cuerpo, estaba semienterrado en un descampado que ya había ido rastrillado. Su familia espera aun los resultados de la autopsia para saber qué pasó. En ese momento de dolor la respuesta del Estado fue la represión: la policía reprimió brutalmente con balas de goma la marcha que exigía justicia por Iara y la aparición de Gabriela, a quien hoy encontraron luego de que su ex pareja confesara el crimen.

“Era impresionante la desesperación”, relata Romina. “Esa desesperación llevó a un corte de ruta auto convocado para exigir que la busquen. El lunes cuando llegaron a la ruta había un montón de policías. Casualmente, a la hora, encuentran el cuerpo, en un lugar donde los vecinos habían rastrillado el día domingo, semienterrado. En ese mismo lugar el domingo hubo un apagón. El día lunes se mantuvo todo el día el corte en la ruta nacional 66”.

-¿Por qué no las buscan?

-La mayoría de las comisarias no hace la reacción de buscar rápido. Dicen que ya va a volver, que se fue con un novio. El problema es que Iara desapareció el miércoles y durante cinco días no la buscaron. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en esa zona que la policía decidió no buscarla? Hubo una decisión. Son ellos, a las autoridades, a las que hay que preguntarles. Por qué se tomó la decisión de no buscarla. Por eso pedimos la renuncia del Ministro de Seguridad, Enrique Meyer, y de la Presidenta del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez. Hubo una decisión política de no buscar a Iara, podrán decir lo que quieren pero es imposible que refuten con la práctica, los vecinos y las vecinas rastrillaron solos durante muchísimos días.

Vivir con miedo

Perico y Palpalá están a veinticinco minutos de distancia en auto. En Perico, el lunes se marchó pidiendo justicia por Iara. Cintia, del MTE Rural, marchó junto a sus compañeras en la plaza central del pueblo. Una de las compañeras con las que marchó fue Rosana Mazala. “Ella estuvo presente en la marcha, salió con nosotras en la movilización pacífica pidiendo por Iara y porque apareciera Gabriela”, cuenta. “A las 8 terminó la marcha, entonces me despedí de ellas. Rosana se fue a la casa. Ese día estaba de festejo, era su cumpleaños”.

Rosana se fue a la casa con dos compañeras. Hasta que llegó el ex marido y se quedaron solos.

El relato de Cintia sobre lo que sucedió en casa de su compañera hiela la sangre: “Ella pensó que su ex la iba a felicitar por su cumpleaños. O a ver a los chicos. Creemos que todo pasó muy rápido. Los chicos estaban durmiendo, al otro día al despertarse encuentran a la madre tirada y al padre ahorcado. Tienen 13, 6 y 3 años. Son chicos chiquitos. Recién a las 8 de la noche retiraron el cuerpo. Están haciendo la autopsia, entregarían el cuerpo entre el viernes y sábado. La hipótesis es que él le dio de beber algo a ella. Y él se quiso envenenar y no pudo y se ahorcó directamente. Al lado del cuerpo encontraron botellas. Ahora los chicos están con la familia de ella, con los abuelos”.

-¿Cómo impactó el femicidio de Rosana?

-Estamos viviendo con miedo, sin saber qué va a pasar mañana. No podemos salir a la esquina, andar libremente, más en estos días mucho peor. Roxana había hecho una denuncia, tenía perimetral pero no hicieron un seguimiento. Nadie se responsabiliza de esto. Nadie fue y le preguntó: ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Los niños están bien? No hubo seguimiento, no hubo contención. Hay incertidumbre. Estamos desprotegidas. Estamos dolidas, sentimos que el gobierno se lava las manos. No hay soluciones, no hay ni un llamado, nada. Estamos saliendo pero no nos escuchan, hacen oídos sordos a lo que estamos pidiendo. No solamente por nuestra compañera, sino por tantas más. Ayer a una compañera el marido le pegó y casi la mata, se cansó de llamar a la policía y no fueron, fue otra persona. ¿Qué tenemos que estar muerta para que la policía vaya? ¿Nos tienen que encontrar muerta nuestros hijos?

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La rabia y la organización

Clarisa Gambera, Secretaria de Género de CTAA Capital y Directora del Departamento de Género de ATE, presentó y coordinó la conferencia que ambos gremios dieron hoy desde Jujuy: “Necesitábamos juntarnos porque esta es la forma que tenemos de rodear los conflictos, con una situación que es muy grave, y requiere una reacción colectiva. Ponerle nombre al dolor y a la crueldad nunca es sencillo, pero es muy necesario para convertir la rabia y la bronca en organización”.

La marcha masiva en San Salvador de Jujuy durante la tarde parece responder a esa propuesta: convertir rabia en organización.

“Las bases están organizadas mucho más que el gobierno. Necesitamos ser escuchadas. Que no pongan más gente incompetente arriba”, agrega Cintia, del MTE Rural.

María Álvarez, secretaria de géneros de ATE Jujuy, quien resume “Nuestro lema es: basta de matarnos. Están matando a nuestras jóvenes. Esto está superando la paciencia, los limites, la impotencia que está viviendo Jujuy es terrible. La juventud se está levantando. La sociedad está cansada de tanta inseguridad, de la ausencia del Estado. Estamos cansadas, no podemos quedarnos callada”.

Romina Canchi, Secretaria de Género de CTAA Jujuy, explica el rol que pueden cumplir los sindicatos en la construcción del fin de la violencia: “Las compañeras, mujeres y disidencias, tenemos nuestra vida cotidiana y somos parte de los sindicatos que son un actor muy importante en la vida política de la sociedad. Es muy importante poder tomar en nuestras manos como central la posición efectiva de la no violencia contra la mujeres y también es estar dando la discusión de qué Estado queremos”.

En la marcha una mujer lleva en alto un cartel violeta escrito a mano. Dice:

“No más violencia.

No más femicidios.

No más impunidad”.

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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños 

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El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

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Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Por Claudia Acuña

El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y  familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación:  es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.

Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.

¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.

A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.

Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.

El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.

Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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